La batalla de siete familias por el reconocimiento de una calle en la comisaría de San José Tzal, en los márgenes de Mérida, es mucho más que un pleito vecinal. Es el síntoma de un conflicto profundo y recurrente en la Península de Yucatán: el despojo de tierras ejidales, facilitado por la corrupción interna, la presión de megaproyectos y la inacción de los tres niveles de gobierno

Texto y fotos: Katia Rejón

YUCATÁN. – El conflicto se enraíza en la figura del ejido –una forma de propiedad social de la tierra– y de su máxima autoridad interna, el comisario ejidal. En Yucatán, donde este sistema agrario cubre gran parte del territorio, estos cargos poseen un poder significativo sobre la administración y los caminos internos. Cuando ese poder se ejerce de manera opaca, puede derivar en el acaparamiento de vías de acceso y el bloqueo del desarrollo para familias enteras.

Esto es lo que denuncian las siete familias de San José Tzal*. A pesar de contar con documentos de Cesión de Derecho Usufructuario (un acuerdo que les concede el uso del terreno), la falta de una lotificación formal ante el Registro Agrario Nacional ha permitido que un excomisario ejidal reclame como propiedad privada el único camino que les da acceso a sus viviendas.

“Lo que no queremos es irnos un día y que cuando regresemos esté cerrada y no podamos entrar a nuestras casas”, explica una de las vecinas.

Un patrón de acoso y abandono institucional

En 2024, el excomisario levantó un muro bloqueando la entrada. Fue necesario que el entonces comisario en funciones, Brígido Sulú Rodríguez, junto con 50 ejidatarios y vecinos, lo derribaran para restablecer el paso. Los ánimos están tan caldeados que los afectados aseguran que la familia del exfuncionario les tira basura en el camino para provocarlos.

A pesar de que los ejidatarios firmaron en 2024 y rectificaron en 2025 un acuerdo formal para “abrir dicha calle al libre tránsito de la población”, la solución definitiva no llega. Las familias han acudido a la Procuraduría Agraria, a la comisaría municipal y al Ayuntamiento de Mérida, pero la respuesta ha sido la misma: minimizar el conflicto como un «problema entre vecinos».

“Hay papeles, documentos, supuestamente ellos tienen los planos para decir que es una calle. Pero si vienen y una persona les dice que no es calle, le creen y ya. No hacen su trabajo bien”, declaró uno de los vecinos.

La presión externa: urbanización, megaproyectos y despojo

San José Tzal no es una comunidad aislada. Se ubica a pocos kilómetros de la Reserva Ecológica de Cuxtal –la fuente de agua dulce más importante para Mérida– y en una zona bajo la intensa presión del crecimiento urbano descontrolado, la industrialización, la imposición de bancos de materiales para la extracción de material pétreo y la llegada de megaproyectos como el Tren Maya.

Esta presión externa dispara el valor del suelo y convierte a los ejidos, muchas veces con tenencia de la tierra poco clara, en blanco de intereses inmobiliarios y de acaparamiento. El abuso de poder por parte de comisarios ejidales y sus vínculos con estos intereses ha sido ampliamente documentado en la prensa local y nacional, configurando un patrón regional de despojo.

“Hemos sufrido acoso, insultos, golpes, de todo”, relata una de las entrevistadas. “No queremos dejarles un problema como patrimonio a nuestros hijos”.

Una década de promesas incumplidas

La espera de las familias se mide en años y en trámites fallidos. En 2017, solicitaron formalmente al Ayuntamiento de Mérida, entonces con Cecilia Patrón Laviada al frente de Desarrollo Social, la pavimentación de su calle. Aunque la luz y el agua llegaron, el pavimento nunca. En 2022, se aprobó de nuevo la obra e incluso se citó para una inauguración, que fue cancelada a último minuto.

En septiembre de 2025, tras una inversión de más de 8 millones de pesos en pavimentación en la zona, todas las calles aledañas a la suya fueron asfaltadas. La de ellos, una vez más, quedó fuera. En una visita, la ahora alcaldesa Cecilia Patrón escuchó su queja y, según los vecinos, pidió al director de Desarrollo Urbano que solucionara el caso. La solución sigue sin materializarse.

Un problema de derechos, no de vecindad

Mientras las autoridades evaden su responsabilidad, las familias insisten en que esto trasciende lo local. “Queremos que nos respeten el paso y que haya algo que certifique que es calle… La calle no es nuestra ni de ellos. Es de todos”, afirman.

La angustia por una calle cerrada en San José Tzal es el mismo temor que recorre decenas de comunidades ejidales en Yucatán: el de que la tierra, su patrimonio y su derecho a vivir en paz, puedan ser arrebatados por un acto de corrupción, validado por la indiferencia del Estado. Su lucha no es solo por entrar a sus casas, sino por sentar un precedente contra el despojo sistemático en la región.

*Las personas entrevistadas solicitaron no publicar sus nombres por seguridad.