El hijo del exprocurador Ignacio Morales Lechuga, junto con la empresa GDC Desarrollos, impulsa el proyecto inmobiliario en avenida Cuauhtémoc 1319, acusado por habitantes de Santa Cruz Atoyac de pasar por encima de los derechos del pueblo al avanzar sin consulta previa en una zona de alto valor patrimonial

Texto y fotos: Camilo Ocampo

CIUDAD DE MÉXICO. – En el pueblo de Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, ya no quieren proyectos inmobiliarios ni megaproyectos, y menos aún que se realicen sin ser consultados previamente. Están cansados de la falta de agua, de la escasez de espacios públicos y de que los edificios les tapen el sol.

Ese hartazgo acumulado derivó en una clausura ciudadana, el 27 de abril, a un edificio ubicado en avenida Cuauhtémoc número 1319, a cargo de GDC Desarrollos. No se trata de una acción simbólica, sino de una medida real y auténtica, encabezada por autoridades tradicionales y habitantes.

De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, en el predio —de 1030.26 metros cuadrados, propiedad de Banca Mifel— se edificarán ocho niveles con 86 departamentos y 54 cajones de estacionamiento. El proyecto se ubica en plena área de conservación patrimonial, a escasos 30 metros de la Parroquia de la Santa Cruz de Jerusalén, edificada por franciscanos entre 1563 y 1564 sobre un antiguo asentamiento prehispánico. El templo destaca por su fachada plateresca, su cruz atrial del siglo XVI y por resguardar reliquias de la llamada Tierra Santa.

La iglesia, por sí sola, es un ejemplo de la resistencia del pueblo por conservar su identidad: no solo por su antigüedad, sino por lo que resguarda. En su interior se encontraba un Cristo negro elaborado con gabazo de caña, una de las seis piezas existentes, de gran valor histórico y devocional, que fue robado, lo que desató la indignación en la comunidad. Los habitantes se movilizaron para exigir su recuperación, organizaron protestas y buscaron respuestas de las autoridades; sin embargo, no tuvieron éxito. La pérdida no solo significó la ausencia de objetos sagrados, sino una herida profunda en la memoria colectiva, que hoy se suma a otras formas de despojo que el pueblo percibe en su entorno.

Una obra controversial

El inicio de la obra contó con el aval de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, junto con la alcaldía, mediante las licencias FABJ-0120-25 y FABJ-003-26, bajo la zonificación HM/8/20/Z, es decir, un tipo de uso de suelo que permite un desarrollo de alta intensidad de hasta ocho niveles.

Aunque es posible oponerse o impugnar un proyecto si el predio se encuentra dentro de un Área de Conservación Patrimonial, Histórica, Artística o Arqueológica, en estos casos la protección del patrimonio debe prevalecer sobre la zonificación de uso de suelo. Por ello, incluso si un terreno está catalogado como HM/8/20/Z, las normas de conservación pueden imponer restricciones adicionales al desarrollo.

Por estos motivos, la comunidad exige la revocación de los permisos otorgados sin su aprobación ni consulta previa, como lo establecen la Constitución mexicana en su artículo 2.°, el Convenio 169 de la OIT y la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 57, que garantizan el derecho de los pueblos y comunidades a ser consultados en decisiones que afecten sus territorios, recursos y formas de vida.

En su lugar, proponen que el Gobierno de la Ciudad de México adquiera el predio y se construya una plaza pública con un kiosco, bancas y áreas verdes, destinada a la recreación de la comunidad.

En entrevista para Pie de Página, Mauricio Reyes Hernández, presidente del consejo del pueblo de Santa Cruz Atoyac, explica la situación en la que se encuentra actualmente la comunidad:

«Primero queremos denunciar que aquí no se puede construir nada, en primer lugar por la iglesia que está aquí a mis espaldas; es un monumento nacional de adobe, y las vibraciones de la maquinaria la van a afectar. Es una iglesia fruto del Concilio de Trento de 1562, también es fruto del mestizaje».

Y agrega: «También es una zona donde nos falta mucho el agua, aunque la alcaldía diga que no. Aquí atrás tenemos el pozo y cuando hay desabasto nosotros vamos y tomamos el agua y la pipas para distribuirla, porque es nuestro recurso».

La amenaza inmobiliaria

Otra de las vecinas, que prefiere mantener su identidad en reserva, menciona que en la zona hay por lo menos cinco proyectos inmobiliarios que suman alrededor de 2400 viviendas en total, lo que ha provocado que la capacidad de distribución de agua se vea rebasada, además del aumento del predial, que fue de los 3000 a los 30 000 o 50 000 pesos. Y sentencia: «Esa es una de las cosas que hacen para que nos vayamos de aquí».

A la par, el abogado que acompaña el caso, Arturo Aparicio, señala que «el pueblo de Santa Cruz, junto con el pueblo de Xoco, ya se había reunido con el exsecretario de Metrópolis, Arturo Encinas, para ver el tema de las construcciones; se logró un acuerdo de no más proyectos y se cumplió, pero hubo un cambio de titulares y parece ser que los acuerdos se olvidaron».

«También nos reunimos con Pablo Yanes, pero unas semanas después de la reunión también dejó el cargo».

Actualmente, la dependencia está a cargo de Enrique Irazoque Palazuelos, quien no ha emitido comunicados sobre los acuerdos anteriores a su administración.

Finalmente, el abogado subraya que, de acuerdo con un decreto emitido por SEDUVI en 2024, en las zonas de conservación patrimonial de pueblos originarios no deben autorizarse proyectos que excedan el uso de suelo permitido, lo que, a su juicio, refuerza las demandas de la comunidad frente a las autorizaciones recientes.

¿Qué dice la desarrolladora y quién es su director?

El día de la clausura llegaron dos representantes legales de GDC, quienes afirmaron contar con los permisos necesarios otorgados por la alcaldía y el Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, desconocieron a las autoridades tradicionales, a quienes nunca consultaron, al señalar que no era necesario hacerlo.

Detrás de la desarrolladora se encuentran Santiago Morales Broc y Fernando Ortega.

El primero es hijo de Ignacio Morales Lechuga, exprocurador de la República, y ha sido señalado en diversas ocasiones por vecinos de distintas colonias.

El medio Reporte Índigo publicó un texto titulado «Depredadores inmobiliarios aprovechan la pandemia», donde se da a conocer el caso de Coahuila 28, un desarrollo construido al margen de la ley por GDC Desarrollos, que habría aprovechado la pandemia de COVID-19 para avanzar sin cumplir las condiciones legales.

Posteriormente, fue señalado por vecinos de un predio ubicado en la calle Bajío 315, en la colonia Roma Sur, quienes protestaron contra el edificio Casa Roma debido a deficiencias constructivas y afectaciones a viviendas colindantes, además de su ubicación en zona sísmica.

Este último proyecto, según el propio hijo del exprocurador en entrevista con El Universal, se desarrolló en una vivienda de 1910 mediante el uso de una figura urbanística llamada polígono de actuación, que permite la relocalización o redistribución de usos de suelo, potencialidades de construcción y alturas.

Sobre el proyecto en Santa Cruz Atoyac, la desarrolladora lo presenta como una zona de alto valor cultural e histórico.

Mientras tanto, el pueblo sigue exigiendo que la obra se detenga, al considerar que vulnera sus derechos como pueblo originario de la Ciudad de México.