La ONU advirtió en su diagnóstico que el Estado mexicano no destina suficientes recursos para atender las demandas de los acogidos al Mecanismo de Protección a defensores de derechos humano y periodistas. Los beneficiarios acusan que el gobierno mexicano ha ignorado los señalamientos de la ONU

Texto: Vania Pigeonutt

Foto: Archivo / Arturo de Dios Palma

CIUDAD DE MÉXICO.- A dos meses de que la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos (ONU-DH) presentara el diagnóstico del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, beneficiarios se quejan de que las sugerencias no han sido atendidas, y eso los pone en mayor vulnerabilidad.

ONU-DH recomendó de manera urgente al Estado implementar medidas adecuadas de protección.

El 26 agosto, la ONU-DH a través de su representante en México, Jan Jarab, puntualizó que el programa que hasta abril de 2019 protegía a 903 personas no cuenta con el suficiente personal para atender las demandas de los acogidos-

El organismo agregó que tampoco ha implementado de manera adecuada las medidas necesarias para brindar su seguridad y señaló una ausencia de seguimiento a cambios de situaciones de riesgo, derivados de sus evaluaciones.

El documento fue elaborado con base a 147 entrevistas a beneficiarios, funcionarios del Mecanismo, organizaciones de la sociedad civil, personal de las Unidades de protección, entre otros especialistas en el tema, la ONU-DH.

“El Mecanismo no puede ser entendido como la única respuesta a la violencia contra quienes ejercen el periodismo y defienden derechos humanos: es necesario que otras autoridades se involucren y se coordinen para garantizar que las personas beneficiarias reciban una protección integral», señaló.

La ONU-DH advirtió que el reforzamiento del Mecanismo será insuficiente si no se acompaña de otras medidas tendientes a la creación de una política pública integral.

Estas políticas públicas en general, señaló, deben implementar la obligación de respeto a las labores de defensa de derechos humanos y periodismo; adoptar estrategias interinstitucionales de prevención; y garantizar el cumplimiento del deber de investigar, juzgar y sancionar las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

En el informe, Jarab lamentó que, aunque en México la situación de riesgo entre periodistas y defensores de derechos humanos aumentó, y tan sólo en 2014 hubo un incremento del 235 por ciento de beneficiarios en el programa, el gobierno federal no consideró sumar a especialistas a su plantilla de atención. Son sólo 36 funcionarios.

El diagnóstico realizado dice que 55 por ciento de los agresores eran servidores públicos. Habló de la necesidad de una campaña nacional de reconocimiento de defensores y periodistas, impulsada por el poder Ejecutivo, así como de la importancia de prevenir, sancionar e investigar las agresiones.

Se ignora a la ONU: periodistas

Mediante una carta dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, y a otras autoridades relacionadas al Mecanismo, seis periodistas desplazados exigieron que funcione el programa en forma integral.

 Los periodistas fueron respaldados por 28 colegas quienes firmaron la carta de peticiones. Destacaron que una de las recomendaciones de la ONU-DH fue: “disponer un monitoreo efectivo de la correcta implementación de los planes e impulsar sanciones pertinentes cuando se detecte el incumplimiento de las obligaciones correspondientes”.

El Diagnóstico, acusaron, advierte una serie de debilidades, sobre todo en la Unidad de Evaluación de Riesgos y la de Seguimiento de caso, que hasta el momento persisten.

«Agresiones sistemáticas por omisión de parte de funcionarios, que han permitido que terceras personas violenten los derechos que tenemos como beneficiarios del Mecanismo de Protección”, dice la carta.

El Mecanismo tiene fallas tan básicas, como no contar con contratos adecuados en la renta de refugios, lo que aún continúa.

Como ejemplo pusieron que una de sus compañeras fue conminada a salirse del departamento por parte de sus arrendadores: el motivo que ella vive allí con sus hijos pequeños. Detalles que la Junta de Gobierno de este programa no consideró.

“No está cumpliendo con las disposiciones que mandata el marco normativo”, denuncian en la misiva.

El Mecanismo, dijeron, incumple con el artículo 38 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual señala que todo “beneficiario podrá en todo momento acudir a la Junta de Gobierno para solicitar una revisión de las Medidas”.

Los otros periodistas denunciantes no tienen una situación mejor. “No hemos pasado a un verdadero análisis de riesgo, no se nos atiende en nuestra situación contingente, a pesar de que se ha hablado en reiteradas ocasiones con funcionarios del Mecanismo, con la mejor disposición de trabajar juntos en una Evaluación objetiva y un Plan de Retorno acorde a cada caso. Hasta el momento, mientras 2019 se dirige a fin de año, no hay respuestas serias”.

Algunos periodistas se quejan del trato de RCU Sistemas y de su contubernio con las autoridades del Mecanismo.

«Sabemos de casos en que periodistas han tenido que renunciar a las medidas de protección al considerarlas ineficaces en su seguimiento”.

Los periodistas tuvieron que salir de estados como Morelos, Guerrero, Sinaloa, donde además de su situación de riesgo por su profesión, los índices violentos son de los más elevados en México.