Al presentar su informe de 100 días de trabajo, Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dijo que en las primeras semanas de junio se trasladarán los recursos a las comisiones locales que ya solicitaron los subsidios federales; pero aún falta resolver otros problemas, como la falta de antropólogos y arqueólogos forenses. Los retos, dijo, “son titánicos”
Texto: Daniela Pastrana y José Ignacio De Alba
Fotografías: Ximena Natera, Heriberto Paredes, Arturo de Dios Palma, José Ignacio de Alba
La Secretaría de Gobernación está en la última etapa de revisión de los convenios de adhesión para entregar los subsidios a 10 comisiones locales de búsqueda que presentaron su solicitud en marzo. Los recursos, de acuerdo con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karla Quintana, se trasladarán en las primeras semanas de junio.
Las comisiones que aún no han solicitado su financiamiento, “ya sea porque no alcanzaron a hacerlo en la primera etapa o bien porque no se habían creado”, pueden hacer la solicitud para que puedan empezar a ejercer el dinero para búsquedas.
De acuerdo con el informe de 100 días de la CNB presentado este martes, los recursos que ya están aprobados son para las búsquedas en Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y Estado de México. El monto total asignado para estas comisiones es de 84.5 millones de pesos, de un total de 207 millones presupuestados para las comisiones locales.
La ley aprobada en noviembre de 2017 establece que deben crearse comisiones locales de búsqueda en cada estado, pero durante 2018 sólo se crearon ocho. Quintana informó que hasta la fecha se han instalado 20 comisiones (de ellas una no tiene titular, tres tienen encargado de despacho y tres más están en el proceso de selección) y hay 9 en proceso de instalación.
“Los retos son titánicos, como es la dimensión del problema”, aseguró, antes de enlistar los problemas que han encontrado para arrancar los trabajos:
* Durante 2018, la CNB (que funcionó a partir de marzo) sólo ejerció 6 millones de pesos y al 31 de diciembre de 2018, tenía apenas 28 personas contratadas.
* El registro nacional de personas desaparecidas (RNPED) no se actualizó desde abril de 2018 Hasta esa fecha registraba 40 mil 184 personas desaparecidas, sin embargo, el RNPED tiene inconsistencias y nombres repetidos o falta de datos. “Hay un registro muy débil, ya que en algunos casos solamente se tiene un nombre en la lista, sin reportar fecha y lugar del hecho”.
* No hay certeza de las fuentes de datos públicos sobre los cuerpos de las personas no identificadas.
*si bien desde noviembre de 2018 se instaló el Sistema Nacional de Búsqueda, éste nunca operó.
En los hechos, concluyó la funcionaria para la búsqueda de personas “existió una simulación”.
A eso se agrega la falta de perfiles de peritos y especializados en antropología y arqueología forense, entre otros, porque “no basta que las comisiones locales de búsqueda tengan un titular, sino que tengan los recursos humanos adecuados y suficientes”.
Sobre el trabajo realizado en estos 100 días, destacó que la CNB ha acompañado búsquedas y diligencias en Colima, Guerrero, Nayarit, Sonora, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas.
Se creó la unidad especializada para la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Sucia, y inició el diseño el Plan de Búsqueda Regional Noreste (para Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Durango) en coordinación con las familias, las comisiones locales y con el acompañamiento de organismos internacionales.
Además, se está realizando un diagnóstico sobre el estado en el que están los servicios forenses más de 250 anfiteatros del país, “porque se ha hablado mucho de las decenas de miles de cuerpos y restos humanos que están sin identificar, pero no se tiene claro cómo están los organismos encargados de hacer identificaciones”.
Y sobre la base del RNPED comenzó a trabajarse en la actualización del registro de personas desaparecidas y no localizadas y en la construcción de un “registro robusto” que tenga toda la información posible de la persona desaparecida.
En este sentido, informó que 11 de febrero al 20 de mayo de este año se han recabado 481 reportes de personas desaparecidas en la búsqueda inmediata. de las cuales, 15 se han localizado con vida. “Y cuando hablo de que hemos encontrado no es sólo la Comisión; somos un sistema, no le toca sólo a una institución buscar y encontrar a las personas desaparecidas”, aseguró que los esfuerzos de deben darse en varias dependencias y en los tres niveles de gobierno.
“México sigue siendo país de fosas. No hay día que no tengamos información de una nueva posible fosa o de encontrar lugares con cocinas donde disuelven cuerpos. Todos los días seguimos abriendo y abriendo fosas”, aseguró.
El 14 de mayo, el subsecretario de Derechos Humanos de Segob, Alejandro Encinas, presentó un informe sobre fosas localizadas a partir del 1 de diciembre de 2018 y anunció será actualizado cada dos semanas. En ese informe dijo que se habían localizado 222 fosas y 337 cuerpos. Sin embargo, colectivos identificaron inconsistencias los datos
Sobre el tema, Quintana destacó que este registro “es un paso importante, pero no suficiente”. Sin embargo, aclaró, que “fue una decisión presidencial hacer publico el registro de fosas clandestinas, la metodología la estamos perfeccionando, pero no hay ninguna intención de ocultar nada”.
A pregunta expresa de Pie de Página sobre el subregistro detectado en Chihuahua, Jalisco y Sinaloa, respondió: “La información es variable, es dinámica. Se está trabajando con la información de las familias y con la que ustedes también tienen en los medios de comunicación. Y nosotros estamos también muchas veces en el terreno y podemos confirmarla (…) En específico de tu pregunta sobre Chihuahua, Jalisco y Sinaloa, puedo decir que las propias fiscalías corrigieron esa información, eso lo tengo por escrito en el caso de Chihuahua y Sinaloa, es la información oficial que estaba por parte de las fiscalías, pero ya la corrigieron”.
Pie de Página le preguntó también si la CNB buscará también en cuarteles militares, y cuál es su posición frente a la sentencia que ordena a la fiscalía pedir la apertura del campo militar para buscar a Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, militantes del EPR desaparecidos en Oaxaca en 2007.
Quintana respondió: “Hay una sentencia que ordena la apertura de los cuarteles. Nosotros podemos acompañar estas inspecciones. Pero quiero ahondar en los cuarteles: la ley nos da la facultad de interponer ‘amparos buscadores’, que ya se ha hecho; cuando la persona que comete la desaparición es un agente del estado y se presume que la persona desaparecida está en una instalación, si no se da acceso de inmediato se puede interponer este recurso (…) Sí, la Comisión lo puede hacer; sí ha presentado amparos buscadores y, sin duda, el compromiso es buscar a la persona desaparecida en donde se tenga información”.
La funcionaria dijo que la CNB trabaja ya en la creación del protocolo homologado de búsqueda para establecer diferentes tipos de búsquedas (fosas, cocinas, búsquedas en vida para personas secuestradas o que están en redes de trata, por ejemplo.
“Tenemos la obligación de hacer búsqueda histórica, como lo de la Guerra Sucia, búsqueda de larga data que llevan años desaparecidos y la búsqueda inmediata. Y las formas de búsquedas son muy distintas, tienen sus propias especialidades y estamos trabajado en el protocolo”, aseguró, aunque no aclaró cuándo estará listo.
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