La libertad de Lizbeth Victoria Huerta, expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, es para privilegiar el prestigio del gobierno de Oaxaca y la Cuarta Transformación, acusan familiares de Uruchurtu

Texto: Diana Manzo / Istmo Press

Foto: Cortesía

OAXACA. – “Libertad de Lizbeth Victoria Huerta es sinónimo de impunidad del gobierno de Salomón Jara”, dijeron con enojo e impotencia las hermanas Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz al condenar la resolución judicial que dejó en libertad absoluta a la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, tras ser acusada de ser la autora intelectual de la desaparición forzada desde hace cuatro años de su hermana, la activista Claudia Uruchurtu Cruz.

En un comunicado, precisaron que la liberación de la exalcaldesa, presa en el Penal de Tanivet desde el 7 de mayo de 2021 junto con otras tres personas, no las va a detener de la exigencia de verdad, justicia y reparación, pues seguirán luchando para acceder a la justicia, ahora desde el ámbito internacional y buscando a su hermana Claudia.

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Un manto de impunidad

Relataron en una carta pública que el 13 de diciembre del 2024, será una fecha simbólica de cómo en Oaxaca la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, pues “decidieron modificar a modo la sentencia dictada en contra de Lizbeth Victoria Huerta, Nelci Yanet o Nelci Yanex Vásquez Jiménez y Juan Antonio Hernández Martínez, para facilitar su libertad y tender un manto de impunidad por la desaparición forzada de nuestra hermana Claudia Uruchurtu Cruz”.

Claudia Uruchurtu denunció la corrupción que imperaba en el Ayuntamiento de Nochixtlán, Oaxaca a cargo de Lizbeth Victoria Huerta y desde el 26 de marzo del 2021 está desaparecida.

Lizbeth Victoria fue detenida el 7 de mayo del 2021 junto con otras tres personas. Ella fue la única que le reclasificaron el delito, a las otras tres personas las condenaron a 45 años, por copartícipes del delito de desaparición forzada de personas.

Sin embargo, en diciembre de 2022, la jueza María Teresa Quevedo, reclasificó el delito a obstrucción de la justicia y la condenó a 4 años y dos meses por el delito de obstrucción de búsqueda de la activista Claudia Uruchurtu , desechando el de desaparición forzada.

Jueces, cómplices: familia

Las hermanas Sara y Elizabeth enfatizaron, que será sobre la conciencia de Margarita Leonor Gopar Pérez, Luis Enrique Cordero Aguilar y Abraham Isaac Soriano Reyes, magistrada y magistrados que decidieron modificar la sentencia pesará esta decisión, que marca la historia de Oaxaca y muestra cómo se privilegia la injusticia sobre la verdad, la opacidad sobre el dolor de las víctimas, la omisión de aplicar los estándares internacionales de derechos humanos sobre una interpretación limitada.

“En otras palabras, privilegiaron favores al Gobernador del Estado, Salomón Jara, y a la 4T, antes que favorecer la justicia”, puntualizan.

Relataron, que esta decisión no pudo ser más entreguista, pues señalaron que la magistrada Margarita Leonor Gopar Pérez ocupó dicho puesto después de ser parte de la Consejería Jurídica de Salomón Jara, lo mismo de un Magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, quién dice contar con una perspectiva pluralista y al no contar con la legitimidad de los pueblos originarios, busca ser premiado con el cargo de ministro después de la reforma al sistema Judicial, y finalmente de Abraham Isaac Soriano quién llegó a este cargo después de un escándalo por desempeñar dos funciones de manera inconstitucional y vulnerar la paridad de género en el poder judicial.

Recalcaron, que es muy lamentable que la administración de justicia esté en manos de estas personas, y de Berenice Ramírez Jiménez, una Presidenta que dice defender los derechos de las mujeres, promover las órdenes de protección las 24 horas, los 365 días del año en Oaxaca, cuando no es capaz de garantizar que en el poder judicial se administre justicia correctamente a las mujeres que son víctimas de desaparición forzada.

“Nuestra voz es de enojo e impotencia, porque sabemos que tenemos la razón, también de dolor, porque queríamos un cambio en nuestro Estado, pero a pesar de ello, queremos también decirles al Gobernador del Estado, a la Presidenta del Tribunal, a la Magistrada y Magistrados, inclusive a la Presidenta de la República, que esto no nos va a detener en nuestra exigencia de verdad, justicia y reparación”, agregaron.

Esta nota fue publicada originalmente en ISTMO PRESS, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.