Organizaciones de pueblos originarios se unieron para hacer frente común contra los megaproyectos; esto después del acuerdo presidencial de López Obrador que busca apuntalar proyectos de “interés nacional”. Realizarán la Caravana Por La Vida a partir del 22 de marzo del 2022
Texto y fotos: Ángel Melgoza
SANTA MARÍA ZACATEPEC, PUEBLA.- “Aquí no pasa el gas” dice Campeche, refiriéndose al Gasoducto Morelos sobre el que caminamos la mañana de este domingo. Campeche es un hombre de 36 años que forma parte de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca en Puebla. El mismo grupo que hace casi diez meses se plantó afuera de las instalaciones de la embotelladora Bonafont, reclamando por la extracción desmedida de agua del subsuelo.
Los pobladores de Santa María Zacatepec, donde se encuentra la planta de Bonafont, vieron cómo la tierra se hundía formando un hueco enorme de unos 150 metros de diámetro el 29 de mayo del año pasado, apenas cumplidos dos meses del inicio de la protesta por el agua.
El hundimiento aquél fue conocido nacionalmente como el socavón, y la distancia entre el tramo del Gasoducto Morelos por el que caminamos, y el mentado socavón, es de unos 400 metros. Los pobladores de Zacatepec imaginan la magnitud de la desgracia que una explosión provocada tanto por un sismo, un nuevo hundimiento o huachicoleros podría significar. Tan solo el 31 de octubre pasado en la ciudad de Puebla, a unos 30 minutos de este poblado, una toma clandestina provocó el estallido de un gasoducto que dejó cinco muertos y unas 17 personas lesionadas, además de 50 viviendas con destrozos graves y la evacuación de dos mil personas.
Parado frente al socavón, el líder comunitario Miguel López Vega dice que este hundimiento es la clara muestra de la destrucción y muerte que provoca la industria:
“En esta región Bonafont extraía 19 litros [de agua] por segundo; la termoeléctrica, pretenden utilizar 500 litros por segundo; la Volkswagen utiliza más de mil litros por segundo; la Hylsa también extrae 400 litros por segundo”. Toda esa cantidad de extracción habría provocado el hundimiento.
“Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y ahora López Obrador”. Campeche enumera los presidentes a los que se han enfrentado los habitantes de la región para evitar que se instale y opere el gasoducto. En tiempos de Zedillo, en 1998, el proyecto se llamaba Transportadora de Gas Zapata. Fue entonces que los pueblos de San Lucas Nextetelco, Cuanalá y San Juan Tlautla se organizaron para rechazar que el proyecto cruzara por sus tierras.
Lograron detener a los primeros dos presidentes; pero con Felipe Calderón, quien hizo mancuerna con Rafael Moreno Valle, entonces gobernador de Puebla, no lograron evitar la construcción del gasoducto. Esta era vigilada por el Ejército Mexicano y la entonces Policía Federal. Sin embargo lo que no han logrado, dice Campeche, es hacer que el gas corra por el tubo.
Este Gasoducto Morelos forma parte del Proyecto Integral Morelos, que impulsó Calderón en 2007; y que básicamente se compone de infraestructura para generar energía eléctrica a través de plantas termoeléctricas, un gasoducto, un acueducto y una red de transmisión de energía o torres de alta tensión.
“Es un proyecto que se ha detenido muchas veces; justo por la negativa de los pueblos de aceptar este proyecto. Y por eso mismo López Obrador hizo este decreto” dice Campeche refiriéndose al Acuerdo Presidencial. Para él y para muchos otros integrantes de pueblos originarios, el Acuerdo significa una afrenta: “es como ponernos peor que terroristas, somos enemigos de la nación ahora, por defender nuestro territorio”, dice Campeche.
Antiprogresistas, retrógradas, ignorantes, son algunas de las formas despectivas en que las y los defensores dicen ser nombrados. El escenario está revestido con lonas y pancartas: exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa; decretando la salida de la empresa Bonafont; anunciando el encuentro de luchas contra gasoductos; ilustrando el rostro de Emiliano Zapata y las banderas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Son las demandas de distintos grupos provenientes de la región norte de Puebla e Hidalgo, de Sonora, dos casos de Jalisco y Morelos, fueron tomando la palabra para hacer un recuento de sus casos.
El Encuentro Nacional Contra Gasoductos y Proyectos de Muerte concluyó este domingo. Fue llevado a cabo en el Altepelmecalli, La Casa de los Pueblos, en las instalaciones que fueron arrebatadas a la embotelladora Bonafont, de la trasnacional Danone.
Convocado por trece organizaciones, entre ellas los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala (FPDTA) y el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Encuentro Nacional representa una importante oposición al Acuerdo Presidencial que emitió el presidente López Obrador el pasado 22 de noviembre.
El acuerdo de AMLO pretende priorizar grandes proyectos de infraestructura que por su “complejidad y magnitud, se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional”. Además instruye a las dependencias federales a otorgar autorizaciones provisionales “en un plazo máximo de cinco días hábiles”, para obtener dictámenes, permisos o licencias que les permitan poner en marcha dichos proyectos.
Los tres planteamientos del acuerdo han sido señalados por especialistas como inconstitucionales e ilegales; las acciones derivadas de éste traerían graves consecuencias como la violación de derechos humanos.
Las organizaciones convocantes señalaron que el actual gobierno federal “es el gobierno de los megaproyectos, de la militarización, del ataque a los pueblos”; y enfatizaron que tanto el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Proyecto Integral Morelos eran tres de las principales amenazas contra los pueblos originarios.
El resultado final del Encuentro fue el anuncio de la Caravana Por La Vida que partirá del Altepelmecalli, Casa de los Pueblos, el próximo martes 22 de marzo del 2022. La caravana irá avanzando por pueblos, comunidades y territorios en resistencia a megaproyectos y concluirá un mes después, el 22 de abril, en la ciudad de Juchitán, Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec.
El sábado se pasó exponiendo casos, los asistentes reunidos en mesas de trabajo, con presentaciones de bailes regionales. El domingo se realizó un recorrido por un tramo del Gasoducto Morelos, el socavón, y la asamblea final. El mensaje que resuena desde Puebla es el de la autonomía de los pueblos originarios; el de su resistencia frente a los megaproyectos que atentan contra su forma de vida; el de la autodeterminación, la ley de los pueblos. En palabras de Miguel López “es que antes de la industria está la vida de los Pueblos”.
“Imagínate ahorita donde hay tierras de cultivo, ¿qué va a ser mañana? Una zona industrial contaminando el río Metlapanapa, secando nuestros pozos, teniéndonos como obreros, contaminando el agua, el aire, queremos que mejor sean campos de siembra de la comunidad, y alimentos sanos” concluye Campeche.
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