¿Cómo pasamos de “los viejitos de la Corte” a los intercambios de whats app? ¿Quiénes son los 11 jueces superpoderosos que están tomando las decisiones para el futuro de todos los mexicanos? ¿Qué Constitución que están defendiendo?

Texto: Daniela Pastrana, María Fernanda Ruiz y Alejandro Ruíz

Fotos: Suprema Corte de Justicia y Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- Los mensajes enviados sin protocolo (por Whatsapp, en la noche, en tono de reclamo) de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia al presidente del Senado obligan a revisar, más allá del escándalo mediático, la relación entre los tres poderes que definen los destinos de México.

En los hechos, 11 ministros, nombrados por los presidentes en turno y ratificados por el Senado, tienen la última palabra para decisiones trascendentales del país, por encima de los poderes electos (Ejecutivo y Legislativo). Su función, al final de cuentas, es velar porque se cumpla la Constitución. 

Pero ¿qué constitucionalidad están velando? La Constitución actual tiene muy poco del espíritu de los constituyentes de 1917. Solo 22 de los 136 artículos se mantienen en su versión original. El resto ha sido modificado. La Carta Magna tiene cinco veces más palabras que hace cien años. Destaca un dato: 500 de 700 artículos modificados se dieron entre los gobiernos de Miguel de la Madrid y Enrique Peña Nieto. Y en esos cambios borraron los tres pilares de la Constitución del 17: territorio, educación y trabajo.

Aquí la historia:

La zedillización de la Corte

El 24 de diciembre de 1994, el pleno de la Cámara de Diputados, entonces con mayoría priísta, aprobó una reforma al artículo 94 de constitucional que jubiló a los 26 ministros que entonces integraban la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El objetivo de la reforma, que el constitucionalista Emilio Krieger calificó como la zedillización de la Corte, era deshacerse de los ministros afines a su antecesor, Carlos Salinas de Gortari. Para acallar las críticas, Zedillo instauró un “retiro dorado” de los ministros, con una pensión vitalicia.

La reforma implicó una reconfiguración completa del Poder Judicial. En el nuevo artículo constitucional se estableció la reducción de 26 a 11 ministros de la Corte, se limitó su mandato a 15 años (antes era vitalicio) y se estableció un periodo de cuatro años para la presidencia rotativa de la Sala Superior. La estructura del máximo tribunal del país se conformaría por el pleno, con 10 ministros y un ministro presidente, y dos salas, integradas cada una por cuatro ministros y un ministro presidente. También se creó el Consejo de la Judicatura, con funciones para la “administración, vigilancia y disciplina” del Poder Judicial. Y se estableció un sistema de remuneración muy alto y el “derecho a un haber de retiro” para ministros jubilados.

La reforma fue aprobada por la Cámara y enviada a los congresos locales para su aprobación. El decreto se publicó el 31 de diciembre.

El 18 de enero de 1995, Zedillo envió al Senado una lista de 18 candidatos a ministros, de los cuales fueron electos 11 en sesión extraordinaria del 26 de enero. Esos ministros fueron: José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero.

Fox y la Corte milusos

En su campaña presidencial, el panista Vicente Fox prometió reformas profundas al poder judicial («está plagado de corrupción») y la jubilación de los viejitos de la Corte, tal como lo había hecho Zedillo años atrás. Al rendir protesta como presidente, en diciembre de 2000, Fox aseguró: «el Presidente propone y el Congreso dispone».

La realidad fue muy otra. Entre desatinos del Ejecutivo, sus desencuentros con el Legislativo, y el desvanecimiento de los otros actores políticos, el gobierno quedó paralizado hacia la segunda mitad del sexenio (Fox tuvo que entregar su quinto informe de gobierno en las puertas del Congreso). La recién renovada Corte tuvo entonces un lugar cada vez más preponderante en la escena política,

«El más desconocido de los poderes de la Unión», como lo definió el ministro Salvador Aguirre, dejó de ser el «último recurso», para convertirse en el espacio que resolvía todo: el horario del país en el verano, la reincorporación al trabajo de sindicalistas afectados por la cláusula de exclusión, la redistritación de un estado, el impuesto a las botas Fox y otros productos suntuarios, el presupuesto del Distrito Federal, las construcción del aeropuerto en Texcoco; la destitución del jefe delegacional en Iztapalapa, por incumplir un pago; la expulsión de Alejandro Echavarría, El Mosh, de la UNAM; las cuotas de género en la ley electoral de Coahuila; la inconstitucionalidad del impuesto sobre tenencia; la facultad de la Asamblea Legislativa de la capital para legislar en materia educativa, la Ley Robles (que despenalizó el aborto en la Ciudad de México), y las 12 demandas de municipios panistas contra la administración del Arturo Montiel en el Estado de México. Entre otros.

Pero no todo fue imparcialidad. En abril de 2002, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU presentó en Ginebra un informe sobre el Poder Judicial en México y salió reprobado: «La impunidad y la corrupción siguen prevaleciendo”, relató Dato Param, en su texto de 52 cuartillas. El relator aseguraba que la corrupción estaba instalada entre 50 y 70 por ciento de los jueces federales.

En la segunda parte de su gobierno, Fox nombró a cuatro nuevos ministros: José Ramón Cossio (en sustitución de Vicente Aguinaco), Sergio Valls Fernández (en lugar de Humberto Román), José Fernando Franco González (de Juan Díaz Romero) y Margarita Luna (de Juventino Castro).

En 2005, el ministro presidente de la Corte, Mariano Azuela Güitron, apoyó al golpe jurídico del desafuero para inhabilitar al entonces jefe de Gobierno de la ciudad, Andrés Manuel López Obrador.

Las injerencias de Felipe Calderón

En la primera mitad del gobierno de Felipe Calderón, mientras estuvo en la presidencia de la Corte el ministro Ortiz Mayagoitia (enero 2007 a diciembre 2010), el tribunal del país ejerció la facultad de atracción en cuatro casos emblemáticos: el secuestro y torturas contra Lydia Cacho en Puebla; el caso de Oaxaca y la APPO; las violaciones en Atenco y el incendio de la Guardería ABC de Sonora, donde murieron 49 niños y otros 104 resultaron heridos. 

En este último caso estaban involucrados familiares de Margarita Zavala, esposa de Calderón. Y de acuerdo con la versión de Arturo Zaldívar (ministro desde 2009) Calderón hizo que sus funcionarios prácticamente tomaran la sede de la Suprema Corte para presionar y conseguir que dos ministros leyeran ante el pleno, como si fueran suyos, los posicionamientos que les envió la Secretaría de Gobernación.

Calderón nombró a cinco ministros, todos hombres, entre 2009 y 2012: el propio Arturo Zaldivar (quien sustituyó a Góngora Pimentel), Luis María Aguilar, José Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena y Alberto Pérez Dayan.

La gran paradoja es que, en el sexenio de la guerra contra las drogas, se aprobaron reformas constitucionales en favor de los derechos humanos. El 18 de junio del año 2008 se aprobó una reforma que estableció el cambio de modelo procesal en la impartición de justicia penal, y el 10 de junio de 2011, se aprobó otra reforma, que significó la estricta observancia de los derechos humanos de acuerdo al bloque de constitucionalidad, ordenanza que alcanza desde luego a las reglas del nuevo proceso penal mexicano. Además, en junio de 2011, Calderón realizó la declaratoria de reforma constitucional de una serie de artículos que modifican de manera significativa el juicio de amparo: el medio de protección por definición de los derechos de los habitantes del país.

En noviembre de 2012, el Senado rechazó las ternas propuestas por Calderón para sustituir a los ministros Ortiz Mayagoitia y Aguirre Anguiano.

Pero después de la salida de Calderón de la presidencia se fueron conociendo otros episodios de la injerencia del ejecutivo en las decisiones de la Corte. En el documental para Netflix sobre el caso Cassez-Vallarta, Arturo Zaldívar dijo que, siento ministro, fue amenazado por elementos de la Policía Federal, bajo el mando de Genaro García Luna, después de que el 7 de marzo de 2012 presentó un proyecto de amparo para liberar a la francesa Florence Cassez.

Zaldívar informó de los sucedido al ministro Juan Silva Meza, entonces presidente del pleno y responsabilizó a Felipe Calderón y a Genaro García Luna de su seguridad. La propuesta de amparo a favor de Cassez fue desechada, pero 10 meses después, ya con Enrique Peña Nieto en la presidencia, se aprobó la propuesta de la ministra Olga Sánchez Cordero para otorgarle la libertad inmediata a Cassez, detenida de manera irregular y con flagrantes violaciones al debido proceso.

En octubre de 2019, ya como presidente de la Corte, Zaldívar dijo en una entrevista televisiva que Calderón lo presionó e incluso “amenazó” a la Corte. Calderón negó que hubieran hablado.

Enrique Peña Nieto y las reformas estructurales

En la administración de Enrique Peña Nieto, se reformó la mayor cantidad de artículos constitucionales en toda la historia del país: hizo 155 modificaciones a diferentes artículos. Eso fue posible por una serie de compromisos plasmados en el Pacto por México, suscrito por las tres principales fuerzas políticas al inicio de su administración.

Con el impulso del Pacto por México, Peña Nieto consiguió que en apenas 18 meses se concretaran 11 reformas constitucionales -entre ellas, la educativa, la hacendaria y la energética- y 81 leyes secundarias. La reforma educativa, impulsada desde la iniciativa privada con Claudio X. González a la cabeza, y la hacendaria se aprobaron sin problemas, pero la reforma energética, que incluía inversiones privadas en la explotación de petróleo y gas, no tenía el aval de los legisladores del PRD, que cerraron con cadenas y candados el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.

Las llamadas reformas estructurales de Peña Nieto, fueron aprobadas por el Congreso de la Unión en diciembre de 2013. Ante las protestas en las calles, las instalaciones del Congreso que fueron cercadas con muros metálicos y miles de policías.

Pese a ello, ninguna reforma fue revirada por la Corte, que durante la administración de Peña Nieto redujo el protagonismo adquirido en los sexenios anteriores.

• Reforma Laboral. Flexibilizó el mercado laboral ,
• Reforma en Competencia Económica Estableció un órgano regulador que le da las facultades para normar la economía y lograr una mayor competencia en los distintos sectores.
• Reforma en Telecomunicaciones Para ampliar la competencia en este sector, en los servicios de telefonía, de televisión, de acceso a la Internet, consagrado ya como un derecho de los mexicanos.
• Reforma Financiera
• Reforma Hacendaria
• Reforma Energética Estableció nuevas fórmulas para la exploración, la explotación y la producción de hidrocarburos y de nuevas fuentes generadoras de energía con la participación del sector privado.
• Reforma Político – Electoral Creó el Instituto Nacional Electoral, en lugar del IFE, y estableció un nuevo marco para la política, con la posibilidad de conformar gobiernos de coalición.
• Reforma en Transparencia Se creó el INAI, que anteriormente sólo tenía facultades para auditar o para fiscalizar la transparencia en el orden Federal.
• Código Nacional de Procedimientos Penales
• Reforma Educativa
• Reforma en Seguridad Social
  

Entre 2012 y 2015, Peña Nieto nombró a tres ministros:  Eduardo Medina Mora, quien había sido Procurador General de la República y embajador de México en Estados Unidos) y quien, cuatro años después renunció a la Corte en medio de una acusación de corrupción. Nunca antes un ministro había dimitido de su cargo.

Los otros dos ministros nombrados por Peña Nieto fueron Javier Laynez, quien antes de ocupar su cago fue parte de los redactores de la Reforma Energética,  y Norma Piña, quien había sido propuesta desde el sexenio de Felipe Calderón, pero nunca había ganado la terna. 

López Obrador: La reversa

Lo primero que hizo Andrés Manuel López Obrador al llegar a la presidencia fue desechar la reforma educativa aprobada por el Congreso durante la administración de Peña Nieto.

Eso lo recordó el propio López Obrador, el pasado 5 de febrero. Durante la conmemoración del 106 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, el presidente hizo un amplio recuento de las reformas legislativas que han avanzado en esta administración: la elevación a rango constitucional del derecho de adultos mayores y personas con discapacidad a las pensiones y de estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad a recibir becas; la ley de austeridad republicana; la ley de extinción de dominio para recuperar y devolver al pueblo lo robado y la reforma al Artículo 28 de la Constitución, que prohíbe la devolución de impuestos a grandes empresas; una nueva ley laboral, para garantiza el voto libre, secreto y directo en los sindicatos; el establecimiento de que la corrupción es delito grave; la eliminación del fuero al Presidente y la revocación de mandato.

López Obrador ha impulsado, hasta ahora, reformas a 55 artículos de la Constitución; en varios casos, las reformas han sido para revertir reformas anteriores. En materia educativa, laboral y energética, por ejemplo. Y la mayoría de estas reformas ocurrieron en la primera mitad de su gobierno.

En ese tiempo, el presidente mantuvo una relación más tersa con la Suprema Corte. El ministro presidente, Arturo Zaldívar, dio un giro a la Corte: comenzó a dar entrevistas, abrió redes sociales y dio un fuerte impulso a la Defensoría Pública. Pero todo cambió con el relevo en la presidencia de la Corte.

El nombramiento de Norma Piña, la primera mujer que preside la Suprema Corte, fue antecedido por el escándalo de Yasmin Esquivel, acusada del plagio de su tesis de licenciatura cuando se enfilaba a ser presidenta de la Corte.

Y luego por el  protagonismo de Norma Piña, quien en el mismo evento del 5 de febrero, en su presentación pública, se negó a saludar al presidente y envió un mensaje de autonomía del poder judicial.

Todas las propuestas de reformas que el presidente ha enviado al Congreso, y que los legisladores aprobaron, se han topado este año con la Corte; la reforma eléctrica, la guardia nacional, el plan B de la reforma electoral, y el decreto que resguardaba la información de las megobras consideradas prioritarias y de seguridad nacional fueron declarados inconstitucionales por los ministros.

López Obrador ha propuesto a cuatro ministros (tres de ellos mujeres: Juan Luis González Alcántara, Yasmin Esquivel, Ana Margarita Rios Fayad y Loretta Ortiz.

¿Qué Constitución defienden?

La Constitución de 1917 plasmó las principales demandas sociales, económicas y políticas de la Revolución y asumió como su principal función ser el eje articulador del desarrollo de la nación mexicana en el siglo XX. Fue pionera en establecer los Derechos Sociales considerada como la aportación mexicana al constitucionalismo universal, Es además, la constitución más vieja de América Latina. Pero también es la más reformada. De los 136 artículos contenidos en el texto original, sólo 22 se mantienen intactos.

Hasta el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Constitución vigente había tenido 707 reformas al texto original, Tres cuartas partes de esas reformas se hicieron en los 36 años anteriores al actual gobierno. Y solo en dos administraciones, la de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto, se realizaron 265 modificaciones.

De hecho, fue con la entrada de Miguel de la Madrid (1982) cuando comenzó un proceso reformativo en la Constitución que coincide con el cambio en la política económica en favor del libre mercado. 

La investigación “Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, elaborada por la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD), apunta que, contrario a lo que sucede en otras democracias, las reformas constitucionales en México, más que una excepción, han sido una constante. La Constitución de los Estados Unidos, promulgada en 1787, por ejemplo, ha tenido apenas 27 enmiendas en 231 años.

Como resultado de las adiciones y modificaciones al texto constitucional realizadas en el último siglo, el tamaño de nuestra Constitución creció cinco veces, al pasar de 21 mil 382 palabras a las 111 mil 783 palabras (incluyendo los artículos transitorios), dice el estudio del IBD.

Los artículos constitucionales con más modificaciones han sido el 73 (que regula las facultades del Congreso), el 123 (trabajo), el 27 (régimen de propiedad) y el 89 (facultades del Ejecutivo). Tan solo estos cuatro artículos se han modificado 144 veces, lo que representa el 20 por ciento del total de veces que se ha reformado la Constitución.

Los sexenios en donde se han realizado el mayor número de modificaciones han sido lo de Enrique Peña Nieto, con 155, Felipe Calderón, con 110, Ernesto Zedillo con 77, Miguel de la Madrid con 66 y Carlos Salinas de Gortari con 55 y Vicente Fox con 31.

De todas esas reformas, quizá la más importante fue la que se realizó al artículo 27 en 1992, por decreto presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Esa reforma constitucional puso fin al reparto agrario y, con el argumento de que permitiría reemplazar la venta ilegal de tierras, por primera vez se permitió la venta de suelo ejidal y comunal.

Esa reforma derivó en leyes secundarias (la ley agraria, la ley minera y la ley de aguas) que, en los hechos, legalizaron el despojo del territorio y los recursos del país, así como su entrega a las empresas privadas.

Los superjueces

En los últimos años, 11 ministros han decidido los temas importantes del país, por encima de los poderes electos, ¿quiénes son? La mayoría fueron nombrados por Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Estos son sus perfiles, sus intereses y las intervenciones en temas y casos más importantes.

@arturozaldivarl

♬ sonido original – Arturo Zaldívar

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