La renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, avivó un debate sobre los motivos que la llevaron a su decisión, pero se habló muy poco de los pendientes que dejó en la Comisión. Esta es la opinión que tienen una parte de las familias buscadoras al respecto

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Moisés Pablo / Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – Con una carta donde no expresó sus motivos, la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana Osuna, anunció su renuncia a la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda. Una institución fundamental para resarcir la justicia en México.

Desde su renuncia, el debate público se centró en indagar las causas de su decisión reforzando una hipótesis: el distanciamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con las decisiones del gobierno federal, particularmente sobre el manejo del registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas.

Pero, en este debate, ¿qué tanto se ha escuchado lo que las familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas tienen qué decir?

Sobre esto, en Pie de Página dialogamos con Jorge Verástegui González, hermano y primo de Toño y Toñín, desaparecidos desde hace 14 años.

Jorge, además, es activista por los derechos humanos, principalmente por los de las víctimas y familiares de personas desaparecidas.

Su posición en el debate es clara: más allá de la politización del tema, la ex comisionada de búsqueda dejó una serie de pendientes que es urgente atender.

“Que los funcionarios tomen la decisión de dejar el cargo no es algo nuevo, es algo que siempre se espera al final del sexenio de cualquier administración. Me parece que en el tema de la Comisión Nacional de Búsqueda hay bastantes contrastes, más sobre la posición que se ha manejado en que la renuncia de la comisionada nacional es reflejo de una aparente distancia con las decisiones del presidente López Obrador. Eso es una cosa.  Pero me parece que en el tema de búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda lamentablemente no funcionó como se esperaba que funcionara”.

Una comisión que no entendió su función

Un punto crucial para entender los problemas que señala Jorge es delimitar la función de la Comisión Nacional de Búsqueda: un mecanismo institucional para buscar a personas desaparecidas.

Aunque suene obvio, en la lectura de muchos colectivos, la Comisión Nacional de Búsqueda no cumplió esta misión, sino que quiso adjudicarse responsabilidades institucionales que no eran de su competencia.

Jorge explica:

“La Comisión Nacional de Búsqueda se enfrascó en discusiones que terminaron de dinamitar la poca coordinación que hizo con la Fiscalía General de la República. Trató de asumir responsabilidades que no le competen, por ejemplo: el tema de la identificación humana”.

Para Verástegui, “la Comisión debió entender que no era un Ministerio Público, sino algo mucho más ágil”, algo que potenciara otras formas menos burocráticas y administrativas de la búsqueda de personas desaparecidas: las búsquedas desformalizadas, un objetivo con el que soñaron las víctimas que empujaron la Ley General de Desaparición Forzada de personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.

Sin embargo, como precisa Jorge, la Comisión Nacional de Búsqueda no logró cumplir este objetivo.

“La opacidad total en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, yo creo que es ejemplo, primero, de la poca transparencia que se estaba dando en el trabajo de la Comisión, pero también nos da luces de cómo se entendía a sí misma la titular de la CNB en su labor de búsqueda. La Comisión se entendía como un ente coordinador que distribuía los reportes de búsqueda, en lugar de ser un órgano que detonara acciones de búsqueda”.

La labor de la Comisión, resalta Verástegui, se centró únicamente en acompañar las búsquedas que proponían las familias y colectivos, pero no en desarrollar e impulsar ella misma estas acciones.

“El hecho de que se haya retrasado por más de cuatro años el Programa Nacional de Búsqueda es ejemplo de que la búsqueda no era prioridad para la Comisión Nacional, sino más bien posicionarse como un ente que coordinaba todo un sistema nacional, y no un organismo que potenciara las acciones de búsqueda”, enfatiza Jorge Verástegui.

Esta forma de operar la Comisión dejó muchos pendientes, entre ellos, como resalta Verástegui, consolidar un Sistema Nacional de Búsqueda con un enfoque más humanitario. Una deuda que Karla Quintana heredó también de su antecesor, Roberto Cabrera Alfaro, actualmente acusado de traficar con el ADN de las personas desaparecidas.

Los pendientes

Para Verástegui, otro de los grandes pendientes de la Comisión Nacional de Búsqueda es afinar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas  y Extraviadas.

El mecanismo, deficiente desde su creación en 2012, empeoró bajo la titularidad de la recién ex comisionada.

“Si hacemos memoria, por ejemplo, en el 2012, cuando se creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas, era un registro muy deficiente, pero que podía ser auditado por las familias y las organizaciones de la sociedad civil. Tenías acceso a la base de datos completa con nombres, y ahí podías ir vigilando el actuar de la autoridad. Pero este registro que presentó Karla Quintana fue solamente una plataforma en la que se mostraban números, cuestiones estadísticas, pero que no tenías acceso a la base de datos”, recapitula Jorge.

Esta forma de integrar el Registro era poco fidedigna y confiable. Inclusive, señala Verástegui, para obtener acceso a la base de datos, las familias y colectivos de personas desaparecidas tuvieron que litigar su inconformidad. 

“Logramos tener acceso parcial gracias a las determinaciones del INAI, y con esa información a la que tuvimos acceso pudimos darnos cuenta que el registro se había convertido en un basurero de datos, más que en una herramienta del sistema nacional de búsqueda”.

Su afirmación la sustenta en una serie de inconsistencias que las familias y colectivos descubrieron. Por ejemplo, la existencia de registros duplicados, errores en nombres, edades y fechas de desaparición.

“Lo que daban a entender la cantidad de errores en el registro es que, en realidad, no estaban utilizando este registro”, cuestiona Verástegui.

Y agrega:

“Con lo que se logró auditar nos dimos cuenta que la Comisión Nacional no verificaba toda la información que le proporcionaban las entidades federativas o las otras dependencias federales. Cada quien, incluso uno como particular, podía generar un reporte y nadie lo verificaba. Se daba por buena la información ingresada, y la Comisión no se encargaba de verificar que, efectivamente, estuvieran los datos correctos, o que no estuviera una persona duplicada”.

Un ejemplo de esto, y que sacó a relucir una problemática más grande, sucedió con el registro nacional de vacunación por la pandemia de covid-19, donde aparecieron personas que estaban reportadas como desaparecidas, evidenciando la falta de atención de la Comisión Nacional de Búsqueda.

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Este hecho, evidenció un problema mayor: la Comisión no da seguimiento a los reportes de búsqueda, convirtiéndolos, muchas veces, en archivo acumulado.

“Como no les daba seguimiento, pues había personas que posiblemente se habían ausentado voluntariamente o se había perdido contacto con ellas, y después regresaban a su casa. Pero, como nadie les dio seguimiento a los reportes, pues en el registro siguen desaparecidas, aunque en la realidad, no es que fueran localizadas, sino que regresaron a su casa solas”.

Este tipo de actos generaron un grave problema de desconfianza hacia la Comisión Nacional de Búsqueda, quienes además de no buscar a los desaparecidos, no da seguimiento a los casos.

“De ahí son entendibles, por ejemplo, los cuestionamientos del presidente de la República sobre que no hay un censo confiable, o sea un registro confiable. Tiene toda la razón, porque la comisionada hizo todo lo posible para que ese registro, primero, no fuera accesible, y no fuera auditable desde la sociedad civil”, reflexiona Verástegui.

Pero, agrega, el censo propuesto por el presidente López Obrador tampoco parece ser una propuesta exenta de problemas, pues en los hechos replica los mismos vicios de la Comisión Nacional de Búsqueda: la opacidad.

El censo

Hace unos meses, el presidente López Obrador anunció la elaboración de un censo nacional para corroborar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Apenas hace unos días, las fiscalías de Coahuila, Hidalgo y Durango informaron que mediante el censo se encontraron con vida a personas que estaban reportadas como desaparecidas.

 Y aunque los resultados alientan, sacan a relucir una serie de problemas.

Verástegui explica:

«Los problemas van en este sentido: en este censo del que ha hablado el presidente tampoco conocemos la metodología, e incluso, aunque la conociéramos, nosotros como sociedad civil, como familias, no tenemos con qué contrastarlo. Es decir, si el Registro Nacional hubiera tenido fuentes abiertas, hoy no habría el problema de enfrentarnos a este censo, porque ahí estaría la información, tendríamos con qué contrastar los datos”.

Esto, desde la lectura de Jorge Verástegui, es uno de los motivos de la renuncia de Karla Quintana a la Comisión. Pero no como se ha interpretado en el debate  público.

“La renuncia es una decisión de la comisionada, y se da en un momento en el que ella ha considerado que su imagen saldría menos perjudicada. Está utilizando el tema del censo como un pretexto para decir que está siendo presionada, que hay otros intereses alrededor, pero en realidad, si ella hubiera sido transparente, hoy no tendríamos el problema del censo”.

Sin embargo, como lo han compartido decenas de colectivos de búsqueda, la lectura entorno al censo no es un cheque  en blanco, de fondo, acusan, está la intención de intentar mitigar políticamente la tragedia de la desaparición en México.

“Este gobierno, igual que los otros, está intentando decir que en esta administración no hay tantos desaparecidos, que hay un registro que no es confiable (y que en eso tienen razón). Van a hacer lo posible por bajar las cifras, por tratar de cambiar los conceptos. Por eso, ante la falta de una metodología, pues estamos ante un escenario en el que nos pueden decir que hay menos de 100 mil personas desaparecidas, y nosotros no tenemos elementos o fuentes para decir que eso es mentira o es verdad”.

La exigencia, reitera Jorge Verástegui, está en que el gobierno federal tiene que mostrar la metodología del censo, no sólo para verificar la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, sino para saber cuáles son las bases que esta nueva medida dejará para un futuro.

“El reto, por un lado, es que muestren que hay una metodología clara, porque es válido que el gobierno verifique la información, yo creo que ninguna persona en su sano juicio estaría en contra de que se haga una verificación y validación de la información, sobre todo tomando en cuenta las deficiencias del registro actual. Pero ahora, para soportar una decisión de esa naturaleza, pues tendría que venir acompañada de una metodología que de certeza del resultado del censo”.

Hacer esto, reflexiona Verástegui, ayudaría a pensar que la decisión no tiene la intención de ‘rasurar’ el registro de personas desaparecidas. Sin embargo, por la falta de transparencia que ha caracterizado al gobierno federal entorno a las cifras de desapariciones, la lectura de los colectivos es desconfiada.

“Hay muchas dudas. Ya no hay confianza de muchas familias y de un sector de la sociedad civil a las acciones del gobierno federal. Para evitar especulaciones, el gobierno debería ser menos soberbio: asumir esta realidad, y poner la transparencia por encima de todas las cosas”.

Verástegui exige lo mismo ante el proceso de selección que se abre para elegir a una nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, donde enfatiza que este proceso tiene que ser acompañado por las familias, como lo marca la ley. También, reitera, tiene que ser un proceso transparente.

“El Estado mexicano en su conjunto, no sólo el gobierno federal, tiene una deuda histórica con los familiares. Nos deben demasiado, y creo que tienen que entender que no pueden escatimar recursos en este tipo de cosas”, puntualiza.

Y agrega que, para las familias y para la sociedad mexicana, “esta es una tragedia que tiene que ser abordada con mucho cuidado. Utilizarla para golpetearse, como hemos visto tanto de parte del gobierno como de los partidos de oposición, es muy lamentable”.

Verástegui concluye:

“Es muy lamentable, por ejemplo, ver al PAN en el Senado utilizar el tema de las personas desaparecidas, cuando en la administración de Calderón respaldaron completamente la política que nos tiene en esta situación. Creo que tendría que, al menos, caber la cordura en el gobierno federal y no politizarlo, hacerlo transparente, y asumir que no es un problema del pasado, sino una herida que persiste y que no han logrado atender”.