El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria rindió su informe de actividades. Víctimas de tortura y detención arbitraria exhortaron al Estado mexicano a apegarse al derecho internacional y eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa, una de ellas es Verónica Razo

Texto: Alejandro Ruiz
Foto: Galo Cañas / Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – Junto a su hermano, Verónica Razo Casales fue víctima de tortura y detención arbitraria en 2011, después de que la Policía Federal la detuviera sin ninguna orden judicial.

La acusaron de secuestro, y tuvieron que pasar más de 12 años para que se comprobara su inocencia, cuando un Tribunal del Estado de México considerara que no existían pruebas suficientes para que Verónica siguiera en prisión. A su hermano lo liberaron un año antes.

Ella estaba en la cárcel debido a que se inculpó después de que la Policía Federal y los agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República la hicieran firmar una serie de documentos después de que la violaran y le propinaran golpes, amenazas y toques eléctricos en sus pies y pechos.

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Ahora, Verónica alza la voz. Su testimonio, como el de muchas otras víctimas, se escucha fuerte y claro después de que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria en México rindiera el informe de actividades de su visita al país del 18 al 29 de septiembre de 2023.

El informe es contundente, y Verónica lo resume en una frase: «La detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México».

Los resultados

De acuerdo con la información recabada por el Grupo de Trabajo, en 2022 existían 90 mil presos sin sentencia en el país. De ellos, cerca de 45 mil se encontraban bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa, medida cautelar a la que se sometió a muchas personas de forma prolongada, excediendo incluso los 5 años.

Esta medida, según calificó el Grupo de Trabajo, viola los derechos humanos, y la identifican como «una violación del derecho a la libertad personal» que, potencialmente puede «socavar otros derechos, como la presunción de inocencia, la integridad personal, la independencia judicial y la igualdad ante la ley».

La prisión preventiva oficiosa, así como otras medidas como el arraigo, la prisión prolongada o la presencia de los militares en la seguridad pública, son algunas de las figuras que, según la ONU, propician violaciones a los derechos humanos en México y potencian la detención arbitraria.

Por ejemplo, de acuerdo con la ONU, en México, hasta julio de 2023, existían alrededor de 230 mil personas detenidas bajo la prisión preventiva de forma prolongada, es decir, que excedían los tiempos que marca la ley para esta figura.

Sobre esto, el Grupo de Trabajo de la ONU resalta que «la prisión preventiva oficiosa ha sido considerada una violación de los derechos humanos en varias opiniones del Grupo de Trabajo, incluido en el contexto mexicano, y fue declarada una violación de las obligaciones de México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos».

De hecho, recalcan, la Corte Interamericana ordenó a México «ajustar sus leyes para cumplir con los estándares internacionales», como el caso de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes después de estar 17 años encarcelados sin sentencia, quienes ganaron un juicio ante la Corte Interamericana, y probaron que el Estado mexicano violó sus garantías, y de paso: han demostrado que la prisión preventiva oficiosa y el arraigo violan convenios internacionales en materia de derechos humanos.

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Aunque existen estas recomendaciones a nivel internacional, el Grupo de Trabajo de la ONU señaló que las últimas legislaciones que México ha elaborado en la materia, vulneran aún más el marco normativo para eliminar las detenciones arbitrarias.

Por ejemplo, la reforma que pretende. ampliar el catálogo de delitos por los que se a una persona se le puede imponer la prisión preventiva oficiosa.

En este catálogo de delitos, además de la delincuencia organizada, se contemplan otros como narcomenudeo, producción y distribución de drogas sintéticas y corrupción. Según el Grupo de Trabajo de la ONU, esto, lejos de ayudar a armonizar las leyes mexicanas con los tratados internaciones, sólo vulnera el marco normativo.

Esto, porque no establece límites o una ruta para la derogación de la prisión preventiva oficiosa, la cual, a juicio de las normativas internacionales, sólo debería aplicarse «en función de una evaluación individualizada en la que se demuestre el riesgo de fuga, la interferencia con las pruebas o la repetición del delito».

Víctimas, como Verónica Razo, coinciden con esta postura. Y señala:

«Después de haber sufrido tortura (incluso de carácter sexual), y de haber sido detenida injustamente sin poder ver a mis hijos crecer durante 12 años, urjo al Estado mexicano a cumplir con cabalidad las opiniones de este Grupo, dado que hay muchas víctimas en prisión».

Razo estima que el Estado mexicano debe «garantizar la reparación integral a las víctimas, investigar y sancionar a los agentes que cometen tortura, y garantizar un Poder Judicial imparcial e independiente a la luz de la reciente reforma».

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Y concluye:

«Después de que la paz y la tranquilidad nos fue arrebatada a mí y a mi familia, exijo un cese a la política y fabricación de culpables que se siguen implementando en mi país».

El Grupo de Trabajo de la ONU lo integraron Matthew Gillett (Nueva Zelandia), Ganna Yudkivska (Ucrania) y Miriam Estrada Castillo (el Ecuador), y y los acompañó personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.