Después de cinco años y las declaraciones de más de 800 testigos, concluyó el megajuicio por crímenes de lesa humanidad contra 54 represores de la última dictadura militar en Argentina. ¿Qué lecciones nos deja para México?
Texto: Cecilia González.
Fotos: Mónica González
BUENOS AIRES, ARGENTINA.- La tarde del miércoles 29 de noviembre, centenares de personas desafían el inclemente sol frente a los tribunales de Buenos Aires. Unos pegan carteles en las rejas de la entrada o instalan una pantalla gigante; otros acomodan sillas o arman pequeñas carpas. Algunos más llegan cabizbajos, con las lágrimas contenidas y la emoción a flor de piel.
Es un día muy esperado. El día en el que va a terminar el mayor juicio de la historia Argentina. Después de cinco largos años y las declaraciones de más de 800 testigos, por fin se sabrá la sentencia en contra de 54 represores de la última dictadura militar que, entre 1976 y 1983, cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de 789 víctimas en la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, uno de los mayores símbolos latinoamericanos del terrorismo de Estado.
Durante la dictadura, a la ESMA fueron llevados alrededor de cinco mil prisioneros. En esta cárcel clandestina hoy transformada en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, los represores secuestraron, torturaron, asesinaron, violaron y desaparecieron a guerrilleros, militantes políticos, monjas, periodistas, escritores, activistas de derechos humanos, estudiantes, sindicalistas. A todo aquel que consideraran sospechoso, sin pruebas, de “subversión”.
En la ESMA comenzaba, también, el camino de los “vuelos de la muerte”, el macabro ritual que consistía en sacar a los prisioneros, subirlos a un avión, inyectarles un barbitúrico y tirarlos vivos al mar para desaparecer los cuerpos y, al mismo tiempo, las pruebas de los asesinatos. Fue un exterminio masivo.
Los represores no tuvieron límites para imponer prácticas criminales. En la ESMA instalaron una maternidad clandestina en donde las mujeres secuestradas y embarazadas parían atadas, muchas de ellas después de haber sido torturadas. Ni siquiera podían abrazar a sus bebés. Se los quitaban de inmediato y los daban en adopciones ilegales. Las mujeres terminaban asesinadas, desaparecidas.
La búsqueda de esos bebés dio origen a Abuelas de Plaza de Mayo, la organización de derechos humanos que en estas cuatro décadas ha recuperado a 126 nietos y sigue buscando a centenares más.
La lectura de la sentencia en contra de 54 represores de la ESMA está citada para las dos de la tarde pero se posterga mientras llegan los acusados, los fiscales, los jueces, los abogados. El espacio para el público en la sala es diminuto, por eso muchos prefieren ver el juicio afuera, a través de la pantalla gigante. Ya están ahí varias madres de Plaza de Mayo, nietos recuperados, defensores de derechos humanos, sobrevivientes, familiares de los desaparecidos y periodistas, sobre todo corresponsales extranjeros porque, pese a su importancia y trascendencia, los juicios de lesa humanidad son escasamente cubiertos por la prensa más influyente de Argentina.
Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales, hasta el 30 de junio de 2017 había 712 represores condenados, 840 procesados, 530 denunciados, 79 absueltos, 44 prófugos y 36 con incapacidades médicas para ser juzgados.
En el caso de la ESMA, fueron tantos los crímenes investigados que se transformó en un “megajuicio” dividido en tres partes. El primero inició en 2007 pero fue interrumpido por el envenenamiento con cianuro del único acusado, el prefecto Héctor Febres. Murió sin condena, lo que sumió a sus víctimas en la frustración. El ESMA II, en cambio, terminó en 2011 con fallos de cadena perpetua en contra de 12 represores y gracias al testimonio de más de 160 testigos. Otros cuatro fueron condenados a penas de 18 a 24 años de cárcel, y dos más, absueltos. El ESMA 3 comenzó con 68 acusados, pero las dilaciones permitieron que 14 de ellos acusados murieran sin condena o evitaran el proceso por problemas de salud.
Los números alcanzan a dimensionar el valor del inédito proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad realizado en Argentina. Es el único país de América Latina que lo ha logrado. Y el mérito principal es de los organismos de derechos humanos que durante décadas han sostenido una lucha colectiva (no exenta de peleas internas y contradicciones) que se mantiene porque es muy fácil volver atrás. Ya se demostró este año con el intento de recortar las penas de los represores y las permanentes presiones para desalentar los juicios.
Pasadas las cuatro de la tarde, el presidente del tribunal a cargo del juicio, Daniel Obligado, comienza una lectura que durará tres horas con 50 minutos y en la que serán condenados a cadena perpetua 29 represores. Entre ellos, asesinos cuyo sola mención remite al terror en Argentina como Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Juan Antonio Azic, Adolfo Miguel Donda, Juan Carlos Rolón y Ricardo Miguel Cavallo, quien fue detenido en el año 2000 en México, en donde había logrado esconderse y convertirse en un millonario empresario. A otros 19 represores los castigan con penas de ocho a 25 años de prisión y seis más serán absueltos.
Afuera de los tribunales hay aplausos, abrazos, llantos compartidos. Es un día histórico. “La justicia es reparadora”, resume Tati Almeida, Madre de Plaza de Mayo, parte de ese colectivo de señoras octogenarias, nonagenarias, emblemas de resistencia y lucha de un país que es ejemplo de justicia en crímenes de derechos humanos para el resto del mundo.
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Periodista mexicana que desde hace 15 años cubre el cono sur. Autora de los libros Narco Sur y Narco Fugas.
Fotógrafa egresada de Ciencias Políticas de la UNAM. Ha colaborado en distintos medios y revistas nacionales e internacionales. Obtuvo la beca Fonca en la edición 2009-2010 y 2013-2014 Premio Nacional de Periodismo 2011 de Fotografía por el proyecto Geografía del Dolor. Premio Nacional de Periodismo 2006 otorgado por el Club de Periodistas de México y el IPN en categoria Fotografía Reportaje por su trabajo de migrantes en la frontera de Sonora y Arizona.
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