Autoridades religiosas del Pueblo de Pótam interpusieron un amparo contra el decreto presidencial de creación del Distrito de Riego 018. En diciembre, un juez les concedió la suspensión

Texto y fotos: Daliri Oropeza Alvarez

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades eclesiales del Pueblo de Pótam de la Nación Yaqui interpusieron un amparo que desde noviembre, por orden de un juez, suspende el Decreto Presidencial con el cual el gobierno crea el Distrito de Riego 018, contenido en el Plan de Justicia.

En un desplegado en diarios locales firmado por integrantes de la Santa Iglesia de Pótam y la Tropa Yoremia de la Nación Yaqui, las autoridades de la iglesia de Pótam denuncian: “estamos sufriendo discriminación, el hostigamiento, el abuso de poder y la mala fe por parte de los directivos del INPI provoca  desequilibrio en la vida interna dentro de nuestras comunidades indígenas”.

Los ocho pueblos de la Nación Yaqui en el sur del estado de Sonora realizan este 6 de enero la Consagración —o elección de gobierno tradicional por usos y costumbres—. Las autoridades de la iglesia de Pótam exigen respeto a su libre determinación y autonomía.

“No necesitamos de manipulaciones e intromisiones de facciones políticas en nuestra vida interna y pedimos unas elecciones libres de intromisiones del gobierno”.

Actualmente hay dos juicios de amparo indirectos en el Juzgado de Ciudad Obregón, uno presentado por la Santa Iglesia de Pótam, y otro por integrantes de la Tropa Yoremia de los ocho pueblos, con los cuales obtuvieron la suspensión. 

Las autoridades tradicionales

Las iglesias de la Nación Yaqui son los espacios de reunión y asamblea donde los habitantes toman decisiones. Al ser unidades político-religiosas, contemplan a ambas, la religión y la administración, como forma de gobierno. La base de su gobierno tradicional es la tropa: los habitantes de los pueblos yaquis.

La iglesia yaqui rige la vida ritual, espiritual y lo sagrado. Organiza los cargos para las fiestas tradicionales como la Cuarejma. Decide quién puede ser gobernador, organizan ceremonias, rituales y danzas tradicionales. Una base de sistema de gobierno teocrático, heredada por sus ancestros.

La Guardia Tradicional es el órgano que rige el orden y la justicia. Cada uno de los ocho pueblos, además de contar con la primera autoridad que es la Iglesia, cuenta con su gobernador, pueblo mayor (o consejero anciano), capitán, comandante, secretario, que ejercen un sistema de gobierno asambleario, un sistema de justicia propio y cada domingo, deben rendir cuentas a la tropa. Este sistema normativo fue documentado y descrito por etnohistoriadoras como Raquel Padilla.

Piden diálogo directo con AMLO

Las autoridades de la Iglesia de Pótam exigen un diálogo directo con el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, aseguran, no están en contra del Plan de Justicia, sino en contra de una serie de atropellos que derivaron en la publicación de un Decreto que no avaló la Nación Yaqui por consenso. 

Desde su perspectiva, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) incumplió con lo acordado en los diálogos del Plan de Justicia, y con ello continúa el despojo de agua del río Yaqui. Resaltan que no respetaron su derecho a la consulta libre, previa e informada, contemplada en la Constitución, con la firma del Tratado 169 de la OIT.

Un grupo de abogados acompaña a las autoridades yaquis inconformes desde la Fundación Green Teotl AC. En entrevista, la representante legal asegura que “hay diversas irregularidades técnicas y jurídicas en el Decreto de creación del 018 y las autoridades de la Tribu Yaqui se están quejando. Concordamos que hay varias violaciones a sus derechos humanos y a sus derechos como pueblo. Por eso decidieron recurrir al juicio de amparo de garantías”.

Cronología del descontento

Desde que iniciaron los diálogos para la creación de un Plan de Justicia para la Tribu Yaqui, la Tropa Yoreme se consternó por la ausencia de los habitantes de uno de los ocho pueblos -Bacum- en los diálogos con los delegados del gobierno federal, encabezados por el comisionado Adelfo Regino, encargado del INPI.

Pie de Página confirmó que de los ocho gobiernos tradicionales, siete representantes participaron en los trabajos de la comisión para el plan. El gobernador de Loma de Bacúm no participó. Este pueblo encabeza la defensa de la tierra ante la imposición de un gasoducto privado y hasta la fecha impide su construcción.

La ausencia de un gobernador tradicional repercute en la legitimidad de los trabajos, así como en la información que llega a la Tropa Yaqui. De acuerdo con la denuncia, también hubo desconocimiento de la tropa yaqui respecto a lo acordado sobre el Distrito de Riego 018.

“Sólo está en una cuantas manos y el grueso de la población está ajena a esta dinámica, por lo que es imposible generar consensos en los términos que la Tribu Yaqui acostumbra hacerlo históricamente”, denunció una mujer yaqui. 

El descontento se incrementó cuando algunos yaquis detectaron que «el gobierno reparte dádivas a las autoridades de la guardia para avalar el Plan y el Distrito 018», refiere el grupo de abogados:

“Tenemos conocimiento que el INPI hizo un mecanismo de repartición de recursos y a los gobernadores y les dan mensual una paga, les bajan dinero a sus cuentas personales, y no para toda la Tribu, que sucediera en el oscurito les molestó como autoridades”, asegura la representante de la Fundación Green Teotl AC.

La siguiente inconformidad, denuncian, fue con el evento para presentar el Plan de Justicia, pues no les dejaron pasar al evento realizado en Vícam Pueblo.

Al día siguiente de la presentación del Plan de Justicia, el presidente publicó en el Diario Oficial de la Federación el “DECRETO por el que se establece el Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, integrado por las comunidades de Vícam Pueblo, Primera Cabecera, Pótam, Segunda Cabecera, Tórim, Rahum, Huírivis, Belem, Loma de Bácum y Cócorit-Loma de Guamúchil”.

Los inconformes le reclamaron a su propio gobierno tradicional por varios puntos del decreto:

Primero, porque, de acuerdo con su versión, se enteraron que el decreto da por buena una consulta que se dice fue realizada el 21 y 22 de agosto. Por ello el amparo apela a su derecho como pueblo indígena a la consulta libre, previa e informada. Esto también lo reclamaron a las autoridades tradicionales de la guardia.

En segundo lugar, el grupo de representantes legales analiza el decreto y asegura que hay un atropello al derecho al agua, ya que por decreto presidencial de Lázaro Cárdenas a la Tribu le pertenece el 50 por ciento de las aguas de la presa la angostura, que está en la parte de arriba de la cuenca alta del río Yaqui.

En esta nueva versión de decreto, se determina “El Distrito de Riego que se establece por el presente Decreto, cuya principal fuente de abastecimiento de agua es el caudal del Río Yaqui, se dotará de la presa Álvaro Obregón (Oviachic) y contará con un volumen anual para fines de riego del orden de 673 Mm3, esto en función de la disponibilidad hídrica en la cuenca y del desarrollo y evolución física progresiva de la superficie regable”.

Las autoridades eclesiales de Pótam muestran preocupación y aseguran que continúa el despojo de sus aguas, ya que la presa del Oviachic está en la cuenca baja, y también está en disputa con los agricultores del valle del Yaqui por presentar sequía en temporadas prolongadas.

También se enteraron que el decreto contempla una Comisión Jiaki del Agua para el manejo del agua, la cual no existe en sus propios órganos de gobierno, ya que quienes toman las decisiones de los recursos naturales son las autoridades de la iglesia, la guardia y la tropa en asamblea. 

Después de hacer el análisis, la tropa Yoreme y las autoridades de la Iglesia de Pótam interpusieron los amparos entre octubre y noviembre del 2021. El juez les pidió avalar que son las autoridades de la Iglesia legítimas, y ante notario público, los integrantes de la iglesia de Pótam, Maistro Mayor, Témasti Mol, Caballero Capitán Monaja Mayor y Capitan de infantería, firmaron sobre su legitimidad, la cual fue aceptada por el Juez de Ciudad Obregón, al igual de la legitimidad de las autoridades eclesiales de los pueblos de Rahuúm, Huirivis y Belén, quienes se sumaron al amparo.

El 14 de diciembre, en una reunión con las autoridades de la Iglesia de Pótam, Adelfo Regino, titular del INPI, dijo que el gobierno de AMLO se opone a los conservadores, lo cual despertó temor en los integrantes de la iglesia, quienes describen que lo sintieron como amenaza. 

Aquí el video de dicha reunión donde desde el minuto 3, el titular del INPI llama conservadores a quienes han puesto amparos contra obras del gobierno: 

Las autoridades eclesiales de Pótam dicen que comenzaron a movilizarse cuando se dieron cuenta que los delegados del INPI estaban presionando a los gobernadores de la guardia tradicional para que se desistieran del amparo y negaran a las autoridades de la iglesia como legítimas.

En ese momento, las autoridades de la Iglesia de Pótam destituyeron a las cinco autoridades de su Guardia tradicional. Por lo cual, el documento que firmaron posteriormente, junto con las Guardias Tradicionales de los otros pueblos, para desconocer a las autoridades de la iglesia y aceptar el Decreto del Distrito 018 carece de validez al interior de la Nación Yaqui, aseguran.

Por estas acciones del INPI que, acusan, han llevado a la confrontación entre la Nación Yaqui, las autoridades yaquis temen la intromisión en la Consagración o elección interna que celebran este jueves. 

“La ley de aguas nacionales establece diversas obligaciones a los usuarios del agua en un Distrito de Riego. Los indígenas de la Tribu Yaqui no son usuarios de terrenos agrícolas, son personas con un derecho especial para poder hacer uso de sus recursos naturales, su agua de forma que sea acorde con sus costumbres y su nivel de desarrollo. Al ser un usuario de Riego se te imponen cargas pecuniarias en dinero y cargas fiscales por las que debes pagar cuotas. Como van a pagar cuotas los indígenas si en su gran mayoría apenas les alcanza para comer….”, analiza el grupo de representantes legales.

Los representantes legales denuncian que el INPI no realizó estudios de impacto social, económico y en medio ambiente, ni hubo consulta indígena, que es el mecanismo adecuado para implementar conforme a la ley este tipo de políticas públicas, con respecto a la creación del Distrito 018.

El INPI argumenta legitimidad

A solicitud de Pie de Página, el INPI envió un posicionamiento respecto al desplegado de la Iglesia de Pótam en el que asegura que “se hacen acusaciones sin fundamentos”, niega haber ejercido actos de discriminación, y asegura que por primera vez se ejerció diálogo abierto, directo y horizontal con las autoridades yaquis. 

«El Instituto cuenta con toda la documentación firmada por los Gobernadores Tradicionales, Capitanes, Comandantes, Pueblos Mayores y Secretarios tradicionales Yaquis que dan cuenta del proceso y de la legitimidad de los acuerdos”, dice el texto.

Destaca que después de analizar el comunicado distribuido a medios, «es posible afirmar que su contenido y alcance fue alentado y redactado por los intereses que se ven afectados por las decisiones trascendentes que ha adoptado el Gobierno de México”. Y que “bajo ninguna consideración puede sostenerse que afecte al pueblo yaqui dotarle de 673 millones de metros cúbicos de agua; tampoco puede afectarle la creación de un Distrito de Riego que contempla ampliar a más de 62 mil hectáreas la superficie cultivable”.

Además, asegura que en la reunión del 14 de diciembre, las autoridades eclesiales de Pótam no se opusieron al Distrito de Riego 018. 

En el comunicado donde dan a conocer el Decreto Presidencial, el INPI publica que “El Distrito de Riego 018 será administrado por el propio pueblo a través de la Comisión Jiaki del Agua, cuya integración y funcionamiento será acorde a su cultura”.

Sin embargo, los denunciantes alegan que en el sistema normativo de la nación Yaqui no existe dicha comisión, sino que son la triada de Guardia tradicional, autoridades de la iglesia y tropa quienes deciden sobre todos los bienes comunes en los que viven.