La fiscal María Isabel Hernández está relacionada con la filtración de fotografías de una víctima de secuestro y ha sido señalada de tener vínculos con Los Zetas

Texto y foto: Miguel Ángel León / E-Consulta Veracruz

XALAPA, VERACRUZ.- El 18 de febrero de 2019, Jorge Winckler Ortiz aseguró que la Fiscalía de Veracruz no toleraría actos ilegales de sus trabajadores y prometió castigo para quienes filtraron tres fotografías al interior del Semefo del cadáver decapitado de la empresaria Susana Carrera Asencio, secuestrada y asesinada en Coatzacoalcos.

Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación y un expediente administrativo contra tres funcionarios. Una fue María Isabel Hernández Cruz, entonces fiscal regional de la zona sur Coatzacoalcos, que en 2012 fue señalada penalmente de formar parte de una «nómina» financiada por Los Zetas.

«La Fiscalía General no tolerará situaciones como esta, que constituyen una revictimización y un incumplimiento del deber de secrecía dentro del trabajo de investigación, por lo que se procederá penal y administrativamente en contra del responsable», informó la dependencia en un comunicado.

Pero las promesas de justicia se quedaron en el discurso. E-consulta Veracruz comprobó mediante documentos de transparencia que, pese a su calidad de investigada, Hernández Cruz nunca fue suspendida y solo fue rotada de puesto en al menos dos ocasiones.

El pasado 9 de agosto la FGE publicó un boletín sobre una reunión entre fiscales, mandos de la Guardia Nacional y empresarios ganaderos, llevada a cabo en el municipio de Cotaxtla.

A la izquierda de Jorge Winckler aparece sentada Isabel Hernández, quien es mencionada en el comunicado como Fiscal Coordinadora Especializada en Combate al Abigeato.

Este hecho contraviene con el artículo 475 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz que, en su capítulo tercero, denominado De la suspensión, separación y reingreso, dice:

«La suspensión sin goce de sueldo de las servidoras y servidores públicos adscritos a la Fiscalía General procederá cuando se declare formalmente que ha lugar a formación de causa o proceso penal contra alguno de ellos, de acuerdo con las prescripciones de la Ley».

El encubrimiento

El 18 de febrero de 2019, personas con acceso restringido al Servicio Médico Forense (Semefo) filtró a medios de comunicación fotografías de la empresaria Susana Carrera Ascencio, quien yacía sobre una plancha ensangrentada y se apreciaba maniatado de pies y manos.

Carrera Asencio fue asesinada luego de haber sido secuestrada durante una semana a cambio de 4 millones de pesos. Su cuerpo fue localizado el 14 de febrero en la colonia Benito Juárez, de Coatzacoalcos.

El día que estas fueron viralizadas en redes sociales, la FGE informó que por esos hechos abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía Regional de la zona sur Coatzacoalcos y un expediente administrativo en la Visitaduría para dar con los responsables.

Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), confirmó que fue iniciada la queja de oficio DAV/0265/2019 para que la Fiscalía investigara este caso y diera con los responsables de ese material sensible.

El 19 de febrero, el fiscal anticorrupción, Marcos EvenTorres Zamudio, reiteró en entrevista que de encontrar responsabilidades el organismo a su cargo emprendería una investigación contra los funcionarios señalados.

«Si dentro de esto aparece la posible comisión de un ilícito, tendría que dar la vista pertinente a la Fiscalía Especializada. Hasta este momento nosotros no tenemos el elemento, estamos esperando la realización de la investigación, y derivado de ello, se abrirá la carpeta correspondiente porque no es un acto digno».

El 5 de marzo, medios de comunicación circularon una versión de que Isabel Hernández, José Luis Becerra Rodríguez -delegado de Servicios Periciales en Coatzacoalcos- y José de la O -delegado de la Policía Ministerial- habían sido despedidos de la Fiscalía y la dependencia nunca desmintió la afirmación.

De acuerdo con el directorio de servidores de la FGE -en su apartado de Transparencia- María Isabel Hernández Cruz fue nombrada el 20 de marzo fiscal especializada en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).

Un trabajador de la Fiscalía -que solicitó el anonimato- dijo que Jorge Winckler puso sobre la mesa, con colaboradores cercanos, el cese de Hernández Cruz, pero su propuesta fue rebatida por su mentor, el fiscal Marcos Even Torres. «Son dos personas las que en realidad son el cerebro aquí adentro. Y Even es uno de ellos», compartió.

El 9 de agosto la Fiscalía emitió un comunicado sobre una reunión de Jorge Winckler con mandos de la Guardia Nacional, fiscales especializados y empresarios ganaderos de Cotaxtla y municipios aledaños a la zona centro costera de la entidad.

«Estuvieron presentes el Fiscal Regional de la zona centro Veracruz; el director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), Alejandro Landa Hernández; el director general de la UECS, Jorge Arturo Rodríguez Pucheta y la Fiscal Coordinadora Especializada en Combate al Abigeato, María Isabel Hernández Cruz», se detalló.

El ascenso de Isabel Hernández y su vínculo con Los Zetas

A la par de que Isabel Hernández ascendía de puestos en la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ), en la región de Córdoba, el cartel de Los Zetas amasaba un feudo en esa zona, que llegó a ser liderada por Raúl Lucio Hernández Lechuga, alias «El Lucky», «El Z16», o «El Apá», presunto jefe regional, capturado en diciembre de 2011.

Entre mayo de 2010 y marzo de 2015, Hernández Cruz fungió como agente del ministerio público en Tezonapa, Orizaba, Fortín y Córdoba. En julio de 2015, fue designada Fiscal de Distrito de la Unidad Integral De Procuración De Justicia Del XIV Distrito Judicial, en Córdoba.

Su permanencia y ascenso en la PGJ de Isabel Hernández y su oficial secretario Uriel Moreno Mendoza fue avalado pese a la revelación de una presunta red de complicidades de los Zetas con empresarios, políticos y funcionarios de la PJG –hoy Fiscalía de Veracruz-, durante el gobierno de Javier Duarte, sentenciado por lavado de dinero y asociación delictiva.

Lo anterior fue relatado en declaraciones ministeriales rendidas por tres presuntos operadores de Los Zetas, capturados el 10 de octubre de 2012, en el puerto de Veracruz, por elementos de la Secretaría de Marina.

Los detenidos fueron Cristopher Fuentes Letelier, alias «El Chuletón»; Gerardo Trejo Cruz, «El Trejo», e Ignacio Valdez Ramírez, «El Chilango». Los tres confesaron que recibían órdenes del comandante Javid o «El Pájaro», a quien identificaron como «segundo comandante» del cártel en la zona de Córdoba, Fortín y Orizaba.

En un reportaje publicado por Jorge Carrasco en la revista Proceso, edición 1881, se expuso el contenido de las declaraciones de los tres «zetas» integradas en la carpeta de investigación 947/2012 VER-FIEAFTVS-10, donde el nombre de Isabel Hernández y otros funcionarios son ventilados.

Las declaraciones daban detalles de la organización de diversos delitos, como el narcomenudeo, la extorsión a líderes cañeros, el cobro de derecho de piso, secuestros y el control de «todo el personal de sicarios que llamamos estacas», así como dueños de bares en Córdoba.

Pero un negocio ilícito que consolidó Raúl Lucio Hernández Lechuga «El Lucky» fue el robo de tráileres que pasaban por las carreteras fronterizas de los estados de Veracruzy Puebla. En este delito, expusieron los sicarios, Isabel Hernández era pieza clave y a cambio recibía un pago mensual de 50 mil pesos.

«Tenemos personas de la procuraduría trabajando para nuestra organización. De los que me acuerdo y conocí son el licenciado Abraham Becerril Hernández, quien fue subprocurador de Justicia en Córdoba y precandidato del PRI a esa alcaldía». De él dijo que «recibía una nómina de 100 mil pesos mensuales. Nos presta sus bodegas, donde guardamos los tráileres robados y a las personas que levantábamos o secuestrábamos». Mencionó también a María Isabel Hernández Cruz, agente del Ministerio Público en Córdoba. «El licenciado Abraham Becerril Hernández nos mandaba con ella para que nos devolviera los tráileres de la empresa de Los Zetas que detenían y ponían a disposición. Le pagamos por su apoyo la cantidad de 50 mil pesos mensuales», extracto de la declaración de Cristopher Fuentes Letelier, alias «El Chuletón», publicada en la revista Proceso.

Dentro de una lista amplia de funcionarios de la PGJ presuntamente financiados por Los Zetas, sobresale el nombre de Uriel Moreno Mendoza, hombre cercano a Isabel Hernández, que en 2012 fungía como su secretario del ministerio público, en Córdoba.

Sobre Moreno Mendoza, «Cristopher Fuentes Letelier, alias «El Chuletón», declaró «es el que hacía los trámites para devolvernos las unidades. Le pagamos… 10 mil pesos mensuales». Aseguró que la mercancía que les era devuelta la almacenaban en una bodega propiedad de Becerril Hernández (subprocurador de justicia).

La mano derecha de Isabel Hernández

Detrás de Isabel Hernández siempre ha estado Uriel Moreno Mendoza, quien pasó de ser su oficial secretario en el ministerio público de Córdoba (2012) a su sucesor en la Fiscalía Regional de la zona sur Coatzacoalcos, cuando Isabel fue movida de ese puesto.

Moreno Vázquez fue designado el 20 de agosto de 2019, Fiscal regional de la zona sur de Coatzacoalcos.

De acuerdo con lo referido por Jorge Winckler -el 18 de febrero de 2019- es la Fiscalía regional de la zona sur la que investiga la probable responsabilidad de Isabel Hernández por el caso Susana Carrera. A la fecha, no hay informes sobre la conclusión de esa investigación.

Isabel Hernández en campaña de Yunes

En febrero de 2019, cuando se analizaba en el congreso de Veracruz el juicio político contra Jorge Winckler Ortiz, fueron difundidas fotografías de fiscales que se sumaron a mítines políticos de Miguel Ángel Yunes Márquez, excandidato perdedor a gobernador por la alianza PAN-PRD-MC. Entre los fiscales afines al PAN estaba Isabel Hernández Cruz.

En la fotografía también aparecen el entonces fiscal auxiliar de la Fiscalía Regional Veracruz, Alejandro Carlos Díaz Infante; el fiscal auxiliar Manuel Pérez Peralta; la fiscal primera, Delma Yameli González Escobar; el fiscal segundo, César Gustavo Martínez Sampeiro; fiscal octavo, Xóchitl Jazmín Straffon Santos; fiscal noveno, Carmela Martínez Flores; y la encargada de la Subunidad de Boca del Río, Janet Santos Castro.

Jorge Winckler tomó posesión como fiscal general en diciembre de 2016, a propuesta del entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, de quien fue abogado particular. Desde entonces el procurador es señalado de emplear el organismo a su cargo en favor del grupo político del expriista, Yunes Linares.

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