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Fiscalía de Veracruz torturó y negoció para incriminar a funcionarios de Javier Duarte: CEDH

La Comisión Estatal de Derechos Humano de Veracruz acreditó que la Fiscalía dirigida por Jorge Winckler Ortiz torturó y negoció con ex funcionarios de Javier Duarte por órdenes del entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares

Texto: Miguel Ángel León Carmona 

Fotografía: Yerania Rolón

XALAPA, VERACRUZ.- La Fiscalía General del Estado (FGE) en el gobierno de Miguel Ángel Yunes tenía un modus operandi para imputar a excolaboradores de Javier Duarte. Primero torturaba a los exservidores públicos en prisión y luego les ofrecía una negociación: si declaraban contra sus superiores, obtendrían su libertad con la simulación de una enfermedad grave que sería validada por médicos y jueces serviles a los intereses de la dependencia del actual fiscal Jorge Winckler Ortiz. 

Esto fue comprobado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de la entidad, en la recomendación 25/2019, donde determinó que la FGE, con tolerancia y aquiescencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), torturó a Gilberto Aguirre Garza, exdirector general de Servicios Periciales, para que declarara en contra de Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal de Veracruz. Ambos presos por el delito de desaparición forzada de personas.

Estas presuntas violaciones a derechos humanos podrán ser usadas en favor de los exservidores públicos ligados a estos crímenes, al exponer que los cargos en su contra fueron obtenidos bajo la fabricación de pruebas y tortura.

e-consulta obtuvo copia de la recomendación 25/2019, que relata cómo fiscales, policías, abogados particulares, médicos y jueces simularon justicia con el propósito de beneficiar al gobierno anterior en las elecciones del 1 de julio de 2018, donde el candidato a gobernador por la alianza PAN-PRD-MC era Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del entonces mandatario estatal Miguel Ángel Yunes Linares.

‘Sólo recibo órdenes de Yunes y Winckler’ 

El 3 de abril de 2018, Gilberto Aguirre Garza fue detenido por desaparición forzada, bajo la causa penal 80/2018, acusado de ordenar la desaparición de 19 cadáveres que habrían sido víctimas de las Fuerzas Especiales de la SSP durante el gobierno de Javier Duarte.

En esa misma fecha, Aguirre fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, Veracruz (CE.RE.SO Zona 1), donde presuntamente fue víctima de tortura para que declarara en contra de su exjefe Luis Ángel Bravo Contreras.

El 6 de noviembre de 2018, Aguirre dijo a visitadores de la CEDH sobre su ingreso al reclusorio de Pacho Viejo:

“Pusieron por órdenes de la Dirección un radio con bocina a todo volumen durante día y noche por varios días lo que se convirtió en una tortura pues cuando llegaba por momentos a conciliar el sueño era por un cansancio extremo (…) Hablé con el director del reclusorio, Gabriel Jiménez Ramírez, quien me dijo que no podía hacer nada al respecto, que él solo recibía instrucciones de Miguel Ángel Yunes Linares, Jorge Winckler Ortiz, Marcos Even Zamudio Torres (fiscal anticorrupción) y Luis Eduardo Coronel Gamboa (exfiscal especializado en denuncias por personas desaparecidas). Esta tortura me hizo perder 8 kilogramos de peso.

“El 10 de mayo de 2018, a la 1 de la mañana fui despertado por el director del penal, Gabriel Jiménez Ramírez, y un custodio, quien me ordenó vestirme y que lo acompañara. Me condujeron al segundo piso del área de oficinas, hasta final del pasillo, donde se encuentra la oficina del director. Al entrar veo a Luis Eduardo Coronel, quien me preguntó cómo la estaba pasando. Me dijo que sabía perfectamente que no había cometido ningún delito pero que el exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras había roto un acuerdo con el gobernador Miguel Ángel Yunes y que necesitaba que lo incriminara por el mismo delito que fui vinculado a proceso (…)  que tenía una propuesta de Miguel Ángel Yunes y del Fiscal Jorge Winckler, que si declaraba contra Bravo Contreras dejarían de torturarme con la música insoportable, que respetarían a mi familia -dándome perfectamente a entender que la agredirían de no aceptar sus pretensiones-, y que además tendría derecho a tener una televisión en la celda y un celular. Opté por aceptar la propuesta. La entrevista concluyó a las 4:00 a.m. (del 11 de mayo), sin que estuviera presente mi defensor, que en esa fecha era el licenciado Arturo Nicolás Baltazar. Luis Eduardo Coronel contactó por celular a Jorge Winckler informándole sobre mi declaración y Winckler autorizó los beneficios que me ofrecía, avalados por el gobernador Yunes Linares”, declaró Aguirre.  

Las negociaciones, sin embargo, cambiaron con el triunfo de Cuitláhuac García en las elecciones por la gubernatura el 1 de julio de 2018 y la derrota de Miguel Ángel Yunes Márquez.

Aguirre, señala el informe de la CEDH, dijo que su declaración del 10 de mayo fue alterada con contenidos y firmas apócrifas, además de desconocer una supuesta ampliación de declaración al día siguiente.

El exfuncionario dijo que de acuerdo con Coronel Gamboa, la negociación con la Fiscalía sólo surtiría efectos siempre y cuando se legalizara su declaración ante la juez de Control, Alma Aleida Sosa Jiménez -ligada al exgobernador Yunes-, a través de una prueba anticipada.  

A cambio, Aguirre sería diagnosticado por un médico particular con alguna afectación de salud grave que sería confirmada por un perito de la Dirección General de los Servicios Periciales (DGSP) de la FGE. Con ello se solicitaría el cambio de medida cautelar a la jueza Sosa Jiménez, junto con el desahogo de la prueba anticipada.

Convictos y custodio confirman tortura

En la recomendación 25/2019, se exponen los testimonios de dos convictos del penal Pacho Viejo, identificados como T1 y T2, quienes confirmaron que personas ajenas al penal ingresaron una bocina grande -de 50 centímetros- a la celda de Gilberto Aguirre. 

“Yo incluso llegué a ver que Gilberto Aguirre mejor se dormía durante el día en una banquita que está por una cancha de basquet; todos agarrábamos la onda de que lo hacía porque no lo dejaban dormir en su celda”, señala T2.

T1 declaró: “Eso de sacar a algunos internos por la madrugada era constante o normal, toda la sección lo escuchaba por el ruido que hacen las rejas, yo escuché cuando sacaron a Arturo “N” (exsecretario de Seguridad), a Mauricio “N” (exsecretario de Finanzas), a Nemi “N” (exsecretario de Salud) y a otro que es policía que lo metieron por desaparición forzada”. 

Los nombres referidos por el convicto T1 son de tres exservidores públicos: Arturo Bermúdez, imputado por desaparición forzada, y Mauricio Audirac y Antonio Nemi Dib, por delitos relacionados con hechos de corrupción, que consiguieron vivir su proceso en libertad por medio de amparos federales y supuestas enfermedades graves, validadas por médicos de la FGE y por la juez Alma Aleida Sosa.

La CEDH concluyó negligencia en personal de la SSP debido a que el equipo de sonido no podría haber ingresado ni funcionado en el penal sin que el personal estuviera enterado. 

El dictamen médico-psicológico también validó la tortura en contra de Aguirre. 

“Gilberto Aguirre presenta un trastorno de ansiedad generalizada debido a diversas fuentes de estrés coexistentes, síntomas y reacciones sicológicas en personas sobrevivientes de actos de tortura, en particular síntomas asociados a la depresión y estrés postraumático”, dice el documento.   

Las contradicciones de la FGE 

En su defensa, la Fiscalía, a través de D. G. G., refirió pormenores sobre las entrevistas en el interior del penal de Pacho Viejo, los días 10 y 11 de mayo de 2018, sobre las que dijo sí contaba con permisos, además aseguró que el abogado Jesús Sánchez López -a quien Gilberto Aguirre negó haber concedido el permiso para representarlo- sí se encontraba asesorando a Aguirre Garza al momento de ser entrevistado por D. G. G..

Pero la CEDH comprobó irregularidades referidas por Aguirre: la primera dice que se asentó que la declaración fue recabada en Xalapa y no en el Cereso de  Pacho Viejo, en Coatepec. Y la declaración sólo contiene las firmas de Aguirre Garza en la última hoja. 

La CEDH acreditó que no existe registro de la visita del supuesto abogado de Aguirre en los días en que éste dijo acordar representar al exfuncionario público.

Misma negociación con Arturo Bermúdez

La CEDH recalcó en su recomendación que el modus operandi ya había sido evidenciado en diciembre de 2018 mediante un audio a través del cual se da constancia de una plática entre Luis Eduardo Coronel Gamboa y el abogado defensor de Arturo Bermúdez, vinculado a proceso por desaparición forzada de personas. 

“Nos interesa, porque él (Arturo “N”) es una de las dos personas que señalan de manera directa tanto al exgobernador Javier Duarte como al exfiscal Luis Ángel Bravo. Aquí, salvo la plática que en unos momentos tendré con el Fiscal General, yo veo complejo que desahoguemos la prueba anticipada una vez que él esté en libertad. Yo creo que sí hay forma de justificarla a través de la hipótesis médica”, dice la transcripción del audio.

Coronel, se lee en la recomendación, acordó con el abogado en cuestión que su representado debía rendir una declaración incriminatoria en contra de Luis Ángel Bravo y que dicha declaración debía ser ratificada ante el juez de control, a través del desahogo de una prueba anticipada.

“Afortunadamente todavía tenemos unos meses más en los que vamos a tener el control de los CERESOS, entonces ahí lo que podemos hacer es que él manifieste alguna sintomatología médica, que se solicite la entrada de un médico particular o que se le lleve con algún especialista, que ese especialista dé un determinado diagnóstico, ese diagnóstico nosotros a través de Servicios Periciales mandemos un perito que ratifique que el diagnóstico que está dando el médico particular es correcto, y con esa hipótesis médica nosotros pedir el desahogo de la prueba anticipada en los reclusos”.

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