Han pasado más de mil 700 días desde el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala. Más de cuatro años, 11 acusados, 798 documentos de prueba, 44 peritajes después y 56 niñas y adolescentes siguen sin justicia. Se espera que el próximo 29 de marzo de 2022 se lleve a cabo el juicio contra ocho de los acusados. Tres procesados aún están pendientes de la audiencia que define si deben enfrentar juicio

Texto: Verónica Orantes

Foto: Simone Dalmasso/Plaza Pública.

GUATEMALA.- El 7 de marzo de 2017, cerca de las once de la noche, un grupo de adolescentes cantaba Pin Pon es un muñeco muy grande y de cartón, en un intento de calmar sus ánimos.

Tenían entre 13 y 17 años. Estaban retenidas, alteradas, frente a la puerta del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, rodeadas de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Habían reclamado los abusos sufridos en ese lugar, habían intentado huir del maltrato, corrieron a través del bosque, y las atraparon. Fracasaron en su intento de libertad y las detuvieron. Frustradas, se pusieron a cantar una canción infantil.

Nueve horas después, 41 de esas niñas morirían quemadas en un incendio ocurrido en el lugar y 15 sobrevivirían con daños de por vida.

Esta escena la recuerda ahora Gloria Patricia Castro Gutiérrez, quien entonces era la Defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH): “La estaban cantando después de un momento de crisis y de mucha alteración. Cantaban y hasta movían las manos en el momento en que nos retiramos”. 

Es la primera vez que Castro habla para un medio sobre lo sucedido ese día de marzo. Le ha costado casi cinco años hacerlo. Ella es una de las personas que la Fiscalía de Feminicidio del Ministerio Público (MP) señala como responsable de los abusos y omisiones que derivaron en un incendio. En su caso, la culpan por incumplimiento de deberes.

Con ella, otros 10 funcionarios y funcionarias están procesados por los hechos que ocurrieron en marzo de 2017.

Son acusados del maltrato físico y psicológico que sufrieron las niñas, los niños y los adolescentes al ser regresados al Hogar Seguro por medio de golpes, gas pimienta e insultos. Por incumplir con el deber que tienen los funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), de cubrir necesidades, promover, recuperar y proteger a los jóvenes que tienen a su cargo. Por colocar a las niñas en grave riesgo al hacinarlas en un salón bajo llave sin poder ir al baño. Por orillar a las adolescentes a prender fuego como una forma desesperada de pedir ayuda, buen trato y libertad. Por no abrirles la puerta mientras se ahogaban entre llamas y gases.

De los 11 servidores públicos a quienes el Ministerio Público responsabiliza por la muerte de las adolescentes, seis de ellos están acusados por homicidio culposo. La Fiscalía ha recopilado ocho testimonios de las sobrevivientes del incendio y de 11 testigos, 44 peritajes científicos y 798 documentos con los que busca probar la responsabilidad de cada uno de los acusados.

Además de Gloria Castro, los otros acusados son Carlos Antonio Rodas Mejía, exsecretario de Bienestar Social; Anahy Keller Zabala, exsubsecretaria de Protección; Santos Torres Ramírez, exdirector del Hogar Seguro; Rocío Albany Murillo Martínez, exjueza de Paz de San José Pinula; Harold Augusto Flores Valenzuela, defensor de la niñez de la Procuraduría General de la Nación; Brenda Yulissa Chamám Pacay, exjefa del departamento de protección contra el maltrato; Ofelia María Pérez Campos, excoordinadora del área “Mi Hogar” del Hogar Seguro; Crucy Flor de María López Pérez, exmonitora del centro juvenil para mujeres Gorriones; Luis Armando Pérez Borja, exjefe de operaciones de la comisaría de la PNC; y Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, exsubinspectora de la PNC. 

De todos ellos, sólo los dos miembros de la Policía están presos.

Jimmy Morales, el expresidente, era, por jerarquía, la máxima autoridad de la Secretaría de Bienestar Social y aunque entre 2017 y 2021 en cuatro ocasiones se ha solicitado retirarle la inmunidad para poder investigar su responsabilidad en el caso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha resuelto en las cuatro ocasiones que se trata de denuncias  políticas y espurias.

Los hechos

El 7 de marzo de 2017 las niñas, los niños y los adolescentes del Hogar Seguro protestaron por la mala alimentación, malos tratos e incluso por violaciones sexuales dentro del lugar que debía darles abrigo y protección. Su enojo venía acumulado: mucho antes de este día, durante los años y meses previos, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) ya había presentado 25 denuncias por abusos (incluyendo abusos sexuales) y malos tratos.

El 11 de noviembre de 2016 la PDH ya había solicitado medidas cautelares a favor de los jóvenes del hogar ante la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH respondió el 13 de marzo de 2017, una semana después del incendio,  con la medida cautelar No. 958-16, en la que recordó al Estado de Guatemala su obligación de garantizar la vida y la protección de las niñas, niños y adolescentes. 

Además, en esa resolución, la CIDH pidió investigar “sin dilaciones” los hechos donde perdieron la vida 41 niñas y adolescentes y dar atención urgente para las niñas que sufrieron quemaduras.

También advirtió que el 31 de enero de 2017 solicitó información al Estado de Guatemala sobre la condición de la niñez y la adolescencia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, pero no se recibió respuesta.

La evidencia recabada por la Fiscalía de Feminicidio después del incendio y mostrada en las audiencias del caso que se abrió después, detalla que el 7 de marzo las niñas y adolescentes protestaron por los malos tratos. La protesta  se salió de control, hubo una pelea, las adolescentes saltaron las paredes del hogar y los adolescentes arrancaron tubos de los escritorios de las aulas y huyeron junto a sus compañeras. Los relatos detallan que la Policía detuvo el escape a la fuerza y devolvieron a los jóvenes al hogar a golpes, con gas pimienta y esposados.

Les dejaron más de ocho horas a la intemperie, desde las cuatro de la tarde del 7 de marzo hasta las dos de la madrugada del día sguiente, sin poder ir al baño y sin comer. En la cronología de los hechos realizada por el Ministerio Público se especifica que las adolescentes se negaron a ingerir alimentos debido a la sospecha de que estuvieran mezclados con sedantes. La fiscalía considera que fue un trato infrahumano.

La Policía concentró a las adolescentes frente a la puerta del Hogar Seguro, sentadas en el suelo, y los jóvenes fueron tirados en el piso, boca abajo y con las manos detrás de la espalda. 

Un día después de los hechos, el Congreso de Guatemala citó a Wilson Petronilo López Maldonado, quien entonces era jefe de la comisaría 13 de la Policía Nacional Civil. En esa citación se daría a conocer que el entonces Presidente Jimmy Morales había ordenado por teléfono que se mantuviera a la PNC a cargo de las niñas, niños y adolescentes. 

En caso de que se le retire el antejuicio a Jimmy Morales y pueda ser investigado, la Fiscalía  tendrá que determinar si lo acusa de haber girado esta orden. Actualmente la Fiscalía acusa a la SBS de haber cedido el control de la situación a la Policía y no ha presentado ningún antejuicio contra Morales.

La trabajadora de la PDH Patricia Cabrera declaró ante el MP que cerca de las 10 de la noche uno de los policías manifestó que sometería al orden a los adolescentes. “A nuestro parecer sí les estaban vulnerando sus derechos, porque los estaban intimidando con un aparato que da toques eléctricos. Sólo las accionaban al aire a manera de intimidarlos”, dijo Cabrera.

Mientras, las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, dirigida por Carlos Rodas, discutían si esperar a un juez o si ingresarlos de nuevo en la institución. La decisión final de la SBS fue encerrar a las 56 niñas y adolescentes en un aula de 7 x 6.8 metros, en la que cabían 26 alumnos.Acostadas, habría espacio para unas 11 personas. El lugar donde ellas tuvieron que dormir se saturó más del 500% de su capacidad.

Encerradas bajo llave, en un cuarto sin baño, algunas adolescentes tuvieron que defecar dentro de la improvisada celda. Para las 8:45 del 8 de marzo, siete horas después de haber sido encerradas en ese lugar, a manera de protesta una de las adolescentes prendió fuego a una de las colchonetas y en cuestión de segundos la habitación ardió en llamas.

Las adolescentes pidieron ayuda, golpearon la puerta, pero nadie abrió. En nueve minutos y 30 segundos, 19 de las adolescentes murieron entre el fuego, asfixiadas. En los días siguientes, 22 adolescentes más fallecieron en hospitales, por quemaduras de tercer grado.

El Laberinto Judicial

El proceso legal inició el 13 de marzo de 2017, cinco días después del incendio en el Hogar Seguro Virgen del Asunción. Está dividido en tres fases, lo que significa que el proceso por el homicidio de 41 adolescentes y 15 sobrevivientes está fragmentado. Esto se debe a que los 11 acusados fueron detenidos en diferentes fechas.

Fase I: a la espera del juicio

En el primer grupo está Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social de la Presidencia; Anahy Keller exsubsecretaria de Protección de la Niñez y Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Los tres fueron detenidos y puestos en prisión preventiva el 13 de marzo de 2017 y quedaron ligados a proceso el 7 abril de ese año por cinco delitos: homicidio culposo, incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad, lesiones culposas y abuso de autoridad.

El 16 de agosto de 2017 el juez Carlos Guerra resolvió que Carlos Rodas y Santos Torres debían enfrentar juicio por la muerte de las 41 adolescentes. En el caso de Anahy Keller, exsubsecretaria de Protección y Acogimiento de la Niñez de la SBS, resolvió sobreseer el caso, es decir, suspender el proceso penal en su contra por considerar que no existía evidencia suficiente. Ordenó su libertad inmediata. 

Así, Keller abandonó la cárcel por primera vez. Seis meses después, el juez Carlos Guerra, que otorgó la suspensión del proceso contra Keller, fue notificado de que sería el Presidente del Consejo de la Carrera Judicial.

El Ministerio Público apeló la resolución del juez Guerra ante la Sala Primera de la Corte de Apelaciones que, en diciembre de 2017, resolvió abrir de nuevo el proceso contra Kelle. El 1 de febrero de 2018, Pedro Lainez, el juez suplente, realizó la audiencia en la que le envió a juicio y ordenó de nuevo que fuera puesta bajo prisión preventiva.

Keller fue productora de canales de televisión nacional, trabajo que le permitió conocer al comediante y posterior Presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Llegó a la Secretaría de Bienestar Social nombrada por Morales en 2016. En su hoja de vida no tenía registro de experiencia en temas de protección a la niñez. Solo un diploma en orientación familiar, obtenido en 2014.

Keller tenía entre sus funciones planificar, organizar, aprobar, dirigir, supervisar y evaluar programas que brindaran alternativas de acogimiento temporal familiar de abrigo y protección a niñas, niños y adolescentes.

El 13 abril de 2018 el juzgado admitió cerca de 800 medios de prueba. Sin embargo, el juez Pedro Lainez dejó fuera una de las pruebas reinas de la investigación: el peritaje de incendio, que consideró ilegal por realizarse sin una orden judicial. El Ministerio Público y los querellantes emprendieron una batalla legal para que se admitiera ese peritaje y fue hasta julio del 2020 que la Corte de Constitucionalidad lo aceptó. Esta fue una de las razones por las cuales el juicio se extendió.

El inicio del juicio contra estos acusados estaba previsto para el 11 de febrero de 2019 en el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, pero se suspendió. 

Otro factor que intervino en el retraso de los tiempos fue que se cambiaron los jueces de ese tribunal: la jueza presidenta Rosa María López fue trasladada al Tribunal de Delitos de Extorsión. El 20 de abril de 2021, la vocal I, Aura Mariana Guadrón, renunció. Luego asumieron una lista de suplentes en dicho tribunal, entre ellos, el juez Mario Solórzano, que fue recusado por Anahy Keller.

En diciembre de 2020, Keller y Torres obtuvieron arresto domiciliario después de tres años y ocho meses de estar en prisión preventiva. Rodas pasó a arresto domiciliario casi un año después, el  30 de septiembre de 2021. A diferencia de los otros dos funcionarios, tuvo que pagar  Q30 mil. Así lo impuso la jueza, aunque no argumentó motivo. Esteban Celada, abogado de la organización Mujeres Transformando el Mundo, considera que esto se debió al cargo que ocupaba Rodas.

Ese 30 de septiembre, durante la audiencia para obtener su libertad bajo fianza, Rodas  se dirigió por primera vez a las madres de las víctimas para ofrecer una disculpa. “En ningún momento tuve la voluntad de que ocurriera la tragedia… pero por respeto a los familiares de las víctimas, sobre todo, sí me motivan a darles estas palabras: lamento mucho la pérdida de sus familiares. Una vida es valiosa, no digamos la cantidad de adolescentes que fallecieron. Ante un ser supremo yo me hinco todos los días y le pido perdón por no haber tenido quizá, la capacidad de haberles garantizado la vida”.

En la audiencia de ese 30 de septiembre estaba presente Vianney Hernández, madre de Hashly Angelie, de 14 años, una de las niñas que murieron en el incendio. Sobre la disculpa que les ofreció el exsecretario de Bienestar Social, Hernández dijo:

“Como madre también tenemos derecho a buscar la justicia, porque nosotras ya no tenemos a nuestras hijas, ellos sí. Porque esta persona no vino y pidió disculpas mucho más antes, no que ahorita que ya estamos a cinco años. Para mí es irremediable todo lo que él está haciendo, porque yo no le acepto sus disculpas, él tenía un trabajo y tenía que velar por las niñas”. 

El día que obtuvo su libertad bajo fianza, Ocote entrevistó a Rodas. Le consultó por qué el Hogar Seguro seguía abierto, pese a que, en 2016, el Juzgado Sexto de Niñez y Adolescencia había recomendado su cierre paulatino: “Desestructurar un hogar de estos, de la magnitud del Hogar Seguro, no es tan sencillo por temas de presupuesto”, dijo Rodas.

Parte de los señalamientos del Ministerio Público son que Rodas permitió el encierro de las adolescentes. El exsecretario explicó durante la entrevista que ese era el único espacio con el que contaban. “En ese momento no lo medimos con un metro… Pero era con la intención de que durmieran entre tres o cuatro horas, no era para siempre. El razonamiento de nosotros como autoridades, al momento, era lo mejor que podíamos dar a cambio de tenerlas en un patio”, concluyó. 

***

El juicio contra los tres funcionarios está reprogramado para el 29 de marzo de 2022, luego de que la fecha inicial del 11 de febrero de 2019 se suspendiera.

El Tribunal Séptimo de Instancia Penal será el encargado del debate. Hasta hace unas semanas, este tribunal no contaba con juez presidente, debido a que los tres jueces del tribunal se jubilaron. El Consejo de la Carrera Judicial (CCJ)  realizó dos convocatorias (la 147-2021 y 148-2021), pero nadie se postuló. Ante la ausencia de participación, se nombró a los suplentes, según detalla el acta 37-2021. La Corte Suprema de Justicia (CSJ)  pasó tres meses sin designar a un juez titular.

El 19 de octubre de 2021, finalmente, se designó como juez titular a la jueza Kimberly  María Rosario Monroy Ardón, quien estaba en el Juzgado Décimo de Paz Civil de Guatemala. La suplente es la jueza Esther Elizabeth Mancio Reyes, que estaba en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal para diligencias urgentes de Guatemala.

Fase II: cancelar 15 veces una audiencia

La segunda fase arrancó el 12 de junio de 2017, con la detención del jefe de la Defensoría de la Niñez de la PGN,  Harold Flores; la exdefensora de la Niñez de la PDH, Gloria Castro; la exjefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato de la SBS, Brenda Yulissa Chamán; el exjefe de Operaciones de la PNC, Luis Armando Pérez Borja; y la exsubinspectora de la PNC, Lucinda Marroquín.

El 24 de junio de 2017, en la audiencia de primera declaración, el juez Carlos Guerra ligó a proceso a los cinco detenidos y envió a prisión preventiva a tres: Chamán, Pérez y Marroquín, por considerar que existía peligro de fuga y obstaculización en la investigación. Para Flores y Castro otorgó arresto domiciliario, por petición del Ministerio Público. 

El 6 de marzo de 2018, en la audiencia solicitada por la defensa, Chamán consiguió salir de prisión a cambió de guardar arresto domiciliario.

El 19 de febrero de 2019 fueron enviados a juicio. Normalmente, la audiencia en la que se define si una persona sindicada es enviada a juicio debería suceder entre tres y cuatro meses después de que se le liga a proceso. Ésta ocurrió dos años después, debido a la mora judicial. 

El Código Procesal Penal establece en el artículo 323 que «el procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible, procediendo con la celeridad que el caso amerita».

La audiencia de ofrecimiento de prueba se suspendió en 15 ocasiones. Se programó la primera vez el 25 de abril del 2019, pero no se llevó a cabo hasta el 1 de octubre del 2021, es decir, dos años y seis meses después.

El retraso se debió al cambio de jueces, a la emergencia sanitaria por COVID-19, a que los abogados no llegaron a las audiencias, y a que no había una sala para llevarlas a cabo. 

Se definió que los cinco acusados de esta segunda fase deberán enfrentar juicio el 29 de marzo de 2022 junto a los otros tres procesados de la primera fase, Keller, Rodas y Torres.

Actualmente sólo dos de los 11 procesados se encuentran en prisión preventiva: el subcomisario Pérez y la policía Marroquín. 

Fase III: suspensiones y retrasos excesivos

El 22 de mayo de 2018 inició la audiencia de primera declaración contra el tercer grupo de procesados: la exjueza Rocío Murillo; la excoordinadora del área “Mi hogar” del Hogar Seguro, Ofelia Pérez Campos; y  la exmonitora del Centro Juvenil para Mujeres Gorriones, Cruzy López.

Esta audiencia se programó hasta entonces debido a que el Juez Pedro Rodolfo Laynez denegó la solicitud del Ministerio Público de realizar capturas.

La audiencia de primera declaración finalizó el 24 de enero de 2020, un año y ocho meses después de que iniciara, en mayo del 2018, porque se interrumpió y se programó de nuevo, para meses después. Murillo, Pérez y López quedaron ligadas a proceso penal. Ellas están en arresto domiciliario desde entonces a la fecha.

El 9 de diciembre de 2020 la fiscalía entregó la acusación formal contra las tres sindicadas, sin embargo, después de 11 meses, al 22 de noviembre del 2021, el Juzgado Cuarto aún no ha programado la audiencia en la que se definirá si deben enfrentar juicio. 

La abogada querellante del Bufete de Derechos Humanos, Juana Pérez, explicó que la duración de la audiencia de primera declaración fue excesiva porque hubo una serie de suspensiones, y que existe vulneración y revictimización debido a que no se garantiza el derecho de acceso a la justicia.

Pérez enfatizó que “este grupo ha quedado muy lejano a los otros dos grupos” por lo que no estará en el juicio programado para el 29 de marzo de 2022. 

Retardo judicial y vicios en el proceso

Han pasado más de mil 700 días desde el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, sin que el caso llegue a juicio y se esclarezca la responsabilidad penal de cada uno de los 11 acusados. El proceso judicial se ha retrasado por cambios de jueces y suspensión de audiencias en múltiples ocasiones. 

Tampoco han existido señalamientos contra funcionarios que estén arriba en la cadena de mando del exjefe de operaciones de la comisaría de la PNC, Luis Armando Pérez Borja.

Por los diferentes obstáculos que han retrasado el proceso, éste es calificado como “un litigio malicioso de parte de quienes están defendiendo al Estado”, considera Carolina Escobar Sarti, socióloga, escritora y poeta, experta en niñez y adolescencia y directora de La Alianza, una organización no gubernamental que alberga a niñas y adolescentes sobrevivientes de trata y violencia sexual.

Los vicios sobre el proceso legal no son señalados sólo por Escobar Sarti. También lo hacen las organizaciones Mujeres Transformando el Mundo (MTM), el Refugio de la Niñez, y el Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), que acompañan el caso y buscan protección para las sobrevivientes.

Uno de los vicios más visibles para estas organizaciones es que el proceso penal se dividió en tres fases y no se buscó unificarlos, ni siquiera por economía procesal, que tiene como fin reducir costos, agilizarlo para beneficio de las partes y evitar actuaciones innecesarias.

Para Escobar Sarti, la muerte de las adolescentes es un crimen de Estado. “No es tragedia, yo le llamo crimen de Estado. Yo diría que hay muchas ausencias de Estado, muchos abandonos, muchas torturas, muchas vejaciones y la no garantía a sus derechos desde antes”.

“Ha habido un litigio malicioso de parte de quienes están defendiendo al Estado. Siempre creímos que había un conflicto de intereses de la PGN”, añade la directora de La Alianza. 

La Procuraduría General de la Nación (PGN) juega tres papeles en el proceso penal: actúa como parte querellante, como acusada (ya que Harold Flores permanece como Procurador de la Niñez de la PGN) y como representante de seis de las sobrevivientes del incendio.

En el mismo sentido, Juana Pérez, abogada del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, también ve conflicto de interés en la permanencia de Harold Flores, cuando está acusado por cuatro delitos: maltrato a menores, incumplimiento de deberes, homicidio y lesiones culposas.

Según las expertas, si bien existe la presunción de inocencia, los señalamientos en su contra no lo hacen idóneo para ocupar ese cargo. “Es un contrasentido y por ética debería separarse del cargo, aunque administrativamente sea trasladado a otro puesto”, considera Escobar Sarti. Harold Flores decidió no dar entrevista a Ocote para este reportaje.

Otro de los contrasentidos que ve Escobar Sarti en el proceso  es que la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia del MP mantiene vigente una denuncia presentada en 2019 contra las 15 sobrevivientes del incendio, a quienes se les acusa de 19 delitos, entre ellos: robo, lesiones, incendio, atentado, desorden público, amenazas e instigación a delinquir. 

La denuncia, interpuesta  hace dos años por Ludwing Sandoval, un empleado del Ministerio de Cultura, las perfila como victimarias y no víctimas de las instituciones y la violencia estatal. Ludwin Sandoval tiene como padrino académico a Santos Torres, exdirector del Hogar Seguro y uno de los procesados, según un reportaje publicado en noviembre del 2019 en Nómada.

Entre septiembre y noviembre de 2021, La Alianza ha presentado 10 memoriales a favor de las adolescentes para que la denuncia contra ellas sea desestimada, pero no ha obtenido respuesta por parte de la Fiscalía de la Niñez.

Ocote consultó a la Fiscalía de la Niñez sobre la falta de respuesta y contestó que “el caso está en análisis y la Fiscalía, de acuerdo a los medios de investigación, resolverá en su momento procesal oportuno”.

Para Esteban Celada, abogado de Mujeres Transformando el Mundo (MTM), organización querellante en el proceso penal, el retardo judicial puede considerarse como impunidad: “No puedo hablar de corrupción, pero sí de impunidad porque me consta la negativa de justicia para las víctimas”. 

Celada explica que es importante la justicia para establecer la paz social y para que exista democracia, pero en el caso el Hogar Seguro pareciera todo lo contrario. 

¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la PDH?

Cuando Castro fue detenida el 12 de junio del 2013, diversas instituciones se extrañaron y la respaldaron, entre ellas la propia PDH, que destacó su trabajo al frente de la defensoría, la Red Niño y Niña que aglutina a diversas organizaciones, y la Oficina de Derechos Humanos (ODHAG). Gloria Castro tenía una trayectoria de más de 20 años de trabajo por los derechos de las infancias en Guatemala.

La  ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, y el Decreto No. 27-2003 en su artículo 92, determina las funciones de la Defensoría de la Niñez:  proteger  los derechos de la niñez y ordenar el cese de violaciones ocurridas; velar porque las autoridades encargadas brinden protección a los niños, niñas y adolescentes; desarrollar y dar seguimiento a los procesos de supervisión a las instituciones públicas que atienden niñez, coordinar acciones de manera interinstitucional; verificar casos en los que exista denuncia de violación de los derechos de la niñez; emitir y dar seguimiento de las recomendaciones derivadas de las supervisiones; y elaborar propuestas de comunicados y material informativo.

La abogada Iveth García, defensora de Castro, explicó a Ocote que el 30 de mayo de 2017 se llevó a cabo un proceso administrativo en la PDH para revisar el trabajo de Castro y “la resolución fue que ella cumplió con sus deberes y facultades por la cuales fue contratada”.

Casi cinco años después de su detención, Gloria Castro habló con Ocote en su primera entrevista desde los hechos. Explicó que la función de la PDH es observar, analizar y recomendar, pero no ejecutar.

La exdefensora de la Niñez recordó que llegó al Hogar Seguro el 7 de marzo del 2017, en atención al llamado de la SBS y que el equipo de la PDH se retiró del Hogar Seguro cerca de las 12 de la medianoche, ese momento en que Castro vio cantar a las niñas y adolescentes detenidas Pin Pon es un muñeco muy grande y de cartón, para calmar sus ánimos después de haber intentado huir de los maltratos y abusos y haber sido detenidas.

La Fiscalía señala que Castro firmó un acta que facilitó que las adolescentes fueran encerradas en un aula. Sin embargo, la exdefensora lo refuta: “Jamás eso se me hubiera podido a mí ocurrir, jamás… El acta en ningún momento indica absolutamente nada de que sean encerradas en un aula. Sabemos que estaban tomando la decisión de que iban a utilizar el área de educación, pero el área de educación no es solo un aula, hay varias aulas”. 

En el acta redactada durante esa noche y consignada por el Ministerio Público se lee: “entre monitores y personal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, el personal de la institución del Procurador toma la decisión de retirarse ya que se cumplió con el procedimiento y esta situación está fuera del alcance de esta institución, por lo que se finaliza la presente siendo las 23 horas con 15 minutos   

En un informe circunstanciado realizado por la Policía Nacional Civil, mostrado durante la audiencia de acusación, se explicó que la PDH se retiró debido a que entre los monitores y junto al personal de la SBS no lograron ponerse de acuerdo para el reingreso de las y los adolescentes. En esa misma audiencia se detalla por medio de un informe de actuaciones de la PDH que la autorización de retirarse la dio la Procuradora Adjunta 2, Hilda Morales.

¿Y la responsabilidad del expresidente Morales?

¿Es responsable el expresidente Jimmy Morales de la muerte de las 41 niñas en el Hogar Seguro? Hay quienes piensan que sí y así lo han denunciado.

Los primeros en hacerlo fueron la exdiputada Sandra Morán y el exdiputado Leocadio Juracán, quienes presentaron un antejuicio que fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia el 22 de junio de 2017. 

Los diputados apelaron esta decisión de la CSJ. La Corte de Constitucionalidad pidió a la CSJ que resolviera de nuevo y que fundamentara la resolución de rechazar el antejuicio. En respuesta, el  4 de abril de 2018, la CSJ rechazó de nuevo el antejuicio por considerarlo espurio y político.

Después, el abogado Marco Vinicio Mejía Dávila presentó otra petición de antejuicio contra Morales y el 27 de febrero de 2020 la CSJ volvió  a negarlo.

Por último, Mujeres Transformando el Mundo, querellantes en el proceso penal, volvieron a solicitar el retiro de la inmunidad para Morales y argumentaron que él era la máxima autoridad de la Secretaría de Bienestar Social. 

MTM también hizo referencia a que en la audiencia de primera declaración, el subcomisario Pérez Borja señaló que, a través de una llamada vía telefónica, supuestamente Morales giró instrucciones para que llegarán más de 100 policías el 7 y 8 de marzo y para que la Policía quedara a cargo de las adolescentes. Pero de nuevo, en febrero de 2021, la CSJ rechazó la solicitud de investigar a Morales por considerar que la solicitud es política y espuria. 

Hasta el momento, Jimmy Morales mantiene su inmunidad. Entonces, la tenía por ser Presidente del Gobierno y hoy por ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Ocote buscó a Jimmy Morales para una entrevista, pero él la denegó.

Los argumentos emitidos por la CSJ son vistos con preocupación por los querellantes del proceso. “Es grave que digan que es espurio, ilegítimo y político, sobre todo por el hecho que se quiera hacer justicia por niños y niñas que fueron abandonados por el Estado”, indicó Esteban Celada, abogado de MTM.

Carolina Escobar Sarti asegura que “hay demasiados favores que pagar entre políticos como para que alguien quiera ahorita señalar a Jimmy Morales, que le cerró la puerta a la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad) y le abrió la puerta más a la corrupción”. 

Justicia tardía no es justicia

Para MTM, La Alianza y El Refugio de la Niñez,  el retraso en la justicia incrementa la impunidad en las violaciones cometidas contra la niñez y adolescencia. “Justicia tardía no es justicia”, considera Esteban Celada, abogado de MTM. 

“En principio, este proceso judicial demuestra la importancia que el sistema de justicia le da a la niñez”, asegura Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez. “La cantidad de tiempo que ha pasado ya vemos la justicia como tardía y solo alimenta las cifras de impunidad en delitos que se comenten contra la niñez. Pareciera que en este sistema la niñez siempre va en la cola”.

Para las organizaciones que defienden la infancia es trascendental recordar que, previo al incendio, hubo denuncias presentadas ante un Ministerio Público que no investigó, y un sistema Judicial que mantiene por mucho tiempo a la niñez y adolescencia institucionalizada, es decir, en un hogar de abrigo y protección, cuando ésta debe ser la última opción, de acuerdo con leyes y organismos internacionales.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó en un dictamen pericial, realizado en el 2017, que las adolescentes habían sufrido “agresiones de muchos tipos, incluyendo las sexuales”; que pertenecían a sectores de bajos recursos económicos y de “deficientes recursos familiares”. 

El Inacif también detalló la “dificultad (de las adolescentes) para encarar situaciones vitales y valorar las consecuencias entre sus acciones y los hechos”.

Las adolescentes que murieron eran vulnerables, no solo por su edad y el origen de sus familias, como concluye el Inacif, sino por la cantidad de abusos a los que ya habían sido sometidas y por la negligencia de las instituciones responsables de su resguardo. Justo por esa razón habían llegado al Hogar Seguro, con la promesa de que serían cuidadas y protegidas por el Estado.

Este trabajo es parte del especial “No fue el fuego”, realizado por Agencia Ocote. Aquí puedes revisar la publicación original. 

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