Autoridades tradicionales de los pueblos yaquis interrogaron a tres integrantes de la tribu que firmaron la demanda de amparo contra el decreto presidencial para crear el Distrito de Riego 018. Aseguran que grupos de interés que quieren evitar que los yaquis reciban el agua 

Texto y foto: Daniela Pastrana

CIUDAD DE MÉXICO.- Al otro lado del teléfono, el yaqui Jesús Patricio Varela Martínez, responde de botepronto: “Quienes están provocando esta división son los que responden a intereses ajenos de la tribu yaqui”.

“Hay una guerra de intereses —acusa— de las personas que quieren seguir teniendo el agua de los yaquis. Y utilizan la mentira y el engaño para generar confusión”.

Varela Martínez, un maestro que funge como secretario del pueblo de Tórim —uno de los ocho pueblos que forman la nación Yaqui— acepta la llamada de Pie de Página al término del interrogatorio de las autoridades tradicionales a tres integrantes de la tribu que firmaron una demanda de amparo contra la creación de un Distrito de Riego administrado por la comunidad.

De entrada, aclara que no es un juicio. O al menos, no un juicio como lo entendemos los yoris (personas no yaquis). Sino una comparecencia, conforme a las leyes de su pueblo, “para saber qué fue lo que pasó”.

Luego asegura que, después de escuchar los testimonios del capitán de caballería, Jesús Molina Castillo, y el monaja mayor (jefe de matachines), Anselmo Álvarez Martínez, ambos miembros de la Iglesia de Pótam, a las autoridades tradicionales les quedó claro que desconocían lo que firmaron. Por ello, “se les otorgó el perdón” y se les conminó a que “no volvieran a cometer este error”.

Pero no es el caso de Juan Pedro Maldonado Martínez, secretario de Huirivis, quien “ha mostrado una actuación que no responde a los intereses del pueblo Yaqui”, dijo Varela. Con él “continuará el diálogo” y este viernes la Guardia tomará una decisión.

El decreto

El pasado 28 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó por tercera vez el territorio yaqui. Lo hizo para firmar un Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, que llevó más de un año de trabajo y que incluye 20 acuerdos relacionados con la restitución de la tierra, el agua, y derechos culturales y sociales. Ese mismo día, el presidente firmó un Decreto para la creación del Distrito de Riego 018, que por primera vez sería administrado por un pueblo indígena.

El distrito de riego implica la apertura de 61 mil hectáreas cultivables, y una dotación anual de 673 millones de metros cúbicos de agua para los pueblos yaquis, que durante décadas han sido despojados del agua del Río Yaqui. Los términos del decreto fueron acordados por los gobernadores en una asamblea que se realizó el 21 y 22 de agosto, en el pueblo de Pótam.

Pie de Página fue el único medio presente ese día y constató la participación del secretario de Huirivis y de autoridades de Pótam. El documento se aprobó después de una larga y —por momentos, tensa— deliberación.

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El amparo

El miércoles pasado, se difundió la supuesta privación ilegal de la libertad de tres hombres pertenecientes a la Nación Yaqui, los cuales habrían sido sustraídos de sus domicilios a la fuerza y luego entregados a la Guardia Tradicional de Pótam. Eran Maldonado, Molina yÁlvarez, tres firmantes de una demanda de amparo en contra del Decreto para la creación del Distrito de Riesgo. Integrantes de la tribu aseguraron a Pie de Página que las autoridades yaquis los estaban presionando para que se desistieran de la demanda. También hubo versiones de que Juan Maldonado estaría lesionado.

El secretario de Tórim cuenta otra historia:

El 8 de diciembre fuimos notificados de que se habían presentado dos amparos, uno de autoridades eclesiásticas de Pótam y otro de miembros de la tribu. Los jueces séptimo y octavo ordenaron la suspensión provisional de la obra. La noticia no nos agradó. Es un trabajo que estábamos esperando y que llevó un año de reuniones y mucho trabajo de nuestros técnicos y nuestras autoridades para ir construyendo los acuerdos y para tener un Distrito de Riesgo que representa un gran beneficio para el pueblo Yaqui”, dice.

“El 14 de diciembre, en la Guardia de Pótam, las autoridades eclesiásticas dijeron que aprobaban el Plan de Justicia, que había más cosas que no comprendían y querían aclarar, pero que no lo rechazaban. De ahí vimos que no coincidían las cosas. Concluimos nosotros que las personas que reclaman decían cosas distintas a las que están en las demandas”.

Lo que siguió, según su versión, fue un mes de conversaciones, y descubrieron que se habían falsificado firmas de autoridades del pueblo de Rahúm.

Eso fue entregado al juez en un documento firmado por las autoridades de los 8 pueblos el 21 de diciembre. Los demandantes dicen que para entonces las autoridades eclesiásticas de Pótam habían destituido a sus autoridades tradicionales, por lo que el documento no es legítimo.

La comparecencia

Después del 6 de enero, fecha de consagración de los nuevos gobernadores (ese es un cargo que cambia cada año) las autoridades tradicionales determinaron llamar a comparecer a los promotores de la demanda. De acuerdo con Varela Martínez “cometieron una falta grave al meterse a tomar decisiones que no les competen porque son autoridades eclesiásticas”.

“Pusimos como sede el pueblo de Pótam, que es la segunda cabecera. Llegamos ahí el 11 de enero, ahí dormimos. Es falso que hubo personas armadas. Lo que pasó es que, en pleno uso de nuestros usos y costumbres, se puso bajo resguardo a estas tres personas. Pero no se les tocó”, asegura el yaqui.

También rechaza la versión de que hicieron salir a los medios que este jueves asistieron a la comparecencia. Incluso, dice, hubo personal de la Comisión de Nacional de Derechos Humanos.

El capitán de caballería habló en español, comentó que fue engañado por el abogado José Carlos Maldonado Martínez y el secretario de Huirivis, quienes le dijeron que la firma era para revisar cosas del documento, pero no le dijeron que era un amparo. En el caso del monaja Anselmo, eso nos dio mucha pena. Él hablo en nuestra lengua materna porque no sabe hablar español, ni leer, ni escribir, ha participado en muchas ceremonias. Y para nosotros fue claro que no sabía nada de lo que firmó”.

En la cancha del juez…

El maestro yaqui ve en “los intereses poderosos de la gente que se ha beneficiado muchos años de la distribución desigual del agua del Río Yaqui” el motivo de algo que parece incomprensible: Rechazar la administración de un Distrito de Riego que dotará de infraestructura hidráulica a la tribu.

Para nosotros es suficiente lo que escuchamos este día. Ya sabemos que hubo una manipulación, engaños y falsificación de firmas en el pueblo de Rahúm. Esperamos que con esas tres cosas (el desistimiento, la declaración de las autoridades eclesiales de que fueron engañadas y las firmas falsas) el juez retire la suspensión y podamos seguir trabajando”.

Pero no parece ser tan sencillo. A través de un video mensaje, integrantes de la Santa Iglesia del pueblo de Pótam insistieron en que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y las propias autoridades de Tórim y Vícam han provocado la división de los yaquis.

“Desde el mes de diciembre los integrantes de la Iglesia de Pótam viven bajo el acoso de los servidores públicos, así como de las autoridades de los pueblos de Tórim y Vícam, todo ello con el objeto de que se desistan de una demanda de amparo que presentaron para frenar la entrada en vigor del decreto que crea el Distrito de Riego 018”, señalaron los inconformes. Este viernes tienen previsto dar una conferencia de prensa afuera de la Iglesia de Pótam, antes de la reanudación de la comparecencia.