La autoconsulta de los pueblos mayas sobre la instalación de las granjas porcícolas avanzó en sus asambleas informativas con concurridas reuniones. No se presentaron los representantes de la empresa Kekén, que en un comunicado argumentó que la consulta no está siguiendo los requerimientos establecidos en la ley

Texto: Daniela Pastrana

Fotos: Cortesía de Equipo Indignación

CIUDAD DE MÉXICO.- Con reuniones masivas, los pueblos mayas de Celestún Kinchil y San Fernando, en Yucatán realizaron sus asambleas informativas rumbo a la consulta del 25 de julio, en la que definirán si quieren o no las granjas de cerdos.

La jornada se realizó con la observación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La empresa Kekén, por su parte, aseguró que está dispuesta a dialogar, pero descalificó la consulta organizada por los pueblos, porque “no cumple con los requisitos de ley”.

“Es muy importante que nos hagamos responsables y que no vengan personas ajenas a traernos formas de desarrollo que están afectando nuestros recursos naturales. Estamos haciendo esta convocatoria invitando al gobierno y a la empresa, para que nos aclare y que nos convenza de que esa forma de desarrollo productivo que traen no nos afecta”, dijo en Kinchil Jesús Solís Alpuche, del Consejo Maya del Poniente Chik’in Ja’.

“Queremos dialogar, queremos discutir con ellos la conveniencia de un desarrollo justo y democrático, que nos convenga a todos y no solo a la empresa y no solo a los países que están consumiendo el producto que sale de Kinchil, pero que su beneficio se concentra en la élite económica del empresarial. Por eso hacemos esta convocatoria, para que el pueblo decida si estamos bien o mal”. 

El comunero dijo que muchas veces los indígenas se ven obligados a aceptar la instalación de estas grajas por falta de trabajo y de proyección social, pero eso es parte de un sistema injusto. 

“Dependemos de esas formas de desarrollo que no son nada saludables. Queremos discutir, porque es nuestro derecho, las condiciones en las que se está desarrollando la producción de cerdo en nuestro municipio. Queremos paz, salud, y no, no basta con que nos pongan aquí una clínica para que nos curen después de que nos enfermen.  No, no es justo. Mejor que no nos enfermemos que no hay a contaminación (…) Tenemos derecho a saber qué causa hay tanta enfermedad, tanto diabético, tantos males respiratorios”.

Nunca Más Sin Nuestro Permiso

La jornada informativa se realizó los días 15 y 16 de julio, bajo el lema de #NuncaMasSinNuestroPermiso.

“Ya es hora que se tomen en serio los derechos del pueblo maya. Ya es hora de que el Estado empiece a tomarnos en serio. No somos pueblos de la historia, somos pueblos vivos y el Estado tiene que respetar nuestros derechos a manifestar nuestra decisión como pueblo. Por eso le decimos que nunca más sin nuestro permiso”, dice la convocatoria emitida por los organizadores.

Las jornadas se realizaron sin la presencia de autoridades estatales ni federales, a pesar de que fueron invitadas a quienes se les invitó. Quienes sí llegaron fueron los integrantes de Kanan ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) quienes compartieron su experiencia sobre la consulta de Homún y el proceso de lucha contra la industria porcícola. También participó, vía remota, Viridiana Lázaro de Greenpeace México, y los integrantes del Equipo Indignación, que han acompañado la lucha de los pueblos contra las megagranjas. 

Los organizadores tenían preparadas las siguientes preguntas para la empresa:

– ¿Cómo se mide el grado de contaminación del agua?

– ¿Cada cuándo hay inspección para ver si no se ha contaminado más?

– ¿A cuánto ascienden sus ganancias de tener a sus cerdos en nuestro territorio y cuánto le pagan a un obrero que trabaja 12 hora en esa empresa? ¿Cuántos cerdos hay en la granja, cuantas toneladas exportan?

– ¿Cada cuanto tienen la medida del impacto ambiental? 

– ¿Cuáles son las afectaciones de las granjas porcícolas en nuestro territorio?

Y para las autoridades locales:

– ¿Quién pidió el permiso para instalar la mega granja?

– ¿Por qué se les otorgaron esos permisos sin consultarnos?

-¿Cada cuando revisan esos permisos?

Sigue en vivo la asamblea informativa de Kinchil rumbo a la consulta https://t.co/RgLToPx1GZ #LaConsultaVa #NuncaMasSinNuestroPermiso

— Equipo Indignación (@indignacion_dh) July 17, 2021

“No es una consulta indígena como marca la ley”: Kekén

En un comunicado, la empresa Kekén aseguró que está dispuesta a dialogar, pero al mismo tiempo descalificó la consulta organizada por los tres pueblos mayas.

“Kekén reitera a la opinión pública su compromiso con el cuidado de su comunidad, su entorno y el medio ambiente (…) La empresa participa constantemente en mesas de diálogo para promover mejores prácticas en beneficio de Yucatán y de la región con sistemas de tratamiento para disminuir la extracción y la descarga”, indica el documento. 

Pero luego aclara: “De acuerdo con el marco legal del país, la consulta indígena está contemplada en la constitución y para su realización se requiere cumplir con los parámetros establecidos. La asamblea informativa del 15 de julio no cumple con los requerimientos establecidos en la ley. Es decir, no es una consulta indígena como marca la constitución, por lo que la empresa no puede participar”.

La empresa asegura que “cuenta con un proceso de producción sustentable que incluye un uso responsable del agua” y que “reitera su disposición a participar en espacios de diálogo constructivos, apegados a la ley y convocados por las vías institucionales cuya finalidad de alcanzar el bien común”

En la península de Yucatán se han instalado en los últimos años cientos de granjas de cerdos para satisfacer las necesidades del mercado asiático.

Los comités mayas que están convocando a la consulta no sólo buscan defenderse frente a las afectaciones que ya padecen en sus pueblos. También buscan cambiar la relación con el Estado, que hasta ahora “sigue siendo racista, tutelar y colonial”, indica un comunicado de los pueblos convocantes. 

La consulta se realizará el próximo 25 de julio. Los representantes de los pueblos buscan sentar jurisprudencia para que los pueblos realmente sean quienes decidan sobre lo que pasa en sus territorios.