Evitar desastres como el del río Sonora de hace una década y protegernos a todos es cuestión de voluntad política y compromiso. Hasta ahora todos los actores políticos han mostrado que no los tienen. Ojalá que empiecen a asumirlo

Por Eugenio Fernández Vázquez / X: @eugeniofv

El 6 de agosto se cumplieron diez años de que una mina propiedad de Grupo México vertiera 40 mil metros cúbicos de agua envenenada en el río Sonora, en los hechos matando el afluente y dejando su agua imbebible e inutilizable para quienes viven en esa ribera. Hasta la fecha el crimen ambiental de la empresa que lidera Germán Larrea sigue impune, aunque la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, asegura que no se dará carpetazo al asunto. Lo más grave de todo es que también hasta la fecha siguen sin aprenderse las lecciones más importantes que nos deja la desgracia, sobre todo que la legalidad no se hace valer una vez cometido el desastre, sino imponiendo la normatividad siempre y sin cortapisas. De otra forma, de derrame en derrame nos quedaremos sin entornos en los que vivir. 

El ecocidio cometido por Grupo México estaba lejos de ser inevitable. Según explicó la secretaria Albores hubo fallas graves en el diseño de las presas de lixiviación y fue esa negligencia la que llevó al derrame de sulfato de cobre al río. Si la empresa fue tan descuidada es porque sabía que no se la iba a castigar si ocurría algún desastre, y si las autoridades no se dieron cuenta del hecho es porque, a pesar del terrible riesgo que implicaba la operación de la mina, no se hicieron nunca las inspecciones necesarias y, si se hicieron, nunca tuvieron consecuencias. La impunidad mata no sólo a los seres humanos, sino a todo lo que los rodea. 

A pesar de que ya ocurrió este desastre, que afectó a 25 mil personas y acabó con un río vital para todos los ecosistemas que lo rodean y para la economía de la región, las condiciones que permitieron que esto pasara siguen siendo las mismas o están todavía peor. Las entidades encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes ambientales y por construir una normatividad a la altura de lo que necesitamos están terriblemente debilitadas, no sólo presupuestalmente —la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tiene 28 por ciento menos presupuesto hoy que al inicio de este sexenio—, sino políticamente y en términos de capacidades —el acuerdazo contra la normatividad ambiental en torno al Tren Maya marca un precedente terrible—.

Contrario a lo que piensan quienes denuncian la protección ambiental como un estorbo, el derecho ambiental y las normas que lo componen no se han construido por capricho ni por un afán enfermizo y gratuito de burocratizar la vida social y económica. Esas leyes y reglas están ahí para proteger a la naturaleza y, al hacerlo, proteger no sólo nuestro derecho a un medio ambiente sano —ya de por sí consagrado por el artículo 4 de la Constitución—, sino para protegernos físicamente, para evitar desastres como el del río Sonora. Para que sean efectivos, sin embargo, la autoridad tiene que cumplir su mandato de ley y hacerlos valer. 

Ahora que inicia un nuevo ciclo político es una gran oportunidad para corregir esta situación, y hay acciones que se pueden realizar desde muchos lugares y ámbitos. El poder judicial debe construir las capacidades que le faltan para que los jueces entiendan mejor con qué tienen que lidiar al recibir un caso ambiental. Los ejecutivos estatales deben fortalecer sus capacidades para, dentro del marco de las leyes y el reparto de atribuciones, proteger a sus ciudadanos. El ejecutivo federal debe cumplir con su mandato y liderar este proceso, fortaleciendo a sus órganos con atribuciones en la materia. Lo mismo va para los congresos estatales y el de la Unión: sí está entre sus capacidades obligar a los ejecutivos a actuar con responsabilidad y, en última instancia, son ellos quienes marcan los presupuestos.

Evitar desastres como el del río Sonora de hace una década y protegernos a todos es cuestión de voluntad política y compromiso. Hasta ahora todos los actores políticos han mostrado que no los tienen. Ojalá que empiecen a asumirlo. 

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.