La Fiscalía General de Justicia del Estado de México tenía el compromiso de ofrecer una disculpa pública a las familias de cuatro víctimas de feminicidio y desaparición por omisiones y fallas en las investigaciones. Sin embargo, la dependencia a cargo del fiscal José Luis Cervantes canceló horas antes sin dar explicaciones

Texto y fotos: Paola Martínez Gutiérrez

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- Cuando Nadia Muciño fue asesinada en su casa, el 12 de febrero de 2004, la encontraron con una soga alrededor de su cuello. Sus  hijos Carlos, José Uriel y María Fernanda tenían 5, 4 y 2 años respectivamente, y fueron los únicos testigos del hecho. Su exesposo Bernardo y su cuñado Isidro, a quien apodaban ‘Matute’, la habían metido primero a la cisterna, mientras ella decía que la sacaran, que la dejaran en paz. Entonces la llevaron al baño. Así lo relató uno de sus hijos en los múltiples testimonios que tuvieron que dar a las autoridades. Después de colgar a Nadia, Bernardo y ‘Matote’, como le llamaban los niños, se fueron y los tres niños fueron a la casa de la vecina a pedirle unos cerillos para prender una veladora, porque Carlos tenía mucho miedo. Ella le preguntó dónde estaba su mamá y contestó: “Está en mi casa, muerta”. 

Este miércoles 16 de noviembre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ofrecería una disculpa pública a familiares de Nadia Muciño Márquez, Daniela Sánchez Curiel, Diana Velázquez Florencio y Julia Sosa Conde, cuatro víctimas de feminicidio y desaparición en el estado; sin embargo no ocurrió.

En su lugar, unas horas antes del evento, la fiscalía avisó a Amnistía Internacional, organización que acompañaba a las familias de las víctimas, de la cancelación de la disculpa, sin dar explicaciones. Las puertas del edificio color café se mantenían cerradas, protegidas por cortinas de hierro y tablones de madera.

Edith Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, dijo en conferencia a medios de comunicación desde la explanada de la fiscalía, que la decisión les tomó por sorpresa, pues el fiscal, José Luis Cervantes, se comprometió personalmente a dar la disculpa en las reuniones que mantuvo con las familias para pactar la reparación del daño.

“Ayer (martes) vinimos a colocar un mural dentro de las instalaciones que es de las familias y todo seguía en pie”, dijo Ferreto, “es un acto más de indolencia por parte del fiscal, que se suma a los de otras administraciones, que están dando una falta de respeto al honor de las familias”.

«Esta es la tercera vez que el fiscal general cancela dicha disculpa pública, a pesar de que afirma trabajar para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, niñas y mujeres en el Estado de México. Su agenda política es clara: nosotras no somos prioridad», difundieron las víctimas en un mensaje conjunto.

En el informe Juicio a la Justicia, publicado por la organización, se documentaron estos cuatro casos de víctimas de feminicidio y desaparición forzada, y se menciona en especial al Estado de México al ser el de mayor cantidad de habitantes, con la segunda percepción más alta de inseguridad pública y uno de los niveles más altos de crímenes no reportados, en gran parte, relacionado a la desconfianza en las autoridades.

María Antonia Márquez Hernández lleva 18 años exigiendo justicia por el feminicidio de su hija Nadia Muciño Márquez, a manos de su exesposo y su cuñado, y su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2021. Ella no estaba sorprendida por lo ocurrido hoy, conoce de cerca la impunidad en el estado, pero sí confiaba en la palabra del fiscal.

María perdió su trabajo en el proceso de búsqueda de justicia por Nadia. Ha vivido con un taller de bordado improvisado y pidió múltiples préstamos al banco para pagar los peritajes independientes, que en 2007 demostraron que su hija fue asesinada y no un caso de suicidio como se investigó inicialmente. Además, Nadia había denunciado en diferentes ocasiones la violencia que sufría por parte de su pareja y la protección nunca llegó. Los testimonios de sus hijos fueron puestos en duda múltiples ocasiones por ser niños y fueron expuestos a un careo con los asesinos. 

En 2017 Bernardo fue condenado a 42 años de prisión con una decisión que hasta la fecha no es resolutiva, y “Matute” fue liberado en 2010 tras una apelación a su sentencia.

Al uso del megáfono en la explanada de la fiscalía, este miércoles, María de pelo corto, lentes y portando una cruz con el nombre de Nadia, se veía tranquila.

“Nosotros buscamos la disculpa pública no por un ego, queremos un cambio para todos los que vienen atrás, porque no se vale que se te vaya la vida en buscar justicia, que debe ser pronta y expedita”, dijo.

Pidió que el fiscala bajara y explicara por qué cambió de decisión.

Las familias realizaron una activación, que ya estaba planeada, colocando mantas sobre la reja y cruces rosas de papel y de madera representando los miles de feminicidios ocurridos en México, y extendieron un rollo de papel kraft sobre el suelo con consignas hacia lo que no ocurrió. Incluso, emplayaron la estatua de justicia que se ubica en la esquina de la explanada como un símbolo de las violaciones a sus derechos humanos.

En 2020 en México se contabilizaron 3 mil 723 asesinatos de mujeres de los cuales 940 son investigados como feminicidios y el Estado de México es el de mayor incidencia, con 403 asesinatos contabilizados y 150 de ellos investigados como feminicidios.

Laura Curiel dijo que su hija Daniela es una persona, no una cifra. Asistió al evento con su nieto, con quien ha llorado y luchado desde que él tenía 3 años, en 2015. Daniela fue desaparecida en Tlalnepantla y hasta ahora la fiscalía tiene pendiente conocer su paradero. 

“Hoy corroboro que al Estado no le interesa ninguna mujer desaparecida. Esperábamos este reconocimiento de que de verdad va a existir un cambio y nos percatamos de que no hubo una respuesta de humanidad. Daniela no está aquí hoy, es una campaña que seguirá existiendo por ella, por tener justicia, por su memoria”.

Laura Curiel, mamá de Daniela.

Los principales obstáculos a los que se enfrentan las familias buscadoras, documentados en el informe de Juicio a la justicia, son dos:

1. Buscar justicia requiere tiempo y es costoso económicamente y emocionalmente, pues la familia es el principal motor de la investigación. Pierden o dejan sus trabajos y las enfrenta a pérdidas económicas.

2. Es peligroso porque son amenazadas por parte de los responsables y la protección por parte de las autoridades suele ser insuficiente e incluso, reciben mal trato por parte de las personas servidoras públicas.

Lidia Florencio Guerrero, mamá de Diana Velázquez Florencio, asesinada el 2 de julio de 2017 en el municipio de Chimalhuacán, cantó consignas por la dignidad de su hija y de toda su familia y denunció la violencia institucional.

“Es preocupante cómo nos siguen tratando las instituciones encargadas de procurar justicia. Los policías le fallaron a Diana cuando la encontraron tirada como si fuera basura en esa calle que los asesinos decidieron dejarla. ¡No me voy a callar y voy a seguir gritando! De las autoridades, lo único que he recibido es más revictimización. ¿Piensan que me voy a quedar callada después de todo lo que nos han hecho! Pura simulación he recibido. El Estado es culpable. Hoy estoy aquí indignada y pidiéndole al fiscal José Luis Cervantes que nos dé la cara y que nos diga por qué no nos da esa disculpa que se merecen nuestras hijas. Hoy estoy aquí y voy a seguir exigiendo más justicia y reparación de todas las autoridades y no me voy a cansar pese a todo lo que hagan con mi persona. Voy a seguir exigiendo justicia para Diana Velázquez Florencio. ¡Diana no ha muerto, Diana somos todas!”, gritó.

La última en hablar fue Norma Bautista, asesora jurídica de la familia de Julia Sosa, quien fue en representación de su familia, que no acudió por la indignación ante la fiscalía.

“La familia estaba muy contenta, tratando de tener un poco de paz en estos cuatro años del feminicidio de Julia y hoy la fiscalía les ha vuelto a dar la espalda”, dijo Norma.  “Se vuelve a poner más en tela de juicio si en verdad se investiga con perspectiva de género y de derechos humanos. Y si algo nos llega a pasar a cualquiera de los que estamos aquí no hay garantía de que la justicia llegue a nuestras familias”.

Lo más impactante fue, tal vez, que la Fiscalía General de Justicia había reconocido que todo lo documentado en el informe de Juicio a la Justicia era cierto y con la disculpa pública se comprometían a que estas omisiones y fallas en las investigaciones no volvieran a ocurrir. 

La directora de Amnistía Internacional se comprometió con María Antonia, Laura, Lidia y Ana, la madre de Julia, a seguirles acompañando hasta que consigan la verdad sobre los casos de sus hijas, justicia en los procesos y hacia los agresores y una reparación integral del daño. Las cuatro familias presentaron ya una queja por violencia institucional y seguirán en las mesas de trabajo institucionales, en las que esperan que la fiscalía continúe investigando. 

“La petición #HastaSerEscuchadas se está moviendo a nivel global juntando firmas alrededor del mundo para apoyarles”, dijo Ferreto. “El fiscal ha perdido la oportunidad de ponerse al frente y mostrar que hay un cambio en la institución”.