Los demandantes reclaman la reparación del daño por la presunta actuación irregular de la Fiscalía de Chihuahua durante la fuga masiva que desató una masacre en el Cereso de Ciudad Juárez el pasado primero de enero

Texto: Blanca Carmona / La Verdad

Foto: Especial / La Verdad

Familiares de tres reos del Cereso número 3 de Ciudad Juárez que fueron asesinados durante la fuga masiva, del pasado primero de enero, presentaron un recurso de reclamación en contra del Gobierno de Chihuahua, para exigir una indemnización por el daño moral ocasionado.

Cada familia demanda el pago de unos 20 millones por la presunta actuación irregular de la Fiscalía General del Estado (FGE) ante ese hecho que desató una masacre. Acusan a la corporación de no apegarse a los protocolos y al no velar por el derecho humano a la vida, informó el abogado que representa a las familias César Alonso Segura Gamboa.

Los reos, cuyas familias piden la reparación, son Edgar Echaverría Rodríguez, Jorge César Lares Nicols y José Luis Olivas García.

Las reclamaciones fueron presentadas el pasado 21 de junio ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).

La revuelta en el penal estatal dejó un saldo de 30 internos prófugos, 17 personas asesinadas –diez de ellos oficiales de seguridad y custodia penitenciaria y siete reclusos– así como 13 reos lesionados, y desató dos enfrentamientos en las calles de esta frontera, de acuerdo con información oficial.

Tras la fuga masiva de reos, el Gobierno de Chihuahua llevó a cabo la transferencia del control del sistema penitenciario estatal de la Fiscalía a la Secretaría de de Seguridad Pública del Estado (SSPE), con la entrega-recepción del Cereso de Ciudad Juárez, la madrugada del 31 de enero.

“El Estado es el garante en cuanto al derecho humano a la vida, a protegerlos y cuidarlos, de darles una readaptación, por eso se llama Centro de Readaptación para Adultos, lo cual no aconteció en la especie y no se aplicaron protocolos establecidos para segregar a los internos al momento del motín o rescate”, dijo Segura. 

El abogado también indicó que si los internos fueron asesinados por el personal de Custodia o por otros internos o bien por los civiles armados que irrumpieron en el reclusorio, en todos los supuestos hay un incumplimiento por parte de la Fiscalía pues la ley establece que no se debe permitir conductas delictivas como el narcotráfico y la posesión de armas de fuego.

Además, en la fecha de los hechos la FGE era la responsable de mantener el control del penal y garante de la vida de la población penitenciaria.

Un hermano de Jorge César Lares Nicols, señaló que su familiar recibió un impacto de bala en el cráneo y de acuerdo a los peritajes el responsable podría haber disparado desde una de las torres de vigilancia del reclusorio y con un arma de calibre oficial .223.

“Él no tenía nada qué ver con lo que pasó en el Cereso, las autoridades no nos dieron apoyo de nada, se supone que estaba en un centro de readaptación social que está custodiado por las autoridades, se me hace ilógico que un grupo armado entre a las instalaciones que deben estar protegidas y maten a la gente así nomás (sic)”, dijo el entrevistado, quien pidió la reserva de su identidad por temor a represalias.

Lares, quien tenía 20 años al momento de ser asesinado, fue sentenciado a cuatro años de cárcel por el delito de violación y terminaría de cumplir la pena el próximo mes de septiembre.

El entrevistado dijo que las personas presas son seres humanos con derechos y consideró que lo justo sería que la reclamación procediera.

Además, el hermano del interno precisó que la familia no recibió terapia psicológica a raíz de la muerte de Jorge ni información oficial sobre qué fue lo que le sucedió.

“Entró porque la mamá de su novia lo acusó de ese cargo, no tenía que ver nada con la mafia. Mi hermano contaba con la orden de un juez para permanecer aislado de los patios porque lo golpeaban… no tenía que bajar a ningún patio, de repente apareció en un patio”, agregó.

La mamá de Edgar Echaverría Rodríguez, dijo que el homicidio de su hijo les causó una afectación económica y psicológica porque todos son empleados de la industria maquiladora y se vieron en la obligación de conseguir un préstamo para pagar el funeral y por la partida inesperada de él.

“Yo sé que la vida no me la va a regresar, verdad, pero a ver si sirve para que se pongan listos y no dejen, no compren a las autoridades con cualquier cosa para que metan armas ahí. Porque ya ve que hubo balaceras adentro como afuera y esa fue una negligencia de los guardias que estuvieron ahí, de los mismos encargados del penal”, señaló la mamá Edgar Echaverría quien también tiene miedo de hacer pública su identidad.

Edgar Echaverría Rodríguez, tenía 26 años de edad y estaba sentenciado a 16 años de cárcel por el ilícito de homicidio dentro de la causa penal 76/2021, indican datos oficiales.

Él recibió un impacto de bala por la espalda y también hay datos que indican que el arma que lo hirió de muerte fue accionada desde una de las torres de vigilancia del centro carcelario.

“Nadie me avisó, ni siquiera me dijeron que había muerto. Yo me enteré por la comunicación de la gente que se quedó ahí (afuera del penal), como a las ocho de la noche ellos publicaron en el Facebook los nombres, ni del penal me hablaron ni de Fiscalía, yo anduve investigando”.

El otro interno, José Luis Olivas García estaba detenido desde el 2021 acusado de homicidio dentro de la causa penal 4289/21 y al momento que fue asesinado no se había emitido sentencia. Estaba preso como parte de una medida cautelar, indicó el abogado Segura Gamboa.

¿Qué es el daño moral?

Es la afectación de una persona a sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás.

También se define como el menoscabo que sufre una persona en sus bienes o derechos que pueden ser de tipo patrimonial, físico o moral.

Es también un agravio moral, que no se traduce en la pérdida de dinero sino en una lesión a intereses morales.

El artículo 1916 del Código Civil Federal y Ley de Responsabilidad Civil del Estado de Chihuahua contemplan el daño moral.

El monto de la indemnización la fija Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), se establece en la normatividad.

*Esta nota fue realizada por LA VERDAD, integrante de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leerla.