Hace cinco años esta comunidad purépecha de Michoacán inició su proceso para regirse autónomamente. Les  ha costado sangre y encarcelamientos. La falta de recursos estatales dificulta su implementación, pero la comunidad no claudica en su lucha por la autodeterminación

Texto y Fotos: Arturo Contreras Camero

NAHUATZEN, MICHOACÁN.- En esta comunidad, hay dos gobiernos. Uno designado a partir de un proceso autónomo, elegido por el pueblo indígena, y otro, defendido desde el gobierno del estado, al que el pueblo no reconoce y que fue impuesto. Este último busca mantener el control de presupuesto para la comunidad, de 33 millones de pesos, mientras que el otro, el gobierno del Concejo Ciudadano Indígena, quiere tener acceso al recurso para llevar a cabo las tareas de gobierno, como seguridad pública y apoyo a proyectos productivos.

El último golpe a la autonomía, asestado desde el gobierno no reconocido, fue el encarcelamiento de dos de los representantes comunitarios del pueblo con cargos falsos con el fin de desarticular el gobierno del Concejo Ciudadano.

“No quieren dejar el poder, porque Silvano (Aureoles, gobernador del estado) los apoya”, asegura una de las pobladoras del lugar. “Hubo aquí un enfrentamiento. No hubo muertos, pero vinieron los granaderos. Después vino el nombramiento del presidente municipal, porque aquí no han querido aceptar el Concejo desde Morelia”.

“Ya no queremos que se sigan enriqueciendo los políticos que están en el pueblo. ¡Ya que se hagan ricos los pobres! Decimos nosotros y hay que luchar por eso”. El hastío por la corrupción local fue uno de los motores para que este pueblo peleé por su autogobierno.

En este pueblo, habitado por unas 10 mil personas, no es difícil identificar las casas de la clase política. Sus suntuosos palacetes de tres pisos contrastan con el resto de las casas, algunas en obra negra y sin pintar y otras de adobe y madera.

El presupuesto otorgado a la población Nahuatzen, cabecera del municipio con el mismo nombre, le corresponde el 35 por ciento de los recursos asignados. En esta localidad hay otras tres comunidades que buscan su autonomía, si logran su cometido, dejarían sólo el 18 por ciento de los recursos para el gobierno de las instituciones políticas.

Guerra sucia contra la autonomía

Desde 2015 Nahuatzen expulsó a los partidos y al gobierno de las instituciones políticas. Aunado a los malos manejos del gobierno, el acoso del crimen organizado llevó a los habitantes de esta población a desterrar este tipo de gobierno.

“Ya estaba el crimen organizado cobrando derecho de piso a los talleres, a los negocios, a los que cortaban madera. La gente no era libre para salir a las 9 de la noche cuando antes todo era tranquilo y hasta en las horas de la madrugada la gente era libre”, dice Sandra Patricia Irepan, concejal mayor de uno de los cuatro barrios en los que se divide la comunidad.

“Nos levantaban a gente y las dejaban en la orillas del pueblo, cobraban piso. Nuestra región es una zona altamente forestal. La mayoría de la gente hace muebles, a ellos también les cobraban piso”, asegura. 

En 2015, 4 mil votantes, de los 7 mil que hay en la comunidad, desconocieron al presidente municipal en turno, David Otlica Avilés, quien dejó la comunidad y tuvo que establecer una oficina de gobierno en la comunidad de Arantepacua.

Ese presidente municipal quiso entrar a trabajar a Nahuatzen con un cuerpo de seguridad que había traído de Apatzingán, un municipio a más de 150 kilómetros de distancia. “Los policías venían cubiertos y no había manera de reconocerlos y la mayoría estaban identificados abiertamente como delincuentes”, explica la concejal. 

Elecciones espurias y acoso

Hace un año, después de que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles visitara la comunidad, aseguró que en el estado no habría otro Cherán, la primer comunidad del estado que en 2011 tomó el gobierno en sus manos, dejando fuera al sistema político de partidos.

La línea del gobierno estatal fue tan dura que en 2018, con una votación de menos de mil 300 personas (de una población electoral de más de 7 mil), fue impuesto David Otlica como presidente municipal, a pesar de que un año antes, el Tribunal Electoral de Michoacán ya había reconocido al gobierno autónomo de Nahuatzen.

En noviembre de ese año policías municipales y estatales realizaron un operativo en la comunidad que buscaba detener a cinco de los concejales del gobierno indígena, pero sólo detuvieron a tres personas: José Antonio Arriola Jiménez, Gerardo Talavera Jiménez y José Luis Jiménez Meza, quienes hoy permanecen tras las rejas.

A los cinco les imputan el delito de sabotaje, por supuestamente haber robado mil despensas de una instalación gubernamental; sin embargo, esas instalaciones ya no eran administradas por el gobierno municipal y el robo nunca se llevó a cabo. En ese momento también fabricaron delitos por robo de vehículo y robo calificado, aunque dichos cargos fueron desechados.

“Era un día normal cuando supimos que se lo llevaron. Llegaron de Uruapan los (policías) ministeriales, vinieron a agarrarlos como si fuera un delincuente. Entraron a su casa sin ninguna orden de aprehensión o de cateo porque disque tenía armas. Él estaba en su casa, descansando, y así lo sacaron, casi encuerado y así se lo llevaron”, cuenta la madre de José Antonio Arriola, uno de los tres detenidos. 

Gobernar sin recursos

Este 17 de febrero la comunidad de Nahuatzen celebró el Día de la Candelaria. Los concejales organizaron una reunión popular en la que sirvieron pozole a los asistentes. También recibieron a una Misión Civil de Observación de Derechos Humanos que está documentando el atropellado proceso de la autonomía de las cuatro comunidades de este municipio.

La fiesta es un claro ejemplo de la organización comunitaria. “Mire, aquí afortunadamente somos personas muy nobles, somos todos los que decidimos que este cambio (de gobierno) fuera diferente. Sabíamos que no nos metíamos a algo fácil y sabíamos que se necesitaban de mucha cooperación”, dice Gloria Herrera Ruan, otra de las concejales del pueblo.

Actualmente, el concejo de gobierno opera con las aportaciones que hacen los pobladores. “Cada quien aporta lo que tiene. Todo es bienvenido. Todo esto se ha venido y se ha aguantado gracias a la aportación de la misma gente, pero desde febrero de 2019 nadie ha recibido ninguna aportación”, asegura.

El gobierno indígena de Nahuatzen tuvo acceso al presupuesto municipal de julio de 2018 a febrero de 2019, después, los recursos fueron acaparados por el presidente municipal en turno, lo que ha menguado su funcionamiento.

“En su oportunidad tuvimos a 120 personas en la Ronda Comunitaria, para nosotros era un tema que nos hacía sentir bien. En ese entonces habíamos detenido la violencia ocasionada por propia población”, cuenta orgullosa Gloria. Hoy, sin recursos la Ronda cuenta con poco más de 20 efectivos.

El financiamiento de la seguridad pública no es el único retraso que enfrentan en la comunidad. “Es una población muy grande pero carecemos de servicios. Todos los días tenemos la incertidumbre del abasto del agua y tampoco hay drenaje”, explica Sergio Ramírez, concejal del barrio primero de Nahuatzen.  

Las escuelas tampoco han sido restauradas, no se les ha dado mantenimiento. La clínica de la lugar, que da atención a gran parte del municipio y a poblaciones vecinas tampoco ha recibido recursos. El cuidado de los bosques, la principal actividad económica del municipio, tampoco se ha podido llevar a cabo de manera adecuada.

“Hay que reconcerles que en ellos se enfrentan los incendios sin recompensa, sin equipo, se hicieron diferentes llamados a los gobiernos de los estados, a las instancias de procuración ambiental, pero no pasa nada”, añade el concejal.

La huella de Cherán

Nahuatzen está a 30 minutos de Cherán, la primera comunidad autónoma del estado. Uno de los principales motivos de la autonomía de este otro municipio fue la devastación a sus bosques por parte de cárteles de talamontes.

Los pobladores de Nahuatzen aceptan que el grado de deforestación en sus tierras no se compara con el que sufrió Cherán, sin embargo, sin los recursos necesarios hacerle frente resulta casi imposible, pues no hay dinero para financiar a los guardabosques, que, durante los ocho meses que funcionaron con recursos del presupuesto, lograron parar la tala en un 85 por ciento.

“Aquí la gente sigue talando sin ningún control”, explica Sergio. “Mucha gente subsiste talando los pinos y no podemos ofrecerles algo para que dejen de hacerlo. Se nos salió un poco de control porque no había recursos para pagar a los guardabosques”.

Una de las principales acciones del gobierno indígena apuntaba a reforestar los bosques del municipio y llevar a cabo una explotación controlada de la madera. Para ello, empezaron a rescatar un vivero de pinos en las faldas del cerro del Pilón. Hoy, ese vivero está abandonado y subsiste por el compromiso de quienes lo atienden.

“Esto lo hacemos por la comunidad, no es por ninguna otra razón. Este vivero había estado abandonados desde hace muchos años, ahora que lo empezamos a recuperar funcionaba bien, pero sin recursos, no hay manera”, asegura Sergio.