Este martes la Fiscalía de la Ciudad de México ordenó la entrega a la CNDH de uno de sus inmuebles que, desde 2020, estuvo ocupado por colectivas feministas que demandan justicia por la violencia en contra de las mujeres del país. Las tres mujeres detenidas el pasado 15 de abril se encuentran recluidas en el penal de Santa Martha Acatitla
Texto: Alejandro Ruiz
Fotos: Isabel Briseño
CIUDAD DE MÉXICO.- Quedan pocos minutos para las 14 horas. Estamos afuera de República de Cuba número 60; la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que hasta hace unos días estaba tomada por colectivas feministas agrupadas en una Okupa. El 15 de abril 200 policías desalojaron y detuvieron a tres mujeres.
Antes de ese viernes, este lugar albergaba a mujeres e infancias que vivían en este inmueble, el cual fue ocupado por feministas desde septiembre de 2020 para exigir justicia ante los casos de la violencia de género que viven las mujeres en el país. Hoy, patrullas y funcionarios públicos rodean el edificio.
Un hombre en la puerta tiene una libreta; en ella toma lista de los medios de comunicación que asisten a testificar las condiciones en las que el inmueble se encontró después del desalojo.
“Solo tienen quince minutos”, dice el funcionario público, mientras fotógrafas y reporteros entran por la puerta.
Tan solo hace unos días, las manifestantes organizaban actividades culturales y ‘boteos’ en la zona para financiar su causa. Uno de esos días, sin embargo, integrantes de la okupa agredieron a una adulta mayor que se negó a apoyarlas económicamente.
Este hecho ha polarizado la opinión pública; hay quienes denuncian que se hizo un uso excesivo de la fuerza para el desalojo; otras personas aplauden esto. Colectivas que antes acompañaron este proceso han denunciado que no se han respetado los derechos fundamentales de las mujeres detenidas.
Desde hace meses, el movimiento que ocupaba esta sede de la CNDH presentaba rupturas internas. Desde hace meses hay quienes no se identifican con la okupa, pero también quienes sí.
Dentro del edificio, que hoy luce abandonado; pintas y consignas en las paredes de la Comisión dan cuenta de un proceso largo que recibió a cientos de feministas de distintas regiones del país y el mundo.
“Solo tienen quince minutos”, repite aquel hombre, acompañado de policías mientras la prensa entra al edificio. Luego, indignado, le dice a un reportero “miren cómo dejaron el inmueble”.
Un cartel en la entrada lo dice todo:
“No quiero flores, quiero que dejes de encubrir a tus amigos violadores”; la okupa, pese a sus contradicciones, era un refugio para las mujeres que sufrieron violencia.
Los funcionarios que guían el recorrido, sin embargo, no hacen hincapié en el cartel o su mensaje; se limitan a señalar los cartones de cerveza que están botados al fondo.
“Y esto hacían aquí”, dice el mismo hombre que nos recibió.
Una de las actividades que la okupa realizaba para financiarse era hacer fiestas y eventos donde, además de música y actividades culturales, vendían bebidas alcohólicas. Los vecinos de la zona lo sabían.
Los juguetes infantiles y materiales didácticos que parecían arrumbados al fondo dan cuenta que, además de fiestas, las integrantes de la okupa también albergaban a niñas y niños. Las paredes, además de consignas, tenían pequeñas manos de colores, tal vez de niñas o niños, posiblemente de algún taller o actividad que cotidianamente se realizaba ahí.
En el patio central, además de los colores, estaba un altar con la santa muerte. Al centro, dos imágenes rodeadas de objetos diversos se postraban como ofrendas.
Previamente, a través de redes sociales, circuló un video de una integrante de la okupa donde explicaba que esos objetos habían sido arrebatados a sus agresores: cascos de policías, mobiliario de tránsito, botellas de vino, velas, y otras cosas era lo que ahí estaba puesto.
Detrás del altar estaba la cocina, con una olla abandonada. Un letrero instaba a las manifestantes a limpiar su plato. De frente, en otra oficina, las donaciones recibidas se agrupaban: papel de baño, toallas sanitarias, medicamentos, latas de conservas.
“Están mejor surtidas que un Dr. Simi”, dice un funcionario de la CNDH, en tono irónico. Las provisiones, sin embargo, provenían de donaciones.
Al subir las escaleras se encuentran las oficinas de la comisión. Un amplio espacio, de madera, que en sus paredes albergaba cuadros de próceres de la Revolución e Independencia de México.
Hoy, estas oficinas están intervenidas, con un vidrio roto en el piso. En un pasillo, el retrato de José María Morelos se encuentra intervenido con pintura. Lo demás, aunque desordenado, está normal.
El cenicero en la oficina central se encuentra lleno de colillas. Al frente, lo que antes era un muro, hoy decía:
“Okupa Feminista”
Al fondo, un par de oficinas después, un colchón frente a los televisores de la CNDH tenían un dvd conectado.
Fuera de la oficina, la ropa de las manifestantes, junto con sábanas y colchas, aún estaba tendida frente a un letrero que dice “la casa del pueblo”.
Mediante un comunicado, el coordinador General de Asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, informó que las tres mujeres detenidas fueron vinculadas a proceso después de una audiencia inicial celebrada el pasado lunes por delitos contra la salud.
Las tres acusadas actualmente están en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla hasta que se determine su responsabilidad en los hechos.
Asimismo, la Fiscalía capitalina resaltó la entrega formal del inmueble a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en cumplimiento a una orden de cateo.
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