Colectivos de búsqueda de personas denunciaron el incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades de Morelos para la identificación de los cuerpos hallados desde 2016. También advirtieron la reducción de los recursos para el consejo ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda por parte del gobierno de Cuauhtémoc Blanco

Texto y fotos: Heriberto Paredes 

Las organizaciones de familiares de personas desaparecidas en Morelos denunciaron el incumplimiento de los acuerdos establecidos respecto a la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad por parte de las autoridades.

Los colectivos y las integrantes del Consejo Estatal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, sin embargo, no han frenado los trabajos de búsqueda. Ni la pandemia ni el olvido de las autoridades han logrado detenerlas.

Este lunes dieron una conferencia de prensa con los datos y demandas más recientes relacionados a su lucha, y sobre las fosas comunes irregulares y ocultas en Tetelcingo (exhumadas entre mayo y junio de 2016) y Jojutla (exhumadas parcialmente entre marzo y abril de 2017).

Las organizaciones subrayaron tres puntos fundamentales. 

Jojutla: impune y sin avances

Señalan en primer lugar el nulo avance en la investigación de la fosa de Jojutla. Hasta la fecha «ningún funcionario del servicio forense, ningún fiscal, ningún funcionario de la municipalidad de Jojutla ha sido imputado penalmente por las graves irregularidades encontradas».

En esa fosa común irregular se hallaron 84 cuerpos, la mayoría sin carpeta de investigación, aunque oficialmente se hablaba de 35 cuerpos. Se encontró evidencia de procedimientos irregulares, así como de ropa, armas blancas, niñas, niños, y mujeres maniatadas. Las familias estiman que pudiera haber más de 100 cadáveres todavía enterrados.

La exhumación de los cuerpos se realizó con la participación de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM), la extinta Procuraduría General de la República (PGR), la División Científica de la Policía Federal, así como con peritos independientes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

El coordinador del Servicio Forense de la Físcalía estatal, el doctor Sebastián Nava, no ha dado ningún resultado en tres años. Esto incluye la no comparación de material genético con 45 familias que estuvieron presentes en las exhumaciones en Jojutla y del resto del país. Los señalamientos dejan claro que no hay un interés por investigar y que, más allá de los números oficiales de las personas que desaparecen, aún quedan muchas cosas por hacerse para avanzar en su búsqueda y localización, con o sin vida.

Funcionarios obstaculizan búsquedas

En segundo lugar, las organizaciones de familiares denunciaron el incumplimiento de acuerdos establecidos el pasado 20 de enero con el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara. Los acuerdos incluían la instrucción del fiscal de dar acceso a las carpetas de investigación en beneficio de las familias y las organizaciones; en particular al fiscal Especial en Desaparición de Personas. También se mejoraría la atención y trabajo de los Ministerios Públicos en beneficio de la identificación e inhumación de casi 500 cuerpos que permanecen en los Servicios Médicos Forenses (Semefos) de Morelos. 

Esto, sin embargo, no ha sucedido. «La Fiscal Especial en Desaparición Forzada Lic. Zaira Janet Lulo Juan, y el Coordinador de los Servicios Forense de la FGEM, Dr. Sebastián Nava desconocen las órdenes del Fiscal del Estado, obstaculizan las actividades de búsqueda y de investigación penal, y continúan bloqueando el acceso a la información de las víctimas», denunciaron.

A consideración de las organizaciones de familiares, el trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda resulta imposible sin la colaboración de la Fiscalía.

En tercer lugar, el Consejo Estatal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, órgano de supervisión ciudadana en la búsqueda de personas desaparecidas en el estado, se ha visto afectado por la disminución de presupuesto. Esto se refleja en la ausencia de casi la mitad de sus integrantes. Pese a que la Ley General en Materia de Desaparición señala que este Consejo debe contar con al menos 11 integrantes y con presupuesto adecuado para su funcionamiento. Actualmente, bajo pretexto de la emergencia sanitaria, nuevamente se ha ha suspendido el funcionamiento de este mecanismo.

A medias

«El Consejo Estatal Ciudadano es el único espacio que tienen las familias y las personas de la sociedad civil para participar en las actividades de búsqueda», recordó Ina Zoon, una de sus integrantes.

De ahí la importancia de este espacio y la necesidad de apelar a las autoridades para que se cuente con el presupuesto que le corresponde y se asegure así su participación adecuada en los procesos de búsqueda.

El gobierno de Morelos, encabezado por el futbolista Cuauhtémoc Blanco, que llegó a la gubernatura con la coalición del Partido Encuentro Social y Morena, no ha incluido el presupuesto necesario para este Consejo. La omisión del gobernador es también una manera de limitar la búsqueda y la participación de las familias en este proceso. Esto debido a que se trata de fondos para materiales y gastos básicos, sin incluir sueldos, ya que este trabajo es honorífico.

Pareciera ser que el trabajo oficial para buscar a las personas desaparecidas se realiza a medias. Los acuerdos entre las autoridades estatales y las familias no se cumplen por parte de los funcionarios; se da a conocer el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero su metodología depende de fiscalías estatales y no es pública. Así, es imposible saber si el número actual de 73 mil 296 personas consideradas desaparecidas o no localizadas es real a nivel nacional.

«Estamos bien contentas de que hay números oficiales en el nuevo registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, sin embargo, los números no son suficientes. Desde las organizaciones y los expertos de derechos humanos, creemos que se deben de hacer públicas las bases de datos para que todos los periodistas, las organizaciones, puedan ver la metodología utilizada y los detalles de estas bases de datos. Es un primer paso, pero se debía de mucho tiempo y espera la continuación para hacerse real».

No todo son fosas clandestinas

A finales de 2019, la documentalista Carolina Corral destacó la necesidad de «que el Estado empiece a nombrar sus fosas clandestinas y a reportarnos sobre la situación de los cuerpos en ellas, de lo contrario, todo nombramiento sigue siendo un simulacro que devela información a medias. Necesitamos saber cuántas fosas comunes fueron y siguen siendo usadas para terminar de desaparecer personas, quiénes están enterrados allí, qué les pasó y por qué no se hizo investigación al respecto», así lo consignó en el sitio A dónde van los desaparecidos. Las fosas de Jojutla y Tetelcingo son dos de los ejemplos, tristemente emblemáticos, de esta situación, sin embargo, no los únicos.

A comienzos de mayo de 2019, en otro estado del país y en otro contexto de búsqueda, ocurrió un fenómeno similar, aunque a escala más pequeña: tras la revisión de expedientes de la Unidad Forense de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía de Michoacán, algunos familiares en búsqueda lograron identificar a un joven de 31 años que –si bien sí recibió necropsia– había sido enterrado en la fosa común del municipio de Zitácuaro. 

Antes de la identificación, se le preguntó a las autoridades de la Fiscalía si en el municipio existía fosa común y si había un registro de las personas no-identificadas inhumadas. Los funcionarios respondieron que no.

El cuerpo de este joven fue enterrado en una fosa irregular municipal que hicieron funcionarios periciales, quienes sabían el lugar preciso donde le inhumaron. Sin embargo, no se sabe el número de personas enterradas en este lugar. Tampoco si se usan con frecuencia esa o varias secciones de ese panteón como fosa común. Cuál es la metodología para señalar estas inhumaciones ni qué hizo que en ese caso en particular la identificación formal y la entrega del cuerpo se lograran completar en menos de cinco horas.

«Creemos –continúa Ina en la conferencia sobre las fosas de Morelos– que hay una tendencia en enfocar la conversación sobre las fosas clandestinas en este país, como si el crimen organizado fuera el único que está intentando ocultar cuerpos, y la conversación –me refiero a la respuesta de la administración– no se ha enfocado en la situación de fosas comunes, donde las fiscalías estatales están enterrando y desapareciendo por segunda vez cientos de cuerpos de personas que se clasifican como no identificados, aunque no hay o no hubo esfuerzos de identificarlas».

Las fosas de Jojutla y Tetelcingo son el mejor ejemplo de actuación irregular de una fiscalía estatal. Tras 895 días de incumplimiento de acuerdos, las familias y organizaciones de Morelos están decididas a poner en el debate público la situación de la fosas comunes irregulares de México.

Exigencias de las familias en búsqueda

Durante esta conferencia también se planteó, por parte de las organizaciones y familiares de personas desaparecidas, una serie de peticiones específicas, entre las cuales resalta la necesidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del caso Jojutla y tome en sus manos la identificación forense de los restos exhumados desde el 2017.

Otra de las exigencias es que se sancione, disciplinaria y administrativamente a los funcionarios que han obstruido el proceso de búsqueda en Morelos, particularmente a Sebastián Nava y a la fiscal especial, Zaira Janet Lulo Juan. De igual manera, se exige que la Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada por Alejandro Encinas, dé seguimiento a estos casos y que no se lleven a cabo más inhumaciones sin que se haya cumplido el protocolo de identificación forense.

El pliego de exigencias completo puede ser consultado en este enlace. 

“Volverte a ver”

En la persecusión de la verdad, la justicia, y la dignidad de las familias que buscan a personas entre la tierra, en salas de hospitales, reclusorios, calles y parajes los gobiernos son parte sustancial del problema. 

El documental es un arma poderosa que puede despertar sentimientos y remover conciencias; puede revelar datos, información, dotar de perspectivas nuevas los procesos que a veces no permiten ver más allá del día a día. La película ‘Volverte a ver’ es un arma poderosa porque devela la otra versión de los hechos y la contrasta con las posturas de funcionarios públicos, desde el ex gobernador, Graco Ramírez, hasta la ex diputada Hortensia Figueroa. El fime representa un golpe duro a la narrativa criminal que se construye todos los días desde las instituciones del Estado mexicano.

Este trabajo documental se construye a través de la narrativa de las mujeres que trabajaron en la fosa de Jojutla. Se trata de las voces de mujeres que van registrando uno de los dolores más grandes de este país.

El documental, dirigido por Carolina Corral, con una cercanía respetuosa e incisiva, pone el acento en las fosas irregulares y en la participación activa del gobierno mexicano –en todos sus niveles– en la consolidación de la desaparición de personas. 

Es un material valioso que nos ayudará a comprender cómo funciona la imposición de la política de seguridad militar, sin bandos, sin historias de telenovela.

Al terminar de ver el documental, resuenan las palabras con las que concluyó la conferencia de prensa de aquellas mismas mujeres que siguen buscando, a pesar de todo:

La búsqueda, señalaron, no se detiene hasta que, eventualmente, la persona desaparecida sea entregada sin vida a su familia, o se encuentra a la persona con vida.

«Existen tres etapas que deben seguirse cuando hablamos de personas sin vida: una etapa forense, donde el servicio forense debe de respetar el Protocolo de Identificación Forense, y armar la carpeta que debe contener los pasos del protocolo aplicado para el caso de todos los cuerpos que no tienen una identificación. Después se tienen que hacer todas las diligencias posibles, por parte de la Fiscalía, para intentar identificar a estas personas fallecidas y dar con sus familias. Luego de hacer todo esto, una vez identificadas, se deben entregar sus restos a su familia, en condiciones dignas. Finalmente, a la Fiscalía le toca hacer de conocimiento general los resultados: cuántas personas se han identificado y cuántas no y cuándo y cómo se entregaron restos a la familia. Todo esto no pasa en Morelos».