Integrantes de la Demanda Colectiva contra el Maíz transgénico denunciaron que el juez Víctor Miguel Bravo Mendoza emitió una sentencia que faculta a la agroindustria a sembrar maíz transgénico en México, aunque desde 2021 la Suprema Corte lo impidió. La sentencia fue apelada, por lo que hasta el momento no tiene efecto

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Carolina Jiménez / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – El juez titular del juzgado décimo segundo de distrito en materia civil, Víctor Miguel Bravo Mendoza, asestó un nuevo golpe a la defensa del maíz nativo en México, fallando a favor de la agroindustria para que pueda sembrar maíz transgénico en el país.

Su decisión, paradójicamente, la tomó en el día nacional del maíz, mientras colectivos se manifestaban en la Ciudad de México.

La resolución del juez fue en contra de la Demanda de Acción Colectiva contra la siembra de maíz transgénico en México. La demanda se interpuso desde 2010. La promovieron 53 personas, entre ellas representantes de veinte organizaciones de productores campesinos, apicultores y derechos humanos, así como artistas e investigadores.

De acuerdo con un comunicado de esta colectividad: «El juez se limitó a hacer un análisis formalista, sin estudiar a fondo las pruebas de origen científico aportadas por la Colectividad».

Además, afirman, omitió considerar los impactos que esta demanda tiene para las generaciones presentes y futuras del país.

Y aseguran que el juez «omitió ponderar el interés social de todas las personas que consumen o producen maíz, protegiendo los intereses particulares de la agroindustria».

Comunidad apela y congela sentencia: la siembra de maíz transgénico sigue siendo ilegal

Aunque la resolución fue en contra de la demanda colectiva de 2010, la siembra del maíz transgénico sigue prohibida en México.

Esto, por una medida cautelar establecida por la Suprema Corte en 2021, la cual prohíbe la siembra comercial de maíz transgénico en nuestro país.

Además, aunque ya se emitió una sentencia, la Colectividad Demandante en Defensa del Maíz apeló la decisión del juez.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la agroindustria quiere echar abajo las medidas restrictivas a la siembra de maíz transgénico en México.

Por ejemplo, en 2016 las empresas Bayer-Monsanto, Syngenta, PHI México y otras promovieron un amparo. Este amparo tenía la intención de levantar la Medida Precautoria que prohibía definitivamente la siembra comercial de maíz genéticamente modificado en México.

La resolución fue desfavorable para la agroindustria, quienes también han combatido el decreto presidencial que limita el uso de glifosato en el país y prohíbe totalmente el uso de maíz transgénico para la alimentación humana.

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El conflicto no es nuevo

En 1988 el gobierno mexicano autorizó, por primera vez, la realización de pruebas de campos de cultivo de jitomate genéticamente modificados, o transgénico. 

Este hecho comenzó a abrir la puerta para que este tipo de pruebas comenzaran a aplicarse con otros cultivos. Entre ellos el maíz, la soya y el algodón. 

Los efectos en la contaminación de los plantíos fueron evidentes, particularmente en los de  maíz, donde la acelerada introducción de los transgénicos afectó a las variedades de maíz nativo. Y también a los suelos y otros cultivos asociados a la milpa como la calabaza. 

Esto orilló a que, en 1998, la recién formada Comisión Nacional de Bioseguridad Agrícola estableciera una moratoria a la siembra de maíz genéticamente modificado en todo el país. El objetivo, proteger a la especie.

Como en otras regiones de Mesoamérica, México es considerado como un centro de origen del cultivo. 

Pese a esto, las relaciones comerciales derivadas del TLCAN introdujeron semillas de maíz transgénico al campo nacional.

Para 2004, de acuerdo con la Revista Biodiversidad, Sustento y Cultura, México llegó a importar de Estados Unidos un tercio del maíz que se consume en el país.

Esta dependencia fue alimentada por la destrucción de los organismos públio que regulaban la producción y comercialización nacional. La Consaupo es un ejemplo de ello.

Su destrucción llegó con la presencia generalizada de los transgénicos en el campo mexicano. Esto puso en peligro a las cientos de miles de familias campesinas e indígenas que por siglos han vivido del cultivo de maíz.

Los beneficiarios de esta nueva modalidad comercial fueron las empresas transnacionales. Las mismas que desde 2008 controlan más del 80% del mercado comercial de semillas a través de patentes.

Entre estas empresas se encuentran Bayer-Monsanto, Syngenta, DuPont, Bayer. Todas con negocios en los campos de cultivo mexicano. Actualmente estas empresas también integran la mesa directiva de La Asociación Mexicana de Semilleros.

En un estudio elaborado en 2001 por Ignacio Chapela y David Quist, publicado en la revista Nature, se revelaron los altos niveles de contaminación del maíz nativo en regiones de Oaxaca y Puebla. Todo esto a raíz de la introducción de los cultivos transgénicos. 

Por eso, en 2002 cientos de comunidades campesinas e indígenas, así como organizaciones ambientales y de la sociedad civil, conformaran la Red en Defensa del Maíz. Esta organización realizó muestreos en otras regiones del país. También promovieron acciones legales, políticas y sociales para la defensa del maíz nativo. 

Los foros y encuentros que sostiene la Red desde 2002 han enfatizado en la importancia de entender al maíz como un eje rector de la vida en común de miles de pueblos y comunidades campesinas e indígenas de México. Los usos de este cultivo no solo se atienen a la alimentación, sino que implican toda una relación cultural, orgánica y política de los territorios.

El Estado mexicano, sin embargo, no escuchó las demandas y el eco internacional de las exigencias de la Red en Defensa del Maíz.

Al contrario, profundizó más la dependencia.

En 2004, bajo el mandato de Vicente Fox, se aprobó la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, mejor conocida como “Ley Monsanto”. 

En 2009, durante el sexenio de Felipe Calderón, se eliminó la moratoria establecida desde 1998 para frenar la siembra de maíz transgénico en el territorio mexicano. También se autorizó la siembra experimental de maíz transgénico operada por las empresas Bayer-Monsanto, Syngenta, PH México (una fusión entre DuPont y Pioneer) y Dow. 

A partir de esto, y tras una serie de acciones internacionales y amparos en contra de otros cultivos como la soya transgénica, en 2013 la Fundación Semillas de Vida, en conjunto con la Colectividad Demandante en defensa del Maíz Nativo, ganaron un juicio en el que se prohibía la siembra comercial de maíz transgénico en México y se regulaba el cultivo experimental.  

Con todo este contexto, y ante la decisión del juez, la Colectividad Demandante en defensa del Maíz Nativo concluyó su comunicado con un dato duro:

«No debería haber presencia de transgénicos en el país, pues no ha sido autorizada su liberación. Sin embargo, el INECC detectó 89 muestras ilícitas de maíz transgénico en 6 Estados, mientras que SENASICA ubicó 129 muestras ilícitas en 17 estados de la República, loque muestra que una vez sembrados y liberados, los transgénicos son incontrolables».