Consejeros de la junta de gobierno interna denuncian que, tras la cancelación del fideicomiso que financiaba las medidas cautelares del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, se inició un proceso de debilitamiento que, ante la violencia que vive el país, ha puesto en riesgo a quienes comunican o defienden las causas sociales. 

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: María Ruiz/Archivo.

CIUDAD DE MÉXICO. – En 2020, el gobierno federal anunció el cierre de una serie de fideicomisos que se destinaban al financiamiento de programas o beneficios sociales. Entre los espacios afectados estuvo el Mecanismo de Protección a periodistas y defensoras de derechos humanos. 

Este mecanismo, aunque con falencias, ha permitido a cientos de personas en riesgo poder acceder a una serie de medidas que, en algunos casos, les ha salvado la vida. 

La medida presidencial, fundamentada en combatir la corrupción en la distribución de recursos, fue duramente criticada; principalmente porque no se presentó una alternativa concreta para garantizar el pleno funcionamiento de estos mecanismos. 

Las consecuencias de esto, aunque no de forma directa, se han reflejado en el aumento en las agresiones hacia periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Tan solo en lo que va del año, de acuerdo con el gobierno federal, ha habido 9 asesinatos de periodistas. 

Asimismo, la desaparición y asesinato de defensoras y defensores comunitarios también ha sido constante; apenas este lunes el activista afromexicano Humberto Valdovinos fue asesinado en Oaxaca. Él, como otros más, estaba en el Mecanismo de Protección. 

Estos hechos provocaron que, el 24 de mayo, integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México emitieran un pronunciamiento expresando su preocupación ante este proceso de debilitamiento. 

“El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México informa su preocupación ante la aprobación, por parte de las autoridades y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) -que forman parte de  la Junta de Gobierno-, para ceder a la Coordinación Nacional del Mecanismo la discrecionalidad de definir el catálogo de medidas para la protección de las personas beneficiarias”, expresaron. 

En entrevista con Pie de Página, la periodista Alicia Domínguez Medina, quien además es consejera del mecanismo en el estado de Baja California, expresó su preocupación ante las medidas que ha implementado el gobierno federal para la protección de defensores y periodistas. 

“Hay un proceso de debilitamiento del mecanismo que se emprende desde los responsables de operar el mecanismo; e inicia cuando desaparece el fideicomiso de protección para periodistas”, expresó. 

Una medida unilateral

Domínguez Medina enfatizó en que, uno de los puntos que comenzaron a generar inconformidad con las y los consejeros del mecanismo de protección es el hecho de que las decisiones de recorte presupuestal fueron tomadas de manera unilateral; cuando por obligación, expresa Alicia, deben consultar al Consejo estas decisiones.

“Nosotros, como parte de la junta de gobierno, del consejo, tenemos la facultad de estar en la toma de decisiones, pero nos excluyeron”, señaló. 

Asimismo, otro de los puntos que preocupan a las y los consejeros es el hecho de que, aunque han solicitado información sobre las formas de financiamiento del mecanismo, no han recibido respuesta. 

“Nunca se nos ha informado, aunque lo hemos solicitado varias veces por escrito, y bien fundamentado, cómo quedó la parte financiera; cómo quedó el fideicomiso. Necesitamos que haya una claridad de cómo cerró. No sabemos a partir de que desaparece cómo viene el financiamiento de de las medidas de protección”, detalló.

Este proceso, afirma Alicia, ha provocado que el mecanismo se encuentre en un proceso de debilitamiento. Pues al reducir el presupuesto, y al no haber una alternativa de financiamiento, las medidas cautelares han ido perdiendo eficacia. 

Un mecanismo deficiente 

Alicia es parte del mecanismo; conoce cómo funciona; lo ha visto operar. Por eso, sus palabras no son menores. 

La consejera en Baja California relata que, a partir del recorte presupuestal, algunas medidas de protección se han retirado a periodistas y defensores. 

“Viene el retiro de medidas a quienes están en protección; porque supuestamente ya no están en riesgo; pero vemos que las agresiones van en aumento. Como consecuencia de la desaparición del fideicomiso, emprende el CEN (los responsables de operar el mecanismo) una serie de medidas; por ejemplo, algo muy riesgoso, es que les envía a los gobiernos estatales la responsabilidad de la protección, cuando a veces ellos son los agresores”, explicó. 

De igual forma, puntualiza, los mecanismos estatales no cuentan con financiamiento suficiente para hacer frente a estas necesidades. Actualmente los únicos mecanismos estatales que cuentan con recursos propios son el de la Ciudad de México y Veracruz. 

“Ningún estado tiene presupuesto, ni tiene metodología de riesgo; tampoco conocen estándares internacionales de protección”, expresó. 

Esto, lamenta Alicia, ha derivado en el asesinato de varios periodistas en el país. Como ejemplo, enuncia, están los casos de sus colegas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. Ambos eran parte del mecanismo estatal. 

“También asesinaron al hijo de un periodista, pero entre tanta preocupación no le dimos la atención necesaria, y eso es grave”, agregó. 

Un futuro incierto

Alicia agrega que, una de sus preocupaciones, es la falta de respuesta a las solicitudes que el consejo del mecanismo ha presentado ante las autoridades. 

“No sabemos si esto implica una reducción de medidas, o modificaciones”, añade. 

Su temor deriva de una medida unilateral tomada por la Comisión Ejecutiva Nacional  del Mecanismo de Protección, en donde firmaron un contrato para un anexo técnico en las medidas de protección. 

“No sabemos si esto se traducirá en la disminución de medidas cautelares, o de infraestructura, modificaciones para otorgar la protección a la casa, retiros de escolta o automóviles (…) Tampoco sabemos si estas determinaciones modificarán la evaluación en los niveles de riesgo”. 

Para ella, una alternativa concreta para reforzar el mecanismo estriba en adoptar las medidas que la oficina del alto comisionado de la ONU en México emitió en coordinación con el consejo. Estas medidas, explica Alicia, están más enfocadas en la prevención y reparación del daño. 

“Hay una gran falencia en el mecanismo que nunca ha funcionado y es la parte de prevención. Como consejeros nos hace mucho ruido que cuando hay alguien desplazado se le retorne a su entidad sin nada; sin plan de retorno o una serie de medidas; son medidas de papel, hacia allá se está yendo la protección”, lamenta la consejera. 

Alicia concluye que, para mejorar el Mecanismo de protección hace falta un interés real del Estado en atender estos casos. También se necesita fortalecer el marco normativo, y aspirar a una ley general que tome como base las necesidades y experiencias del gremio y defensores de derechos humanos para su realización. 

Pero sobre todo, agrega, “cerrar filas”. 

“Hay que hacer un llamado a periodistas y defensores, pero sobre todo a periodistas, que es un gremio difícil y desunido, a cerrar filas”.

Hasta el momento las autoridades del mecanismo no han respondido las solicitudes del consejo; por lo que en los próximos días estarán presentando nuevos oficios para exigir el esclarecimiento en la modificación de las medidas.