El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se buscará un acuerdo ante las demandas que hizo la empresa china Ganfeng Lithium ante un tribunal del Banco Mundial. Esta no es la primera vez que una empresa extractivista pelea internacionalmente contra México

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO. – Ganfeng Lithium, y otras dos empresas británicas, promovieron un arbitraje contra México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. El motivo: disputar el litio del país.

La noticia la reportó el 24 de junio El Financiero, y después, durante una de sus conferencias, el presidente López Obrador reconoció que México enfrenta un litigio internacional. Y añadió que detrás de esto está la cancelación de nueve concesiones de litio en Sonora.

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Sobre esto, el presidente aseguró que su gobierno buscará un arreglo con la empresa, pero afirmó que México acudirá ante el Banco Mundial “para defender nuestro derecho”.

“Hace relativamente poco, hace tres meses, estuvo por acá el encargado de la diplomacia china y le traté el tema, y tiene que haber un acuerdo porque el litio se nacionalizó y no queremos que participen empresas particulares. Sí puede llevarse a cabo alguna asociación, pero con el predominio del interés nacional”.

La disputa por el litio

Desde 2018, la empresa Ganfeng Lithium empezó a explorar diferentes yacimientos en el municipio Bacadehuachi, Sonora, donde se presume está la mayor reserva de este mineral en el país. 

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Sin embargo, en febrero de 2023 el presidente López Obrador firmó un decreto que nacionalizó la minería y explotación del litio por su importancia estratégica. Después del decreto, la Secretaría de Economía canceló las concesiones que habían sido entregadas a estas empresas con ese mismo fin.

Después de la cancelación de las concesiones, los corporativos afectados presentaron recursos de revisión administrativa ante la Secretaría de Economía y ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para impugnar dichas resoluciones, sin resultado alguno.

Hasta 2019, el gobierno de México había pagado a empresas trasnacionales 242 millones de dólares por proyectos extractivos cancelados. Esto, por una «cláusula de controversias entre inversionistas y Estado”, incluida en prácticamente todos los tratados comerciales que se han firmado desde la década de los 60.

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En 2020, la exsecretaria de Economía, Graciela Márquez Colin, aseguró en entrevista que, ante la política federal de no otorgar más concesiones a proyectos mineros, el Estado mexicano enfrentaba 17 juicios promovidos por mineras para pelear indemnizaciones que ascendían a casi 12 millones de dólares.

Estos juicios, además, representan un gasto para el Estado mexicano que no puede cubrir, según dijo Márquez Colin.

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“Nosotros consideramos que el litio es de la nación. Antes habían entregado esa concesión, y consideramos que se entregó de manera genérica, no en específico para el litio, sino para la minería, y pensamos que no aplica el que se esté haciendo este reclamo”, añadió el presidente López Obrador. 

El siguiente paso de esta queja presentada por las empresas chinas es que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones constituya un tribunal y que los implicados presenten sus posiciones respectivas en las fases escritas y orales.