La presión ciudadana logró que la Suprema Corte suspendiera este lunes 19 de enero la discusión de un polémico proyecto que avalaría el artículo 60. Dicha normativa, modificada en 2019, debilita las garantías contra desalojos forzosos en la Ciudad de México al permitir procedimientos sin audiencias previas claras ni protección real para las familias

Texto y fotos: Jade Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO. – El lunes 19 de enero por la mañana, la Ciudad de México ya iba tarde; los pasos se aceleraban sobre la banqueta y el café se tomaba de pie, a medias, antes de entrar a la oficina. Afuera de la Suprema Corte de Justicia, sin embargo, el tiempo era distinto.

Ahí, frente al edificio que decide en nombre de todos, se reunieron familias, personas mayores, mujeres, jóvenes y colectivos enteros para recordarnos que se está llevando a cabo una lucha y una causa que a todos nos debería concernir: que la vivienda no es una mercancía, que los despojos aún están sucediendo y que no se puede seguir normalizándolos.

El mitin comenzó temprano, como comienzan los desalojos: de madrugada, sin aviso, cuando la ciudad aún no despierta del todo. La estrategia de movilización, que incluyó el bloqueo pacífico de los accesos al edificio, fue contundente y logró su objetivo inmediato: retrasar y finalmente postergar la sesión plenaria de la Corte donde se analizaría el polémico proyecto de la ministra María Estela Ríos González, que buscaba validar el artículo 60.

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El despojo como política cotidiana

Las mantas hablaban de direcciones concretas: República de Cuba, Mar Blanco, Antonio Caso y Chilpancingo. No eran consignas abstractas, eran domicilios. Casas con historia, con generaciones viviendo ahí durante décadas, hoy convertidas en expedientes judiciales y oportunidades de negocio.

Desde el micrófono se repitió una idea con insistencia: los desalojos no son hechos aislados, son el resultado de una política que favorece al capital inmobiliario. “No somos invasores”, se escuchó decir. “Somos familias que han habitado esta ciudad toda su vida y a las que se les está negando ese derecho”.

Sobre el artículo 60 y la ambigüedad que despoja

Un artículo que, recordaron las y los participantes, fue impulsado por la ciudadanía para proteger a las personas de desalojos forzados, garantizar audiencias previas, realojamiento e indemnización. Un artículo que, denunciaron, fue recortado y vuelto ambiguo tras la presión de cámaras empresariales y desarrolladores inmobiliarios.

La palabra “ambigüedad” se volvió clave. Hoy, explicaron, la ley habla del “derecho a audiencia”, pero no aclara de quién. Eso ha abierto la puerta a juicios simulados, fraudes procesales y notificaciones a terceros inexistentes. Contratos firmados por personas fallecidas desde hace décadas. Compras y ventas que solo existen en el papel.

“Te sacan a nombre de alguien que no conoces”, dijo una mujer que relató su propio desalojo. “Y luego te exigen que busques a ese tercero para defenderte. Si no tienes dinero, si no puedes pagar edictos, simplemente ya perdiste”.

El artículo 60 fue originalmente redactado por la ciudadanía organizada y aprobado por unanimidad en el Congreso local. Su objetivo era claro: evitar desalojos violatorios de derechos humanos y establecer que el desalojo debía ser siempre la última opción, no la primera. Sin embargo, en 2019 el Congreso de la Ciudad de México aprobó modificaciones a este artículo dentro de la Ley Constitucional de Derechos Humanos. Estas enmiendas, según organizaciones defensoras, redujeron significativamente las garantías de audiencia y realojamiento. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) promovió una acción de inconstitucionalidad, argumentando que los cambios violaban los principios de progresividad y no regresividad de los derechos humanos. Esta controversia es la que, tras años de resistencia, llegó al Pleno de la Suprema Corte y cuyo análisis fue frenado este lunes por la movilización.

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El texto original obligaba a que, antes de cualquier desalojo, se exploraran alternativas y se garantizara audiencia real a las personas directamente afectadas. También contemplaba medidas para sectores vulnerables —personas mayores, familias de bajos recursos— mediante reubicaciones con rentas asequibles o programas de vivienda social. No se trataba de regalar viviendas, sino de evitar que las personas quedaran en la calle.

Estas garantías duraron apenas unos meses. A los tres meses, el artículo fue modificado y, poco después, publicado en la Gaceta Oficial con una redacción ambigua que solo exige una orden judicial, incluso proveniente de juicios entre particulares o terceros ajenos al inmueble. Esa ambigüedad es la que hoy permite desalojos sin audiencias previas y fraudes procesales.

Violencia legal, violencia física

Los testimonios coincidieron en algo más: el desalojo es un acto violento.

Llegan de madrugada, con camionetas, cargadores y policías que cierran las calles para que todo ocurra “con normalidad”. Golpes, robos, saqueos. En algunos casos, abusos. En otros, helicópteros y cientos de elementos policiacos para sacar a familias enteras de su casa.

“Un desalojo es traumatizante”, dijo una mujer de la tercera edad que fue afectada por un desalojo violento. “Después ya le tienes miedo a todo, incluso a las autoridades”.

De igual forma, las familias afectadas por esta situación comentaron cómo esto no solo se queda ahí, sino que al querer comprar o rentar lugares donde poder habitar de nuevo, al existir un antecedente de haber vivido un desalojo, no les quieren vender ni rentar, haciendo que este círculo de violencia no acabe y vivan aún más discriminación y violaciones a su derecho a la vivienda.

Los frentes que resisten

Ahí estaban distintos frentes y organizaciones: redes de desalojados, movimientos urbanos populares, comités de inquilinos. Entre los colectivos que encabezaron la movilización se encontraban el Frente Antigentrificación, el Frente por la Vivienda Joven, el Observatorio Vecinal Escandón, la Clínica Jurídica María Luisa Marín de la Universidad Iberoamericana y Hábitat International Coalition. No todos venían del mismo lugar, pero compartían un mismo dolor y problema: la ciudad se está expulsando a sí misma.

Las consignas lo resumían todo: “Viviendas sí, desalojos no”.

El eco rebotaba en las paredes de la Corte, mientras algunos ministros —cuya sesión fue suspendida— decidían, puertas adentro, sobre el mismo artículo que afuera se defendía con el cuerpo.

Mientras tanto, la ciudad seguía pasando.

Personas que no se detenían, que esquivaban mantas, que empujaban sin mirar. Relojes apurados, audífonos puestos, miradas al frente.

Desde ahí, era imposible no notar la fractura: quienes luchaban por no quedarse en la calle y quienes, por no vivirlo en carne propia, podían permitirse la indiferencia. Como si el despojo fuera un problema ajeno. Como si la mafia inmobiliaria no terminara alcanzando a todos.

El Mundial como amenaza

El Mundial de 2026 apareció en varios discursos como una sombra cercana. Megaobras, reordenamientos urbanos, “rescates” de zonas que suelen traducirse en expulsión. “Es una mancha”, dijo un hombre mayor, también despojado de su casa, “organizar un Mundial mientras hay gente viviendo en la calle”.

“No pedimos que nos regalen viviendas”, insistieron. Pedían justicia. Pagar lo justo por un espacio para vivir, no ser tratados como estorbos en su propia ciudad.

Durante el mitin también se señaló que la ciudad está siendo orientada al turismo global, no como un intercambio cultural, sino como un modelo de exclusión. Las y los manifestantes aclararon que no se oponen al turismo ni a la migración en sí, sino a la forma en que esta se produce desde una lógica de clase. No cualquiera puede venir a habitar la ciudad, ya que, como hemos visto, muchos llegan, principalmente del Norte global, lo hacen con mayor poder adquisitivo y sin intención de integrarse, sino de lucrar.

Colonias como la Roma y la Condesa se han convertido en ejemplo de este proceso. Menús escritos en inglés, negocios que exigen personal bilingüe y una vida cotidiana pensada para quienes pueden pagarla, mientras quienes han vivido ahí durante décadas son desplazados. Incluso se denunció la paradoja de que muchas de estas personas extranjeras habitan la ciudad sin documentos, mientras a las y los habitantes históricos se les exige cumplir con requisitos imposibles para conservar su vivienda.

En un país con una enorme riqueza cultural y lingüística, señalaron, resulta violento que la ciudad se reconfigure para hablarle al capital en inglés, mientras se expulsa a quienes la sostienen. Lo que ocurre no es un rechazo al otro, sino una reacción a la violencia estructural de un sistema que ha vuelto inalcanzable el derecho a la vivienda.

“Para esta generación, el sueño ya no es comprar una casa, sino simplemente no ser desalojados”.

Cuando la prisa no deja escuchar

El mitin avanzó entre consignas, testimonios y aplausos. Afuera de la Suprema Corte, la mañana terminó por imponerse. La gente siguió su camino. El tráfico volvió a rugir.

Pero ahí quedó la escena: un grupo de personas defendiendo el derecho a habitar, mientras la ciudad corría sin mirar atrás. Como si simplemente quedarse fuera hoy un acto de resistencia.

En el lugar se colocó una pequeña ofrenda. No estaba en una banqueta ni resguardada en una esquina: estaba en medio de la calle, sobre el cruce peatonal. Flores, veladoras, una bandera y una figura cubierta con un manto azul y rosa: Santa Mari, la Juarica.

No la virgen solemne de los templos, sino una virgen barrial, desplazada de la colonia Juárez y de la Ciudad de México por la gentrificación, el capital inmobiliario y la corrupción. Una virgen vecina, puesta ahí como resguardo simbólico frente al despojo.

El texto que la acompañaba no pedía milagros abstractos. Pedía protección. Que su manto cubriera a quienes fueron desarraigados de su territorio, a las familias desalojadas, a quienes hoy viven la violencia legal y material de quedarse sin casa.

Santa Mari, la Juarica no era solo una imagen religiosa. Era una denuncia silenciosa y un gesto de acompañamiento. Una forma de decir que la lucha por la vivienda no es solo jurídica ni económica, sino profundamente humana.

Mientras la ciudad seguía su camino, entre pasos apresurados y miradas esquivas, la ofrenda quedó ahí, interrumpiendo la prisa. La jornada demostró que la presión social organizada puede incidir en los altos tribunales. Los colectivos convocaron a un nuevo mitin para el lunes siguiente a las 08:00 horas frente a la Corte, reiterando su exigencia de que cualquier discusión sobre el artículo 60 se realice en audiencias públicas con la participación efectiva de las personas afectadas.

El aplazamiento en la Corte no es el final, sino un capítulo más en una batalla de años. Mientras la ofrenda a Santa Mari, la Juarica, sigue interrumpiendo simbólicamente la prisa de la ciudad, la prisa por desalojar ha encontrado, al menos por esta semana, un firme y organizado alto en el camino.