Si en el sexenio de Enrique Peña Nieto se registró un promedio de 72 ataques a defensores ambientales al año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador empieza registrando prácticamente la mitad de esa cifra.  Pero aún con esa enorme mejoría, la situación sigue siendo preocupante

Twitter: @eugeniofv

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) publicó su nuevo informe sobre la situación de los defensores ambientales en México, y documentó que, aunque las cosas han mejorado respecto de años pasados, lo que pasa en el país sigue siendo un escándalo: en 2019, México registró 39 ataques contra defensores y defensoras ambientales, y en doce de ellos se registraron asesinatos, que se llevaron la vida de 15 personas. No sólo eso, sino que en el 40 por ciento de dichos ataques el responsable fue algún autor gubernamental.

No sorprenderá a nadie que el sector que registra la mayor parte de las agresiones sea el energético, que acapara uno de cada cinco ataques contra los defensores del planeta en el país. De hecho, uno de los asesinatos políticos más sonados de lo que va del sexenio fue precisamente el de un defensor ambiental, Samir Flores, que se oponía a un proyecto de energía, el Proyecto Integral Morelos. Ese enorme proyecto es, además, el punto clave en otros tres ataques a defensores.

La mayor parte de los ataques se concentraron en el sur y el centro del país, de forma que Oaxaca es el estado más peligroso para los defensores ambientales, seguida de Chiapas, Puebla, Morelos y el Estado de México. Sin embargo, casi no hay región que se libre de la violencia contra quienes se oponen a la destrucción de la naturaleza de la que todos dependemos: en más de la mitad de las entidades del país registra el CEMDA algún ataque.

Como señalamos antes, muchas veces los autores son actores gubernamentales (así fue en casi la mitad de los casos documentados), pero el crimen organizado representa también una fuerte amenaza contra los defensores. De los ataques vinculados con el sector forestal, por ejemplo, prácticamente todos tienen que ver con la defensa de bosques comunitarios frente a la tala clandestina, que suele ser realizada por criminales vinculados también a la extorsión, el narcotráfico o la trata de personas. 

Los datos que recogió el CEMDA muestran una mejoría notable frente al sexenio anterior, que podría deberse, creo yo, a la reducción del número de proyectos frente a los que las comunidades deban defenderse; a la enorme legitimidad de este gobierno, que se traslada a muchos de sus proyectos, o a un cambio en la forma de negociar y de responder a los crímenes y a sus contextos una vez que se producen. Por las razones que sean, si en el sexenio de Enrique Peña Nieto se registró un promedio de 72 ataques al año -con un pico de 107 ataques en 2015-, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador empieza registrando prácticamente la mitad de esa cifra. 

De cualquier manera, aún con esa enorme mejoría, la situación sigue siendo preocupante. Se sabe que la impunidad sigue siendo rampante en el país, y eso hace que la violencia sea un recurso fácil para los depredadores. El hecho de que no se hayan registrado avances en las investigaciones del asesinato de Samir Flores, con todo y su enorme resonancia, es mala señal en ese sentido. 

Todo esto ocurre, además, cuando el planeta entero está paralizado por una pandemia provocada, precisamente, por la depredación del medio ambiente. Esto pone de manifiesto que todos, desde los ciudadanos hasta los empresarios, pasando por todos los órdenes de gobierno y del poder legislativo, tenemos mucho que ganar apoyando la lucha de los defensores, protegiéndolos y sumándonos a sus causas. Sería hora de defender sus vidas con mayor contundencia y eficacia.

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.