Un operativo gubernamental que sacó a casi mil animales de un albergue en Cuajimalpa desató una tormenta legal y política. Detrás de la denuncia por maltrato animal se esconde una batalla por un predio de 165 hectáreas en la zona más cara de la Ciudad de México, un acuerdo verbal de 50 años y una venta millonaria que pone en duda el verdadero motivo de la intervención

Texto: Jade Guerrero y Jazmín Sandoval

Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO. – El operativo mediante el cual autoridades capitalinas trasladaron a cientos de perros y gatos del Refugio Franciscano, en la alcaldía Cuajimalpa, se dio en un contexto marcado por disputas legales sobre el predio, versiones encontradas entre instancias gubernamentales y una creciente exposición pública del caso. Aunque el gobierno presentó la acción como un supuesto rescate para garantizar el bienestar animal, la secuencia de hechos y los posicionamientos posteriores abrieron cuestionamientos sobre si la intervención respondió a criterios estrictamente legales o a una reacción ante las inconsistencias evidenciadas en el manejo del conflicto.

El “rescate”: qué se hizo y bajo qué argumentos

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el operativo tuvo como objetivo proteger a los animales ante presuntas condiciones de hacinamiento y maltrato, por lo que se procedió a su aseguramiento y traslado a distintos albergues bajo supervisión institucional. Tras la intervención, el gobierno aseguró que los perros y gatos recibieron atención veterinaria, alimentación adecuada y seguimiento permanente.

Posteriormente, representantes del Refugio Franciscano informaron que, tras una mesa de diálogo con el Gobierno de la Ciudad de México, se acordó permitir la visita y convivencia con los animales trasladados, con el fin de constatar su estado de salud y bienestar. Estas visitas se realizaron en distintos espacios de resguardo, entre ellos instalaciones ubicadas en la zona del Ajusco, y los resultados serían reportados de manera pública.

Sin embargo, el operativo se ejecutó mientras continuaban abiertos procesos judiciales relacionados con la posesión del predio y sin que existiera un pronunciamiento definitivo que delimitara con claridad las competencias legales de cada autoridad involucrada, lo que colocó la acción en un terreno jurídicamente ambiguo.

Resoluciones judiciales contradictorias

Para los representantes del refugio, esto representó un «albazo» jurídico. El refugio contaba con una suspensión definitiva (juicio de amparo) que impedía cualquier desalojo. Para los abogados del refugio, la Fiscalía utilizó una denuncia de maltrato animal como una jugada para entrar al predio, saltándose la protección federal que ya tenían.

Mientras el juez civil decía que no se podían sacar a los animales, el juez penal autorizó el cateo. Esta duplicidad de criterios permitió que se ejecutara un acto irreversible: el traslado de los animales antes de que el juicio principal se resolviera.

Según un reportaje de El País, una magistrada dictó sentencia el 8 de diciembre de 2025, ordenando la devolución del predio a la Fundación Haghenbeck. El Refugio Franciscano alega que aún tenía margen para apelar, pero la noche del 10 de diciembre, autoridades ingresaron al inmueble y entregaron la posesión de manera inmediata a la Fundación.

Cambios de postura institucional

Durante décadas, el gobierno local y la alcaldía permitieron que el refugio hiciera el trabajo que el Estado no hacía, el cual era recoger animales abandonados. El refugio argumenta que el gobierno cambió de postura solo cuando los intereses inmobiliarios de la zona (Santa Fe/Cuajimalpa) presionaron para obtener el predio.

El refugio sostiene que las deficiencias en las instalaciones no eran «maltrato doloso», sino falta de apoyo gubernamental durante años. Acusan que el gobierno pasó de ignorar sus peticiones de ayuda a usar esa misma precariedad como excusa para cerrarlos; al igual que si el Estado realmente estuviera preocupado por los animales, habría intervenido con presupuesto, medicinas y veterinarios dentro del refugio hace años, en lugar de esperar a que hubiera una orden de desalojo para «rescatarlos».

Vacíos de competencia y el fantasma inmobiliario

El conflicto evidencia un vacío sobre quién debe decidir el destino de los animales en casos de litigio de propiedad. Aunque la Fiscalía declaró que «no tiene interés en el inmueble», el retiro masivo de los 936 ejemplares dejó el predio vacío, facilitando en la práctica que la Fundación Antonio Haghenbeck tome posesión de una tierra que, según reportes, fue vendida a un fideicomiso bancario por cerca de 650 millones de pesos.

De acuerdo con la información publicada por El País, la Fundación Haghenbeck vendió el terreno —de más de 160,000 metros cuadrados— a un fideicomiso del Banco Ve por Más por 650 millones de pesos en noviembre de 2020, operación que, según su abogado, fue notificada a las autoridades.

También se menciona que el predio se entregó de manera verbal al refugio, que no existía algún documento que acredite lo contrario, lo cual no es cierto: existe un testamento público y abierto del señor Antonio Haghenbeck en el que se menciona claramente al Refugio Franciscano. El reportaje de El País aporta más contexto: el acuerdo original fue verbal y se remonta a casi 50 años. El Refugio Franciscano se apoya en un documento de 1991, presentado como parte del testamento del fundador, donde se establece que los bienes de la fundación debían destinarse a la protección animal “por el tiempo que fuera necesario”. En contraste, la Fundación sostiene que nunca existió un contrato formal.

La crítica neutra señala un momento clave de inacción: en 2022 se firmó un acuerdo donde la Fundación se comprometía a construir nuevas instalaciones para el refugio dentro del mismo predio. Durante tres años, ninguna autoridad supervisó este cumplimiento, permitiendo que el deterioro de las instalaciones sirviera, eventualmente, como la justificación perfecta para la intervención forzosa de este año.

La fundación menciona que se le ofreció al refugio trasladarse a dos espacios, ubicados en Texcoco y Xalatlaco, Estado de México; ambos fueron rechazados. Pero las imágenes presentadas ante el juzgado mostraron un proyecto incompleto, real y viable, carente de servicios como instalaciones sanitarias, agua, drenaje y electricidad.

El factor político y la exposición pública del caso

La intervención institucional ocurrió después de que el caso del Refugio Franciscano adquiriera mayor visibilidad pública, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, donde se señalaron inconsistencias en la actuación de las autoridades y la falta de claridad sobre el marco legal aplicable. En ese contexto, el conflicto dejó el ámbito judicial y se trasladó al debate público.

Tras el aumento de la presión social, el gobierno capitalino abrió mesas de diálogo con representantes del refugio, colectivos animalistas y otras instancias, y anunció compromisos como el respeto a las resoluciones judiciales en curso, la no criminalización de personas involucradas y la promesa de impulsar una nueva normativa en materia de refugios y protección animal.

Aunque no existe un reconocimiento explícito de que el operativo haya sido resultado de esta presión, la cercanía temporal entre la exhibición pública de las inconsistencias institucionales, las movilizaciones ciudadanas y la acción gubernamental alimentó el debate sobre si el denominado “rescate” respondió a una estrategia preventiva de protección animal o a una reacción política frente al desgaste institucional del caso.

Por su parte, César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX, negó a El País que exista cualquier autorización para desarrollar proyectos inmobiliarios en el predio “durante la actual administración”.

La marcha del domingo: presión social en las calles

Bajo la consigna “Somos protectores, no somos criminales”, cientos de activistas y ciudadanos marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo para protestar contra el operativo del 7 de enero. La movilización respondió a la incertidumbre legal tras el desalojo, denunciando que la intervención no fue un rescate, sino un «despojo» que violó los amparos del refugio.

La demanda principal fue la transparencia sobre el paradero y salud de los animales. Javier Todd, del patronato del Refugio Franciscano, denunció que 27 animales han muerto tras el operativo y exigió localizar a los perros que estaban resguardados, incluyendo a la población de gatos cuyo paradero se desconoce.

Los manifestantes también denunciaron la ejecución del operativo por el uso de fuerza desproporcionada, con un despliegue de granaderos más parecido a un golpe contra criminales que a un “rescate”. La indignación creció al reportarse que muchos animales fueron trasladados en condiciones indignas, incluso en camiones de basura, lo que para muchos confirmó que el objetivo primordial no era el bienestar animal.

Finalmente, los manifestantes exigieron que el Gobierno de la CDMX y la Fundación Haghenbeck asuman la responsabilidad por las presuntas irregularidades y el maltrato durante el traslado. La marcha evidenció la falta de espacios públicos para el cuidado animal y exigió el cese al hostigamiento legal contra los rescatistas que defendieron el lugar durante décadas.

El reportaje de El País aporta cifras oficiales del estado de los animales durante el operativo: las autoridades reportaron haber localizado cerca de 900 animales. De ellos, al menos 798 presentaban signos de crueldad, 20 fueron hospitalizados y 21 murieron, con diagnósticos de sarna, dermatitis, infecciones y tumores. El Refugio Franciscano cuestiona estas cifras.

Vacíos normativos en refugios y protección animal

El conflicto del Refugio Franciscano ha puesto al descubierto una realidad incómoda para la Ciudad de México: aunque la Constitución local reconoce a los animales como seres sintientes, la legislación actual padece de lagunas profundas que dejan en la indefensión tanto a los ejemplares como a sus cuidadores.

Al no existir un protocolo obligatorio para el desalojo de seres vivos, las autoridades civiles y penales operan con una discrecionalidad peligrosa. En el caso de Cuajimalpa, la ley permitió que la Fiscalía interviniera bajo una lógica criminal, ignorando que el refugio enfrentaba una disputa civil. Además, la normativa actual no obliga al Estado a presentar un plan de destino garantizado ni un inventario de salud pública antes de mover a los animales, lo que explica la opacidad y la incertidumbre que hoy denuncian los activistas sobre el paradero y las muertes tras el operativo.

Este desorden normativo fomenta una solución apresurada. Al no haber inspecciones periódicas reguladas ni un padrón oficial de albergues, el Estado no interviene para prevenir crisis o apoyar con subsidios médicos; solo aparece cuando estalla una denuncia o, como se sospecha en este caso, cuando hay intereses inmobiliarios de por medio. La falta de presupuesto etiquetado para estas contingencias obliga al gobierno a improvisar traslados masivos que elevan el riesgo de mortalidad por estrés y hacinamiento en las sedes receptoras.

Ante esta crisis, el Gobierno de la CDMX ha anunciado una iniciativa de ley para regularizar albergues a finales de enero de 2026, lo cual es una admisión tácita de que el operativo del Refugio Franciscano se ejecutó en medio de una profunda orfandad legal.

Los animales en medio del conflicto legal y político

A pesar de que la Ciudad de México es pionera en reconocer los derechos de los animales en su Constitución, en la práctica jurídica estos siguen operando en una zona de exclusión. En el litigio del refugio, los perros y gatos no tienen una «defensoría» propia; su destino ha sido decidido por abogados que discuten la propiedad de la tierra o por fiscales que buscan imputar delitos.

Esta falta de representación directa permite que se tomen decisiones administrativas —como traslados masivos— sin que exista un perito independiente que garantice que el cambio de hogar no sea, en sí mismo, una forma de maltrato.

Hoy, su bienestar depende totalmente del arbitrio político. El riesgo inminente es la politización del debate: cuando el rescate de un animal se utiliza como bandera para liberar un predio de alta plusvalía, se corre el peligro de que, una vez apagado el ruido mediático, el seguimiento a su salud disminuya. Los animales corren el riesgo de ser olvidados por un sistema que ya cumplió su objetivo estratégico.

Más allá de las versiones oficiales y de las movilizaciones sociales, el caso del Refugio Franciscano plantea una pregunta de fondo: si el marco legal actual permite acciones preventivas y transparentes en la protección animal, o si estas continúan dependiendo de la presión pública y de coyunturas políticas.

El destino del Refugio Franciscano deja una lección clara sobre los retos de la justicia y la administración en la Ciudad de México. Más allá de la controversia por el terreno, el caso obliga a las instituciones a pasar de las palabras a los hechos en materia de bienestar animal. El éxito de las reformas propuestas no se medirá en comunicados, sino en la capacidad del Estado para ofrecer soluciones permanentes que garanticen que, en futuros conflictos, la protección de la vida esté siempre por encima de cualquier vacío legal o interés económico.

No se trata de un pleito por metros cuadrados en una de las zonas más caras del país; es la prueba de fuego para una ciudad que presume ser protectora de los animales, pero que aún no logra que sus leyes pesen más que sus posibles intereses.