La Ley de Planeación de la Ciudad de México, que sentará la base para el desarrollo de la capital a 20 años, no se discute abiertamente y anula la participación ciudadana. Algunas de sus propuestas protegen intereses particulares que buscan imponer sus negocios a través de un Instituto capturado

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Archivo / Lucía Vergara

El gobierno de la Ciudad de México y los diputados le están quitando a sus habitantes la capacidad de decidir cómo quieren que se construya la ciudad. Las propuestas de la Ley de Planeación, que se están discutiendo entre políticos, dejan fuera espacios para que los ciudadanos incidan en cómo quieren que se construya en la ciudad.

“Es una forma de controlar el plan de desarrollo urbano. El desarrollo de la ciudad se ha modificado de acuerdo con los permisos de construcción. El modelo es un desarrollo urbano que privilegia el negocio y ese hace que se vean afectadas todas las áreas, falta de educación, de servicios, y de vivienda. Ahora lo que hacen es institucionalizar este modelo. Poner la visión de esos desarrolladores en el futuro de la ciudad”, asegura Josefina MacGregor, integrante de Suma Urbana, una de las organizaciones que protegen la inclusión de la ciudadanía en el proceso de planeación. 

De acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México, para asegurar que la urbe tenga un desarrollo inclusivo se debe crear un Instituto de Planeación. Éste debe integrar a los ciudadanos en la toma de decisiones, sin embargo, las iniciativas de ley que se proponen están cancelando estos espacios. 

“Las afectaciones directas es que tú, como vecino, no puedas decir nada si alguien quiere construir una plaza comercial junto a tu casa. Que no puedas protestar porque te quiten espacios públicos para que sean privados. Que se detenga el secuestro del espacio público”, asegura Armando Estrada de Ruta Cívica, otra de las organizaciones que pugnan por la inclusión ciudadana en el desarrollo urbano. 

“Este tipo de incidencia se implementa en los mecanismos de participación. Que se hagan consultas, que la gente decida qué permisos se emiten. Que la gente sepa qué implican estos nuevos desarrollos, que implican más tráfico, menos agua, más saturación”, asegura.

La Ley de Planeación es el instrumento con el que se va a definir cómo se desarrolla la ciudad en los siguientes 20 años. De ahí se debería desprender el Instituto de Planeación y las leyes de ordenamiento territorial correspondientes.

Sus alcances deberían llevar a la no exclusión y expulsión de los más pobres de la ciudad por el encarecimiento de la vivienda, al uso racional de los recursos para asegurar que la urbe sea sostenible y a un mejor ordenamiento territorial. 

Los diversos expertos coinciden en que esta ley no solo desarrollará reglas nuevas sobre cómo y dónde se construye. También debería incluir un plan de desarrollo integral.

¿Para qué sirve planear una ciudad?

“Los contenidos de la planeación no solo se centran en el desarrollo urbano, incluyen gestión de riesgos, el tema del agua, de vivienda, de desarrollo económico”, explica Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica. 

Para entender el alcance que debería tener, Mónica lo ilustra con un ejemplo: Supongamos que un área de la ciudad pierde su vocación de centro industrial (como pasó con la colonia Granada, que solía ser de puras fábricas) y que ahora es de servicios tecnológicos, por poner un ejemplo.

Ahí entraría el Plan de Ordenamiento, que se desprende de la Ley de Planeación, y buscaría convertir la zona en un corredor tecnológico, con metas específicas a 5 o 10 años, explica Mónica Tapia. 

“Nueva York y Los Ángeles tiene ese tipo de planeación en temas culturales. Lo que ellos hacen es decir: Vamos a tratar que se produzcan tantas películas, que haya escuelas de cine o lo que sea, y lo van desarrollando”, ejemplifica. 

Para lograr eso es necesario un Instituto de planeación que no solo se centre en el desarrollo urbano, sino que aborde temas como educación, trabajo, derechos sociales. El urbanismo es solo uno de sus muchos ‘brazos’. 

Una discusión sin los ciudadanos

Desde el inicio de año, varias organizaiciones ciudadanas han intentado incidir en la creación de la Ley de Planeación, pero sus propuestas no tienen eco.Oficialmente, existen dos iniciativas, una presentada por la jefatura de gobierno y otra por los diputados Víctor Hugo Lobo y Federico Döring. Esta última incorpora algunas propuestas ciudadanas, pero tergiversadas. 

Ignacio Bernabe es urbanista. Algunas de sus propuestas fueron incluidas en el texto del diputado Döring, sin embargo, asegura que lo que se incorporó es una reinterpretación. 

“Lo que nosotros queríamos hacer era separar el derecho de propiedad del suelo de la autorización que te da el gobierno de construir sobre él. A eso lo llamamos suelo edificable”, explica. “El equipo del diputado entendió espacio edificable, algo como el suelo que es susceptible de tener edificaciones. Que cumpla las características de seguridad y de servicios necesarias. La verdad es que hay mucho hermetismo en el proceso”, asegura.

La sombra mancerista 

En la  propuesta del gobierno de la ciudad la historia es peor. Para su elaboración no se contó con ningún tipo de iniciativas ciudadanas, según dice Josefina MacGregor. 

“La propuesta enviada por la jefa de gobierno no fue consultada. Ella dice que sí, pero eso no es real” “Esta iniciativa elimina la posibilidad de contrapesos en el instituto, dejando la elección del director y del consejo directivo en manos de la jefatura de gobierno”. 

“Esto hará que se vinculen la visión de ciudad nada más a la visión de un grupo que está arriba. Eso nos pasó con Miguel Ángel Mancera. Se suponía que el Instituto es para desvincular de esos grupos de interés y tener una visión general de desarrollo, que integre trabajo, educación, derechos y desarrollo urbano, pero no está pasando”.  

Ninguna incorpora esta visión de planeación para el desarrollo, ninguna independiza el instituto de planeación como un contrapeso, que debería ser un contrapeso de todas las secretarías 

Muchas iniciativas, poca transparencia

Oficialmente hay dos iniciativas de ley que son las que los diputados de la ciudad deberían estar discutiendo, aunque de acuerdo con los ciudadanos  pendientes del proceso legislativo, hay muchas más que circulan por redes sin que haya mucha claridad de dónde vienen o quién las elaboró. 

Una iniciativa, la de la jefatura de gobierno, tiene dos versiones. Una que se presentó ante el congreso de la ciudad en mayo, y otra, que se difundió en algunas redes esta última semana, pero que no es oficial. 

“Tenemos tres iniciativas que corren en las redes sin mucha claridad”, asegura Josefina MacGregor. Sin embargo, hay muchas otras que vienen y van. “Nosotros hemos analizado por lo menos siete iniciativas. Cuando las empezamos a ver, nos reíamos. No teníamos manera de saber cuál era en serio y cuáles no”.  

Mónica Tapia advierte que este tipo de confusiones perjudican el debate de las leyes, pues sólo crean confusión respecto a las propuestas y dificultan la incidencia de los ciudadanos en el debate legislativo. Lo mejor, agrega,  sería que todas estuvieran disponibles en línea, en un sitio.

“Entendemos que hay varios dictámenes”, dice Tapia. “A partir de lo que hemos visto, sigue habiendo mucha centralización de las funciones. El Instituto de Planeación acaba siendo como un apéndice o una oficina de gobierno. Es lo contrario a lo que se esperaba en el (Congreso) Constituyente”. 

La poca disponibilidad de información es tan fuerte que hizo que dos sectores que en los últimos años habían estado encontrados por la gentrificación y el desalojo forzado de inmuebles se unan. El jueves pasado un grupo de ciudadanos presentó una petición para garantizar la inclusión ciudadana en la estructura del Instituto.

La propuesta fue respaldada por el Colegio de Urbanistas y por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, quienes no suelen estar de acuerdo con los vecinos sobre desarrollos arquitectónicos de gran envergadura. 

Una fuerza ciudadana desdibujada

Para que el Instituto no dependa de los funcionarios que lo integran contempla diferentes espacios que deben ser ocupados por la academia, los ciudadanos y las organizaciones civiles, como el Directorio Técnico, un Consejo Ciudadano y un Comité de Selección que deben de actuar como un contrapeso a los intereses inmobiliarios. 

Estos órganos se desdibujan en la última propuesta que hizo el ejecutivo al respecto, misma que no es oficial y no se encuentra disponible públicamente.

“Está chistosito este dictamen del gobierno, parece que no quieren que haya ley. Más bien la transforma en un estatuto. Es la propuesta más centralizadora. Deja al Instituto menos autónomo y menos plural. Se ha tapado tanto, que ya no se sabe cómo va a funcionar”, dice al respecto Mónica Tapia. 

Sin un Instituto con componentes ciudadanos se fortalece la verticalidad y la dependencia de la jefatura de gobierno, lo que significa que la visión de ciudad no sería consensuada y planeada desde múltiples puntos de vista. 

“Lo que se ve aquí es que hay muchos grupos de interés queriendo imponer su visión de ciudad y sus negocios a través de un Instituto capturado que lo requiere es independencia, y eso no se lo da ninguna de las iniciativas”, advierte Josefina MacGregor al respecto. “La independencia era el espíritu de la constitución y está quedando justo lo opuesto, un diseño vertical que anula la parte participativa”.

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