En lugar de que sean un motor para el bienestar, la inversión, la industria y el petróleo han incrementado las desigualdades en el Istmo de Tehuantepec, asegura en entrevista Carlos Beas, dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo

Textos Daliri Oropeza

Fotos: Daliri Oropeza y Archivo

Carlos Beas es coordinador de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Itsmo (UCIZONI), una organización fundada hace 37 años que agrupa a una centena de comunidades, ejidos y colonias del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y Veracruz.

Por experiencia sabe que, en nombre del desarrollo, empresas transnacionales han hecho grandes negocios que no benefician a las comunidades. Se trata de una de las zonas del país que ha recibido inversión extranjera directa, canalizada, sobre todo, al sector eléctrico. Desde la década de los 70 fue convertida en un polo de asignación de energía y extracción de combustibles fósiles.

Actualmente describe que en el Istmo hay miedo y confusión ante los trabajos de rehabilitación del ferrocarril, en un momento en que la pandemia se extiende y deja muertes sin nombre, sin crifras oficiales, adentro de las casas.

Ahora, prevé que esto mismo sucederá con el Corredor Interoceánico, uno de los proyectos estelares del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Desde su perspectiva, este proyecto es el seguimiento de las intenciones de Estados Unidos por controlar la región, visto antes en proyectos fracasados como el Plan Puebla Panamá o el Tratado McLane-Ocampo.

Duante años, dice, Pemex ha provocado ecocidio en varias zonas del Istmosin reparar los daños. Por eso, se niega a aceptar ahora un proyecto con 10 polos urbanos de desarrollo, 34 ramas industriales además del ferrocarril, un gasoducto, y una mega autopista.

«Hay muchos factores en contra de la resistencia»

La UCIZONI es una organización independiente de partidos políticos y de cualquier grupo religioso. Encabeza la lucha por los derechos humanos y de los pueblos indígenas en el Istmo, mediante el impulso de procesos organizativos propios y de movilización social.

Autoridades comunitarias de 38 pueblos de los municipios de San Juan Guichicovi, Santo Domingo Petapa, Matías Romero, San Juan Mazatlán y Santa María Chimalapa realizaron, en la comunidad mixe de Rio Pachiñe, la primera Asamblea Regional de Autoridades, donde nació UCIZONI. Desde entonces, luchan constantemente en defensa de la tierra, el agua y el territorio de los pueblos originarios.

Carlos Beas lamenta la muerte de su compañero Rodrigo Cruz Francisco, también miembro de UCIZONI quien falleció de covid 19.

—¿Hay aceptación del Proyecto de Corredor Interoceánico entre las comunidades y organizaciones del Istmo?

Uno de los principales apoyos del Corredor Interoceánico es un conjunto de presidentes municipales del partido Morena. Utilizan los recursos públicos para condicionarlos en apoyo al megaproyecto. Es un factor muy fuerte porque debilita cualquier forma de resistencia ahí mismo. A nivel federal también condicionan el acceso a los programas de gobierno. Condicionan su aplicación a la aprobación del proyecto. Eso ha sido muy claro desde marzo del año pasado (2020).

“Hay muchos factores en contra de la resistencia en estos momentos”, expresa Carlos Beas.

Luego enlista: «Hay una sociedad muy dividida. Muchos de los actores que en el pasado hacían defensa del territorio ahora son parte del nuevo gobierno. Súmale la pandemia, con la pobreza que ha generado. Súmale la presencia de grupos delincuenciales. Súmale la alianza entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense de Trump».

Pandemia y empobrecimiento

—¿Qué contexto se vive ahorita en el Istmo?

— De Salina Cruz a Coatzacoalcos, hablamos de una sociedad con múltiples carencias. En servicios públicos, por ejemplo, en agua potable. Ese es uno de los problemas más graves de la región. Otro problema muy grave es el manejo de aguas residuales, de desechos sólidos e industriales, el cual ha generado conflictos muy fuertes, principalmente en la zona del Istmo veracruzano.

En la parte oaxaqueña tenemos la pauperización de los servicios de salud pública: clínicas sin médicos, sin enfermeras, sin medicamentos. Unidades médicas rurales en ruinas. Como San Juan Guichicovi, mixe, que tiene unos 10 mil habitantes. Eso, a pesar de la ubicación estratégica y de las gigantescas inversiones extranjeras. En los últimos 12 años hay una inversión de más de 5 mil millones de dólares. Es una de las zonas del país que ha recibido mayor inversión extranjera directa canalizada al sector eléctrico. Es parte de la gran contradicción. Desde los años setenta, fue convertida en un polo de asignación de energía. Pero, aún con la gran inversión, se han agudizado las desigualdades. No se ha dotado de servicios a la población. La economía del comercio tradicional como la pesca, la agricultura y la pequeña ganadería están, en buena medida, abandonados.

Entonces, de un lado hay la gran inversión extranjera, y, del otro, el 70 por de la población carece de servicios y vive en niveles de pobreza.

La pandemia está agudizando esta situación. En nuestra región, la población es parte de los muertos sin rostro. Se les complica la enfermedad, se mueren en su casa y son enterrados de manera casi clandestina. No son parte de la estadística nacional.

El Istmo de Tehuantepec es la zona más violenta de Oaxaca. En ese contexto de violencia y pobreza, se presenta un proyecto cuyo diseño se ha hecho desde afuera.

—¿Y en ese contexto da el banderazo el presidente?

—Nosotros esperábamos que con la visita del presidente López Obrador al Istmo hicieran anuncios de algún programa de atención a la emergencia sanitaria y económica en la región. Pero a lo único que vino fue a volver a espantar a sus fantasmas del pasado: a decir que hubo inversiones en la región que se perdieron por la corrupción en materia hospitalaria.

Lo que le planteamos no fue que castigue a los corruptos del pasado, sino la urgencia de instalar un hospital de covid en la región, principalmente en la zona Norte. Pero se fue por la tangente. Porque es muy evidente que él tiene sus prioridades. Y la prioridad no es la población de la región del Istmo.

Venden que el Proyecto Interoceánico va a rescatar al Istmo y al Sursureste. Lo publicita el Gobierno federal. Pero es, a final de cuentas, la continuación de proyectos que en diferentes etapas han tratado de imponer los gobiernos del PRI y del PAN, desde López Portillo con el Proyecto Alfa-Omega, el Proyecto de desarrollo Integral del Itsmo de Tehuantepec, el Plan Puebla Panamá de Fox, el Megaproyecto Eólico de Calderón, las Zonas Económicas Especializadas de Peña Nieto, dice Beas.

Estos proyectos moldearon la región con muchos desequilibrios internos y con muchas carencias. Pero, eso sí, generando mucha riqueza para las grandes empresas transnacionales. Ahí tienes a las eólicas. Se estima que sus utilidades giran en alrededor de unos mil 500 millones de dólares al año. Eso no se ve en la región. 

La industria y los hidrocarburos

—En entrevista el gobierno nos informó del interés industrial en la región. Incluyendo las ramas energética, petrolera, petroquímica, maquila, en total 31. ¿Cuál es la posición de UCIZONI como conjunto de organizaciones de pueblos indígenas desde el Istmo?

—Nuestra región ha sido, desde 1907, cuando se inauguró la primera refinería del país, una zona donde se procesan y se exportan hidrocarburos. En la parte central del Istmo circula una gran cantidad de energía eléctrica. La experiencia que tenemos es de que Pemex no se ha hecho responsable de los daños y las afectaciones que ha provocado a las tierras, a los arroyos, a los ríos, por las constantes fugas de hidrocarburos. Eso ha provocado tragedias como la ocurrida en la población de Chivanizá. Ahí hubo una fuga de amoniaco y más de siete, ocho muertos. Pemex, por corrupción, por falta de inversión en mantenimiento de ductos, provoca un verdadero ecocidio.

También en el Istmo, en la parte tabasqueña y veracruzana, han provocado una gran cantidad de daños de carácter social y ambiental que están ligados a la operación de ese tipo de industrias sucias.

Sabemos que la modernización de las refinerías y de las plantas de petroquímicos, tanto al sur de Veracruz como de la zona del Istmo oaxaqueño, es una de las prioridades que tienen con el megaproyecto del Corredor Interoceánico. Nuestro temor es que, al final de cuentas, este proyecto va a generar grandes daños ambientales que ya conocemos. Nunca han sido reparados.

Sabemos también, que se está pactando entre el gobierno estadounidense y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la creación de un gasoducto, continuación del que viene desde Texas, con gas lutita o de fracking. Es un proyecto de continuación. Estuvieron inversionistas chinos en nuestra región viendo la posible instalación de una regasificadora en Salinas del Marqués, con la idea de embarcar el gas hacia el Oriente.

Son proyectos muy grandes, con intereses muy poderosos detrás, que solamente van a dejar daños ambientales y que, a final de cuentas, benefician a intereses muy poderosos. Están involucradas empresas como Gas Canadá, IENOVA. Son proyectos que nunca nos ha consultado el Gobierno Federal a la población indígena, campesina, trabajadora.

Consultas simuladas

—Pero dicen que hubo una consulta y que realizarán tres nuevas por las zonas industriales…

—En marzo del año pasado, la Secretaría de Hacienda, que no sé qué tiene que ver en consultas indígenas, y el Instituto Nacional Indigenista, que ahora se llama INPI (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas), armaron un simulacro de consulta. Solamente para darle una imagen de legitimidad y de legalidad al Corredor Interoceánico.

Y ¿por qué digo que fue una simulación? Porque la “consulta” se hizo en comunidades ubicadas en la periferia de la zona de impacto del megaproyecto. El formato era para informar, no del Proyecto Corredor Interoceánico sino formular una serie de propuestas para un “gran desarrollo integral del Itsmo de Tehuantepec”, en el que colaban de manera subrepticia el tema del corredor. Informaron que iban a modernizar las carreteras, el ferrocarril, los puertos y eso, pero de manera muy general. Pero eso sí, les ofrecieron a todos apoyos, becas, programas sociales.

Los ikoots de San Mateo del Mar se opusieron al simulacro y el INPI hizo una reunión a modo con muy poca gente en Salina Cruz. Todo un formato cerrado. No se puede hacer una consulta sin información suficiente. Además, la consulta se tendría que haber hecho a nivel de comunidad, previo a cualquier banderazo.

La consulta fue un simulacro, insiste Beas, quien asegura que se violaron todos los protocolos, incluso la jurisprudencia, que ya emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Luego, relata:

«El Gobierno federal reconociendo lo que había pasado, reprogramó para agosto, septiembre del año pasado un nuevo proceso de consulta. Este lo convoca la Procuraduría Agraria y estuvo dirigido a 31 núcleos agrarios de Oaxaca. Y otra vez vuelven a cometer el error de dejar fuera a uno de los ejidos más importantes. Las autoridades convocantes no tienen la capacidad de atender los procesos de consulta bajo los protocolos que se requieren, de estándar internacional, de hacer una consulta previa, libre, informada. Entonces las que vienen, son de nuevo un simulacro».

Sin embargo, explica que a raíz de que la empresa Ferrocarril Istmo de Tehuantepec sometió una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), se inició, a petición de la UCIZNI, un proceso de diálogo.

Hubo dos reuniones públicas, una en Veracruz y otra en Oaxaca. La Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) convocó a un tercer proceso de consulta, que inició con algunas reuniones informativas pero fue suspendida el 19 de marzo por la pandemia.

«Lo que hace Víctor Toledo es dar una resolutoria a esta MIA con algunas condicionantes. Las condicionantes son de carácter ambiental y reconoce que la consulta está suspendida. Entonces ¿qué es lo que ocurre? A final de cuentas aprueba la Semarnat y arrancan los trabajos en plena emergencia sanitaria».

«Nos sorprende porque el Dr. Víctor Toledo durante muchos años fue defensor de los derechos ambientales de la población frente a los megaproyectos. Pero ahora que tiene un cargo público, olvidó todo.

Un proceso de consulta tiene tres etapas: informativa, una etapa deliberativa y una etapa de conclusiones, dice el luchador social. Pero en este caso, ni siquiera se terminó la primera etapa.

«Es muy similar al que hacían los gobiernos del PRI o del PAN para imponer sus proyectos. Por eso es que decimos, en varios aspectos: es la continuidad del pasado y tal vez de una forma más cínica, ahora, porque ahora se hace, antes, en nombre del desarrollo del país, ahora, a nombre del desarrollo de los pueblos».

—¿Cuales son las prioridades para los pueblos indígenas?

—Al hacer una inversión pública en este año de 3 mil millones de pesos, lo que está anunciando el gobierno federal para modernizar un ferrocarril, 400 mil empleos dicen, prioriza un proyecto que no tiene un impacto ni beneficios directos a la población. Menos en una época de crisis.

Yo creo que el gobierno no considera la crisis sanitaria y económica tan grave como la que estamos viviendo. Sigue de manera autista con su megaproyecto sin considerar ese entorno. No solo es omiso ante la tragedia, sino que la está promoviendo; porque tenemos información de que personal directivo del Ferrocarril Istmo de Tehuantepec se ha contagiado de covid.

Nosotros queremos un hospital, porque en la región no tenemos servicios médicos, solamente hay un ventilador; la gente está muriéndose, no hay medicamentos: es nuestra prioridad en este momento. Nos urge un programa de empleo temporal que nos permita tener ingresos: arreglo de caminos cosecheros, limpieza de barrancas, causes de ríos, una serie de trabajos que beneficien a las comunidades de la región y que pueden generar un ingreso.

«No es primero el ferrocarril y después el hospital. Así de sencillo».

Lo que estamos planteando es la cancelación del megaproyecto y canalizar los recursos para apoyar obras de agua potable, infraestructura, hospitales, servicios públicos, establecer universidades que no existen en la región Norte del Istmo. Manejo de aguas residuales, desechos sólidos, bueno toda una serie de servicios de que carece la población, que son prioritarios. Y también el apoyo a sectores productivos tradicionales, como son los artesanos, artesanas en este caso, los pequeños comerciantes, los pescadores, los ganaderos, los productores de maíz, de ajonjolí, en fin.

Un efectivo programa de buen vivir tendría que considerar esto. Consideramos importante el apoyo a los refugios de mujeres para prevenir o atacar la violencia de género que desaparecieron de la región.También a  toda una serie de temas que el Gobierno federal ha hecho de lado y que para nosotros son prioritarios.