El asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido a plena luz del día en la capital guatemalteca, expone las contradicciones de una investigación que apunta a los eslabones más débiles mientras deja intactas las estructuras de poder. El crimen, en vísperas de un nuevo ciclo electoral, reactiva la pregunta sobre la capacidad del Estado para investigar a quienes lo han cooptado

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO. – El 17 de octubre, alguien asesinó a Juan Francisco Solórzano Foppa, abogado de 43 años, exfiscal anticorrupción y exsuperintendente de Administración Tributaria de Guatemala, a plena luz del día mientras dirigía un partido de fútbol en el Campo Marte, en la zona 5 de la capital.

En el ataque también murió el trabajador Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro y otras cinco personas resultaron heridas. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que el personal de seguridad de Solórzano se encontraba a unos treinta o cuarenta metros del exfiscal, custodiando a su hijo pequeño.

Las autoridades detuvieron a dos sospechosos: Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y su hermano Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18. Según las autoridades, los capturaron cuando huían en motocicleta y llevaban una carabina oculta en una mochila de una aplicación de reparto de comida. Rigoberto había servido en el Ejército guatemalteco entre 2017 y 2019.

Denuncias de fabricación de delitos y una pista que nadie indaga

El caso presenta contradicciones que impiden reducir el hecho a la versión oficial.

Tras su detención, los hermanos Choc declararon a los medios que, antes de detenerlos, la policía les revisó los documentos y los dejó ir, para interceptarlos de nuevo doscientos metros más adelante.

Afirman que en ese momento realizaban un reparto para la aplicación Pedidos Ya, y que alguien colocó la carabina que los incriminó en su caja sin su conocimiento. Tras el incidente, un grupo de repartidores de la misma plataforma se concentró frente a los tribunales para apoyar a los detenidos y protestar contra la extorsión policial cotidiana.

El ministro Villeda insistió en que «no se prejuzga la culpabilidad», pero confirmó que las pruebas balísticas indican que al menos dos tiradores dispararon y que los detenidos podrían ser solo los encargados de transportar las armas. Esa formulación deja abierta la posibilidad de que el caso se resuelva con la captura de los eslabones más débiles mientras los autores intelectuales permanecen protegidos.

El tipo de arma presuntamente usada en el asesinato coincide con las especificaciones del armamento que alguien robó al Ejército en octubre de 2025.

Ese mes, en el Comando Aéreo del Norte (CANOR), en Petén, la prensa y la fiscalía guatemalteca informaron que lo robado incluía 75 fusiles Galil y M16, tres lanzagranadas M-79 y más de 14.000 cartuchos de 5,56 mm.

Parte de las armas apareció después en las alcantarillas de la propia base militar, mientras que las cámaras de vigilancia del almacén no funcionaban. Las autoridades procesaron al comandante y a los oficiales de inteligencia. Los militares se negaron inicialmente a revelar la cantidad de armamento sustraída.

Hasta el momento, la investigación oficial no ha establecido una conexión entre ambos hechos.

Asesinato de Solórzano, reflejo de un Estado cooptado

Ante el asesinato del exfiscal, el presidente Bernardo Arévalo condenó los hechos como un «cobarde magnicidio» y ordenó la colaboración de todas las instituciones del Estado para resolver el caso.

Por su parte, la Universidad Rafael Landívar emitió un comunicado en el que condenó el asesinato y afirmó que «la violencia no puede seguir imponiéndose sobre la vida, ni la impunidad puede prevalecer sobre los derechos de la ciudadanía».

Consultada por Pie de Página, Liza Noriega, politóloga y directora ejecutiva del Instituto 25A de Guatemala, ofreció una caracterización del hecho que va más allá de la condena puntual:

«La muerte de Juan Francisco Solórzano Foppa es el reflejo de un Estado cooptado, uno que históricamente ha silenciado las voces disidentes y perseguido a quienes buscan horizontes justos y dignos para todas las personas.

«Condenamos su muerte, nos solidarizamos con su familia, principalmente con su madre Silvia Solórzano Foppa, quien ha sido una valiente y tenaz defensora justamente de estos derechos y colectividades comunes, y exigimos justicia, exigimos justicia por la muerte de Juan Francisco.

«Me parece que hoy nuevamente la democracia nos ve y nos reta de frente, y es necesario y nos toca no ceder ante el miedo. Continuar en colectividad, organizarnos por futuros justos y dignos para todos y todas».

La noción de «Estado cooptado» que emplea Noriega no es una consigna abstracta. La trayectoria de la víctima permite rastrear cómo opera esa cooptación en la práctica: qué instituciones se capturan, qué casos se construyen y qué funcionarios son premiados o castigados según su disposición a confrontar —o a proteger— las redes de poder. Y tal vez eso sea lo que está detrás del asesinato de Solórzano Foppa.

El perfil de la víctima: de «La Línea» a la SAT

Solórzano Foppa desarrolló una carrera de doce años en el Ministerio Público. Integró la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Unidad de Análisis, y en 2013 asumió la Dirección de Análisis Criminal.

Desde esa dirección elaboró los organigramas que permitieron destapar en 2015 el caso «La Línea», una red de defraudación aduanera que cobraba sobornos a importadores a cambio de reducir ilegalmente los impuestos, y que llevó a la renuncia y encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Entre marzo de 2016 y enero de 2018, Foppa estuvo al frente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Durante su gestión, la SAT superó su meta de recaudación después de varios ejercicios sin conseguirlo, y se intensificaron las investigaciones contra el fraude fiscal.

Uno de los casos más conocidos obligó a Aceros de Guatemala a pagar 782.9 millones de quetzales en impuestos, multas e intereses.

Las autoridades destituyeron a Foppa en enero de 2018. La explicación oficial fue que no alcanzó las metas de recaudación, aunque medios locales interpretaron el despido como una señal del retorno de las redes corruptas que él había confrontado.

También señaló públicamente vínculos entre la ex primera dama y múltiples veces candidata presidencial Sandra Torres y líderes de la pandilla Barrio 18.

Torres llegó a la segunda vuelta de las elecciones de 2023, donde perdió frente al actual presidente, Bernardo Arévalo. Ese mismo año, Solórzano intentó postularse para alcalde de la capital, pero el Tribunal Supremo Electoral no le permitió participar.

Semanas antes de su muerte, Foppa señaló públicamente que una matanza de ocho personas ocurrida en el oriente del país en septiembre involucraba una operación de mercenarios respaldada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) junto con la intervención del Ejército guatemalteco. Los militares negaron las bajas civiles.

Posguerra, contrainsurgencia y la genealogía estadounidense de la violencia

Aunque parezca innecesario, es importante hablar del trasfondo histórico detrás del caso, y de cómo se ha configurado el poder en Guatemala entrado el siglo XXI. Para esto, es importante hablar de un periodo marcado por la violencia y la opacidad: la posguerra guatemalteca.

El 29 de diciembre de 1996 en Guatemala se firmaron los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 36 años de el llamado por el Estado y los medios «conflicto armado interno», aunque otros lo califican como una guerra civil contrainsurgente.

Uno de los núcleos guerrilleros más importantes fue Petén, y también allí los kaibiles —las fuerzas especiales del Ejército entrenadas en contrainsurgencia— tenían su base de operaciones.

Es en este punto donde la historia de Guatemala se entrelaza directamente con la de México y con la política de seguridad de Estados Unidos en la región.

La Escuela de las Américas, el centro de entrenamiento militar estadounidense en Panamá (luego trasladado a Fort Benning, Georgia), formó a los oficiales que fundaron la escuela de kaibiles en 1974; tres de los primeros instructores se habían graduado en esa institución.

Décadas después, los Zetas —cuyos fundadores fueron militares de élite mexicanos entrenados en contrainsurgencia— reclutaron a kaibiles guatemaltecos mediante anuncios de radio en Petén que ofrecían «empleo custodiando vehículos que transportan mercancía a México».

Para 2006 se estimaba que unos 40 kaibiles trabajaban para el grupo. Investigaciones académicas sobre la violencia en la región señalan que las tácticas de guerra especial que utilizan los Zetas son adaptaciones de doctrinas que las fuerzas especiales estadounidenses aprendieron, desarrollaron y perfeccionaron, y que transmitieron a estructuras criminales a través de mercenarios.

A mediados de la década de 2000, Guatemala se había convertido en un punto neurálgico del corredor de la cocaína que va de Colombia a Estados Unidos.

Según estimaciones de analistas del gobierno estadounidense, filtradas por Wikileaks, durante 2007 más de una tonelada de cocaína pasaba diariamente por territorio guatemalteco.

Los Zetas comenzaron a operar en Cobán, Alta Verapaz, y forjaron alianzas con capos locales. En abril de 2009, tras un tiroteo en la Ciudad de Guatemala, las autoridades encontraron cientos de granadas y cajas de municiones provenientes de arsenales del Ejército guatemalteco; nunca establecieron si fueron robadas, compradas ilegalmente a través de un intermediario corrupto o entregadas directamente por oficiales militares.

El episodio de Petén en 2025 se inscribe en ese patrón más amplio: el Ejército guatemalteco ha sido, en distintos momentos, fuente de armamento que termina en manos de estructuras criminales, y la respuesta institucional ha sido sistemáticamente la misma: negación inicial, revelación tardía y procesamiento de mandos medios.

El financiamiento ilícito de campañas es el otro rostro de esa penetración.

La campaña presidencial de Álvaro Colom en 2007, según la investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y reportajes posteriores, recibió fondos de narcotraficantes guatemaltecos y mexicanos a través de operadores como Obdulio Solórzano —apodado «Yuyo»—, quien fue asesinado en julio de 2010.

En diciembre de ese año, un comunicado de Los Zetas transmitido por Radio La Buena en Cobán afirmó que el grupo había entregado 11.5 millones de dólares a la campaña de Colom.

La CICIG documentó parcialmente esos flujos, pero nunca abrió una investigación sobre la campaña de la UNE. A diferencia de «La Línea», que sí prosperó y llevó a la cárcel a Pérez Molina y Baldetti, el caso Colom permaneció archivado. Esa diferencia —qué casos avanzan y cuáles se detienen— es precisamente lo que define a un Estado cooptado.

Esa historia de penetración criminal es el telón de fondo sobre el que se proyecta el asesinato de Solórzano Foppa, y que hoy conmociona a la región, y puede tener implicaciones severas en vísperas de la jornada electoral que se avecina en Guatemala para 2027.

El asesinato de Foppa, según activistas consultados para este trabajo que piden el anonimato, más allá de un mensaje directo tiene una triple intención: «primero, sostener el pacto de impunidad del Ejército y proteger los intereses corruptos que ahí se albergan; segundo, generar un estado de shock para que la población salga con miedo a las próximas elecciones; y tercero, poner la antesala de la intervención de los Estados Unidos en el proceso, como ha pasado en toda la región».

Aquí vale aclarar que la narrativa del «narcoestado» se construyó por los Estados Unidos para legitimar intervenciones coercitivas en América Latina, presentando el problema como una amenaza externa que requiere respuestas militares, mientras se ignoran las responsabilidades compartidas en la cadena del narcotráfico y el papel de las propias agencias de seguridad estadounidenses en la región.

En el caso guatemalteco, la paradoja es evidente: el mismo Estado que entrenó a las fuerzas de contrainsurgencia que luego nutrieron a los Zetas es el que ahora aparece como víctima de la violencia que esas fuerzas engendraron.

La pregunta que queda abierta es si el Estado guatemalteco tiene todavía la capacidad de investigar a quienes lo han cooptado, y hasta qué punto esa cooptación es el resultado de una lógica de seguridad regional que Washington ayudó a construir y que ahora invoca como justificación para intervenir.