27 diciembre, 2025

El 2025 fue un año de transformación institucional para México, con una reforma judicial histórica y una redefinición de la estrategia de seguridad. Estos cambios ocurrieron junto a un vigoroso debate social sobre derechos fundamentales y una creciente participación ciudadana. El balance muestra un país en transición, negociando sus prioridades internas con un rol activo en el escenario internacional
Texto: Jade Guerrero y Jazmín Sandoval
Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro
CIUDAD DE MÉXICO. – 2025 fue un año en el que los conflictos sociales dejaron de ser episodios aislados para consolidarse como síntomas de problemas estructurales: el acceso a la vivienda, la defensa del territorio, el trabajo digno, la participación juvenil y la supervivencia del campo. Lejos de resolverse, estas tensiones se profundizaron en un contexto de encarecimiento de la vida, crisis ambiental y una creciente distancia entre las decisiones políticas y las necesidades de la población.
Al mismo tiempo, conflictos internacionales como el genocidio en Gaza y la crisis climática global atravesaron la conversación pública en México, obligando a la sociedad civil a posicionarse ante violaciones graves a los derechos humanos más allá de las fronteras nacionales.
El 2025 marcó un hito sin precedentes en la historia jurídica del país con la implementación de la reforma al Poder Judicial.
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La transición hacia un modelo de elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces se consolidó como el eje central de la narrativa gubernamental sobre la democratización de la justicia.
Sin embargo, este proceso despertó profundas preocupaciones sobre la pérdida de la carrera judicial y la posible politización de los tribunales, poniendo en duda la autonomía necesaria para proteger los derechos ciudadanos frente a los abusos de poder. Sin embargo, la elección de Hugo Aguilar Ortíz como ministro presidente de la Corte es un hecho destacable, pues su discurso es claro: romper las viejas estructuras para dar paso a nuevas formas de justicia.
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La incertidumbre institucional generada por este cambio estructural planteó interrogantes sobre la capacidad del sistema para garantizar juicios imparciales y mantener la estabilidad jurídica frente a la inversión extranjera. Sin embargo, la condena a Ricardo Salinas Pliego permite ver que, al menos, algo se está moviendo dentro.
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La estrategia de seguridad pública continuó profundizando el rol de las fuerzas armadas en tareas civiles, consolidando una tendencia de militarización de la vida pública.
El traspaso definitivo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue presentado como la única ruta para pacificar el país, aunque la percepción de inseguridad en diversas regiones se mantuvo elevada.
Las denuncias por extorsión y el control territorial ejercido por grupos delictivos en puntos estratégicos evidenciaron que el despliegue de tropas no necesariamente se traduce en el desmantelamiento de las estructuras criminales.
La opacidad en la rendición de cuentas y la resistencia de las instituciones castrenses a transparentar casos de uso excesivo de la fuerza subrayaron la deuda pendiente en materia de controles civiles sobre el poder militar.
El sistema de salud enfrentó una de sus crisis más agudas debido a la brecha entre las promesas de gratuidad y la realidad operativa de las clínicas y hospitales.
El recorte del 11% al presupuesto del sector salud en 2025 impactó directamente en la infraestructura y en la capacidad de atención de instituciones que atienden a la población más vulnerable.
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La transición hacia el modelo IMSS-Bienestar mostró dificultades logísticas que dejaron a comunidades enteras en una situación de desprotección, evidenciando que la centralización no ha resuelto los problemas de acceso y calidad.
La gentrificación se consolidó como uno de los principales conflictos urbanos del año. En distintas zonas de la Ciudad de México, el aumento acelerado de rentas, los desalojos y la transformación del espacio urbano evidenciaron la ausencia de políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda y a la permanencia de las comunidades.
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Casos como el del pueblo originario de Xoco mostraron cómo el desarrollo inmobiliario, los megaproyectos y el turismo de corta estancia han profundizado procesos de desplazamiento forzado interno. La resistencia vecinal frente a proyectos como Mitikah reveló que la gentrificación no solo encarece la vida, sino que fragmenta el tejido social, privatiza el espacio público y vulnera derechos fundamentales como el acceso al agua, la movilidad y el arraigo comunitario.
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Los megaproyectos de infraestructura y desarrollo económico continuaron ocupando un lugar central en el debate público. Comunidades y organizaciones denunciaron daños ambientales, deforestación, afectaciones a cuerpos de agua y la falta de consultas previas, libres e informadas, calificando estos procesos como verdaderos ecocidios.
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Las discusiones en torno a la crisis climática y los conflictos territoriales dejaron ver una tensión constante entre el discurso del crecimiento económico y la protección del medio ambiente. Lo ocurrido en espacios internacionales como la COP30 evidenció que, mientras se habla de transición energética, los pueblos indígenas y las comunidades que protegen los territorios siguen siendo excluidos de las decisiones que definen su futuro.
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Las movilizaciones encabezadas por jóvenes marcaron un punto de inflexión en la participación política de la Generación Z. Lejos de la apatía que suele atribuírseles, las juventudes salieron a las calles para exigir respuestas frente a la precarización laboral, la crisis climática, la violencia y la falta de futuro, con demandas concretas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, sustentadas en argumentos sólidos y estudios técnicos.
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Sin embargo, el paisaje de la protesta juvenil mostró una clara contradicción: mientras movimientos como el de las 40 horas surgieron de un malestar auténtico y planteaban soluciones estructurales a problemas reales, sectores conservadores intentaron instrumentalizar el descontento juvenil, promoviendo narrativas que, bajo una fachada de rebeldía, buscaban vaciar de contenido político las movilizaciones y desviar la atención de las causas profundas de la desigualdad. Frente a esta cooptación, las marchas por derechos laborales, climáticos y sociales demostraron que el núcleo consciente de la generación se reconoce como un actor político autónomo, capaz de diferenciar entre una protesta manipulada y la lucha por un futuro justo, disputando con claridad el sentido del presente.
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Las protestas del sector agrícola pusieron en evidencia la precarización histórica del campo mexicano. Agricultores y productores denunciaron la falta de precios justos, el impacto del cambio climático y la insuficiencia de apoyos gubernamentales para garantizar la viabilidad de la producción de alimentos.
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El paro nacional de agricultores y los bloqueos carreteros reflejaron el colapso del modelo agroindustrial, dependiente de insumos caros derivados del petróleo. Frente a esta crisis, experiencias de agroecología y agricultura sostenible, como las que resisten en la Sierra del Ajusco, mostraron alternativas que priorizan la soberanía alimentaria, el cuidado del suelo y la vida comunitaria.
En el terreno económico, el aumento al salario mínimo fue presentado como uno de los principales avances sociales del año. Las cifras oficiales sobre la reducción de la pobreza reforzaron esta narrativa. Sin embargo, diversos análisis señalaron que el incremento en los ingresos no siempre se traduce en una mejora real en la calidad de vida.
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El encarecimiento de la vivienda, los servicios básicos y los alimentos absorbió gran parte del aumento salarial, especialmente en zonas urbanas. Para amplios sectores de la población, el salario sigue siendo insuficiente para garantizar un nivel de vida adecuado, evidenciando la brecha entre los indicadores macroeconómicos y la experiencia cotidiana de las personas trabajadoras.
El genocidio en Gaza atravesó el debate público y político en México durante 2025. Colectivos, organizaciones y sectores de la sociedad civil exigieron una postura más firme del Estado mexicano frente a las violaciones graves a los derechos humanos cometidas contra el pueblo palestino.
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La instalación del antimonumento “La puerta de la resistencia” y las movilizaciones solidarias evidenciaron que, frente al silencio o la tibieza institucional, la sociedad civil asumió un papel activo en la denuncia internacional. Este conflicto puso sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad de los Estados ante crímenes de lesa humanidad y la coherencia entre el discurso de derechos humanos y la política exterior.
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La política exterior de 2025 estuvo dictada por la presión migratoria y las complejas negociaciones comerciales con Estados Unidos.
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México reafirmó su papel como muro de contención migratoria, gestionando flujos humanos bajo una lógica de seguridad fronteriza que a menudo colisionó con el discurso de respeto a los derechos de las personas en tránsito.
La antesala de la renegociación del T-MEC introdujo tensiones por la presencia de capitales chinos en sectores estratégicos y por las exigencias laborales y ambientales del mercado norteamericano.
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Este escenario puso a prueba la soberanía nacional, obligando al Estado a equilibrar sus necesidades comerciales con una realidad migratoria que desborda las capacidades de las ciudades fronterizas.
A pesar de los avances en representación política, las demandas de las mujeres por una vida libre de violencia y por un sistema de cuidados digno permanecieron en el centro del conflicto social.
La discusión sobre la creación de un Sistema Nacional de Cuidados avanzó con lentitud, dejando la carga del trabajo doméstico y de atención mayoritariamente sobre los hombros de las mujeres, sin el apoyo estatal necesario.
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El incremento en las cifras de violencia vicaria y los obstáculos para acceder a la justicia en casos de feminicidio demostraron que las leyes actuales resultan insuficientes sin una transformación cultural y presupuestal profunda.
Las colectivas feministas continuaron señalando la contradicción entre un discurso de igualdad y una realidad de ejecuciones arbitrarias y negligencia institucional que sigue vulnerando los derechos fundamentales de las mujeres.
El 2025 cerró con un país atravesado por múltiples disputas sociales que, aunque diversas, comparten una raíz común: la exigencia de derechos que no siempre se garantizan en la práctica. La defensa del territorio, la vivienda, el trabajo digno, el medio ambiente y la participación política mostraron que los avances económicos o institucionales resultan insuficientes sin políticas públicas que coloquen en el centro a las personas y a las comunidades.
El balance político-social del año deja claro que México enfrenta una encrucijada: profundizar un modelo que reproduce desigualdades o apostar por una transformación que haga de los derechos humanos algo más que un discurso.
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