El asesinato de Octavio Acuña en Querétaro, hace 16 años, tuvo todos los indicios de un crimen de odio, y que pudo ser cometido por policías en activo. Octavio denunció las amenazas, pero no lo escuchó ni el gobierno, ni las comisiones de derechos humanos. El crimen continúa impune. Sus amigos siguen trabajando por garantizar los derechos de la comunidad LGBTTTIQ en la entidad y en el país, y siguen exigiendo que se investigue. 

Texto: Alejandro Ruiz
Fotos: Especial

QUERÉTARO.- El 21 de junio de 2005 Octavio Acuña Rubio fue asesinado afuera de la condonería que él y su pareja administraban en la ciudad de Querétaro.

Dentro de su negocio no faltaban mercancías y no había señales de que se tratara de un robo. Pese a ello, la entonces Procuraduría General del Estado arrojó esta hipótesis como principal móvil del delito. 

Después de dos años del asesinato de Octavio la investigación fue cerrada tras una supuesta confesión de una persona en su lecho de muerte. Sin embargo, para sus ex compañeras de organización el caso de Octavio está muy lejos de encontrar justicia. 

Irregularidades procesales, homofobia, así como la falta de voluntad de la Procuraduría para investigar a los principales sospechosos, parecen arrojar que el asesinato de Octavio Acuña fue un crímen de odio fundamentado en razones políticas. 

“Fue una ejecución extrajudicial y un crimen de odio por homofobia” asegura Nadia Sierra, ex compañera de Octavio en la Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas (Aquesex). 

Todo inició con una denuncia…

“Nadie esperaba que el caso de Octavio terminara así”, lamenta  Alejandra Martínez, ex compañera de Octavio en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro y en Aquesex. 

El 17 de septiembre de 2004 Octavio y su pareja se encontraban paseando por el centro histórico de la ciudad de Querétaro cuando dos policías municipales, de apellido Hernández, les increparon mientras se encontraban sentados en una de las bancas del Jardín Guerrero. 

Los policías obligaron a que Octavio y su pareja se fueran del lugar, pues argumentaron que había lugares “especiales para gente como ellos”. Hacían referencia a su orientación sexual.

Debido a esta agresión, el 21 de septiembre de ese mismo año Octavio y su pareja interpusieron una queja contra  los policías ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que en aquel momento era presidida por Pablo Enrique Vargas Gómez.

La respuesta de la Comisión, sin embargo, fue violatoria a su propia normatividad, pues orillaron a las víctimas a presentar las pruebas para fundamentar su queja, exigiendoles que identificaran a sus agresores y presentaran testigos para confirmar sus dichos. 

Todo esto pese a que en el artículo 21 del reglamento de la CEDH, se establecía que “la identificación de autoridades o servidores públicos señalados en las quejas, se intentará a través de la investigación que realicen los visitadores de las mismas”. La carga de la prueba era para los acusados y no para las víctimas.

En una entrevista realizada a Vargas Gómez en 2012, el ex titular de la CEDH aseguró que la denuncia presentada por Octavio y su pareja estaba basada en “subjetividades”, por lo que resultaba improcedente ante el principio de imparcialidad; por todo ello argumentó que no habían requerido el informe de los dos policías acusados de actos discriminatorios y homofóbicos. 

La queja tardó más de dos meses en ser efectiva, y después del 7 de abril del 2005 fue desestimada por una supuesta “falta de interés” de las partes que denunciaban. Entonces la pareja impugnó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero esta le dio razón al argumento de la CEDH y archivó la queja. 

Durante todo este procedimiento, el cual es calificado como “revictimizante” por las ex compañeras de Octavio, Acuña y su pareja comenzaron a recibir amenazas y mensajes homofóbicos en las instalaciones de su condonería. En su momento denunciaron, y acusaron que provenían de los mismos policías a quienes se habían atrevido a denunciar. Nadie investigó estas acusaciones. 

Acoso creciente, crimen de odio anunciado

“Entraron a robar la condonería, les grafitearon las paredes, les rompieron vidrios, inclusive una vez la tapizaron con mensajes provida. Todo esto eran señales de que iban escalando las agresiones, pero no imaginábamos hasta dónde iban a llegar”, señala Lluvia Cervantes, compañera de Octavio en Aquesex. 

Octavio y su pareja exigían que se les otorgaran medidas cautelares, temían por su integridad. Sin embargo, éstas no encontraron eco en las instituciones de Derechos Humanos.

El 15 de junio de 2005, Octavio acudió a una conferencia organizada por la CEDH donde la antropóloga Martha Lamas hablaba sobre los derechos sexuales. Ahí, Octavio aprovechó para denunciar la homofobia y discriminación con la que se había tratado su denuncia en las comisiones estatal y nacional de derechos humanos. 

Así se expresó Acuña aquel día de 2005: 

“Cuando vamos a una Comisión y nuestra queja la cierran, cuando a nivel nacional o estatal no se gestan más que puros acuerdos, o no se hacen cosas en concreto, la población que yo represento, yo como homosexual, yo como persona, yo como hombre: pues vale madre […]. Y bajo todo este nerviosismo que tengo es porque en mi vivencia personal ya no puede existir mayor tortura, ya no puedo soportar mayor desinterés de que a partir de todos los discursos y de todas las formas de expresión, si no hay una tolerancia, si no hay un respeto, entonces no hay derechos sexuales y reproductivos en el país.” 

Seis días después el cuerpo de Octavio fue encontrado con 7 puñaladas, una de ellas en el corazón. 

“En ese entonces no supimos hacer la lectura efectiva de las agresiones que atravesaba Octavio, no contábamos con protocolos de seguridad y ahora es muy obvio que todo iba hacia allá, pero en ese momento nunca nos atravesó por la cabeza que el desenlace sería asesinarlo”, señala Nadia Sierra. 

«Qué tal si tiene VIH»

“Recibí una llamada en la tarde” relata Lluvia Cervantes “era un compañero que me dijo que fuera a la condonería de Octavio porque algo había pasado, le avisé a mi mamá y fuimos juntas; llegamos y había patrullas y la camioneta del Semefo, sentimos un nudo en la garganta”. 

El cuerpo de Octavio fue encontrado al fondo de su negocio por un par de jóvenes universitarios que habían acudido a la condonería. Avisaron a los vecinos, y estos llamaron a la policía. 

Durante el siguiente par de horas, las personas cercanas a Octavio fueron recibiendo la noticia e iban llegando de a poco al lugar de los hechos. 

“Recuerdo que la pareja de Octavio llegó corriendo” continúa Lluvia Cervantes. “Inmediatamente se acercó al cerco que habían establecido los policías. Estaban sacando el cuerpo de Octavio. Su pareja comenzó a gritar, no lo dejaban pasar aunque insistía que él era su pareja, un reportero tomó fotos del cuerpo y del dolor de su pareja, los policías, en una actitud homofóbica, comenzaron a hacer preguntas innecesarias, fue algo muy fuerte y deshumanizante”. 

Las irregularidades en la investigación fueron evidentes desde el levantamiento del cuerpo. 

Filtración de imágenes a reporteros locales e interrogatorios improvisados a las personas cercanas a la víctima son tan solo algunos elementos que dan prueba de ello. 

“A la pareja de Octavio le preguntaron sobre aspectos no solo irrelevantes, sino [también con una carga revictimizante]. Una de esas preguntas, por ejemplo, era: ‘¿quién era la mujer en la relación?’” relata Nadia Sierra. 

“Al trasladar el cuerpo al Semefo”, continúa Nadia Sierra, “el personal médico forense se negaba a practicar la necropsia, argumentaban que qué tal si era alguien contagiado de VIH. Son homofóbicos.” 

Asimismo, el personal de la Procuraduría se negaba a entregar el cuerpo a su pareja y colegas de organización, argumentaban que no podían realizar ese procedimiento debido a que no eran familiares de Octavio, pese a que él y su pareja compartían propiedades, negocios y llevaban una relación de más de dos años en ese momento. 

Ante esto, las compañeras de Octavio contactaron a sus familiares, quienes vivían en el estado de Zacatecas. 

Una noticia que nadie quiere dar

Desde que Octavio migró a Querétaro para realizar sus estudios en psicología, el contacto con su familia había sido intermitente. Personas cercanas a Acuña aseguran que aunque sus familiares respetaban su orientación sexual, nunca le apoyaron y preferían que él estuviera lejos. 

Nadia Sierra, quien se comunicó con sus familiares tras el asesinato relata: 

“No es algo fácil. ¿Cómo les explicas por teléfono que asesinaron a su hijo? Decidimos decirles que Octavio estaba mal de salud en el hospital y que era urgente que vinieran a Querétaro; cuando llegaron les explicamos todo. Fue muy doloroso.” 

Después de que la familia de Octavio reconociera el cuerpo, se decidió enterrarlo en Zacatecas. Los familiares acordaron firmar una carta poder para que sus colegas de organización e integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano  tuvieran la representación legal para continuar con el caso. 

“Aún así la gente de la Procuraduría no nos informaba sobre los avances en la investigación. Nos enterábamos por medios de comunicación de casi todo, tuvimos que hacer mucha presión”, recuerda Nadia Sierra. 

Una de las acciones que promovieron fue una queja en la CEDH ante las irregularidades en el proceso y los actos de discriminación y homofobia por parte de los policías y el ministerio público.  

La queja, al igual que la de Octavio, se archivó. 

Para Bernardo Romero, ex coordinador del CDH Fray Jacobo Daciano, a partir de las irregularidades procesales, así como del tratamiento que la Procuraduría le dio al caso, se puede inferir que las autoridades estatales estaban encubriendo a los verdaderos responsables del asesinato de Octavio. 

Y agrega que “Nos negaron acceso al expediente, la policía buscó incriminar a personas cercanas a Octavio, buscaban a quién echarle la culpa mientras que los policías que habían discriminado a Octavio y su pareja jamás demostraron su inocencia. La policía no investigó: inculpó.” 

“Crimen pasional”

A las pocas semanas del asesinato de Octavio, la Procuraduría anunció que había detenido a un joven menor de edad como presunto culpable. 

La acusación en su contra, denuncian las ex compañeras de Octavio, es parte de las  irregularidades en el procedimiento. Pues el caso se armó a partir de una supuesta confesión que el joven hizo con sus amigos en una fiesta donde admitió haber entrado a robar la condonería. 

“El muchacho, que vivía en una colonia popular y trabajaba como panadero, está en una fiesta y con sus amigos admite haber matado a Octavio. Por azares del destino la Procuraduría se enteró e inició la investigación, y cuando llegaron a catear la casa del muchacho resulta que encuentran un consolador de los que vendía Octavio en su tienda, esto bastó para que aprehendieran al joven,” señala Nadia Sierra. 

El caso en contra del joven panadero fue ratificado a partir de la declaración de una mujer transgénero que aseguró haber contratado al acusado para “darle un sustito a Octavio” debido a que la rechazó para entablar una relación sexoafectiva. 

La Procuraduría construyó la narrativa del “crimen pasional” y negaba rotundamente que se tratara de un crimen de odio por homofobia. Asimismo desmintió categóricamente  que hubiera elementos policiales involucrados.

Esta narrativa fue sostenida por las cúpulas eclesiales y gubernamentales, como la declaración de un funcionario estatal, quien aseguró: 

“En Querétaro no hay homofobia, porque afortunadamente aquí casi no se presenta el mal de la homosexualidad. Nosotros no andamos tras de ellos [SIC].” 

“Estaban fabricando culpables”, puntualiza Nadia Sierra. “Primero dijeron que fue un robo y después un crimen pasional, cuando lo que en realidad pasó fue una ejecución extrajudicial por homofobia donde los principales sospechosos eran los policías que Octavio y su pareja habían denunciado en septiembre. Nadie los investigaba a ellos, los estaban encubriendo.” 

Tres presuntos culpables, probablemente inocentes

De acuerdo con la documentación de las personas que acompañaron el caso, el joven detenido y la mujer transgénero presentaban signos de tortura. Después de un año 5 meses, el acusado fue puesto en libertad debido a un “golpe de suerte” y la mujer transgénero se mudó de estado, presuntamente, por amenazas en su contra. 

El “golpe de suerte” que tuvo la Procuraduría estatal fue el testimonio de la madre de un hombre quien, en pleno lecho de muerte, confesó haber asesinado a Octavio. 

La Procuraduría, sin indagar a fondo, tomó como válida la supuesta confesión y después de dos años del asesinato dio por cerrado el caso. 

Para las ex compañeras de Octavio esto fue una salida política, pues durante el gobierno de Francisco Garrido Patrón (2003-2009) las acusaciones en contra de los abusos policiales y el encubrimiento de estos casos por parte de la Procuraduría pusieron en entredicho a su administración. Como el caso del asesinato de José Jesús Ruiz Escobedo en 2003 y el de Marco Antonio Hernández Galván en 2005. 

Actualmente, y pese a que la carpeta de investigación por el asesinato de Octavio se cerró en 2007, desde el 2009  existe una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se investiguen las irregularidades y se vuelva a abrir el caso. Aún no hay respuesta. 

De igual forma se desconoce si los dos policías denunciados por Octavio y su pareja en 2004 fueron removidos o sancionados. 

Asimismo, los funcionarios estatales implicados en el caso siguen ocupando cargos dentro de la administración estatal o en el Partido Acción Nacional. Este es  el caso de Juan Martín Granados Torres, actual secretario de Gobierno y en ese entonces Procurador estatal; y Alfredo Botello Montes, actualmente Senador de la República y en ese entonces secretario de Gobierno de Garrido Patrón). 

A estos personajes se les atribuye orquestar agresiones y amenazas en contra de las y los activistas que exigían justicia después del asesinato de Octavio. 

“Como activista, como su amiga personal, nunca voy a dejar de exigir justicia hasta que no se haga. Así pasen 15 o 20 años no vamos a descansar. Vamos a hacer que los sueños que tenía Octavio se hagan realidad.” Señala Nadia Sierra. 

Los sueños de Octavio 

Octavio ingresó a la organización Aquesex en el último semestre de la universidad. Ahí encontró un espacio organizativo que le permitía ampliar su activismo por los derechos sexuales y reproductivos en espacios comunitarios. 

“Octavio y yo coincidimos en muchos de los espacios de chamba”, señala Alejandra Martínez de Aquesex.  “Aquesex siempre funcionó para muchas personas como un laboratorio, un aprendizaje, una forma para ir saliendo al mundo con toda la complejidad que implica trabajar el tema de sexualidades en un estado tan peculiar como Querétaro, pero también con mucho sentido comunitario.” 

“No había activismo en los estados, todo estaba centrado en la Ciudad de México” señala Alejandra Martínez “las respuestas en los estados ante estas problemáticas eran muy incipientes, muy desarticuladas.” 

Fundada en 1989 por la psicóloga y sexóloga Elizabeth Contreras, Aquesex ha sido una de las organizaciones sociales más importantes para la entidad: se ha encargado de difundir y promover los derechos sexuales y reproductivos en comunidades y poblaciones históricamente marginadas. 

Antes de su asesinato, Octavio era el secretario de su organización y estaba trabajando en un proyecto para fortalecer organizaciones locales para que dieran respuestas comunitarias al VIH, al estigma y la discriminación. 

Aprendizaje, prevención, organización

El papel de Octavio dentro del activismo por los derechos sexuales y reproductivos se centró principalmente en la comunidad LGBTTTIQ, donde organizaba grupos con chicos gays, repartía condones e impartía talleres de sexualidad y prevención del VIH. 

“Eran de los primeros esfuerzos más estructurados para dar respuesta a estas problemáticas.” agrega. 

Para Alejandra la respuesta de la población era positiva ante estos esfuerzos. Sin embargo, las autoridades y los grupos conservadores del estado mostraron renuencia a estas acciones.

“En realidad las complicaciones nunca han sido con la gente de a pie, pues siempre nos llamaban para que diéramos pláticas en las escuelas. El tema de la sexualidad no es tan complejo en lo cotidiano, el problema es con las cúpulas de poder”, puntualiza Alejandra Martínez. 

Seguir adelante, por la memoria de Octavio

El asesinato de Octavio representó un golpe para el proceso organizativo de Aquesex “pues en su momento el venía jalando los hilos para el trabajo con la población LGBTTTIQ. Teníamos que responder de alguna manera, continuar el trabajo de Octavio. Si no hubiera sido por sus contactos y sus proyectos tal vez la organización se hubiera acabado.” 

Además del activismo local, Octavio era representante de Aquesex en la Red Democracia y Sexualidad (Demysex) donde pudo entablar contacto con otros colectivos y organizaciones de distintos estados que comenzaban a trazar una agenda para los derechos de la comunidad LGBTTTIQ.

Alejandro Brito, compañero de Octavio en Demysex e integrante de Letra Ese narra: 

“Octavio era un activista muy aguerrido e insistente. Yo lo conocí en el contexto de la Red y siempre empujaba su denuncia y la ampliación de derechos, era muy entusiasta y se destacaba por su liderazgo. Inclusive una vez tomó un taller sobre el seguimiento contra crímenes de odio por homolesbobitransfobia, por eso cuando nos enteramos de su caso fue un golpe muy duro, un dolor terrible.”

Como sus compañeras en Querétaro, Brito y quienes integraban la red sostuvieron desde un inicio que el asesinato de Octavio había sido un crímen de odio por su orientación sexual. 

Para Brito, el trabajo de Octavio en una sociedad típicamente conservadora como la queretana fue el motivo para que la justicia fuera ausente durante su caso. 

Y enfatiza en que “el conservadurismo no soporta que un hombre públicamente gay esté orientando, educando, y haciendo labores de prevención sexual a jóvenes.” 

El activismo de Octavio y Aquesex había comenzado a ampliarse en la entidad, pues la organización de jornadas culturales para erradicar la homolesbobitransfobia les había ganado mucha visibilidad pública y social, sin embargo hoy en día existe una agenda pendiente que no se ha atendido. 

La agenda pendiente

Aunque los avances del movimiento LGBTTTIQ pueden ser palpables en una disminución considerable en los crímenes de odio y en la conquista de la realización de matrimonios entre el mismo sexo en la entidad, la agenda de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ está muy lejos de realizarse en Querétaro y a nivel nacional. 

“No debemos conformarnos con ser más visibles, tenemos que apostar a organizaciones más fuertes y con visiones más estratégicas sobre otros temas que aún no se han resuelto” señala Alejandro Brito. 

Para Brito los temas en los que ha faltado fuerza por parte del movimiento LGBTTTIQ son en el reconocimiento al derecho de identidad de las personas trans para que tengan la posibilidad de cambiar su nombre y documentación oficial, así como la dotación de los servicios de salud específicos que necesitan.

Aunado a esto, los trabajos en el ámbito educativo son un espacio de lucha que poco se ha trabajado por parte de las organizaciones y colectivos LGBTTTIQ en el país.  

“Tenemos que incidir en la educación” agrega Brito. “La SEP no promueve políticas incluyentes en sus programas de estudio y no modifica las prácticas educativas con las infancias, pues de acuerdo con la CONAPRED la mayor parte de las agresiones y violencias hacia [esta] comunidad se sufren en esta etapa de la vida.” 

Además de esta agenda pendiente, Brito señala que la atención a los crímenes de odio por homolesbobitransfobia, así como a las denominadas “terapias de conversión”, encuentra muchas irregularidades por parte de las autoridades. 

“Hay que señalar que, aunque en el Informe Anual de Crímenes de Odio Querétaro registra pocos casos, esto tiene un sesgo, pues nosotros no nos basamos en las carpetas de investigación ya que las fiscalías no registran  datos de orientación sexual e identidad de género. Tenemos una urgencia de datos oficiales pues nuestro registro se basa en lo que sale en los medios de comunicación, lo que deja muchos casos que no salen a la luz. Es el estado quien tiene que asumir la tarea de registrar y presentar estadísticas oficiales.” Enfatiza Alejandro Brito. 

Asimismo argumenta que el estado tiene que crear medidas de protección para la población más vulnerable, quienes estadísticamente son las mujeres y hombres trans, que por su identidad de género son expulsadas de sus casas, o se les dificulta encontrar un trabajo estable, lo que las orilla a situaciones de precariedad o riesgo. 

“Es importante volver a visibilizar y sacar a cuento las víctimas como Octavio Acuña a las que no se les hizo justicia. Ya que otro sector vulnerable son las personas que se dedican a la defensa de sus derechos o personas que eran reconocidas y visibles en su comunidad” Añade. 

Para las integrantes de Aquesex que acompañaron el caso de Octavio la agenda de la diversidad sexual está lejos de caminar en Querétaro y enfatizan en que es necesario politizar las demandas del movimiento LGBTTTIQ pues aseguran que no basta con reivindicar el orgullo, sino que debe avanzarse en garantizar los derechos de todas las personas. 

Nadia Sierra concluye: “El amor no mata, pero el odio sí, por eso cada 21 de junio seguiremos exigiendo justicia hasta que el asesinato de Octavio deje de ser impune.”