De norte a sur, las comunidades campesinas e indígenas de México han estado en alerta ante el avance de megaproyectos que depredan sus territorios, y respaldados por asociaciones de la sociedad civil siguen defendiendo sus mares y bosques
Texto: Laura Buconi
Foto: Alejandro Ruiz
CIUDAD DE MÉXICO.- El 2025 abrió con estadísticas alarmantes para México: el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en su informe anual sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales, revela impunidad del 99% en ataques a defensores, con un alza de homicidios a 21 casos y cuatro ejecuciones extrajudiciales en 2024.
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Los principales agresores identificados fueron el Estado (participación en 62 eventos, 65.9% del total, con un alza del 15% con respecto a 2023) y empresas (25 eventos, 26.5%, con un alza del 11%); en tercer lugar, la delincuencia organizada (17 eventos, 18%).
Los estados con más eventos de agresión en 2024 fueron Oaxaca (15), Chiapas, Michoacán y Puebla (9 cada uno) y Veracruz (8).
Extracción de petróleo y fracking
En el mes de abril, la organización internacional Oceana llamó la atención sobre la necesidad de proteger el Golfo de México de la extracción masiva de petróleo: recordó que Deepwater Horizondejó 800 millones de litros de crudo y daños por décadas, y actualmente el golfo cuenta con 15 mil especies y 90 mil empleos en riesgo. La organización exige una Zona de Salvaguarda ante derrames inminentes y la falsa rentabilidad petrolera del Golfo de México, y presentó un plan que resguardaría 346 mil 084 kilómetros cuadrados, que prohibiría la explotación de hidrocarburos y priorizaría la protección de ecosistemas y economías locales.
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Integrantes de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF) en el mes de marzo llamaron a Sheinbaum a respetar sus promesas de campaña hacia una transición a fuentes de energía sustentables: señalaron la urgente necesidad de implementar la prohibición total del fracturamiento hidráulico en la región para evitar que el territorio se siga convirtiendo en zona de sacrificio, entre enfermedades degenerativas y colapso ambiental. Romualdo García de Luna, de la comunidad de Ojital Viejo en Papantla, Veracruz, señaló en conferencia de prensa que desde hace 20 años en el estado se han verificado muchos derrames: la sola región Totonacapan cuenta con 2300 pozos petroleros, y se ha verificado un fuerte aumento de casos de cáncer, derrames cerebrales y paros cardiacos entre jóvenes de 15 a 30 años.
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El dudoso papel de Pemex
Sin embargo, para finales de octubre no se han alcanzado los compromisos necesarios en cuanto a transición sostenible: en un boletín del 20 de octubre, la ALFF señaló que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 en el sector hidrocarburos muestra un retroceso significativo en transparencia: identificó la inclusión, con presupuesto opaco, de al menos ocho programas de exploración y extracción de gas en yacimientos no convencionales que requieren fracking. Señalan en particular que el recurso asignado a la empresa pública del Estado (Pemex) no se encuentra desglosado ni se han publicado los montos que corresponden a los programas presupuestarios relevantes de la empresa.
“De los 517,362.1 millones de pesos de gasto programable propuesto para este 2026 para Petróleos Mexicanos, hasta la fecha no se cuenta con el desglose de los montos que se destinarán para los programas y proyectos de inversión del sector hidrocarburos, particularmente los que tienen que ver con extracción de gas en yacimientos no convencionales, hoy llamados ‘yacimientos de geología compleja’ según el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035”.
La ALFF no es la única asociación por el cuidado del medio ambiente en expresar perplejidades sobre el rol de Pemex: la Coalición México Resiliente, a la luz de la publicación de la Actualización de la Contribución Determinada a nivel Nacional 3.0 de México (NDC 3.0), exige mayor claridad sobre la ruta para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y el papel de Pemex. “Si bien la meta de mitigación a 2035 se expresa en términos absolutos, no hay la misma ambición para el sector de petróleo y gas en las metas a 2030”, denuncian en comunicado de prensa.
A pesar de que Pemex concentra cerca del 95% de la producción nacional de petróleo, no se menciona explícitamente en las tres medidas del sector, lo que impide definir con claridad su papel en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en México y el papel de la empresa en la transición justa del país.
Lucha por el derecho al agua
Desde finales de octubre, campesinos y transportistas en todo el país se manifiestan creando bloqueos masivos en protesta por los precios de compra del maíz y por la propuesta de Ley General de Aguas que, afirman, viola sus derechos.
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El 11 de diciembre de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se expide la Ley General de Aguas, y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales”. La nueva Ley de Aguas, que promete garantizar el derecho humano al líquido, según expertos perpetúa el modelo mercantilista y centraliza el poder en una Conagua opaca, mientras ignora los acuerdos ciudadanos.
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Defender el agua es la consecuencia de una lucha más profunda: la lucha por la autonomía en el México rural, donde las comunidades no solo resisten leyes o proyectos: desmontan alambrados físicos y simbólicos para recuperar el control de sus territorios y recursos. La defensa del agua sigue esta misma lógica: es quitar el cerco privatizador a ríos, pozos y cuencas para reafirmar un derecho colectivo y un bien común.
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Luchar por el derecho al agua se ha convertido, en algunos casos, en un factor criminalizante: en septiembre, dos defensores del agua de San Miguel Xoxtla, Puebla, han sido vinculados a proceso judicial tras manifestaciones de cientos de personas contra la extracción de agua para empresas privadas en la región. En otros casos, equivale a una sentencia de muerte: el mismo mes, Carolina Plascencia, presidenta interina de ASURCO, Asociación de Usuarios del Río Cuautla, en el estado de Morelos, fue asesinada a balazos.
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En Querétaro se sigue discutiendo sobre el proyecto El Batán, propuesto por el gobernador Mauricio Kuri González para mejorar el suministro de agua en el estado, financiado mediante una Asociación Público-Privada (APP).
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Se pretende acumular agua residual en la presa de El Batán, que, tras un proceso de potabilización, garantizaría el abastecimiento de agua para uso humano en el estado. Sin embargo, diputados de Morena, expertos y la población civil expresan preocupación y descontento frente a la iniciativa. Contrario a lo afirmado por el gobernador Mauricio Kuri González, en Querétaro no existe riesgo de escasez de agua: esta es desviada para uso de grandes empresas, mientras la población civil y rural queda desabastecida. Además, se estima que el 50% del agua en el estado se pierde por fugas.
Defensores del territorio en peligro
Este año los defensores del territorio tuvieron que enfrentarse a amenazas, sobre todo para quienes pertenecen a comunidades indígenas.
Desde finales de abril, se difundió en redes una campaña de difamación hacia el Consejo Supremo Indígena en Michoacán, y en particular, contra su vocero, el historiador michoacano Pavel Uliánov Guzmán, quien ya previamente había sido amenazado de muerte y ahora teme por su vida.
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El 2 de julio, en un comunicado urgente, la comunidad indígena independiente de Cherán sufrió un ataque armado, pero esto no ha sido un hecho aislado sino una intensificación de las agresiones durante las últimas semanas de junio en diversas regiones, incluyendo la Meseta Purhépecha, donde los habitantes de los poblados han sido víctimas de “amenazas, incursiones armadas y despojo territorial”.
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En junio, la organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal denunció la agresión armada contra integrantes de su comunidad Tzajalch’en, en Chenalhó, Chiapas. Alertaron sobre la creciente violencia e impunidad en los Altos de Chiapas, y expresaron temor de que haya riesgo de una nueva masacre. Dora Roblero, directora del Frayba, en septiembre denunció un allanamiento a su casa. Por su lado, el EZLN en octubre denunció una ofensiva coordinada para despojarlos de tierras recuperadas en Chiapas, que incluye desplazamientos forzados, incendios de viviendas y agresiones con respaldo policial-militar.
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Las comunidades indígenas oaxaqueñas siguen siendo amenazadas: la vida de defensoras del territorio está en peligro, mientras el megaproyecto de la minera Cuzcatlán en los Valles Centrales ha causado un segundo derrame que quedó impune, en septiembre de 2024, y sigue contaminando el agua y causando brotes de hepatitis, enfermedades respiratorias y gastrointestinales en los habitantes de las comunidades aledañas.
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Pueblos indígenas de la región mixteca de Oaxaca se encuentran en alerta ante el riesgo de un ataque violento, según denuncias presentadas por la Agencia Municipal de Guerrero Grande y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A. C. en el mes de septiembre. Los hechos más recientes, que incluyen amenazas de muerte y la tala ilegal de bosques, forman parte de un conflicto histórico por la tierra que ha incluido homicidios, desapariciones forzadas y el desplazamiento de cientos de personas desde 2021.
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La comunidad de San Lucas Atzala, en el municipio de Calpan, Puebla, está viviendo una crisis de agua potable debido al vertido de aguas negras en sus campos, y alerta sobre la tala ilegal del bosque en el pueblo aledaño de San Mateo Ozolco (insertar liga a la nota que saldrá este domingo). A pocos kilómetros de distancia, los pueblos originarios de Cholula resisten al despojo y a los megaproyectos urbanos que secan sus tierras, roban su agua y envenenan sus cultivos.
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Megaproyectos y despojo en CDMX
La capital mexicana no está exenta de intentos de despojo: organizaciones vecinales se han amparado contra los megaproyectos BeGrand, que están causando escasez de agua y desplazamiento en la colonia Verónica Anzures.
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En agosto, el Frente Aquí Somos por el Arraigo y la Inclusión Vecinal presentó un juicio de amparo contra autoridades de la Ciudad de México por haber incumplido con la normativa que regula Airbnb en la ciudad, ya que, a más de un año de la reforma, el proyecto no ha sido aplicado.
La preparación de la Ciudad de México al Mundial, previsto para 2026, está despojando al pueblo originario de Santa Úrsula Coapa, generando desabasto de agua y desplazamiento debido a la alza vertiginosa de las rentas. Los pobladores denuncian falta de consulta en los proyectos de Televisa y el Estadio Azteca. Las protestas crecen rumbo al evento, mientras aumentan la represión, la gentrificación y el riesgo de expulsión del pueblo originario.
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