Una negligencia cometida por un agente de ministerio público mandó a la fosa común el cuerpo de una adolescente de 16 años. También lanzó a su familia a una búsqueda angustiosa por 18 meses. Un tribunal colegiado en el Estado de México, sin embargo, determinó que el agente sí hizo daño, pero poquito

Texto: Lydiette Carrión

Fotos: Cortesía familia Reyes Muñiz 

CIUDAD DE MÉXICO.- Un agente del ministerio público omitió hacer una prueba genética a un cuerpo y lo envió a la fosa común. Por esta omisión, la familia buscó sin éxito a su hija por 18 meses.  Sin embargo, el Primer Tribunal de Alzada en materia Penal de Tlalnepantla, asegura que ese error sólo postergó la búsqueda 11 días. Aseguran que de haberse hecho esa prueba no hubiera hecho demasiada diferencia. 

Imagine que es usted un agente del ministerio público adscrito a la fiscalía de homicidios en Cuautitlán. Es 1 de octubre de 2011 y llega el reporte de un cuerpo en un terreno baldío del barrio de San Blas, una colonia popular en aquel municipio del Estado de México.

El cuerpo está emplayado, con tres vueltas de plástico; mechones de una cabello negro y largo están por aquí y por allá. Pero los restos están tan descompuestos que no es posible verificar a simple vista si se trata de un hombre o una mujer, aunque la ropa da un indicio: pants azul, playera a rayas, chamarra negra, ropa interior femenina.

Luego envías unos  cabellos a criminalística, con la indicación de extraer ADN, pero es infructuoso. Diez días después del hallazgo, la perito envía  un oficio y explica que necesita la muestra de un hueso grande –fémur, costilla o cráneo–, para identificar el cuerpo. 

Pero eres ministerio público en Cuautitlán, adscrito a homicidios, y la perito que ha enviado el oficio es tu subalterna. No respondes ni envías  ninguna otra muestra, no haces otra diligencia más; de algún modo te las ingenias para extraviar la ropa, la bolsa, los mechones de cabello. Para enero de 2012, envías el cuerpo a la fosa común. Sólo han pasado dos meses, aunque la ley marca un mínimo de tres para enterrar  a alguien en una tumba sin nombre. 

Pero, ¿qué es un mes?, ¿qué son unas bolsas o cabellos?, ¿qué es un fémur?

La realidad es que desde el 8 de agosto, dos meses antes, una familia entera buscaba a su hija: una adolescente de 16 años, alta, delgada y sonriente. Se llamaba Bárbara Reyes Muñiz, y el último día que la vieron dijo que iría a un centro comercial con una amiga. Salió de su casa en Cuautitlán Izcalli, vestida con un pants azul y una playera a rayas. 

Aquel día, por la tarde, la familia recibió mensajes en los pedían un rescate por Barbie: dinero y un auto; poco después la comunicación con los secuestradores se cortó. 

Desde el inicio Lourdes y Alejandro, madre y padre de Bárbara, dieron sus muestras de ADN a fiscalías estatales y federales, para cotejar cualquier cuerpo no identificado.

Las autoridades pidieron guardar discreción; ya que se trataba de un secuestro y la familia hizo lo que le indicaba la policía. Pero pasaron  los meses. Llegó 2012. Juan Carlos envió un cuerpo a la fosa común.  En febrero, ante una investigación detenida, la familia decidió  difundir el caso de su hija. Llevaron fotografías a todos lados, enviaron oficios a todos los semefos, y agencias de ministerio público  ¿Has visto a Barbie? Revisaron documentos, y reportes. Salieron en la prensa, en la radio. Nada. Pidieron ayuda a la ciudadanía y recibieron llamadas de todo el país: una jovencita muy parecida a la que buscan está en un bar en Puebla, decían. Y la familia fue al lugar. Otra chica muy parecida en Tijuana… y la familia se movilizaba. 

Así llegó enero de 2013; y un día en el que Lourdes, madre de Barbi, esperaba en Toluca alguna reunión con funcionarios para dar seguimiento al caso, platicando con otras familias le dijeron que últimamente habían encontrado a muchas jovencitas cuyos expedientes estaban traspapelados en los mismos semefos de origen. Lo usual en la criminalística mexicana: niñas de 14, pero que los peritos consignan una edad aproximada de  25 a 35 años. Mujeres asesinadas que son registradas como hombres; mujeres  de 1.60 de estatura y en el semefo consignan que miden 1.70. Estas fallas de origen forman parte cotidiana en el drama de desaparecidos en México.

Fue así que Eugenia decidió ir personalmente a cada Semefo y ver las carpetas directamente. 

En el segundo semefo que visitó halló a María Bárbara. Las fotografías de la ropa: pants azules, playera a rayas-. Pero sobre todo los dientes. Entonces recordó que guardaba un molde de yeso de la dentadura. Ese fue el primer paso para reclamar legalmente a su hija: un molde de ortodoncia.

Hubo papeleos y contingencias, y tuvieron que enfrentarse a un desorden monumental en el cementerio. Entre esto y lo otro, recuperaron los restos hasta abril de aquel año.

Demandar por negligencia

Ya hay una persona detenida por el secuestro y feminicidio de María Bárbara. Pero la familia decidió demandar, por negligencia al agente del ministerio público. 

En el primer juicio, durante el mismo 2013, el juez que llevó el caso determinó desestimar porque no hubo “dolo” por parte del agente de ministerio público. En el segundo juicio, el agente mostró el oficio en el que solicitó la prueba de ADN de un fragmento de cabello; ello, a pesar de que la perito le advirtió que el material estaba dañado y necesitaban un hueso grande. 

Para 2016 la familia interpuso otro amparo de reposición de proceso. Finalmente fue considerado culpable. El sentenciado se amparó en 2017, y el caso fue llevado ante un tribunal federal radicado en Toluca. Ahí se ratificó la sentencia (culpable), pero el juez determinó devolver el caso para revisar algunos detalles técnicos. El caso fue devuelto a los tribunales del Estado de México. En enero de este año  determinaron que el agente Juan Carlos sí fue culpable, pero sólo “poquito”. 

Alejandro Reyes, padre de Bárbara señala: “Los magistrados no debieron entrar en el detalle de si era tantito o mucho culpable”, el tribunal federal ya había determinado la culpabilidad. Pero el gran problema con esta nueva sentencia es que los magistrados aseguran en la sentencia que la negligencia de Juan Carlos sólo postergó 11 días la identificación de Barbi. 

¿11 días o 18 meses?

Para determinar esos 11 días, los magistrados tomaron la fecha en la que la madre de Barbi identificó las ropas en las fotografias del semefo y llevó unos moldes dentales para cotejarlos con el expediente. 

Y no es así: la negligencia de Juan Carlos implicó 18 meses de búsqueda para la familia. 

“Nos dicen que el error fue por 11 días, que van a reparar el daño por 11 días. Pero nosotros la buscamos por 18 meses”. 

El problema de fondo, agrega Alejandro Reyes, es que con esta determinación, la reparación de la pena que haría el Estado mexicano sólo sería de 11 días de búsqueda, y no de 18 meses como sí lo fue. 

Las personas que han sufrido la desaparición de un ser querido saben que 18 meses de búsqueda implica estragos a la salud física y emocional, así como la destrucción del patrimonio familiar. Con esta resolución, los 18 meses de búsqueda y sufrimiento de la familia Reyes Muñiz quedarían invisibilizados.