Un video difundido en medios mostró una presunta ejecución extrajudicial cometida por miembros del ejército mexicano en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los hechos ya están siendo investigados por las autoridades, y el gobierno federal asegura que son casos aislados, aunque no es la primera vez que esto ocurre

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO. – Un video publicado por Univisión, El País y Proceso mostró que el ejército mexicano presuntamente cometió una ejecución extrajudicial en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El video da cuenta de un operativo militar ocurrido el 18 de mayo, y muestra una persecución que los militares hacían a una camioneta donde viajaban cinco civiles armados, presuntamente integrantes del crimen organizado. Los militares someten a los civiles, y ya desarmados, ejecutan a cuatro de ellos y dejan herido de gravedad a otro, quien después fallecería en un hospital. Posteriormente, los soldados colocan armas en el lugar de los hechos, a un lado de los cadáveres, manejándolas con una bolsa roja, y se llevan algunas pertenencias de los civiles asesinados.

Ese mismo día, el teniente coronel José Luis Nava Martínez, quien estaba a cargo del convoy militar, presentó un informe ante la Fiscalía General de la República donde aseguró que los civiles murieron cuando atacaron a los soldados mientras estos intentaban desarmarlos.

Su versión contradice la del video difundido en medios, por lo que la declaración del teniente coronel podría haber sido falsificada.

El caso cobró revuelo en la agenda nacional, no solo por la brutalidad de las imágenes, sino porque apenas hace unos meses otro grupo de militares ejecutó a cinco jóvenes en la misma ciudad fronteriza.

Ante esto, después de que lo cuestionaran al respecto durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que “al parecer sí hubo ajusticiamiento, y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos”.

Y confirmó que la Sedena ya está investigando los hechos por el delito de ejecución extrajudicial, y que se pondrán a disposición de las autoridades competentes a todos los militares implicados.

Y recordó que “antes las masacres se ordenaban desde arriba, la política supuestamente de seguridad la llevaba a cabo García Luna y era la de ‘mátalos en caliente’. Era la guerra, y a los heridos los remataban, y había ajusticiamientos; estos son casos aislados y, cuando se dan, se castigan, no se permiten. O sea, que no somos iguales”.

Entonces, ¿quién ordena el fuego?

La respuesta no es sencilla, y nos obliga a un recuento de los daños de una guerra interna.

La Guerra contra el narco y los saldos de la violencia

Durante el sexenio de Felipe Calderón, y con la implementación de su “guerra contra el narcotráfico”, la violencia en Tamaulipas, y en todo el país, escaló a proporciones inimaginables.

Tan solo durante su sexenio, de acuerdo a cifras del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, se contabilizaron más de 70 mil homicidios, y, según un informe de la CNDH, ocurrieron más de 46 mil ejecuciones, y hubieron más de 15 mil cadáveres no identificaos y más de mil cuerpos sepultados en fosas clandestinas.

Según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de diciembre de 2006 a diciembre 2012 se registraron 17 mil 520 personas desaparecidas. La cifra es casi el doble de la que se registró durante el sexenio de Vicente Fox (854 personas).

La cifra ha aumentado sexenio tras sexenio hasta nuestros días.

A la vez, de acuerdo con información de la Sedena, en la guerra contra el narcotráfico, durante el sexenio de Felipe Calderón, fallecieron 388 elementos. Los motivos: agresiones con arma de fuego, ejecuciones, deshidratación, entre otros.

También, de acuerdo a la misma información, la mayoría de las bajas se concentran en dos estados: Coahuila y Tamaulipas.

Esta guerra, sin embargo, no acabó con el crimen organizado, al contrario: lo diversificó. Esto, en gran parte, por adoptar la estrategia de “descabezamiento” impuesta por los acuerdos que el gobierno de Calderón entabló con el gobierno norteamericano a través del Plan Mérida.

Por ejemplo, de acuerdo con la organización Crisisgroup, en 2010 existían 76 grupos armados en el país, la mayoría de corte criminal (aunque en la cifra también e incluyen grupos de autodefensas y de corte político).  Para 2020, la cifra aumentó a 205.

En 2021, el Congreso de los Estados Unidos recopiló en un informe que la DEA reconocía a 9 de estos grupos armados como las principales organizaciones criminales del país. De estas, informó el Congreso norteamericano en 2022, al menos 5 ya no estaban unificadas.

Años después de haber iniciado esta guerra, las detenciones de los funcionarios responsables de desplegarla, como la del ex secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, y la del director de la policía federal, Luis Cárdenas Palomino, demuestran que en realidad la guerra contra el narcotráfico fue una estrategia para favorecer al Cártel de Sinaloa en su expansión territorial.

El combate a sus enemigos se dio en diversos escenarios, uno de ellos fue Tamaulipas, quien cargaba ya su propia historia.

Del tráfico de alcohol a los Zetas

Tamaulipas es la cuna de una de las organizaciones criminales más viejas del país: el Cártel de Golfo. Su origen data en 1930, con el tráfico de alcohol hacia los Estados Unidos debido ala prohibición.

Para finales de los 90, el Cartel del Golfo se había convertido en una de las organizaciones criminales más poderosas del país, controlando básicamente todo el tráfico de droga que sucedía en la frontera del noreste. Sus actividades, además, se enfocaron en la extorsión, secuestro, asesinatos y tráfico de personas.

En esos mismos años, y debido a la disputa con otros cárteles, surgió su brazo armado: Los Zetas, un grupo paramilitar fundado por cuerpos de élite del ejército y que reclutó a miembros de la octava zona militar, y del decimo quinto regimiento de caballería motorizada.

Los Zetas eran militares formados en la Escuela de las Américas, donde los entrenaron en contrainsurgencia, comunicación encriptada, fabricación de explosivos, guerra psicológica y utilización de armamento especializado. Su principal zona de control era Nuevo Laredo, un municipio en disputa con otros grupos criminales debido a su cercanía con Nuevo León, Coahuila, y su conexión con Texas.

A inicios del 2000, la violencia ejercida por el Cártel del Golfo representó una amenaza para la seguridad nacional, tanto que el ex presidente Vicente Fox ordenó que las fuerzas armadas apoyaran en tareas de seguridad pública en Tamaulipas.

Uno de sus logros fue la detención del entonces líder del Cártel: Osiel Cárdenas Guillén, quien además era líder y fundador de los Zetas.

Sin embargo, esta acción, más que contener al Cártel, provocó una serie de rupturas internas que para el 2010 llevaron a la escisión de los Zetas del Cártel del Golfo, y el inicio de una sangrienta confrontación que, con sus momentos, continúa hasta nuestros días.

Tamaulipas se convirtió en el epicentro de cruentas disputas y episodios horribles en la historia de nuestro país. Los “daños colaterales”, como les llamó el presidente Felipe Calderón, fueron miles de personas que murieron asesinadas, ejecutadas, o que fueron desplazadas de sus hogares.

Tamaulipas: una década sin Estado

“Para combatir al monstruo, también se están haciendo monstruos”

La guerra continúa hasta nuestros días, y tras el paso de administraciones estatales que también han sido acusadas de trabajar con el crimen organizado, actualmente la disputa por Tamaulipas se libra entre remanentes y divisiones de los Zetas, el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste.

Las Fuerzas Armadas, por su parte, siguen en tareas de seguridad pública, junto a las fuerzas estatales y la Guardia Nacional. Las estrategias para combatir la criminalidad en Tamaulipas, sin embargo, parecen ser las mismas que en los sexenios anteriores: el uso de la fuerza, algunas veces, extra legalmente.

Tan solo en mayo 2022, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo reportó haber recibido 6 quejas por violaciones a derechos humanos por parte de miembros del Ejército y la Guardia Nacional hacia la población.

Esto, pese a que se han reforzado los mecanismos de rendición de cuentas y de vigilancia hacia el actuar de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad. Sin embargo, en una entrevista al periodista Juan Alberto Cedillo en el programa Momentum, el especialista aseguró que los candados tan sólo han sofisticado los métodos con los que las fuerzas de seguridad cometen ejecuciones extrajudiciales.

A la vez, explicó que debido al espiral de violencia en la que están sumergidos territorios como el de Tamaulipas, la población, muchas veces, aplaude a los militares por realizar estas ejecuciones extrajudiciales.

El problema es complejo, y Cedillo precisó:

«En esta violencia que está viviendo México no hay buenos ni malos: todos son malos».

Y recalcó que, los militares “para combatir al monstruo, también se están haciendo monstruos”.

Por su parte, en entrevista con Pie de Página, el director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, afirmó que estos hechos siguen ocurriendo debido a  la falta de control hacia las fuerzas armadas en Tamaulipas.

“Las fuerzas armadas, en sus operativos urbanos, no tienen el control de la autoridad civil, no tienen el control de sus propios superiores, y por lo tanto ellos pueden hacer lo que quieran. Te pueden arrestar, te pueden matar, y al final te siembran un arma y se dicen agredidos, eso es estar fuera de control”.

Pero, ¿quiénes controlan las fuerzas armadas en la región?

El 16/o regimiento de caballería motorizada

Desde hace varios meses, el gobierno federal ha enviado refuerzos de otras zonas militares a Tamaulipas. Este hecho, y ante una falta de confirmación de fuentes oficiales, hace imposible verificar qué grupo cometió la ejecución extrajudicial que se difundió recientemente.

Sin embargo, en el estado, el 16/o regimiento de caballería motorizada de la octava zona militar (que pertenece a la Cuarta Región que integra a los Estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas) ha acumulado desde el sexenio de Felipe Calderón múltiples denuncias por ejecuciones extrajudiciales.

Las denuncias se han extendido hasta el sexenio de López Obrador, y hay quienes sospechan que este regimiento es quien realizó la ejecución extrajudicial.

Tal vez uno de los casos más mediáticos fue la ejecución de Damián Genovez Tercero. A él le dispararon miembros de este regimiento.

De vuelta a casa

En aquél entonces, el regimiento estaba al mando del general Ángel Ramírez Canchola. A él, la Sedena lo relevó de su cargo debido dos carpetas de investigación por ejecuciones extrajudiciales cometidas durante su periódo.

Su sucesor, el coronel José Isidro Grimaldo Muñóz, también fue relevado de su cargo por ejecuciones extrajudiciales durante su mando. Posteriormente, el coronel fue secuestrado y asesinado en Jalisco, presuntamente por miembros del crimen organizado.

A su relevo llegó el coronel Héctor Aldape Gallegos, quien carga a cuestas la ejecución extrajudicial del pasado 25 de febrero. El coronel continúa a cargo del 16/o regimiento.

Raaymundo Rmos opina: «Desde hace 20 años , desde Vicente Fox, hay presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en Tamaulipas. Evidentemente, 20 años después, Tamaulipas es un estado inseguro. Es un estado violento y es un estado que no tiene paz. Eso significa que la presencia de las fuerzas armadas en dos décadas no han servido en nada para hacer de Tamaulipas un estado seguro».

Y concluye:

«Esperemos que con este caso se responsabilice a quien resulte responsable y que se emita una recomendación drástica por este y otros casos más. También, que el Congreso mande a comparecer al general secretario Luis Cresencio Sandoval, y que tomen cartas en el asunto, en vez de estar en su discusión, porque parece que nuestros legisladores están distraídos con los temas políticos y no les importan estos asuntos. Ojalá este caso,como muchos, no sea solo un escándalo mediático y se pierda, sino que exista una consecuencia y cambio».