La sentencia que obliga a la minera Penmont a indemnizar a los ejidatarios de El Bajío, en Sonora, ha comenzado a ejecutarse. Esto, después de 8 años de batallas en tribunales que, a la par, acarrearon asesinatos, desapariciones y amenazas para los campesinos sonorenses.

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Alexis Rojas / Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO. – Tras 8 años de espera, el Tribunal Unitario Agrario del distrito 28, en Sonora, al fin comenzó a ejecutar la sentencia que el ejido El Bajío había ganado en contra de la minera Penmont, filial de Fresnillo PLC (propiedad de la familia Baillères), quienes con engaños extraían oro de su territorio.

En entrevista, Jesús Thomas González, miembro del ejido, explica que el proceso de ejecución inició hace unos tres meses, cuando el Tribunal Agrario les solicitó tanto a Penmont como a integrantes de El Bajío, una serie de peritajes para valorar el daño ambiental y la cantidad de oro que la minera debe regresarles a los ejidatarios de acuerdo con la sentencia.

Los peritajes, explicó el ejidatario, “ya los presentamos los dos [la minera y el ejido El Bajío], obviamente yo creo que van a ser muy diferentes, porque la minera, en la última audiencia que hubo, descaradamente dijo que no habían sacado ni un gramo de oro del ejido, que las 3 mil 200 hectáreas que están ahorita ahí todas destruidas no saben qué pasó con ellas, no saben qué pasó, entonces dicen que ellos no fueron. Yo me imagino entonces que los peritajes van a ser una situación similar”.

Ejidatarios anuncian demanda en Londres para obligar a que la minera pague indemnizaciones

No obstante, al ser ya una sentencia con tiempos establecidos, los ejidatarios esperan que, aunque la minera niegue el daño ambiental y el aprovechamiento de los recursos, el Tribunal estaría obligado a solicitar la presencia de un tercer peritaje externo, avalado por ellos, para determinar las afectaciones y las respectivas indemnizaciones.

“El tribunal va a tener que imponer peritos neutrales, que sean del tribunal, y que esos son los que van a tener que determinar y el tribunal les va a hacer caso”, añadió.

A la vez, expresó que, aunque la minera niegue las afectaciones ambientales y la extracción de oro, los registros comerciales de Penmont ratifican que, durante todo el tiempo que operó en el ejido, la empresa propiedad de la familia Baillères tuvo ganancias millonarias por explotar el territorio de El Bajío. Los campesinos pudieron acceder a esta información después de que visitaran la bolsa de valores de Londres, Inglaterra, donde la minera tiene sus acciones.

“Los miles de millones de toneladas de tierra que fueron removidos ahí están, es bien facilito de ubicarlos, sacar una cantidad exacta, cualquier ingeniero lo puede hacer sin ningún problema. Y eso solo sería multiplicarlo por la cantidad de oro que marca en las leyes, de las cantidades del tajo. Entonces es relativamente sencillo, y obviamente una destrucción de esa envergadura no se hizo sin tener una ganancia. Es imposible que [el peritaje] le salga a favor a la minera, claro una cantidad de oro se extrajo, es una empresa pública, y aunque la empresa falsee sus declaraciones siempre reporta sus ganancias, es información que ellos publican en la bolsa de valores de Londres”.

Aunado a esto, los ejidatarios de El Bajío también preparan otra demanda en contra de la minera, la cual presentarán en Londres. Esto, para asegurar que las indemnizaciones a las que están obligados, y que están establecidas en 64 sentencias que la minera se ha negado a cumplir, se cumplan a favor de los campesinos.

“Nos estamos preparando para hacer una demanda en Reino Unido contra la minera, por la misma situación, porque no quiere aceptar aquí en México, y ahorita los abogados que nos están ayudando allá están trabajando en esa demanda (…). La fecha para la demanda en Reino Unido la vamos a determinar en mayo. En los próximos tres o cuatro meses la estaríamos presentando”, expresó Thomas.

La ejecución de la sentencia llega después de que miembros del ejido iniciaran una campaña de presión nacional e internacional, donde denunciaron los problemas que les ha acarreado el retraso del cumplimiento de la sentencia. Entre los abusos que han sufrido los campesinos se encuentran amenazas, desapariciones y asesinatos por grupos del crimen organizado que, aseguran los campesinos, trabajan para la minera.

Por otro lado, además de la sentencia, la campaña ha servido para que, después de 8 años, las autoridades locales de Sonora se hayan acercado a los campesinos para “intentar negociar y resolver el conflicto que hay con la minera”. Sin embargo, los ejidatarios de El Bajío se muestran desconfiados de estos acercamientos.

Gobierno de Caborca convoca a mesa de negociación entre la empresa, los ejidatarios y… el crimen organizado

Thomas relata que apenas hace una semana el presidente municipal de Caborca, el morenista Abraham Mier, le llamó a su teléfono para proponerle una reunión “para resolver el conflicto”.

“Es la primera vez que hacen contacto con nosotros para esto”, asegura el ejidatario, quien narra el contenido de la llamada:

“Hace menos de una semana recibí una llamada del presidente municipal de Caborca. Me estaba invitando a una reunión que, si yo la aceptaba, iba a estar el gobernador Durazo de testigo, y que iba a estar la minera, y nosotros como parte del ejido, y que iba a tratar de encontrar una solución; lo cual no me parece mal, pues me parece que todo intento por solucionar los problemas por la vía del diálogo pue siempre va a ser lo mejor. Lo único que no me gustó es que quieren sentar en la mesa a los apoderados de una persona que se dedica al crimen organizado”, narra Thomas.

Cuando los ejidatarios ganaron el primer juicio en 2011, la minera Penmont siguió ocupando, de manera ilegal, el territorio de El Bajío durante 20 meses. Los campesinos tuvieron que solicitar el uso de la fuerza pública para sacarlos. Después, en 2018, la minera regresó al ejido, y estuvo ahí hasta 2020. En ese lapso de tiempo las agresiones y asesinatos contra los ejidatarios se intensificaron. Los operadores, acusan los campesinos, fueron los mismos criminales con los que ahora quieren que negocien.

“Cuando nosotros desalojamos a la mina la última vez (…) llegan los compañeros y sacan a todo mundo, y se dieron cuenta que los patios de trabajo estaban divididos en dos: Como en un 75 por ciento estaba la gente de la minera, con sus generadores, con sus campamentos, sus trabajadores todos uniformados. Y con un 25 por cieno, el equivalente más o menos en terreno, había un cerco y estaban estos malandrines ahí. Tanto malandrines como la minera estaban allí, y estaban usando el agua y lo químicos, y la energía eléctrica se las pasaba la mina a través del cerco a estos malandrines. Era evidente que los tenían trabajando ahí, y que estaban en confabulación o en una sociedad. Son ellos los que nos han asesinado a los compañeros, obviamente por órdenes de la minera”, narra Thomas.

Estas mismas personas, denuncia el ejidatario, son a las que el gobierno de Caborca pretende sentar en la mesa de negociación propuesta. Algo a lo que, obviamente, los ejidatarios se oponen.

“No nos están diciendo como tal que vamos a sentar a fulanito de tal, pero los abogados que llevan son sus apoderados. Es un secreto a voces que esas personas se van a sentar allí, y obviamente nosotros no vamos a estar de acuerdo y no nos vamos a sentar con ellos. Si a la minera, al gobierno, a quien sea, le interesa sentarse con ellos y tener alguna negociación con ellos, pues que lo hagan; pero simplemente el ejido, nosotros, no tenemos nada qué negociar con personas ajenas al litigio”, explica Thomas.

En la lectura de Thomas y el resto de los ejidatarios, la reunión convocada por el ayuntamiento de Caborca se desprende de un interés del gobierno federal para acelerar la resolución del caso. Esto, intuyen los ejidatarios, es por la presión internacional que ha recibido el gobierno federal por parte de la ONU y las embajadas de Suiza y el Reino Unido.

“Ha habido mucha presión hacia afuera, en este caso hacia el presidente. La ONU está muy pendiente, incluso la relatora de la ONU en las audiencias ha estado conectada de manera virtual. La embajada de Suiza también está bastante pendiente, requiere al gobierno con información. La embajada de Reino Unido también lo están haciendo, y es claro que al gobierno sí le incomoda esto”.

A la par, añade, otro elemento que tiene Thomas para hacer esta afirmación es algo que le dijo el presidente municipal de Caborca durante la llamada.

“Lo otro que dijo el presidente de Caborca en su llamada fue que tenían la instrucción del presidente de la República, que el presidente les había encargado tanto a él como a Durazo que jalaran y sentaran a la mina y que la hicieran negociar, que la hicieran negociar ese problema. Eso es lo que nos dijo, yo no sé si sea cierto, qué tan cercano sea el señor y le puedan hablar y pedirle eso, no lo sé, pero eso es lo que nos dijo él”.

Pese a esto, la postura de los ejidatarios es firme: no cederán nada ante la minera, pues aseguran que todo lo que tenga que resolverse se hará mediante los tribunales.

A la vez, para asegurar el futuro de su territorio, la asamblea ejidal El Bajío ya inició un trámite para convertir en área natural protegida el resto de su territorio que no quedó devastado por la actividad minera. El proceso concluirá en algunos meses, asegura Thomas.

“A nosotros no nos importa lo que esas personas [la minera] quieran hacer. Si quieren pagar, si no quien pagar, si no quieren solucionar, nosotros unilateralmente vamos a seguir en las mismas: vamos a seguir protegiendo el territorio, vamos a impedir que la minera se vuelva a asentar ahí, ni ahora ni nunca. Nosotros no queremos que esa ni ninguna otra regrese y siga devastando el territorio”.

La lucha de más de 8 años en los tribunales ha dejado enseñanzas profundas en los ejidatarios de El Bajío, quienes sin titubear aseguran que, cualquiera que sea la resolución, seguirán en la defensa de su territorio.

Thomas concluye:

“Nosotros ni comemos ni de la mina, ni comemos del gobierno del estado ni de los malandrines. Todo lo que ellos digan a nosotros no nos interesa, nos interesa en lo que nosotros creemos: que es la defensa a totalidad de la tierra y de la dignidad, que es lo único que podemos defender a estas alturas”.