En una década, el desplazamiento forzado por la violencia en la sierra Tarahumara ha afectado al menos a 400 personas, que huyen principalmente a las ciudades cercanas u otras entidades, lo que conlleva la pérdida de su identidad étnica

Texto: Raíchali

Fotos: Duilio Rodríguez

-Huyen por el monte, como ganado.

-A veces se pasan semanas enteras caminando, escondiéndose.

-Comen lo que pueden: nopales, plantas, lo que encuentran en el camino.

-Se van apenas con lo que llevan puesto. Son pocos los que logran planear su salida.

-Pasan de comunidad en comunidad hasta que encuentran en dónde volver a empezar.

-El tiempo no cura el daño. Los persigue la incertidumbre, la idea de que los pueden encontrar…

Así comienzan las historias de las familias rarámuri desplazadas por la violencia generalizada en la Sierra Tarahumara. Los sobrevivientes de este fenómeno que lleva en el estado más de 10 años suelen encontrar asilo con amigos o familiares de municipios cercanos a su comunidad, otros llegan hasta la capital e incluso a otro estado.

Dimensionar el problema no es tan sencillo. Varios de ellos prefieren no denunciar por miedo a ser localizados, por lo que prefieren volver a comenzar de cero, pues huyen sin ningún proyecto de vida.

De acuerdo con la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, Irma Villanueva, en los últimos dos años han identificado al menos 400 casos de desplazamiento interno.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Atascaderos, Guadalupe y Calvo. Según los habitantes de la comunidad, cerca de 60 por ciento de sus habitantes prefirieron irse a vivir con el miedo de ser asesinados.

En redes sociales circuló un video que muestra a familias enteras que abandonan el lugar en caravana. De acuerdo con los habitantes de esa región, a varios de ellos los emplazaron para salir del pueblo en máximo 24 horas porque se negaron a entregar sus camionetas.

Vivir con miedo y en silencio

Como este caso hay varios que no se cuentan, aunque el camino para todos es igual de difícil. Una familia desplazada puede tardar hasta seis meses en encontrar un hogar y un trabajo para establecerse.

Por ello, es más difícil que las niñas, niños y jóvenes en edad escolar puedan continuar con sus estudios.

En sus comunidades no sólo dejan el patrimonio que habían logrado construir con su familia, cambiar de la sierra a ciudades más grandes como Juárez o Chihuahua también trae consigo la pérdida de su identidad étnica.

No importa cuánto tiempo pase desde su desplazamiento, las familias viven con la zozobra de que los vengan persiguiendo y, con tal de no correr más riesgos, optan por vivir escondidos y en silencio.

Aunque la pérdida de identidad étnica está ligada a varios factores, en el desplazamiento forzado se puede observar en la dificultad que tienen las personas para reproducir su cultura fuera de su territorio.

Al salir de sus comunidades, tanto los rarámuri como los ódami (tepehuanes) inician un proceso de desterritorialización, es decir, que se alejan de su identidad indígena al estar íntimamente vinculado al territorio y sus elementos materiales del medio ambiente.

Encontrar un sustento es uno de los problemas más difíciles que enfrentan. Al ser familias grandes que vivían en un rancho, viven hacinados en una casa y batallan más para conseguir sus alimentos.

Por ejemplo, los desplazados pasan de una economía de autoconsumo en el campo a trabajar en oficios a los que no están acostumbrados como la construcción o maquiladoras, mientras que las mujeres suelen encontrar un espacio en el trabajo doméstico.

Operativo Conjunto Chihuahua, el detonante

El desplazamiento forzado en Chihuahua está directamente asociado con la violencia generalizada provocado por el crimen organizado, principalmente en los municipios de Guadalupe y Calvo y Balleza.

De acuerdo con el antropólogo Rafael Ortega, este fenómeno inicia con el asedio de un grupo criminal local sobre una comunidad. Los conflictos pueden variar desde alguna rivalidad sobre una familia, el despojo del territorio por prácticas como la tala ilegal del bosque.

Aunque hay registros de desplazamiento forzado antes del 2007, explicó, fue a partir del operativo Conjunto Chihuahua que los índices delictivos en el estado se dispararon y la Sierra Tarahumara fue una de las regiones más afectadas.

En el 2008, cuando el entonces presidente Felipe Calderón anunció la estrategia, la estadística de homicidios en Chihuahua se disparó de 700 casos 6 mil en 2010, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En ese contexto de violencia, detalló Ortega, el desplazamiento se da como una consecuencia, no como un delito, por lo que es difícil pensar en una solución a corto plazo.

“Hay muchos conflictos que pueden provocar el desplazamiento, pero todos, invariablemente, están ligados al crimen organizado. A veces se quieren salir porque sus hijos están enganchados, casi esclavizados en la siembra, otras porque son acusados de llevar o traer información a grupos contrarios o por rivalidades con personas de un apellido específico”.

Como ejemplo, mencionó que muchas familias salen porque escucharon que iban a asesinar a las personas de una familia en específico, no se les considera víctimas porque salieron por un contexto de violencia.

También hay personas que sufrieron en su familia delitos como homicidio, secuestro y extorsión, pero deciden no denunciar porque desconfían en las instituciones de seguridad, por lo que tampoco pueden acceder a los fondos de atención para la reparación del daño.

“La generalización de la violencia va desplazando a la gente de sus comunidades, es la consecuencia de un fenómeno social que se llama narco y que viene de un proceso de muy larga duración y, si estamos hablando de un problema de larga duración, la solución también lo es”.

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