Desde hace nueve meses familias enteras salieron huyendo de sus hogares. No sólo dejaron sus tierras, animales, casas y recuerdos, también la tranquilidad de dormir todos los días. En este tiempo dos personas han fallecido esperando certezas. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos calculó que en 2018 unas 5,056 personas fueron desplazadas de sus comunidades: la violencia criminal, la primera causa

Texto: Vania Pigeonutt /Amapola Periodismo Transgresor

Fotografía: Arturo de Dios Palma

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Antes de matarla, hombres armados golpearon el estómago de la hija embarazada de Ángela Salgado García, originaria de Leonardo Bravo (Chichihualco). También le extrajeron a su bebé. A su nieta de seis años la dejaron herida; y, mientras sepultaba a su mamá, el 18 de abril del 2018, el día de su cumpleaños, la niña se recuperaba en el hospital llena de fierros y mangueras.

La hija de Angelita murió porque la atacaron a balazos en una combi del transporte público. Iba de Chichihualco a Chilpancingo, a una consulta médica. No sabía que meses después su mamá, sus amigos y familiares huirían de esa violencia en un viaje sin retorno: desplazados, porque sus casas serían ocupadas; quizá, por esa misma gente que la asesinó.

Angelita es una mujer bajita con voz clara. Está en un foro hablando de desplazamiento forzado interno. A su lado está Joaquina Cantor, quien ya no busca regresar a Tlaltempanapa, una comunidad nahua del municipio de Zitlala, que colinda con Chilapa, y que presuntos criminales mantienen sitiada: esperan que su voz sea un llamado de auxilio. 

El desplazamiento forzado interno es uno de los principales problemas de Guerrero. El estado, ocupa el sitio número uno a nivel nacional. De acuerdo a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), en su reciente informe del 2018, 5 mil 56 personas y 590 menores de edad huyeron de sus hogares en grupos.

Angelita y Joaquina pertenecen a las más de 338 mil 405 personas que desde 2006 han dejado sus hogares, principalmente por la violencia generada por organizaciones criminales, de acuerdo con el documento. Tan sólo en 2018 hubo 11 mil 491 víctimas de desplazamiento forzado interno en México. Seguido de Guerrero están Chiapas, Sinaloa, Oaxaca y Michoacán.

En 2018 hubo trece episodios de desplazamientos masivos– considerados a partir de 50 personas–, 22 comunidades de ocho municipios fueron las afectadas. De San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Eduardo Neri (Zumpango), Zitlala, Apaxtla, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y La Unión. Estas comunidades tienen coincidencias: varias sembraban amapola, carecen de varios servicios básicos; en la mayoría, la gente muere hasta por un piquete de alacrán, y para llegar a ellas, transcurren varias horas.

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El desplazamiento más numeroso ocurrió después el 11 de noviembre del 2018, recuerda Crescencio Pacheco González, uno de los líderes de desplazados que se mantuvo 39 días frente a Palacio Nacional esperando respuestas del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de febrero a marzo pasados. Recuerda su casa en Campo de Aviación, en la que sujetos armados que, según le han contado, ya rompieron hasta las copas de 15 años de su hija. 

Chencho, como le dicen desde que era activista pro legalización de amapola, líder de un grupo de policías civiles y comisario de su comunidad enclavada en Leonardo Bravo, pertenece junto a su familia de cinco integrantes, a las 2 mil personas –casi una cuarta parte menores de edad–, que huyeron de La Escalera, El Naranjo, Carrizal de la Vía, El Balzamar, Tepozonalco y Los Morros, comunidades de su municipio y Heliodoro Castillo, tomadas por alrededor de 3 mil armados, que esperan corra la Guardia Nacional.

Crescencio duerme en una cama que no es la suya y convive con otras 80 familias que están en su misma condición desde hace nueve meses. Luego del plantón en Ciudad de México, lograron que la Federación los apoyara con el pago de una renta en Chichihualco, pero sólo para 80 familias. Ellos lo que quieren es volver: dejaron sus parcelas, animales, varios vecinos se quedaron, y no se hallan en ningún otro sitio.

Pero admite que sus deseos parecen lejanos de resolver. Chencho dice que ya nadie siembra amapola, que era el cultivo al que se dedicaban en su mayoría sus compañeros desplazados. Perdieron su vida entera, y durante el movimiento a dos amigos que murieron fuera de su pueblo: Francisco Barragán y Virginia Zúñiga, quienes también resistieron los 39 días a la espera de que les cumplieran.

A nueve meses de ese desplazamiento, Chencho recuenta el incumplimiento: “el gobierno federal se ha comprometido desde que se firmó el documento el 28 de marzo de brindar las condiciones. El primer punto es dar seguridad, nosotros pusimos tres para que las familias volvieran a Leonardo Bravo: apoyos con alimentación y renta, desarme de los grupos que mantienen nuestras casas tomadas y tres puntos de vigilancia federal”.

De estos tres puntos, el más importante, que es la presencia de la Guardia Nacional y una estrategia clara para que la gente que sigue rentando o refugiada con familiares, pueda regresar a sus casas, tampoco se ha cumplido. Crescencio dice que la situación es tan grave, que hubo enfrentamientos en julio, de los que él conoció por redes sociales.

Son catorce municipios que abarcan la zona de la Sierra. Los tres más cercanos a Chilpancingo: Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo y Eduardo Neri, siguen, de acuerdo con Chencho, con el resguardo policial y militar sin que esto le dé garantías de retorno. O siquiera de reactivar sus actividades, retomar su vida. La gente que sigue viviendo allí, para él, son rehenes.

Regresar a su pueblo cada vez es más lejano, porque hubo una división entre los civiles armados dirigidos por Salvador Alanís –por quienes salieron de sus hogares en noviembre– y “Los Rojos”, un grupo delictivo de la zona.

Según cuenta Chencho, los enfrentamientos de julio fueron entre gente de Corral de Piedra, Heliodoro Castillo y Polixtepec, Leonardo Bravo. Para él la raíz del problema fue la detención Santiago Mazari Hernandez, «El Carrete», presunto líder de Los Rojos.

Después de su detención a finales de julio, Chencho vio un video de gente en una cancha que por las balaceras quedó atrapada en sus viviendas. Hay testimonios de señoras que denunciaron la situación y un nuevo desplazamiento. No sabe qué harán. Lo peor es que siguen huyendo. Tienen tanto miedo, que hay eventos masivos de los que no tiene registro, cuenta.

Han intentado de todo. Seis días después de que salieron por los enfrentamientos ocurridos en la zona tras ver varias escenas de casas baleadas, autos quemados y granadas de fragmentación, unos mil 800 desplazados de once comunidades de Leonardo Bravo y Eduardo Neri decidieron volver. Era 17 de noviembre. Pese a que iban en caravana escoltados por el Ejército y la Policía estatal, fueron atacados a balazos desde los cerros. No lograron llegar.

Por eso Chencho cree que hay abandono oficial. Él junto a Manuel Olivares, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos)–que ayuda legalmente a las familias desplazadas–, lamentan el incumplimiento del compromiso más importante, por el cual se retiraron en marzo de Palacio Nacional: dar seguridad a las familias para volver.

“Por eso nos movimos de Palacio Nacional. Le dijimos a Alejandro Encinas (subsecretario de Gobernación), que nos íbamos seguros que, en el tiempo determinado, los trabajos correspondientes para devolvernos a nuestros hogares se harían. La Guardia Nacional salió la misma gata, pero revolcada: allá arriba se sigue matando la gente; perdimos cosechas, ganado, casas y todo. Y siguen sin resolvernos la minuta de acuerdo, no se ha cumplido con el tema de seguridad: sentimos que nos metieron el dedo en la boca”, señala Pacheco.

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Manuel Olivares Hernández, secretario técnico del Centro Morelos, considera que esta problemática que se desencadenó en la parte alta de la Sierra, entre grupos de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo, complica más la situación y esperanzas de estas familias para regresar a sus hogares.

Apenas el 16 de julio entregaron una petición a Encinas para tener una reunión con el secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo. De esta reunión esperan un plan real de pacificación, que incluya o no a la Guardia Nacional. “Los desplazamientos continúan y el gobierno no tiene voluntad de pacificar la zona”.

Para Olivares hay un subregistro. Su organización documenta el fenómeno de desplazamiento desde 2011, cuando familias huyeron de Puerto las Ollas –municipio de Coyuca de Catalán, en la región de la Tierra Caliente–, ante el acoso de delincuentes que asesinaron a sus vecinos.  El punto más grave del desplazamiento forzado interno, es la gente que se va de poco a poco. Que deja sus casas sin dejar huella. No hay registro de eso.

“El gobierno está permitiendo a estos grupos delincuenciales, que se aniquilen entre ellos. Hay mucha población civil en medio de esta lucha encarnizada y eso es lo que más nos preocupa. Que no haya protocolos de actuación en estos casos. Y que no se pueda garantizar la seguridad de las familias que quedan entre esas confrontaciones”, dice.

Al problema se agrega el hecho de que sólo 84 familias están formalmente censadas como víctimas en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque son más de 100 mil familias que viven en esta cordillera de catorce municipios, incluido San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente, sin que las autoridades sepan realmente cómo viven ni en qué situación están. Si ahora mismo que está haciendo declaraciones hay un nuevo desplazo.

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En el informe de la CMDPDH, la explicación sobre los desplazamientos en Eduardo Neri, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo –que son los más numerosos–, tuvieron que ver con la disputa de grupos delictivos que se disputan el control por la siembra, cosecha y trasiego de la amapola y sus derivados.

“El 9 de junio de 2018, un comando de entre 150 y 200 sicarios, presuntamente dirigidos por “El Teniente”, irrumpió el poblado de Corralitos, en el municipio de Leonardo Bravo. Durante el enfrentamiento con otro grupo delictivo, el grupo de sicarios vestidos de militar y con armas largas atacaron viviendas, ejecutaron a tres hombres (entre ellos al comisario del pueblo) y quemaron vehículos y tres casas”, precisa el informe.

Estos acontecimientos violentos provocaron el desplazamiento forzado de al menos 600 personas de Corralitos; casi la totalidad de la población huyó del poblado, sin la posibilidad de llevar consigo sus pertenencias. El grupo de desplazados eran familias de ganaderos, agricultores, médicos y profesores. La mayoría se dedica a la venta de durazno, pera y chile manzano, a la siembra de maíz y a la cría de animales de granja.

Chencho explica que muchos desplazamientos se dieron por el territorio y no por la amapola. De hecho, ya para 2019 el panorama es diferente: “ya no hay narcotráfico en la Sierra. Lo que está en juego son las zonas mineras, el trasiego de droga en ese corredor de Chichihualco, de armas; hay extorsión, secuestros, robo de carros. Nadie, nadie ya siembra amapola”.

Las familias no tienen trabajo, viven de los apoyos que les llegan de la Federación, de los gobiernos municipales, de sus amigos. El Centro Morelos, considera que la cifra aumenta cada día, porque la gente que aún resiste en esos pueblos, se queda sin opciones de arraigo, aunque una vez fuera de sus casas, el proceso más difícil es adaptarse.

De los 25 episodios de desplazamiento en 2018 en el país, la CMDPDH alerta que en todos se registró la presencia directo de la violencia. La generada por grupos armados organizados y la violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales. “En la gran mayoría de los episodios, la causa directa y principal de los desplazamientos fue la violencia generada por grupos armados organizados”. Cinco desplazamientos fueron a comunidades indígenas como Tlaltempanapa.

Mientras, los desplazados esperan. Angelita y Joaquina añoran el día en el que sea todo distinto. Angelita añora sus vaquitas y pasar una tarde tranquila con su esposo. “Yo no le deseo a nadie lo que yo pasé. Me mataron a una hija embarazada. La patearon de su barriga, el bebé se lo sacaron, estaba muy mal. Y yo sé que mi hija es inocente, una muchacha buena, ella nunca se metía con nadie”.

Este trabajo fue elaborado por el equipo de Amapola Periodismo Transgresor. Consulta aquí la publicación original.

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