Después de un mes y tres días de estar acampando frente a Palacio Nacional, las 400 personas desplazadas de Guerrero empiezan a desesperar. Las negociaciones con el gobierno federal llegaron a un ‘impasse’. Mientras, los pobladores desplazados pierden la esperanza que tenían en que la administración liderada por Andrés Manuel López Obrador solucionaría sus problemas

Texto: Arturo Contreras Camero

Imágenes: María Fernanda Ruiz y Arturo Contreras Camero

Mario Barragán es un ingeniero agrónomo que votó por Morena y por Andrés Manuel López Obrador. Incluso, convenció a sus hermanos, primos y vecinos para que votaran por él. Sin embargo, hoy ya no sabe si hizo bien en poner su esperanza en el gobierno del tabasqueño.

Desde hace un mes y tres días, Mario dejó su hogar en el municipio de Leonardo Bravo junto con otras 400 personas en noviembre del año pasado, porque un grupo armado los corrió y se adueñó de sus casas, de sus tierras y de sus pertenencias. Esperan que el gobierno federal interceda por ellos, pero hasta el momento, después de varias reuniones canceladas, pierden la esperanza.

“Hay que aguantarse”, le decía Mario a sus familiares con toda la esperanza de que la cuarta transformación les haría justicia y que los ayudaría a regresar a sus hogares. “Hay que esperamos a que tome el poder, el primero de diciembre, les decía, pero no resistimos. Nos tuvimos que venir”, asegura.

Organizaciones de defensa de derechos humanos y académicos que han seguido el caso calculan que mil 600 personas salieron del municipio en noviembre pasado. Al inicio, la gente, pensó que el desplazamiento se debía al conflicto entre grupos armados por el control de rutas de drogas, pero con la baja en el precio de la goma de opio se dieron cuenta de que el desplazamiento fue provocado por el control territorial para la explotación minera. Sus casas están debajo de una veta rica en oro, plata y zinc.

De acuerdo con una estimación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) se calcula que, de 2011 a 2017, 8 millones 700 mil personas tuvieron que dejar las localidades en las que vivían por motivos de inseguridad, casi el equivalente a la población de la Ciudad de México. A pesar de ello, el gobierno no tiene un plan de atención para personas víctimas de desplazamiento forzado.

Todas estas familias llegaron a la capital mexicana el 17 de febrero pasado. Antes, estuvieron viviendo dos meses en la cancha de basquetbol de Chichihualco, la cabecera de su municipio. Ahí, llenos de esperanza, consiguieron una televisión para ver la ceremonia de toma de protesta el 1 de diciembre pasado. Pero un mes de campamento y una serie de negativas de parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada por Alejandro Encinas, han hecho que la gente ya no crea en el gobierno.

Demandadas, contrapropuestas y negociaciones rotas

“Hasta ahora no existe claridad sobre el tiempo que las familias tienen que esperar para poder regresar a sus comunidades. Tampoco hay una propuesta clara sobre la ayuda humanitaria y de condiciones de vida digna, mientras esperan el tan ansiado regreso”, lee en un comunicado Manuel Olivares, el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, encargado de llevar el caso de los desplazados de Leonardo Bravo.

Manuel Olivares está sentado entre carpas y casas de campaña, rodeado de niños, mujeres y hombres que lo respaldan. Enfrente, un puñado de periodistas lo escucha en una improvisada conferencia de prensa.

Desde el primer día que se plantaron frente a Palacio, los desplazados buscaron un diálogo. Primero los atendió Leticia Amaya, coordinadora de Atención Ciudadana de Presidencia. Ella los canalizó a la Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada por Alejandro Encinas, quien a su vez los canalizó con sus colaboradores Neftalí Granados y Félix Santana Ángeles, con quienes se han realizado varias reuniones, aunque se han cancelado muchas otras.

En todas ellas, las demandas de las personas de Guerrero son las mismas:

Una vivienda digna para cada familia en el tiempo en el que se resuelve su retorno seguro. Un apoyo para comprar muebles y acondicionar dichas viviendas, así como una despensa y seguridad a cargo del Ejército y la Policía Federal.

De acuerdo con Manuel Olivares, el gobierno asegura que sus demandas son excesivas.

“Esto es revictimizante, pues hay familias con más de tres hijos, quienes estarán encerrados en un cuarto por quién sabe cuánto tiempo”, argumenta. “Dicen que el gobierno no puede dar ni camas ni mesas ni sillas. Mucho menos estufas o refrigeradores. De la seguridad, no hay ninguna certeza”, lamenta.

Desde el punto de vista del gobierno, la versión cambia. “Cada ocasión que les hemos hecho una propuesta, ellos buscan una nueva demanda”, asegura en entrevista telefónica Félix Santana Ángeles, director general de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos de la Segob, y uno de los principales negociadores.

“Ellos quieren 5 mil pesos para una despensa, 5 mil pesos de renta mensual y otros 60 mil pesos para el pago de enseres. Pero no tenemos condiciones económicas”, dice Santana Ángeles. “¡Haciendo cuentas, estábamos planteando que la solicitud saldría en 9 millones 700 mil pesos!”.

Las negociaciones, como asegura el funcionario, son tensas. Y hasta el momento ninguna parte ha cedido.

El gobierno plantea una reubicación y así dar atención a la crisis humanitaria en la que se encuentra el grupo. Esta podría darse en un hotel en Chilpancingo, o en un campamento en Chichihualco, de donde salieron para llegar a la Ciudad de México.

Según asegura Santana Ángeles, esto incluye una estrategia elaborada entre el propio Alejandro Encinas, la coordinación nacional de Protección Civil, el DIF federal, la Secretaría de Salud y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. “Contempla incluso empleos. Es un combo, un paquete que se está planeando”.

Éstas serían medidas temporales para aminorar la crisis humanitaria que asola a los habitantes del municipio de Leonardo Bravo, explica Santana Ángeles. Un primer paso.

El segundo paso, sin embargo, implicaría un complejo proceso de pacificación y desarme en la sierra, que podría desembocar en un enfrentamiento con grupos armados en la sierra de Guerrero. “Sería muy irresponsable poner un lapso para solucionar un problema tan complejo”, dice el funcionario.

Las personas desplazadas creen que dejar el campamento del Zócalo es una condicional para entregar cualquier tipo de ayuda; pero temen que eso volvería su caso invisible, y por tanto les haría perder cualquier esperanza de retorno.

“Nosotros hemos hablado con los representantes, pero no nos deja de llamar la atención que ninguna de nuestra propuestas les ha sido aceptada. Tenemos una instrucción, del propio Alejandro Encinas, de hacer el planteamiento a las víctimas directamente”.

El funcionario asegura que desde que las personas desplazadas llegaron a la ciudad, se les ha ofrecido estancia en dos albergues diferentes, donde podrían brindarles mejores condiciones de estancia, pero no las han aceptado.

Como la contrapropuesta de los funcionarios de Gobernación, Neftalí Granados y Félix Santana, no les han complacido, ahora los desplazados demandan entablar un diálogo con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, donde esté presente también Alejandro Encinas.

El hartazgo

Crescencio Pacheco es otra de las personas desplazadas y miembro de la Policía Rural de la región, un cuerpo creado en las comunidades para defenderse del crimen organizado que los ha hostigado desde 2013. “Creen que nosotros estamos pidiendo mucho y ellos no están para cumplirnos el capricho”, lamenta.

Ahora, teme que por consignar a la prensa los diálogos y las negociaciones que han tenido, la ayuda de la Secretaría de Gobernación nunca llegue.

“Sabemos que ahora van a venir represalias por parte del gobierno federal y van a querer cerrar sus puertas. Nos lo dijo bien claro: ‘Por nosotros quédense el tiempo que quieran ahí, si quieren estar un año, por nosotros no hay problema. Si quieren ayuda, regrésense a Chichihualco’”, cuenta, para decir después con tristeza:

“Creo que yo de mi parte, la verdad, me arrepiento de haber votado por Morena, por López Obrador”.

De igual manera Mario Barragán, el joven ingeniero agrónomo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, empieza a perder la esperanza en que el gobierno pueda ayudarles a resolver su situación. Él salió despavorido de su pueblo el 11 de noviembre. Ya no cosechó sus plantíos de aguacate que había programado para el 15 de noviembre. Unas 10 toneladas que vendería en Chilpancingo, a unos 18 pesos por kilo.

También esperaba construir un nuevo gallinero para duplicar su producción de huevo. Ya la ONU, a partir de su Programa Especial para la Seguridad Alimentaria, le había aprobado un proyecto para tener 500 gallinas más.

“El material llegó, y ahí deberían de estar todas las cosas, pero llegaron los grupos armados y ya no supimos más”.

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