Los efectos económicos del coronavirus en Ecuador impactan principalmente a la clase trabajadora. Los recortes presupuestarios, el cierre de empresas y los despidos en el sector público reencendieron las protestas en las calles contra las medidas gubernamentales

Texto:  Gabriela Ruiz Agila 

Fotos: Romano Paganini / mutantia.ch

QUITO, ECUADOR. ¿Quién marcha luego de la promulgación de la Ley de Apoyo Humanitario? Estudiantes y maestros, sindicalistas, diversas organizaciones sociales, padres y madres de familia que sufren los efectos de los recortes presupuestarios, el cierre de empresas y los despidos en el sector público. Desde la suspensión de la jornada laboral presencial el 17 de marzo de 2020, la caída en picada de la economía es la cotidianidad para los ecuatorianos. 

El 16 de mayo, la Asamblea aprobó la llamada Ley de Apoyo Humanitario que promueve acuerdos entre trabajadores y empleadores para modificar las condiciones de las relaciones laborales sobre horarios y remuneración. La Ley manda a no despedir trabajadores ni repartir dividendos pero la realidad es otra. 

El seguro de desempleo lo han cobrado 4355 personas de enero a marzo y a él no tienen acceso los afiliados que renuncian voluntariamente. El Ministerio del Trabajo registra 49733 actas de finiquito de contratos en el Sistema Único de Trabajadores (SUT). ¿Cuántos despidos se excusan bajo casos de fuerza mayor o caso fortuito? 

Durante el fin de semana, varios fueron los llamados y las formas de protesta que circularon en redes sociales. Este lunes 25 de mayo, los manifestantes corrieron el riesgo de contagio por COVID-19 y se concentraron en varios puntos de la capital: Avenida 10 de Agosto, caja del Seguro Social, el Parque El Ejido, la Universidad Central del Ecuador, en los barrios de Carapungo, Guamaní, Chillogallo, Sangolquí, entre otros. 

Mascarillas, trajes de bioseguridad, guantes negros, azules, blancos son parte del nuevo protocolo de la pandemia y lo que se pueda cumplir del distanciamiento social en medio de una protesta. Los quiteños salieron a las puertas de sus casas y se asomaron a los balcones para aplaudir a la marcha que pasaba. 

Regalaron agua. Ofrecieron palabras de aliento. Había gente en bicicleta y gente intentando vender mascarillas y comida al paso. El sábado 23 de mayo, un operativo de control en el centro histórico desde las cuatro de la mañana intentó disuadir a los vendedores ambulantes. Ellos se preguntaban: “Si nos piden que nos guardemos en nuestras casas ¿quién nos va a dar de comer?”

Ser un trabajador en Ecuador

Desde el 1 de mayo, Día del trabajo, los plantones se vienen dando con pancartas y consignas. La pandemia ha ido desfavoreciendo la garantía de los derechos laborales y continúa: el Ministerio de Trabajo estableció cuatro modalidades emergentes de trabajo con base en el Acuerdo 76 para teletrabajo (372 mil 503 teletrabajadores), el Acuerdo 77 que permite la reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada laboral, y el Acuerdo 80 para el pago prorrogado de remuneración. A ello se suma el decreto presidencial 1053 de jornadas especiales en el sector público, que dieron paso a más despidos hasta el 22 de mayo. Ciento cincuenta mil empleos se perdieron en tres meses y el Estado dejó de recibir 12 mil millones de dólares. 

En los últimos días, el Ejecutivo emitió una serie de decretos que afectan la composición de la estructura gubernamental. Se suprimió la Secretaría Anticorrupción, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, la Unidad Nacional de Almacenamiento, la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador, la Empresa Pública SIEMBRA E.P. (ex YACHAY), la Empresa Pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador, la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico, la Empresa Ferrocarriles, la Empresa Pública Correos, la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, entre otras. 

A finales de 2019, la tasa de desempleo en Ecuador subió al 4,9 %. El Paro Nacional de octubre 2019  por el anuncio de medidas económicas fue la advertencia de la compleja situación de los trabajadores. El gobierno proyecta que 508 mil personas podrían entrar al desempleo como efecto de la covid-19, esto sería un alza de la tasa del 9 % al 10 %. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) no publicará las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo (Enemdu). 

Afrentas y respuestas

En la marcha, fue notoria la presencia de centrales sindicales: Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias del Ecuador (Cedocut), Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE). Juntas se encaminaron hacia el centro histórico de Quito. La gran ausente fue la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), actor político clave. 

La Plaza Grande, escenario de grandes reclamos populares, estuvo cerrada al paso de una nueva marcha. Cientos de rejas de metal entre azules y negras sumaron miedo a las trincheras armadas con madera y alambres de púas que rodean al Palacio de Gobierno desde el miércoles 20 de mayo, día del anuncio de la reducción de la jornada laboral diaria del Ejecutivo de 8 a 6 horas y 1 hora en educación. 

A las 11:30 iniciaron el retorno los grupos que lograron avanzar a la Plaza de Santo Domingo por las calles Flores y Sucre. A las 11:45 detonaron las primeras bombas lacrimógenas. “Esta es una marcha pacífica” se rogó desde un rincón de la calle Chile y Venezuela. El repique de cucharas contra ollas hincó como dolor debajo de un pequeño coro de consignas que reiniciaba su canto.

Se escucharon gritos que increpaban con dolor a los policías: “¡Asesinos!”. Porque está fresca la herida que causó la represión contra los manifestantes del Paro Nacional de octubre de 2019 cuando se declaró el primer toque de queda. “No hay Estado sin nosotros los ciudadanos”.   Los manifestantes tiraron piedras, destruyeron parte de los bienes públicos, los usaron para defenderse, quemaron llantas, rayaron pintas en los bienes patrimoniales, y pusieron el cuerpo para hacer visible el rechazo.  Fueron 11 días de luto y rabia. “¡Ahí están los que matan sin razón!” volvieron a recordar los ciudadanos a sus opresores. 

Mandil blanco: los estudiantes y el personal sanitario

La resolución 022 del Ministerio de Trabajo llegó a considerar que el COVID-19 no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, que determinan obligaciones para los empleadores, incluso indemnizaciones. ¿No las quieren afrontar? Una nueva resolución dio alcance para detallar los casos en que se pueden comprobar la exposición a la enfermedad de forma científica o por métodos y prácticas nacionales. 

La Organización Sindical Única Nacional de los Trabajadores de la Salud (Osuntramsa) condenó el despido de 2279 personas del Ministerio de Salud (2.8 % de la nómina) en medio de la atención sanitaria. Los recortes afectaron principalmente al sector de la salud y de la educación incumpliendo los derechos básicos de los ciudadanos.

El presupuesto para educación superior ha bajado: 175 millones de dólares en 2018, 171 millones en 2019, 168 millones en 2020. Las causas incluyen la baja recaudación de del IVA e impuesto a la renta de la que se destina un porcentaje. Treinta y dos universidades y escuelas politécnicas reportaron un recorte total de 98 millones de dólares. La Universidad Central del Ecuador suspendió la matriculación estudiantil. El movimiento Unidad Popular presentó una demanda de inconstitucionalidad por reducción del salario a profesores.

El doble riesgo de protestar

Algunos de esos estudiantes, profesores, médicos y personal de salud protestaron este 25 de mayo en las calles. Estaban conscientes de los dobles riesgos y la fragilidad.  A las 12:00 detonaron más y más bombas. La gente se resguardó en los portones de las casas coloniales. Otros avanzaron por la calle. 

Un contingente de motocicletas compuesto por policías con uniformes negros empujó a la marcha como una bruma negra. La prensa tenía identificación pero no sirvió para esquivar golpes. La gente corría y los que llevaban mandil blanco entre ellos parecían banderas blancas. La policía estaba cerrando la marcha y sacando a la gente de la Plaza de Santo Domingo. 

En ese mismo sitio, el 8 de marzo, el Parlamento Plurinacional y Popular de Mujeres y otras organizaciones feministas quemaron un monigote que representaba al Fondo Monetario Internacional (FMI). Era una araña con enormes tentáculos. ¿Sigue aplicándose la vieja receta del FMI de ajuste económico de los noventa? En una danza grupal, le quitaron a la bestia colosal las cabezas de cartón que representaban a los líderes políticos. El monigote se quemó hasta reducir la rabia a cenizas como si se tratara de una antiguo ritual de tzantzas.

Informe a la nación

Este domingo 24 de mayo, se conmemoró la Batalla de Pichincha y fue día del informe presidencial a la nación. En el recinto legislativo, el eco retumbó en el vacío de las sillas vacías que suelen ocupar 137 asambleístas. Solo 42 personas pudieron asistir entre policías, militares, ministros y algunos asambleístas. El presidente Lenín Moreno señaló que su último año de mandato tendrá cuatro ejes: salud, alimentación, empleo y dolarización. 

El gobierno destinó 760 millones de dólares para la emergencia por covid-19 en salud, afirmó el mandatario. Y creó el Bono de Protección Emergente, el Bono de Protección Familiar con una inversión de 45 millones de dólares para atender a 950 mil familias. 750 mil familias recibieron kits de alimentos y deberían llegar a 8 millones de personas. La Ley Humanitaria prevé prórrogas en el pago de arriendos y prohíbe desahucios. ¿Se reducirá el aporte a la seguridad social o el precio de la canasta familiar en proporción a la reducción de la jornada laboral? 

Se anunció créditos para micro, pequeños y medianos empresarios bajo el programa Reactívate Ecuador. Recordó la reducción del 50% de salario de presidente, vicepresidente, ministros y viceministros. “Muchas veces, los esfuerzos y sacrificios que pedimos no son populares”, expresó el presidente. Las noticias de corrupción siguen llegando de sobreprecios en compras de insumos médicos y persiste la desolación por la desaparición de cadáveres en hospitales públicos de Guayaquil. De esta y otras historias, puede dar cuenta el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). 

Manifestantes y policías se acosaron mutuamente en las plazas de Quito hasta que se fueron. Este es un panorama que se repite en otras ciudades del país como Guayaquil, Cuenca o Manta, Cayambe, donde la sociedad civil está movilizada. “Abandonen la plaza” fue la orden de la fuerza pública. Un manifestante rezagado con una bandera del Ecuador fue el último transeúnte de la plaza. ¿Cuántos días más de lucha y resistencia le esperan a los ecuatorianos?