Residuos tóxicos enterrados en el Lago de Texcoco amenazan el agua y la salud de millones. Integrantes del Frente en defensa de Atenco denuncian inacción oficial y redes de corrupción que operan con impunidad y exigen acción urgente ante el riesgo ambiental
Texto: Alejandro Ruiz
Foto: Cortesía Frente en Defensa de la Tierra y del Territorio de Atenco
CIUDAD DE MÉXICO. – Una grave crisis ambiental y de seguridad acecha a la recién nombrada Área Natural Protegida Lago de Texcoco, donde se han descubierto barriles gigantescos llenos de residuos industriales tóxicos enterrados.
Los barriles ponen en peligro el suministro hídrico de millones de personas y la salud humana, como detalló en entrevista para Pie de Página Arturo González Cando, integrante del Frente en Defensa de la Tierra y del Territorio de Atenco (FPDT).
Cando asegura que esta es la cuarta vez que se detectan grupos dedicados a enterrar estos desechos industriales en el área, con una alarmante inacción por parte de las autoridades.
«Nos encontramos con grupos que se dedican a enterrar desperdicios industriales dentro del área natural protegida del lago de Texcoco. Nuestra preocupación mayor, además de eso, es que desafortunadamente este es un tema de corrupción que sigue habiendo en el Estado de México».
La situación que describe Arturo Cando es especialmente preocupante debido a la magnitud del problema y la aparente impunidad. Se han encontrado entre 500 y 600 tambos, además de ácidos y bolsas de residuos, principalmente aceites y ácidos utilizados en las industrias automotriz, estética y de fertilizantes. Estos productos son «altamente dañinos para las vías respiratorias», aclaró, y comienzan a generar vapores al reaccionar con el aire, como ya ha ocurrido con un tambo abierto.
Los productos, denuncia Arturo, siguen a la intemperie y nadie ha venido a recogerlos o resguardarlos.
Ante esto, el Frente denuncia que se trata de una «red» organizada que está conectada con empresas industriales que buscan evadir sus obligaciones de disposición final de residuos, subcontratando a otras empresas para que entierren estos materiales de manera clandestina.
Lo más alarmante, aclaran, es que estos entierros se realizan en espacios que luego son lotificados y vendidos ilegalmente para construcción, sin que los compradores sepan que sus terrenos ocultan tiraderos clandestinos de productos tóxicos. El cuarto grupo detenido en relación con estos incidentes estaba vinculado con el crimen organizado, manejando drogas y armas, y vertiendo productos directamente al drenaje desde casas.
No obstante, y a pesar de las repetidas capturas, la Fiscalía General de la República había puesto en libertad a los responsables en las dos ocasiones previas, y solo la presión mediática en la tercera y cuarta detención ha llevado a un proceso contra ellos. Sin embargo, la respuesta institucional sigue siendo deficiente. Profepa, Semarnat, la Fiscalía, Gobernación, Conagua y la coordinación del proyecto de rescate del río Tula no han ofrecido una respuesta oficial al Frente en Defensa de los Pueblos.
Incluso, denuncia Cando, cuando Profepa se presentó, contactó a las empresas identificadas y les pidió que presentaran denuncias contra los grupos, lo que, según el integrante del Frente, busca deslindarlas de responsabilidades y demuestra una falta de control en el sector industrial. Hasta ahora, se han detectado tres empresas vinculadas a estos residuos.
La inacción tiene consecuencias directas: las lluvias recientes han arrastrado los productos tóxicos a los campos, mantos freáticos y al Lago de Texcoco. Un incidente previo, en noviembre del año pasado, resultó en la quema de productos que dañaron un invernadero hortícola cercano, sin que hubiera responsables ni compensación por los daños.
El Lago de Texcoco, además de ser una crucial área natural protegida que asegura la viabilidad hídrica para millones, es el punto de inicio del río Tula. La comunidad, representada por el FPDT, lleva más de 22 años defendiendo este territorio y sus bienes naturales, enfrentando represión y atropellos, como cuando el gobierno de Vicente Fox intentó construir un aeropuerto en la zona. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal restituyó recientemente las tierras a los campesinos de San Salvador Atenco y decretó el área como protegida en marzo de 2022 y como sitio Ramsar en julio de 2022.
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No obstante, los problemas persisten.
Recientemente, el Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT) ha enfrentado críticas por fallas estructurales en sus obras. Tras la inauguración del parque, un vertedor de la laguna norte colapsó, provocando la pérdida de entre uno y dos millones de metros cúbicos de agua (equivalente a dos pirámides del sol) que se mezclaron con aguas residuales y se dirigieron a Tula, Hidalgo, sin posibilidad de retorno. El FPDT había advertido previamente sobre filtraciones y fallas en la construcción. Si bien el director de obras del PELT fue despedido y se han realizado acciones de mitigación, los peritajes preliminares confirman errores en la construcción y supervisión. Históricamente, la desecación del lago para proyectos como el fallido aeropuerto provocó grietas gigantescas en los ejidos circundantes.
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Además, la falta de coordinación entre los trabajadores del PELT y los conocimientos ancestrales de los habitantes locales ha causado problemas, como el desbordamiento del río Papalotla en julio, que inundó parcelas de cultivo debido a un vertedor construido por el parque. Los habitantes y el FPDT proponen un plan hídrico amplio que incluya la creación de humedales y programas de agricultura, así como la remediación de las más de 205 minas devastadas para el aeropuerto, acciones que no se han llevado a cabo.
El Lago de Texcoco es un ecosistema de inmensa riqueza biocultural, hogar de miles de aves migratorias como patos, chichicuilotes y garzas, y sustento de prácticas tradicionales como la recolección de ahuautle y tequesquite. El regreso de especies como el pez mexicano es un símbolo de esperanza, pero la presión de la urbanización ilegal y la inacción gubernamental amenazan este valioso patrimonio.
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El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra continúa haciendo un llamado urgente al gobierno federal para que actúe, revise la situación y frene la urbanización indiscriminada e ilegal dentro del Área Natural Protegida. Su silencio y la falta de acción real preocupan a la comunidad, que ha sido históricamente la defensora del territorio y sus bienes naturales. «Tiene que actuar la federación, tiene que actuar el estado, pero su silencio nos preocupa», sentenció Arturo González Cando.
Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.
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