Amenazas, golpes y detenciones arbitrarias son algunas de las acciones que el gobierno de Querétaro ha ordenado en contra de defensores del territorio y el agua en esa entidad; ante esto, activistas convocan a una jornada de movilización

Texto y fotos: Alejandro Ruiz

CIUDAD DE MÉXICO. – El pasado 10 de junio decenas de activistas queretanos agrupados en la Red en Defensa del Agua y de la Vida (Redavi) se movilizaron en la capital de ese estado. Exigían una mesa de diálogo para revisar la recién aprobada ley de aguas promulgada por el gobernador de esa entidad, Mauricio Kuri González.

La respuesta gubernamental, sin embargo, fue mandar a un cuerpo de granaderos para que reprimiera la protesta. El saldo: tres activistas detenidos acusados de los delitos de resistencia a particulares y obstrucción de la vía pública. 

Horas después los detenidos fueron liberados tras una protesta afuera de la unidad de la fiscalía estatal a donde fueron trasladados. No obstante, los cargos en su contra siguen vigentes, así como la controvertida ley de aguas. 

Ante esto, y tras la ausencia de diálogo por parte de las autoridades estatales, integrantes de la Redavi dieron una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, buscando que sus demandas lleguen a nivel nacional. 

En este espacio, las y los activistas denunciaron las omisiones que el gobierno del estado ha tenido en los procesos judiciales en contra de sus compañeros. Esto, acusaron, es parte de una política de criminalización gubernamental.

Las detenciones de los activistas, acusó la Redavi mediante un comunicado, es una grave violación a los derechos humanos, y “se dan en un contexto de racismo y discriminación en contra de las comunidades indígenas que defienden el territorio”.

En su mayoría, quienes integran esta red en defensa del agua son pobladores de comunidades y barrios indígenas de Querétaro, quienes desde hace años han denunciado saqueo, carencias y privatización del recurso en sus territorios. La represión y criminalización en estas comunidades también viene de años atrás.

“No es la primera vez que el gobierno nos criminaliza y reprime. En Santiago Mexquititlán tenemos una larga historia desde el 2006, cuando agentes de la AFI encarcelaron a tres mujeres hñöhñö como si fueran criminales”, dice Sara Hernández, habitante de Santiago Mexquititlán e hija de Jacinta Francisco Marcial, una de las mujeres injustamente detenidas en aquel año. 

Desde esa fecha, al menos, las agresiones en contra de la comunidad organizada no han cesado. 

La escalada de agresiones 

Sara hace un repaso de las agresiones en contra de la comunidad. Recuerda, por ejemplo, la detención de su madre. También habla sobre los grupos de choque que el ayuntamiento de Amealco ha enviado para disuadir la organización de la comunidad. 

“Han mandado a gente con martillos a golpear a nuestras compañeras. También han mandado militares y policías a dispararnos, también a la Guardia Nacional, lo que pasó el 10 de junio es una política de Estado”. 

Los hechos a los que se refiere la defensora del territorio se remontan a 2020. En ese año, la comunidad comenzó a organizarse para que el gobierno reconociera su gobierno autónomo. También se oponían a la remodelación de su templo, lo cual, acusaron en ese entonces “era parte de un proyecto turistificador y gentrificador”. 

Derivado de esto, en los meses siguientes funcionarios públicos y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) comenzaron una campaña de difamación en contra de quienes comenzaron a organizarse, entre ellas Sara. 

“Nos han dicho vendidas. Nos han amenazado. Una vez, inclusive, hasta golpearon y le escupieron a un compañero que estaba volanteando en la plaza principal. Son racistas”. 

A la par que esto ocurría en Santiago Mexquititlán, en la capital queretana también se detonaban una serie de procesos organizativos que cuestionaban las obras públicas y megaproyectos que impulsaba el gobierno, los cuales también buscan gentrificar los barrios y colonias populares y atentar contra el medio ambiente, advirtieron.

Decenas de manifestaciones, así como otras acciones de protesta, acontecían seguido en la ciudad. Sin embargo, el gobierno y el congreso estatal en vez de escuchar las demandas de la población respondieron con una ley que tipificaba como delito y aumentaba penas a la obstrucción de vías públicas y oposición a las obras públicas. La sociedad civil bautizó a esta legislación como “la ley garrote”. 

La legislación no prosperó debido a las protestas y acciones jurídicas que colectivos ciudadanos impulsaron ante la Defensoría Estatal de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

No obstante, los proyectos gubernamentales continuaron impulsándose. Así como la represión a manifestaciones y a la sociedad organizada, como aconteció con una movilización feminista en 2021, donde se vinculó a proceso a mujeres jóvenes que participaron en la protesta. 

También han sido recurrentes casos de detenciones arbitrarias en contra de dirigentes sociales y organizaciones de comerciantes. Así como agresiones en contra de defensores del territorio, a quienes inclusive les han disparado, poniendo en riesgo sus vidas. 

Ante este contexto, la Redavi denuncia que la política del gobernador Mauricio Kuri sigue siendo “la criminalización y represión de la protesta como lo que pasó el 10 de junio. Hay una persecución”. 

Por eso, argumentan, convocaron a esta rueda de prensa. “Para denunciar estos abusos de autoridad y las graves violaciones de Derechos Humanos que pasan en Querétaro”. 

Su demanda hizo eco hasta la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, quien les recibió después de la rueda de prensa. En ese espacio, los activistas también denunciaron las irregularidades que la Defensoría Estatal de Derechos Humanos llevó a cabo con la petición de promover una acción de inconstitucionalidad contra la vigente ley de aguas.

“Fue pura terminología”

Antes de la manifestación del 10 de junio la Redavi envió una petición a la Defensoría Estatal de Derechos Humanos para que promoviera una acción de inconstitucionalidad contra la ley de aguas. 

La Defensoría tardó casi 30 días en responder la solicitud. Y el 20 de junio descartó la posibilidad de promover la acción de inconstitucionalidad.

Sus argumentos, respaldados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fueron que la ley no violentaba el derecho al acceso al agua. 

En entrevista, el titular de la Defensoría estatal, Javier Rascado Pérez, dijo en ese momento que “no se puede declarar inconstitucional algo que todavía no surte efectos. En el caso que la aplicación de la ley implique una privatización del servicio es cuando se debe evaluar esto, y se pueden promover amparos”. 

Sin embargo, para Bernardo Romero, consejero de la CNDH en Querétaro y titular del área de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Querétaro, esto es una resolución que no le compete a la Defensoría.

“La defensoría tenía que promover la acción de inconstitucionalidad para que la Corte fuera quien determinara si se estaba violando, o no, la Constitución. Yo expresé eso como titular de derechos humanos de la UA, y también pedí una audiencia con Rosario Piedra para que se evaluara el caso. Nadie me recibió”. 

La respuesta de la CNDH fue un comunicado en donde hacían un extrañamiento al consejero. 

“Todos los argumentos que nos presentaron fueron pura terminología, no sustancia de lo que habíamos expresado en la acción de inconstitucionalidad”, denunció Claudia Romero, integrante del colectivo Bajo Tierra Museo del Agua, quien ha acompañado jurídica y técnicamente a la Redavi. 

Ante esto, en la reunión sostenida con representantes de la ONU en México se pidió la revisión de las violaciones a los derechos humanos que acontecen en Querétaro, las cuales no solo atañe a procesos de criminalización, sino que vulneran el derecho humano de acceso al agua. 

Además, la Redavi anunció una nueva jornada de movilizaciones en la capital del estado; las cuales serán el próximo 29 de julio.