El fallo judicial desmontó un proceso penal que organizaciones y comunidades mayas denunciaron como un intento de castigar la defensa del territorio frente a la megagranja porcícola de los Loret de Mola. Sin embargo, la lucha aún continúa

Texto: Camilo Ocampo

Foto: Patricio Eleisegui / Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO. – Tras casi tres años de persecución política contra Wilberth Nahuat Puc, comisario municipal de la comunidad maya de Santa María Chí, en Mérida, Yucatán, en represalia por su activismo ambiental y las denuncias contra la contaminación del acuífero causada por la megagranja porcícola vinculada a la familia Loret de Mola, un juez lo absolvió de los delitos de privación ilegal de la libertad y despojo, cargos que pesaron sobre él desde 2023 y que fueron señalados por organizaciones de derechos humanos como parte de una estrategia para criminalizar la defensa del territorio y frenar la resistencia comunitaria contra el proyecto porcícola.

La resolución se dio después de que este 17 de junio Nahuat Puc compareciera ante la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, integrada por las magistradas Mary Isabel Mex Tzab y Blanca Estela Góngora Alcocer.

Paralelamente, organizaciones ambientales y de derechos humanos enviaron cartas al gobierno estatal para exigir el cese de la criminalización contra personas defensoras del territorio y una resolución imparcial en el caso del representante maya.

Un caso emblemático

La sentencia pone fin a uno de los episodios más emblemáticos de hostigamiento judicial contra defensores ambientales en Yucatán. Durante casi tres años, Nahuat Puc enfrentó un proceso penal derivado de las protestas que habitantes de Santa María Chí realizaron para exigir el cierre de una megagranja de cerdos señalada por provocar contaminación ambiental y afectar la calidad de vida de la comunidad.

La absolución no solo representa una victoria personal para el comisario municipal, también constituye un triunfo para una comunidad maya que durante años ha denunciado la expansión de la industria porcícola en la península de Yucatán y sus consecuencias sobre el agua, la salud, el territorio y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

La historia comenzó mucho antes de que Wilberth Nahuat Puc fuera llevado ante los tribunales.

Desde hace años, habitantes de Santa María Chí denunciaron que la megagranja porcícola instalada hacía más de tres décadas en las inmediaciones de la comunidad estaba generando impactos ambientales cada vez más visibles. Los pobladores comenzaron a reportar malos olores permanentes, proliferación de moscas, contaminación del entorno y afectaciones al sistema de agua subterránea que abastece a la región.

Las preocupaciones de la comunidad no eran menores. Yucatán posee una de las redes de acuíferos más importantes y vulnerables del país. Debido a la naturaleza kárstica del suelo peninsular, cualquier descarga contaminante puede filtrarse con relativa facilidad hacia los mantos freáticos, cenotes y corrientes subterráneas que constituyen la principal fuente de agua para miles de personas.

Con el paso de los años, las denuncias comunitarias fueron creciendo. Habitantes, colectivos ambientalistas y especialistas comenzaron a advertir sobre los riesgos asociados a la concentración masiva de animales en instalaciones industriales de gran escala. La generación de residuos, aguas contaminadas y emisiones derivadas de la producción intensiva de carne de cerdo se convirtió en motivo de preocupación para distintas comunidades mayas de Yucatán.

Santa María Chí se transformó en uno de los principales focos de resistencia frente a este modelo de producción. En ese contexto, Wilberth Nahuat Puc, como representante comunitario y defensor del territorio, desde su cargo de comisario municipal acompañó denuncias, participó en reuniones con autoridades, impulsó acciones legales y se convirtió en una de las voces más visibles de la exigencia de justicia ambiental.

La respuesta de la empresa no tardó en llegar.

Criminalización, la respuesta de la porcícola

En 2023, en medio de una creciente confrontación entre la comunidad y los operadores de la granja, se inició un proceso penal contra Nahuat Puc. La denuncia derivó de una protesta realizada por habitantes de Santa María Chí en las inmediaciones de las instalaciones porcícolas. Según la acusación, el defensor maya habría participado en actos de privación ilegal de la libertad y despojo.

Para la comunidad y las organizaciones que acompañaron el caso, aquellas acusaciones representaban un intento evidente de castigar la movilización social. Los pobladores sostuvieron desde el principio que las protestas fueron legítimas expresiones de inconformidad frente a los daños ambientales que denunciaron desde años atrás.

El caso encendió las alertas entre organismos defensores de derechos humanos. Diversas organizaciones señalaron que el proceso reunía características típicas de criminalización de personas defensoras del territorio: denuncias impulsadas por actores con poder económico, utilización del sistema penal para inhibir la protesta y generación de condiciones de desgaste emocional, económico y social para quienes encabezan movimientos comunitarios.

Mientras Wilberth Nahuat Puc enfrentaba el proceso judicial, la lucha contra la megagranja continuó avanzando en otros frentes.

Las comunidades mayas, acompañadas por organizaciones civiles y abogados ambientales, promovieron diversos recursos legales para exigir la revisión de los permisos y las condiciones bajo las cuales operaba la instalación porcícola. Las demandas cuestionaban tanto los impactos ambientales generados por la granja como posibles irregularidades en los procedimientos administrativos que permitieron su funcionamiento.

Resultados a favor de los habitantes

Diversas resoluciones judiciales reconocieron la necesidad de proteger el derecho a un medio ambiente sano y ordenaron medidas para revisar las operaciones de la granja. En uno de los fallos más relevantes, en 2024, autoridades judiciales determinaron la suspensión de actividades de la instalación por considerar que existían elementos suficientes para analizar los posibles daños ambientales denunciados por la comunidad.

Aquella decisión representó un golpe significativo para una de las operaciones porcícolas más cuestionadas de la región.

Los tribunales consideraron que debía privilegiarse la protección ambiental mientras se resolvían de fondo las controversias planteadas por los habitantes de Santa María Chí. Para las comunidades, la medida confirmó que sus denuncias no eran infundadas y que existían razones legítimas para exigir una revisión exhaustiva de los impactos generados por la industria.

Las investigaciones y acciones legales impulsadas por los pobladores también colocaron bajo escrutinio el crecimiento acelerado del sector porcícola en Yucatán.

Yucatán, tierra de megagranjas

Durante los últimos años, distintas comunidades mayas han denunciado la instalación de megagranjas en territorios cercanos a centros de población, zonas de recarga hídrica y áreas ambientalmente sensibles. Según el Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola, en el estado de Yucatán operan más de 500 granjas porcinas. Organizaciones ambientales señalan que existen más de 220 instalaciones clasificadas como megagranjas industriales o de gran escala, las cuales se distribuyen principalmente en 86 de los 106 municipios del estado.

Los reclamos coinciden en señalar problemas relacionados con la contaminación del agua, las afectaciones a la salud, el deterioro ambiental y la falta de consulta a las comunidades indígenas.

En Santa María Chí, las preocupaciones fueron compartidas por numerosos habitantes que aseguraron haber observado cambios en las condiciones ambientales de la zona desde la expansión de las operaciones porcícolas.

La resistencia comunitaria fue creciendo conforme aumentaban las evidencias y los testimonios.

Lo que inicialmente parecía un conflicto local terminó convirtiéndose en un caso emblemático de defensa ambiental en la península de Yucatán. La comunidad logró atraer la atención de medios nacionales, organizaciones de derechos humanos y especialistas interesados en los efectos de la producción porcícola industrial sobre ecosistemas particularmente vulnerables.

Sin embargo, el costo para quienes encabezaron la lucha fue elevado.

Wilberth Nahuat Puc pasó casi tres años enfrentando un proceso judicial que podía derivar en consecuencias graves para su libertad y para su papel como líder comunitario. Además de las implicaciones legales, el proceso significó desgaste económico, presión política y afectaciones personales para él y su entorno.

Por ello, la sentencia absolutoria tiene un significado que trasciende el ámbito jurídico.

La resolución representa el reconocimiento de que las acusaciones no lograron sostenerse ante los tribunales y fortalece la posición de quienes denunciaron que el caso era parte de una estrategia de intimidación contra los defensores ambientales. También envía un mensaje relevante en un contexto nacional donde las agresiones y los procesos judiciales contra personas defensoras del territorio continúan siendo una preocupación constante.

Organizaciones civiles celebraron la decisión judicial y señalaron que constituye un precedente importante para futuras luchas socioambientales. Recordaron que la defensa del agua, la tierra y los recursos naturales es un derecho legítimo que no debe ser castigado mediante el uso del sistema penal.

Para los habitantes de Santa María Chí, la absolución de Nahuat Puc es también una reivindicación de la resistencia comunitaria.

Durante años sostuvieron que el verdadero conflicto nunca fue la protesta en sí misma, sino las denuncias sobre la contaminación y los impactos generados por la megagranja. Desde su perspectiva, el proceso judicial buscaba desviar la atención de los problemas ambientales denunciados por la población y debilitar la organización comunitaria.

Lejos de conseguirlo, el caso terminó fortaleciendo la visibilidad de la lucha.

Hoy, con la absolución del comisario municipal, la comunidad maya celebra una victoria significativa. Sin embargo, los habitantes insisten en que la batalla principal aún no ha terminado. Las demandas de reparación ambiental, protección del acuífero, vigilancia de las actividades industriales y respeto a los derechos de los pueblos indígenas continúan vigentes.

La historia de Santa María Chí es un símbolo de la defensa del territorio en México. También es un recordatorio de que las comunidades organizadas pueden enfrentar intereses económicos poderosos cuando cuentan con determinación, respaldo social y herramientas legales para defender sus derechos.