El anuncio presidencial de incorporar la Guardia Nacional a la Sedena ha generado un debate sobre la política de seguridad. ¿Estamos atendiendo un proceso de militarización? ¿Qué implicaciones tiene esta decisión para la seguridad nacional? Dejamos que especialistas, actores y defensores hablen al respecto 

Texto: Alejandro Ruiz

Fotos: Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO. – ¿Cómo comenzar a discutir el papel de la Guardia Nacional en la seguridad de México? ¿Cómo echar luces, sin cancelar propuestas, para evaluar si realmente su pase a la Sedena es una acción que cumpla el objetivo de proteger a la ciudadanía? ¿Esta acción implica la militarización, o no? 

Para responder estas interrogantes, en Pie de Página hablamos con especialistas, académicos y defensores de derechos humanos que durante años han evaluado el desempeño y consecuencias del actuar de las fuerzas armadas en el país.

Reconocer lo que está bien y lo que está mal es fundamental para construir pisos de análisis. Santiago Aguirre, director del Centro de Defensa de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, lo sabe bien. Para él, el anuncio presidencial es alarmante tanto en forma, como en fondo, pues “ante el clima de violencia e inseguridad que se vive en el país, este debate sobre la Guardia Nacional debería ser más amplio, pues de fondo puede existir la militarización del país”.

El origen y los cambios

El 26 de marzo de 2019 se formalizó la creación de la Guardia Nacional en México, una fuerza de seguridad nacional de corte civil que estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).  Al menos en dos ocasiones antes se había intentado formar estructuras de reacción y prevención que obedecieran a mandos civiles: la Policía Federal Preventiva (PFP), durante el sexenio de Ernesto Zedillo, y la Gendarmería Nacional durante la administración de Enrique Peña Nieto. Pero ambos fracasaron.

Para dar cuerpo a su estructura, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que durante una primera etapa la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ayudaría a la consolidación de la Guardia Nacional. Mandos militares y efectivos comenzaron a nutrir a esta policía de corte nacional tanto en su personal, formación y estrategias en campo, con funciones dedicadas a tareas de seguridad pública, pero también como auxiliares durante los planes y jornadas de vacunación, así como en la verificación y aseguramiento de los recursos prioritarios, como el petróleo, y contención del flujo migratorio.

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Aguirre recuerda que, como Centro Prodh aplaudieron la decisión del Ejecutivo federal, pues “su nacimiento fue promisorio porque se presentó como una policía de alcance nacional con mando civil”. 

Para el abogado defensor de los derechos humanos, el acuerdo de 2019 fue un gran avance para la vida democrática, y la seguridad pública, del país. La instauración de una guardia civil, expresa, era una acción de avanzada que permitía establecer controles sobre los cuerpos de seguridad nacional. No obstante, precisa, es algo que inmediatamente fue perdiendo. 

Es importante recordar que cuando se creó la Guardia Nacional fue necesario modificar la Constitución. Esas reformas se aprobaron en los primeros meses del 2019, y se aprobaron por unanimidad. En ese momento se expresaba un gran acuerdo nacional, en el que solo de manera transitoria, el Ejército iba a apoyar a la Guardia Nacional para su conformación. Es la reforma que busco este gobierno, la que quería y que obtuvo. Por eso resulta tan difícil de entender que se actúe contra la reforma”, explica ahora. 

No obstante, el anuncio presidencial parece cancelar esta posibilidad. De fondo, advierte, podría abrirse una puerta hacia la militarización del país.

De 2019 al presente la Guardia Nacional ya ha venido perdiendo su carácter civil, porque el mando es militar y su composición es castrense. Los mandos de la Policía Federal que la nutrieron en un inicio han ido saliendo. Pero el que esté adscrita a la dirección de Seguridad Pública abre la posibilidad para que más adelante se encauce de nuevo la composición de esta corporación”, precisa.

Este hecho, enfatiza Aguirre, es un punto central desde donde el Centro Prodh ha sostenido las críticas hacia el anuncio presidencial. “Este anuncio es muy preocupante tanto por la forma, como por el fondo”, añade. 

En la forma, adscribir la Guardia Nacional a la Sedena vía decreto, o acuerdo de la administración pública – lo cual no está claro– es una manera de eludir el debate legislativo y eludir el cumplimiento de la Constitución”. 

“Es cierto que hay un buen sector de la sociedad que apoya la militarización, o bien porque viven en las regiones más violentas del país, o porque han estado expuestos a los crímenes. Es comprensible, y tenemos que ser muy empáticos con que esa parte de la sociedad mexicana lo que exija sean resultados, y que no le importe tanto si se los da la policía civil, o el Ejército, o quien sea. Al mismo tiempo tenemos que decir que precisamente porque el problema es tan importante debemos rehuir a soluciones efectistas, como la militarización”.

Estrategia, precisión y depuración

La coyuntura que actualmente atraviesa el país, donde en la última semana al menos 5 estados de la república vivieron hechos violentos orquestados por células delincuenciales, ha avivado las críticas hacia la efectividad de los cuerpos de seguridad nacional que hay en México. 

De acuerdo con cifras presentadas por el presidente, hay 115 mil efectivos de la Guardia Nacional en el país, operando a través de 226 coordinaciones regionales. Para finales de 2022 se proyecta llegar a 126 mil 776 elementos. Además, existen 220 cuarteles de la Guardia Nacional, y, para finales de 2022, se proyecta la construcción de otros 115 más. El estado de fuerza en el país (calculado con militares, marinos y Guardia Nacional) es de casi 400 mil efectivos desplegados en el territorio.

Aunque en los hechos la Guardia Nacional ha operado bajo mandos, estrategias y visiones castrenses; sus funciones –que van más allá de la seguridad pública– han sido dispersas frente a las necesidades del país. El ejemplo de esto, precisa Aguirre, está en las recientes jornadas violentas en Jalisco, Guanajuato, Ciudad Juárez, Michoacán y Baja California.

“Uno ve lo que pasó en esos estados y reafirma que la pregunta es ¿dónde están las corporaciones que deben intervenir en esos hechos? La respuesta es que están conteniendo migrantes, o desplegados en regiones que no tienen picos de violencia”, dice. 

Para el director del Centro Prodh, la estrategia en el despliegue del estado de fuerza ha sido uniforme y carente de estrategia e inteligencia que se ha enfocado en la construcción de cuarteles sin un análisis de los focos rojos donde se registran el mayor número de hechos criminales de alto impacto.

Necesitamos una corporación policial de alcance nacional que pueda inhibir y contener estas expresiones más severas y extendidas de la violencia. Una corporación que se mueva con estrategia e inteligencia. No un despliegue uniforme de corte militar que opere vía construcción de cuarteles. El despliegue de las fuerzas militares en el país es muy uniforme, poco sensible a atender focos rojos”.

Disminución de la letalidad

No obstante, para el defensor de derechos humanos no todo lo que rodea el actuar de la Guardia Nacional, la estrategia de seguridad del ejecutivo federal y la operación del estado de fuerza en el territorio es malo. Como ejemplo, resalta la disminución del uso de la fuerza letal en operaciones de seguridad.

Vemos con buenos ojos el relativo descenso en el empleo de la fuerza letal, con sus expresiones más severas que tuvimos en el pasado. En números absolutos hay un descenso en las ejecuciones extrajudiciales de las corporaciones. No dejamos de reconocer eso, no añoramos la mano dura, pero hay suficiente evidencia de que en algunas regiones del país el Ejército ha influido en que aumente la violencia”, expresa Santiago Aguirre.  

Para el defensor, el descenso en el uso de la fuerza pública debe acompañarse con una depuración del sistema judicial, atendiendo prioritariamente a las fiscalías estatales y la General de la República, pues su actuar “ha dejado mucho que desear, y eso es una decepción de este sexenio”.

“No hay que llamarnos al engaño, el problema de impunidad de México está en las fiscalías”, expresa. 

Mientras no se atienda la depuración de los sistemas de justicia, así como el fortalecimiento de las corporaciones policiales en los estados y municipios, la estrategia de seguridad, aun con los aciertos o errores de la Guardia Nacional, no modificaría el panorama actual. 

Añade que, de cumplirse este anuncio presidencial, se correría otro riesgo: la ausencia de un sistema de rendición de cuentas que permita evaluar el desempeño de las fuerzas armadas.

No dejamos de advertir los riesgos de la militarización, y en ese camino para profundizarla no se están diseñando controles externos civiles que vigilen con independencia a las fuerzas armadas y que sean capaz de someter a rendición a cuentas al Ejército. A los fiscales generales les da miedo hacer declarar al Ejército, o citar a declarar a un general. Y es clara la corrupción y las violaciones a derechos humanos en que pueden incurrir las fuerzas armadas, esto también es un riesgo”.

Santiago Aguirre.

Más fuerza a Sedena

Por otro lado, expresa, sustituir el mando civil por uno militar en la Guardia Nacional también corre el riesgo de incorporar una fuerza externa a las dinámicas castrenses. Esto, enfatiza, sería añadir más fuerza a un Ejército que, hasta la fecha, tiene procesos antidemocráticos en su interior. 

Si fuera el caso de que la Sedena reconociera públicamente su responsabilidad por los crímenes a la Guerra Sucia, o reconociendo su participación en casos de la guerra contra el narcotráfico, o cooperando en el caso Ayotzinapa, podríamos hablar de un Ejército con mayor democratización. Pero no estamos viendo eso. Cuando reconocen, cooperan o participan ha sido a través de órdenes judiciales, y no por iniciativa”, señala Aguirre. 

Para el Centro Prodh, dice, el llamado que hacen al ejecutivo federal es el de no regresar a militarizar la Guardia Nacional, sino a cumplir la reforma constitucional de 2019. Preservar su carácter de guardia civil. 

“Ese diseño original era acertado, pero han sido la practica y los hechos lo que les ha restado contenido a ese diseño. Y hoy se llega al extremo superior de trasladar la Guardia Nacional a la Sedena, y no podemos no señalar los riesgos que esto implica”.