Desde lo que se incautado al crimen organizado y hasta las ganancias que genera el Tren Maya podrías ser usado para que los trabajadores que se jubilen puedan tener una pensión justa. El lunes la administración de López Obrador presentó una reforma constitucional para crear un “fondo semilla” y ayudar a darle un “complemento” a las pensiones que sean demasiado bajas

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Galo Cañas / Archivo Cuartocuro

CIUDAD DE MÉXICO.- De lo incautado al crimen, de la venta de terrenos de Fonatur, del cobro de cuotas del IMSS y el ISSSTE a entidades que las adeudan y tal vez de los fideicomisos del Poder Judicial, de la eliminación de los órganos autónomos y de las utilidades de las empresas de la Marina y el Ejército (el Tren Maya, el Interoceánico, aeropuertos, hoteles y de Mexicana de Aviación). Como agua de las piedras, el Gobierno Federal planea exprimir cada centavo para pagar unas pensiones más justas a cientos de miles de personas. 

De aprobarse la iniciativa de reforma constitucional sobre pensiones que mandó la administración de López Obrador, se crearía un fondo semilla de 64 mil millones de pesos a partir de la venta de terrenos del Fondo Nacional de Turismo, del dinero obtenido de lo que se incauta al crimen organizado y del cobro de cuotas vencidas de seguridad social. 

Ese capital podría aumentar con las otras fuentes ya mencionadas el llamado fondo de Pensiones para el Bienestar, que se destinaría para atender a todas las personas que empezaron a cotizar para su pensión después del primero de julio de 1997, así como los trabajadores al servicio del Estado que que tengan una cuenta individual. 

“Contar con un complemento, un complemento solidario para todos aquellos que ganen o se pensionen con el salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social, estamos hablando de 16 mil 777 pesos. Es decir, contar con un fondo que pueda aportar para que este trabajador pueda irse con el 100 por ciento de su salario”, dijo la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde después de explicar la reforma. 

Actualmente en el país las personas que se jubilan con la ley del 73 tienen una pensión equivalente al 89 por ciento de su último salario, mientras que quienes se pensionan bajo la ley de 1997 tienen una equivalencia de 27 por ciento. 

“En la ley del 73, que es la previa a esta reforma, los requisitos tenían que ver con llegar a contar con 500 semanas de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, 10 años, y con la reforma se incrementó este requisito a mil 250 semanas, es decir, se tenía que contar con 24 años de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social ¿Qué sucedió? Pues que un importante porcentaje de los trabajadores se quedaron sin la posibilidad de contar con una pensión”, dijo la secretaria de Gobernación. 

En 2020 la administración de López Obrador hizo otra reforma a las leyes que rigen las pensiones y disminuyó las semanas de cotización de mil 250 a 750, con un incremento paulatino hasta 2030, que llegará a mil. Además de incrementar las aportaciones por parte de los empleadores, que alcanzará el 13 por ciento para 2030 y de reducir las comisiones que cobraban los bancos que las manejaban.

Arturo Contreras

Periodista en constante búsqueda de la mejor manera de contar cada historia y así dar un servicio a la ciudadanía. Analizo bases de datos y hago gráficas; narro vivencias que dan sentido a nuestra realidad.