Prácticamente ningún país cumplió las metas en biodiversidad de Aichi, y los tristes resultados de la conferencia sobre cambio climático que acaba de tener lugar en Sharm-el-Sheikh, Egipto, dejaron poco margen para el optimismo. Quizá más bien habría que obligar a que los gobiernos cumplan lo prometido

Twitter: @eugeniofv

Prácticamente todos los países del mundo —salvo Estados Unidos y el Vaticano, que no son parte de los acuerdos globales sobre biodiversidad— lograron acordar un nuevo marco con el que el mundo pueda detener y revertir la vertiginosa y peligrosísima destrucción de la vida en el planeta, que nos incluye y de la que dependemos. El Marco global de biodiversidad de Kunmig-Montreal ha despertado grandes esperanzas entre muchos activistas, aunque otros testigos del proceso sentencian, escépticos: “Esta película yo ya la vi”.

El centro del acuerdo son 23 objetivos “orientados a la acción” que se deberán haber cumplido para 2030 y que incluyen los dos grandes “30 para el 2030”. Por una parte, los países se comprometen a que para 2030 “al menos el 30 por ciento de las áreas de ecosistemas terrestres, de aguas interiores y costeros y marinos estén bajo restauración efectiva”. Por otra parte, los países se comprometieron a que al menos el 30 por ciento de los ecosistemas de especial importancia para la biodiversidad y por sus servicios ambientales serán “efectivamente conservados y manejados a través de sistemas de áreas protegidas”.

También es un halo de frescura y una novedad que se incluya a las ciudades entre los objetivos de biodiversidad. A la letra, uno de sus objetivos llama a “aumentar el área y la calidad de la conectividad de, el acceso a y los beneficios de los espacios verdes y azules en áreas urbanas y densamente pobladas”. Las ciudades encontrarán en ese párrafo un acceso a fuentes de financiamiento y una orientación para consolidar sus parques, sus canales, sus bosques urbanos. 

El acuerdo es explícito en su afán no solamente de no hacer daño a las comunidades locales, sino de incluirlas activamente como actores originarios de los procesos de conservación, como lo es también en su impulso a una perspectiva de género y a la incorporación activa de los conocimientos indígenas y transnacionales. Esto es una novedad muy bienvenida.

En términos de políticas públicas, el nuevo marco plantea acciones y medidas concretas que constituyen un marco de acción robusto y relevante para orientar la política ambiental, una nueva política forestal, pesquera y agropecuaria y un camino para construir una nueva relación de las ciudades con el planeta. Está por verse que decidan hacerlo. 

Para las organizaciones de la sociedad civil, proporciona un nuevo asidero y una herramienta para redoblar la exigencia a los gobiernos. Hay muchos que consideran fútiles los acuerdos internacionales porque es difícil obligar a su cumplimiento. Sin embargo, tienen el valor de las promesas y por lo menos sirven para avergonzar a quien asume un compromiso y lo viola.

Esto será especialmente relevante en el caso mexicano, donde la agenda de biodiversidad ha quedado marginada y se ha erosionado en forma muy grave la capacidad técnica de las instituciones en la materia, se ha recortado el presupuesto a la conservación y uso sustentable de los recursos naturales y la regulación en defensa del medio ambiente ha quedado suspendida en los hechos. Al asumir como propios los objetivos del Marco de Kunmich-Montreal el gobierno mexicano ha hecho una promesa y hay que exigir que la cumpla. 

Esta situación, sin embargo, no es exclusiva de México: prácticamente nadie cumplió las metas anteriores en la materia, las de Aichi, y los tristes resultados de la conferencia sobre cambio climático que acaba de tener lugar en Sharm-el-Sheikh, en Egipto, dejaron poco margen para el optimismo. Así las cosas, quizá más bien habría que dejar de esperar a que los gobiernos cumplan lo prometido por sí solos y obligarlos a hacerlo, tomando acciones, además, en todos los espacios y con todos los recursos posibles. Se abre una nueva época para la política internacional, pero también para el activismo. 

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.