Un estudio del Consejo Mexicano de Silvicultura Sostenible revela que en México 5 mil 222 ejidos, que integran bosques y zonas de conservación, podrían ser explotados por las mineras, incluso sin el respaldo de sus dueños

Texto: Redacción

Foto: Duilio Rodríguez / Archivo

CIUDAD DE MÉXICO.- En México 5 mil 222 ejidos, que integran bosques y zonas de conservación, podrían ser explotados por las mineras. Ello aún sin el respaldo de las personas que poseen esas tierras legalmente. Casi un tercio de los 13 mil 422 ejidos reconocidos en el país han sido concesionados. Esto significa que a pesar de que las tierras tienen dueños legales -los ejidatarios- la decisión de si ahí se abre o no una mina, es de los empresarios que detentan los títulos de concesión.

Del total de concesiones en el país, 48.2 por ciento ocupan terreno forestal, revela un estudio del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

Según el estudio, casi 60 por ciento de los bosques del país están en manos de ejidos y comunidades, que son un factor central para su cuidado. Sin ellos no habría mantenimiento forestal, acciones contra la tala clandestina, e incluso contra el narcotráfico.

La afectación de concesionar de esa manera el territorio va más allá de las profundas amenazas que la minería representa al medioambiente, pues viola varios derechos humanos, como al agua, a un medio ambiente sano y a la libre determinación de las comunidades donde se ubican las concesiones.

“Es muy preocupante que esto se dé sin ninguna consideración ecológica”, advierte Leticia Merino, investigadora del Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM y parte del CCMSS, una organización no gubernamental que promueve el cuidado de los bosques.

“Esto también afectan a territorios forestales de bosques templados, porque la gran parte de los depósitos mineros están en zonas montañosas donde están estos mismos bosques, además de violar los derechos de propiedad de las mismas comunidades a las que llegan”.

Entre los efectos de la minería, enumera la doctora Merino en una entrevista telefónica, está la desecación y contaminación del agua, la destrucción de la masa forestal y todos los servicios ambientales que los bosques proveen (como la regulación de la temperatura ambiental, la generación de agua y la gran biodiversidad que resguardan). Además, la deforestación desmedida promueve la zoonosis, el fenómeno mediante el cual se liberan enfermedades no conocidas para el ser humano, como se cree que pasó con el Sars-Cov-2, causante de la pandemia de covid-19.

“Hace falta mucha comunicación e información entre la ciudadanía. La gente dice: ‘bueno, se quita el bosque y se reforesta’, pero no, hay muchos ecosistemas para los cuales la reforestación no es viable, pues perecerían de todas formas. Esa es la primera cosa es que hay que considerar, que mucha gente no valora las áreas forestales”. 

El (gastado) discurso del desarrollo y la reforma a la ley minera

“Apostar al extractivismo en términos sociales no es conveniente; lo que genera la minería es concentración de la riqueza, es lo que genera más ganancias para unos pocos y miseria para otros. Lo que externa son impactos y nada de ganancias para las poblaciones locales”, asegura la investigadora. 

Por tanto, advierte la investigadora, es necesario realizar una modificación a la Ley Minera del país, ya que no solo invisibiliza el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio territorio, sino que contraviene muchas otras leyes y tratados internacionales que ha firmado México.

El cambio en esta ley, que pone a la minería sobre todo lo demás, vino con una serie de reformas profundas realizadas durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, 1988 a 1994. Una de las más visibles fue la modificación al Artículo 27 Constitucional, que permite el cambio de uso de suelo y por tanto la venta de los ejidos. Sin embargo, en ese mismo sexenio también se cambió la ley de aguas, para crear el sistema de concesiones, y también los respectivos en la ley minera. 

“El problema con estas reformas es que muy pocos vieron las afectaciones que podrían tener, sobre todo en las comunidades. Ahora ya lo vemos, hay comunidades que se enteran que su agua está concesionada cuando ya no la pueden usar porque un megaproyecto (una embotelladora, una termoeléctrica, o una cervecera) ya los dejó sin ella. Casi lo mismo pasó con la ley minera”, explica la doctora. 

Con estas reformas, la minería se asentó como una actividad de utilidad pública, aunque según la investigadora, la cantidad y calidad de los trabajos que genera no es tan amplia, los impuestos que pagan las mineras son mínimos y su aporte al Producto Interno Bruto no llega al 4 por ciento que presumen los mineros, sino a un 1 por ciento. Al ser vista como una actividad de utilidad pública se puede anteponer casi a cualquier otra actividad económica o de conservación, excepto de la extracción de hidrocarburos.

Además, según el artículo 19 de la ley minera, si una empresa con una concesión no llega a un acuerdo con un pueblo cercano que se encuentre dentro del territorio concesionado, se podrá establecer una figura de servidumbre de ocupación temporal, lo que significa que la gente del pueblo tendrá que dejar sus tierras para dar paso a la mina, que en el país gozan de concesiones de hasta 50 años, lo que significa entregar sus tierras para que sean destruidas durante 50 años, para que después les sean devueltas devastadas y contaminadas.