¿Qué pasa en los pueblos afectados por los gasoductos que renegoció el presidente Andrés Manuel López Obrador con empresarios? Tres comunidades de poblaciones por donde atraviesan los megaproyectos mantienen una batalla legal contra las obras y piden ser escuchados

Texto: Daliri Oropeza

Foto: Archivo / Marlén Martínez

Comunidades afectadas directamente por la construcción de ductos de gas natural, cuya terminación y operación fue acordada por el gobierno mexicano y algunos empresarios, aseguran que mantendrán la defensa legal frente los megaproyectos y reclaman el caso omiso que ha hecho el presidente.

Después del acuerdo para terminar y echar a andar las obras, dado a conocer el martes 27 de agosto, y ante la pregunta sobre si el gobierno federal intervendrá en el caso del gasoducto de Sonora, López Obrador dijo en su conferencia matutina del 29 de agosto que frenar estos proyectos afectaría principalmente al país y no a los empresarios, por lo que la Secretaría de Gobernación busca intervenir en las comunidades que defienden la tierra para destrabar la terminación.

El mandatario se refirió en específico al gasoducto Guaymas – El Oro, que atraviesa por Sonora hasta conectar con Sinaloa, donde la tribu Yaqui ha detenido varias veces la construcción físicamente y con amparos ante las afectaciones en el pueblo Loma de Bácum.

“Si se detiene la construcción de los ductos, pues pierde el pueblo, porque es la Comisión Federal de Electricidad, no es la empresa”, explicó.

Las comunidades afectadas, sin embargo, argumentan que el acuerdo presidencial anunciado afecta directamente en su cultura: desde su lengua hasta sus rituales, sus tradiciones, la relación que tienen con la tierra y la siembra.

La tribu Yaqui de Loma de Bácum, Sonora, denuncia que continúa el asedio a quienes defienden la tierra por parte de grupos afines a la empresa Infraestructura Energética Nova (IEnova); piden respeto a sus tierras y frenar el megaproyecto.

En Pahuatlán, Puebla, los pobladores denuncian omisión respecto a las cartas que han enviado a López Obrador sobre la destrucción ambiental que provocaría el ducto, pues están en riesgo los bosques y manantiales.

Desde Morelos, Puebla y Tlaxcala, comunidades náhuatl señalan que el gasoducto significa la continuidad de planes de despojo contra campesinos, como el iniciado con la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto y la constante industrialización del territorio.

La construcción de nuevos gasoductos está sustentada en el Plan quinquenal de expansión del sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural 2015-2019, de la Secretaría de Energía (Sener) aprobado el 14 de octubre de 2015. 

De acuerdo con la Sener, son cinco gasoductos que están suspendidos: Tuxpan-Tula; Tula-Villa de Reyes; Villa de Reyes-Guadalajara; Samalayuca-Sásebe; y La Laguna-Aguascalientes. 

En un mapa de la dependencia, marcan como terminados los gasoductos de Guaymas-El Oro y Texas-Tuxpan que es interoceánico y sería el primero en activarse, de acuerdo con el presidente.

Los tres pueblos consultados por Pie de Página tienen amparos que mantienen en suspensión las obras. Son tres comunidades que sostienen luchas de por lo menos cinco años contra estas construcciones. Con el acuerdo anunciado, las comunidades encienden las alertas.

El abogado agrario Carlos González, miembro del Congreso Nacional Indígena, señala que el objetivo del gobierno federal busca echar a andar los gasoductos cuanto antes, por lo que los pobladores han apresurado el amparo que tienen en Amilcingo, Morelos.

Loma de Bácum

Este es uno de los ocho pueblos ancestrales con los que se organiza la tribu Yaqui en su territorio, al sur de Sonora. Está asentado en el valle del Yaqui, entre la Sierra Madre Occidental y el Mar de Cortés. La tribu habita al costado del Río Yaqui que cruza la zona oeste del Valle, una de las zonas agrícolas más importantes de México.

Aquí vive Guadalupe Flores, defensor de la cultura y el territorio de su pueblo. Participa tanto en las danzas como en la organización y cuidado de la tierra. Denuncia que las amenazas del megaproyecto no han parado, en contra del medio ambiente y los defensores.

“Dicen que fue un suicidio dentro de la celda, pero por la forma de los hechos, cómo lo aprehendieron, parece más que lo asesinaron”.

Guadalupe habla de su compañero de 33 años, Mario Bajeca Flores, quien también se levantó contra el gasoducto Guaymas-El Oro de la empresa IENova, que atraviesa por arroyos, zonas de pastoreo y de plantas medicinales.

Reportes de medios de comunicación señalan que lo detuvieron tras una riña con la alcaldesa Benita Almada López, quien ha expresado estar a favor del gasoducto de la empresa IENova contratada por CFE, una de las cuatro empresas con las cuales logró el acuerdo el presidente López Obrador.

“Esta administración no se distingue de la anterior”, acentúa Guadalupe. Desde 2016, la comunidad se organizó. Cuando la empresa envió golpeadores para poder adentrarse al territorio, el pueblo de Bácum respondió, los sacó de su territorio e impidió el paso de máquinas. Incluso los pobladores quemaron algunas, en octubre de ese año. 

“Se llevan la riqueza, pero nos dejan la contaminación, con estos proyectos nosotros los pueblos indígenas somos los que nos llevamos las pérdidas, de  identidad, territorio, comunidades y la vida misma”, reclama Guadalupe Flores.

“Así como se reunió con los empresarios, ¿por qué [el presidente] no se reúne con todos los pueblos afectados? A los que nos oponemos que pasen megaproyectos en nuestros territorios. Porque nosotros no tenemos dinero, no somos ricos, pero somos los dueños originarios de este territorio, prietitos limosneros, con el Prospera y con 300 pesos mensuales de beca, con eso nos quiere controlar, distraer, pero el problema de fondo es el reconocimiento de nuestro territorio, de nuestras leyes internas. Eso jamás lo va a hacer”.

Guadalupe denuncia que el gobierno de Claudia Pavlovich tiene un bloqueo económico contra la comunidad por oponerse, pero no les preocupa.

“Tenemos experiencia centenaria de estas luchas”.

La comunidad seguirá en la ruta legal. Si el juez no les da la suspensión definitiva, añade Guadalupe, seguirán el proceso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o si es necesario, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

“Pedimos que nos dejen vivir en paz. Muy juarista [AMLO], pues que respete el derecho ajeno, eso es la paz. ¿Cuál es la terquedad de pasar un gasoducto por nuestros territorios?”.

Pahuatlán

La maestra Hortensia Reyes es originaria de una comunidad náhuatl entre las montañas de la Sierra Norte de Puebla llamada Ahuacatitla, la cual también está amenazada por un gasoducto: Tuxpan-Tula.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) determinó que hay más de 3000 especies de flora que viven en este bosque mesófilo que comparten 3 estados, Hidalgo, Puebla y Veracruz. También hay tres pueblos originarios: náhuatl, totonaco y otomí.

Es por eso que la maestra expresa su preocupación: “Acabo de reunirme con los compañeros de Chila (otra comunidad afectada), estuvieron atentos a las declaraciones [de López Obrador], no vemos que haya intención de dialogar con las comunidades, están haciendo ellos los acuerdos sin primero dialogar con los pueblos”.

Hortensia explica que lo más valioso para las comunidades ha sido el agua, la naturaleza, la siembra, no el dinero que les han ofrecido por las tierras o las divisiones que han provocado entre comunidades para dividir y que se acepte el gasoducto. Por eso, en los 5 años que llevan defendiendo el territorio, crearon el Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio Puebla e Hidalgo.

El gasoducto es una concesión de Comisión Federal de Electricidad para la empresa Transportadora de gas Natural de la Huasteca S.A., filial de la empresa TransCanada, y es construido por la empresa italiana Bonatti. Si bien, ahora no es claro qué pasa con las empresas pues dejaron de estar presentes en territorio desde diciembre de 2017, cuando Cuautepec, en Tlacuilotepec y San Pablito, en Pahuatlán, lograron la suspensión de la construcción, lo que sí tienen presente las comunidades es que son varios gasoductos albergados al nombre Tuxpan Tula, unos terminados otros no, todos con retrasos. IEnova y  TC Energy Corporation (TC Energía), otras dos empresas que pactaron con AMLO, son las encargadas de terminar el gasoducto Texas-Tuxpan.

Una de las principales preocupaciones de la maestra son las comunidades y familias desplazadas por la cercanía al tubo, asegura que desde el consejo le han hecho llegar cartas a López Obrador, con los daños que hay al bosque mesófilo, los manantiales, ríos y arroyos, flora y fauna. Asegura que como consejo, se mantendrán activos con sus asambleas y seguirán en la defensa de la naturaleza.

“Mucha gente de acá de la sierra tenía la esperanza que si Obrador ganaba se frenaría, nos dicen que llegando obrador esto ose iba a desaparecer, pero de acuerdo con lo que hemos seguido de información hasta ahorita no se cancela. muy desolador el anuncio”.

Proyecto Integral Morelos

Es un gasoducto que está enclavado en el perímetro de un volcán activo: el Popocatépetl. Recorre la mayor parte de los pueblos que viven a la orilla de su basamento, desde Tlaxcala, pasando por Puebla y Morelos. 

En todos estos pueblos es común la agricultura, los campesinos suelen trabajar la tierra para sembrar maíz, caña, amaranto dependiendo de la altura es la siembra. La constante es un río cerca de cada uno de ellos, en la zona afectada de Morelos el río Cuautla o el río Ayala, o el río Atoyac o el Río Zahuapan, en la zona afectada de Puebla. Son también partes del campo que han sido sobreexpuestas a la urbanización, que tienen ciudades cerca o que son pueblos en proceso de convertirse en ciudad. 

Por ahí pasa el Gasoducto del Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual estuvo en los temas del presidente quien, tras proclamar el año de Emiliano Zapata, ofreció hacer una consulta sobre el funcionamiento de la termoeléctrica de Huexca, la cual solo puede funcionar con el gasoducto. 

AMLO debe responder a los Pueblos afectados por gasoductos, reclama Teresa Castellanos, defensora del territorio en Huexca, quien hermanó su lucha con Amilcingo, Pueblo vecino que cuenta con un amparo contra el gasoducto del PIM.

“Él (presidente) andaba en campaña  y decía que no se iba a hacer nada que el pueblo no estuviera de acuerdo, hoy no cuenta al pueblo, está tomando una decisión por él y por los empresarios, por ejemplo Slim, ¿para qué hacer más rico al más rico?, ¿en dónde estuvo para preguntar al pueblo si está de acuerdo?”, exclama Teresa. 

El abogado que lleva varios casos de defensa legal contra el PIM, Juan Carlos Flores,  asegura que el acuerdo del presidente y los empresarios es la tendencia de la privatización de los energéticos a través de la CFE que viene desde la Reforma Energética, a la que mismo Obrador se opuso, pero que continúa congruente pues el 70% del gas lo compraría la paraestatal a las empresas privadas constructoras y dueñas de la infraestructura.  

El abogado explica la situación actual del megaproyecto: “El gasoducto sigue suspendido, sin transportar gas natural, está activa la suspensión de la obra por parte de Amilcingo, Morelos, a su vez está el amparo de 4 comunidades náhuatl en Atlixco, Puebla”, pero Flores denuncia: 

“La Sener quiere impulsar una consulta por debajo del agua, pues es el motivo del amparo, las autoridades les condicionaron el voto a haya programas de apoyo desde el gobierno federal como becas, entonces la materia de la consulta es si quieren obras o no,  y no si quieren un gasoducto, un megaproyecto”.

Las empresas españolas encargadas de esta obra son Elecnor, Enagas y Abengoa.Teresa recuerda al campesino radialista Samir Flores, que encabezó la defensa contra el PIM en la región y en su natal Amilcingo, y asegura que por la memoria por lo que hicieron quienes han defendido la tierra “tenemos que seguir defendiendo el territorio, a como venga, esto no va a parar acá”.

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