Después de 21 días de tomar el INPI, la comunidad Otomí residente en Ciudad de México instaló una mesa de diálogo con autoridades federales y locales donde expresó sus demandas de vivienda digna y contra la gentrificación, tanto en la ciudad como en su pueblo de origen: Santiago Mexquititlán. Las autoridades reconocieron la legitimidad de sus exigencias y expresaron voluntad para resolverlas

Texto y fotos por Daliri Oropeza

Joaquina describió cómo los policías la han perseguido por vender las muñecas Lele, y artesanías que ella trabaja, en las calles del Centro de la Ciudad de México. Narró cómo policías la desalojaron en 2019, golpeando mujeres, niñas, jóvenes y abuelos otomíes por igual, del predio Roma 18 en la colonia Juárez, donde habitan desde 1985. 

El hostigamiento es constante, narró esta mujer joven que participó en la mesa de diálogo que convocó junto con su comunidad en la puerta de las oficinas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Las otomíes llevan 21 días en el inmueble. Sin descuidar a sus hijos, atendieron el diálogo. La mayoría de las participaciones las hicieron ellas. 

El diálogo se convirtió en un memorial de agravios contra su comunidad, originaria del Pueblo ñhañhö de Santiago Mexquititlan, Querétaro: marginación, empobrecimiento, falta de trabajo, desplazamiento y migración interna, racismo, discriminación, nulo acceso a servicios, a educación, a salud, hostigamiento y desalojo policial, gentrificación, omisión de las autoridades y racismo institucional, falta de reconocimiento de su libre determinación. Esto, recordaron, orilló a las mujeres a tomar del INPI. 

“Los vecinos levantan firmas, las llevan a la delegación Cuauhtémoc para que no podamos tomar el agua, o levantan firmas para que nos quiten de allí. Nosotros decimos que no es justo. Nosotros tenemos derecho a una vivienda digna, pagada, no regalada”, exclamó Joaquina en el micrófono, después de que sus compañeras describieran el ir y venir solicitando atención, y la discriminación entre dependencias locales y federales.

La comunidad Otomí expresó sus demandas frente a Adelfo Regino, titular del INPI; José Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno de la Ciudad de México en representación de Claudia Sheinbaum, quien dio positivo en la prueba de covid. También estuvieron Josefina Bravo Rangel, representante de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación; Rodrigo Chavez Contreras, titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, y Juan Gutiérrez Marquez, director de concertación política de la ciudad.

La primera demanda de la comunidad Otomí es la inmediata expropiación de cuatro predios. Uno lo comparten las calles Roma 18 y Londres 7 en la colonia Juárez; otros dos en Zacatecas 74 y Guanajuato 200, en la colonia Roma. Uno más en Zaragoza 1434, donde habita una comunidad mazahua. Estos predios tienen situación irregular después de que fueran abandonados tras el sismo de 1985. Después de los sismos del 2017, las familias otomíes de Roma 18 comenzaron a vivir en la calle pues se cayó la construcción. Aún con los intentos de regularizar los predios, una inmobiliaria obtuvo la propiedad.

“¿Va a haber vivienda, sí, y más en donde vivimos (colonia Juárez), pero no aparecemos nosotros. En esa gentrificación no entra la comunidad otomí. Ni con los vecinos», reclamó Maricela, una mujer adulta que viste de tableado y olanes rojo brillante con negro, y falda blanca.

«Entonces decimos: ¿viviendas para quiénes, casas para quiénes? Para los que pagan, para los que gentrifican. No para nuestra comunidad. Nosotras como otomíes también tenemos derecho a vivir en la ciudad”.

Maricela, de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, habitante de Roma 18.

“Nos ofrecieron dinero”, dijo Filiberto de la comunidad otomí, explica que así dividieron a quienes han habitado el predio.

“No queremos dinero, queremos vivienda digna, educación, salud”, aseguró.

Las personas que tomaron el INPI pertenecen a la comunidad otomí que se unió al Congreso Nacional Indígena, del cual también es parte el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

Los integrantes de la comunidad exigieron también que pare la remodelación del centro de Mexquititlan. Explicaron que los pobladores, tanto quienes han migrado como quienes siguen viviendo allá, no quieren proyectos turísticos. Advirtieron que debe realizarse la expropiación o restitución de los cuatro inmuebles mencionados o no dejarán el inmueble del INPI.

La comunidad Otomí planteó una propuesta de ruta con 10 puntos a la comitiva de gobierno presente: que se realice la mesa de diálogo en la puerta de las oficinas del Instituto. Deben estar obligadamente en el proceso de diálogo las autoridades titulares, o sea Regino y Sheinbaum, además de alguien de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano o del gobierno de Querétaro, para tratar el rechazo a la obra turística en Mexquititlan. El tercero sería que las autoridades se hagan acompañar de los funcionarios necesarios para atender las demandas. Debe haber minutas firmadas, es el cuarto. 

En el quinto propusieron que debe haber garantía de que se cumplan los acuerdos alcanzados, públicos para los medios de comunicación. Contiguo es hacer público el o los decretos expropiatorios. Como octavo punto piden que no haya represalias o acción penal contra quienes tomaron las instalaciones.  

Como noveno punto exigieron la cancelación de la remodelación de la plaza principal de Santiago Mexquititlán y respeto al consejo indígena que se formó allá para defender el tianguis originario, igual a su libre determinación y autogobierno. Para esto, cada parte consultará para seguir acordando el diálogo. 

Las partes acordaron, en instancia un nuevo diálogo el próximo martes 10 de noviembre, para una primera resolución sobre las demandas y la expropiación solicitada.

“Vamos a rectificar”

Adelfo Regino, titular del INPI, ofreció disculpas a la comunidad otomí residente en Ciudad de México por los agravios que han sufrido.

«Quiero yo ofrecer una disculpa, porque aquí se han hecho expresiones de que se ha usado la fuerza, de que no se ha procedido con atención. Yo ofrezco una disculpa, vamos a rectificar y vamos a entrar en una dinámica de trabajo conjunto”.

Adelfo Regino, titular del INPI.

El funcionario respaldó las demandas de la comunidad otomí en Cídad de México y aseguró que trabajarán para que sean atendidas.

“Como gobierno compartimos plenamente sus demandas, sus reclamos, sus históricas reivindicaciones, por esa razón estamos acá y estaremos las veces que sean necesarias, hasta que se resuelvan sus justas demandas”.

Por su parte, José Suárez del Real, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, recordó la historia del predio Roma 18, que involucra también Londres 7 en la colonia Juárez. Aseguró que en algún momento el lugar fue la embajada de la República española, sede del gobierno español en el exilio. 

“Las mejores manos para recibir este lugar son ustedes, quienes lo han cuidado, estoy convencido que ustedes que han luchado y han defendido el predio, para que sea un lugar para que el pueblo le reconozca, que fue acabado por una dictadura. Es importante para entender lo justo que sería el reconstruir con ustedes ese pasado”.

Suárez del Real.

“Haremos todo lo que esté en nuestra parte para atender atinadamente las solicitudes que nos están haciendo”, afirmó a Pie de Página Suárez del Real, en una entrevista posterior al diálogo. 

Las mujeres y la comunidad otomí en general fueron respetuosas en todo momento del diálogo, si bien expresaron su enojo y rabia durante las participaciones, en ningún momento hubo desencuentros.

En las mujeres otomíes, sin embargo, quedó un dejo de desconfianza por todo lo que les ha tocado vivir con las instancias de gobierno. En entrevista al final del diálogo expresaron que quieren que la solución a sus demandas sean hechos y no palabras.

La red del CNI

Margarita, una mujer de carácter fuerte que también es parte de la comunidad otomí residente en la ciudad, denunció que desde el INPI se impulsan los megaproyectos que son además los que orillan a las personas a salir de los pueblos donde los imponen.

A integrantes de esta comunidad otomí que participa en el Congreso Nacional Indígena les tocó conocer a Adelfo Regino cuando aún era parte de esta red de indígenas que derivó de los Acuerdos de San Andrés. 

Durante el diálogo le recordaron al hoy funcionario su participación en esta red, y leyeron textualmente las palabras que enunció en el Congreso de la Unión en 2001, cuando la comandanta Ramona, la vocera nahua María de Jesús Patricio y él fueron elegidos en asamblea para emitir la postura del EZLN y el CNI ante la reforma de derechos indígenas.

Las mujeres cuestionaron a Regino si recordaba de dónde viene, y lo que construyeron desde los acuerdos de San Andrés. A su vez, le pidieron que no les llamara “hermanos”, como enunció al principio pues sienten traición de su parte.

La comunidad otomí residente en Ciudad de México le exigió frenar la represión y paramilitarización en Chiapas, respetar lo que ha construido el EZLN, detener los megaproyectos de la actual administración y la destrucción de la naturaleza. Entre las exigencias que enarbolaron está cancelar el Tren Maya, el Proyecto integral Morelos, el Corredor Interoceánico, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, la minería y otros proyectos que afectan a los pueblos que participan en el CNI.